El gobierno de López Obrador repite la misma estrategia de contención migratoria de los gobiernos anteriores, y que es una réplica de la aplicada desde 1994 por Estados Unidos

Twitter: @anajarnajar

En materia de migración con frecuencia activistas y organizaciones civiles acusan a México de hacer el trabajo sucio a Estados Unidos.

Las críticas arreciaron a partir de 2019, cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el uso de las Fuerzas Armadas para contener el flujo migratorio que llega desde el sur.

Es el Plan de Migración y Desarrollo de las Fronteras Norte y Sur que contempla el despliegue, cada mes, de más de 28 mil militares. 

Algunos cuestionamientos a la política migratoria actual son parte del debate politiquero que persigue al presidente desde su victoria en las urnas.

Pero otras críticas son fundadas. Al inicio de su mandato, López Obrador ofreció cambiar la estrategia que habían seguido sus antecesores ante la migración irregular. 

Ofreció concentrarse en las causas que obligan a cientos de miles de personas a huir de sus países, como la marginación y violencia. Para ellos, dijo, habría empleo en la región sur de México.

La estrategia cambió en pocos meses. Las presiones de Donald Trump para frenar la creciente ola de migrantes que llegaron a Estados Unidos obligó al mandatario mexicano a revisar el pasado.

Emprendió entonces el mismo camino de los presidentes anteriores… Y con más ahínco.

El gabinete de seguridad tiene la instrucción, confesó el secretario de Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval, de “detener toda la migración”

Las ordenes han sido cumplidas.

Desde diciembre de 2018 más de 900 mil personas migrantes han sido detenidas por el cerco, una cifra mayor a la que registraron los dos gobiernos anteriores y cercana al máximo histórico en el sexenio de Vicente Fox.

En ese período se detuvo a más de un millón de migrantes, la mayoría en la frontera sur.

Más allá de los números, lo cierto es que la actual no es la primera administración que define a la migración irregular como un asunto de seguridad nacional.

Y tampoco es, ciertamente, el único que ha aplicado un cerco militar para contener a miles de personas que cada semana llegan a la frontera sur.

Desde 1994 los distintos gobiernos mexicanos siguen la misma estrategia de contención migratoria de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Ese año empezó a aplicarse un agresivo plan para controlar el ingreso irregular de personas.

La operación se llamó Border Patrol Strategic Plan 1994 and Beyond (Plan Estratégico de la Patrulla Fronteriza 1994 y años posteriores), cuyo objetivo central, señala el documento, era mantener la frontera sur “bajo control”.

La estrategia se firmó el 8 de agosto de ese año por Doris Meissner, en ese entonces comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (INS, en inglés).

El plan, sin embargo, fue diseñado por expertos del Centro para Conflictos de Baja Intensidad del Departamento de Defensa.

El objetivo era que la Patrulla Fronteriza “mejorará el control de la frontera mediante la implementación de una estrategia de prevención a través de la disuasión”.

Para conseguirlo participaron distintas agencias de seguridad e inteligencia, pero el eje central del plan fue detener al mayor número posible de migrantes.

“El efecto disuasorio no se vuelve efectivo para detener el flujo hasta que las aprehensiones se acercan al 100 por ciento de los que intentan ingresar” reconoce el documento base de la estrategia.

“El objetivo estratégico es maximizar la tasa de aprehensión”, añade. El plan del INS contemplaba, desde el principio, la deportación casi inmediata de las personas detenida por ingresar irregularmente a suelo estadounidense.

México aplica desde entonces un modelo similar como eje central de su política migratoria. 

En 1993 Carlos Salinas de Gortari creó al INM que desde el primer momento tuvo un perfil parecido al del INS estadounidense.

Los siguientes gobiernos mantuvieron el tema de la migración irregular como parte de su estrategia de seguridad nacional.

Pero ha sido con López Obrador que la estrategia de mano dura se profundizó. Un ejemplo son las denuncias por el maltrato del INM hacia algunos extranjeros que llegan al país.

Se trata de una política inquisitoria que se presenta, sobre todo, en las revisiones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México.

El caso más reciente ocurrió con investigadores invitados por el gobierno mexicano a la novena Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Ciencias Sociales y Humanidades (CLACSO).

Los organizadores denunciaron que varios académicos procedentes de Colombia o Centroamérica fueron retenidos durante más de diez horas en el Aeropuerto.

Durante ese tiempo permanecieron aislados, sin ninguna explicación por parte del Instituto. Pero no fueron los únicos.

Al menos dos académicas de Brasil fueron deportadas tras permanecer medio día encerradas en una oficina. Las víctimas acusaron maltrato y racismo por agentes de migración. 

Los casos se difundieron por el perfil de las víctimas y el peso mediático del evento donde pretendían participar.

Pero todos los días ocurren otros que pasan desapercibidos. En países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú o regiones como Centroamérica y África las personas que pretenden viajar con pasaporte y visa a México saben que deben prepararse para pasar un trago amargo en el aeropuerto de la capital.

Tienen claro, además, que las posibilidades de ser deportado son tan amplias como el humor del agente del INM que revise sus documentos migratorios.

La selección de países y regiones no es gratuita porque según documentan organizaciones civiles son las personas de esos lugares las más afectadas por las arbitrariedades del Instituto Nacional de Migración.

Los viajeros con pasaporte de Europa, por ejemplo, no tienen más problema que el retraso por la burocracia de los agentes de migración.

Ni qué decir con los estadounidenses. Para ellos siempre hay sonrisas y gestos obsequiosos al aterrizar en México.

En todo caso, lo que sucede en el AICM y otras terminales aéreas es una parte de las operaciones cotidianas de política migratoria.

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la determinación del INM de establecer revisiones migratorias en lugares ajenos a las garitas fronterizas.

Los ministros determinaron que la medida viola, entre otros, el derecho de libre tránsito de las personas migrantes.

La operación fue cancelada, pero se mantienen otras en el mismo sentido. Una de ellas, por ejemplo, la orden a las empresas de pasajeros para exigir un documento de estancia legal en el país a los extranjeros que compren boletos de viaje.

Los empleados de estas compañías están obligados a notificar cualquier irregularidad, lo que en los hechos les convierte en virtuales empleados de migración.

Es algo parecido a lo que sucede en Estados Unidos con los migrantes sin documentos. 

Así, en términos reales la operación del INM es exactamente igual a la de sus pares del INS. 

Nada raro. En política migratoria el gobierno del presidente López Obrador ha resultado un buen y aventajado alumno de Estados Unidos.

Se confirma a diario.