Es muy tarde para reinventar la política migratoria, en un gobierno al que le quedan un año y siete meses. Sin embargo, nunca será inoportuno detenerse y corregir el rumbo en un problema que será heredado a la próxima administración.

Por Ernesto Núñez Albarrán

Twitter: @chamanesco

Algo estamos haciendo muy mal en materia migratoria.

No sólo el Estado mexicano, con sus muy diversas instituciones responsables de atender la problemática, sino todos los gobiernos de una región que se ha convertido en escenario de una permanente tragedia: el flujo de millones de personas tratando de alcanzar mejores condiciones de vida y la violencia a la que están expuestas.

En menos de dos semanas, un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez y el secuestro de casi un centenar de migrantes en San Luis Potosí dejaron ver dos de las múltiples facetas de esta tragedia.

Las condiciones vergonzosas en las que el Instituto Nacional Migración (INM) “atiende” a los migrantes centroamericanos, caribeños y sudamericanos que cruzan México tratando de llegar a Estados Unidos.

Y la existencia de redes de empresas y grupos criminales que hacen un pingüe negocio con el tráfico de hombres, mujeres y niños que, en condiciones de absoluta vulnerabilidad, pagan por ser transportados hacia la frontera norte.

Ya en diciembre de 2021, la muerte de 55 personas que viajaban hacinadas en un tráiler que se estrelló por viajar a toda velocidad en una carretera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, exhibió que la corrupción y la indolencia siguen siendo el sello característico en el tema migratorio, aún en el gobierno de la “cuarta transformación”.

Aquella tragedia puso de manifiesto, además, las consecuencias de los acuerdos entre las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, que se resumen en programas como el “Quédate en México”, una política que mantiene en nuestro país a los miles de solicitantes de asilo de múltiples nacionalidades que cada día tratan de ingresar a Estados Unidos, o el Título 42, una medida que, bajo pretexto de la pandemia de COVID-19, permitía al gobierno norteamericano la expulsión expedita de personas migrantes.

Ambas medidas habrían concluido en 2022, pero los anuncios institucionales suelen tardan mucho en transformar realidades.

Hoy, México está rebasado por la situación, como lo comprueban las tres estampas de la tragedia migratoria visibles durante el mes de marzo: 1. el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas y 27 más resultaron heridas; 2. el hallazgo en San Luis Potosí de al menos 96 migrantes que eran transportados por diferentes empresas y que habían sido secuestrados en territorio potosino, y 3. el surgimiento de una colonia de haitianos en los alrededores de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en la colonia Juárez de la Ciudad de México.

Hechos ante los cuales se ha evidenciado, además, la ausencia de una política que coordine a todas las instituciones involucradas en el problema y la indolencia de las autoridades.

Mientras el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se echaban la bolita por el incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, sacudiéndose la responsabilidad, la COMAR y el INM entraban en crisis.

La COMAR, rebasada por el número de solicitudes que se siguen acumulando en sus ventanillas de atención. Para darse una idea del número de personas que diariamente tocan sus puertas, basta citar un párrafo del IV Informe de Gobierno: “entre septiembre de 2021 y junio de 2022 la COMAR recibió a nivel nacional 79,359 solicitudes de la condición de refugiado que amparan a 138,501 personas”. Es decir, un promedio de 460 personas cada día.

Y el INM, evidenciado como un instituto que depende en el organigrama de Gobernación, que se coordina con la SRE por un acuerdo intergubernamental que nadie conocía, pero que, en los hechos, no da resultados.

Francisco Garduño, el ex director de Penales federales que en 2019 sustituyó a Tonatiuh Guillén al frente del INM, se aferra al cargo poniendo sobre la mesa la única carta que tiene: su cercanía política y personal con López Obrador.

Cuando el padre Alejandro Solalinde tuitea que “la 4T no llegó al INM”, se refiere a Garduño y al enfoque policial con el que el instituto trata el fenómeno migratorio.

Muy probablemente, esta semana el presidente López Obrador anuncie cambios en la materia, luego de que su consejero, el padre Solalinde, lo visitara en Palacio Nacional con la sugerencia explícita de desaparecer al INM, “un instrumento de seguridad engendrado por Carlos Salinas de Gortari”.

Es muy tarde para reinventar la política migratoria, en un gobierno al que le quedan un año y siete meses. Sin embargo, nunca será inoportuno detenerse y corregir el rumbo en un problema transexenal que, nuevamente, será heredado a la próxima administración.

La evidencia es clara: lo hecho hasta el momento, lejos de resolver el problema, lo ha empeorado.