La desigualdad en México no es un accidente ni una casualidad, sino el resultado de decisiones políticas, sostiene Oxfam México en su más reciente informe, donde documenta el crecimiento histórico de los ultrarricos y plantea nueve propuestas para democratizar la economía

Texto: Jade Guerrero

Foto: Moises Pablo / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando el rendimiento del capital crece a un ritmo mayor que la economía en su conjunto, la brecha social se amplía. La idea, desarrollada por Thomas Piketty en El capital en el siglo XXI, sirve de punto de partida para el informe Oligarquía y Democracia, elaborado por Oxfam México.

El documento analiza la evolución de la riqueza de los milmillonarios mexicanos en las últimas décadas y concluye que su crecimiento ha sido muy superior al desempeño económico nacional.

Desigualdad y poder: una relación directa

De acuerdo con el informe, desde el inicio de la pandemia en 2020 la fortuna conjunta de los milmillonarios mexicanos aumentó un 101 % en términos reales.

Actualmente, existen 22 personas en el país con patrimonios que, en conjunto, suman 219 mil millones de dólares, equivalentes a 3.9 billones de pesos. En paralelo, el 1 % más rico concentra el 35 % del ingreso total y posee el 40 % de la riqueza privada nacional.

El documento incluye una comparación para dimensionar la disparidad: una persona que percibe el salario mínimo necesitaría 19 días para ganar lo que la fortuna de Carlos Slim creció en un segundo.

Para Oxfam, el problema trasciende la dimensión distributiva. La organización advierte que la acumulación extrema de riqueza tiene efectos directos sobre la calidad democrática. Como señala el informe:

«Cuando la riqueza se concentra, también lo hace el poder de decidir qué, cómo y en qué condiciones funciona la economía. Cuando esas decisiones quedan en manos de unos pocos, la democracia se vacía de contenido y se transforma en una oligarquía».

Según el análisis, la concentración patrimonial se traduce en influencia sobre sectores estratégicos, acceso privilegiado a espacios de decisión pública y control de infraestructura clave.

¿Por qué es un modelo económico solo para los más ricos?

El informe sostiene que la desigualdad actual responde a un entramado institucional y normativo que ha privilegiado la acumulación de capital por encima de la redistribución del ingreso.

Mientras el crecimiento económico ha sido limitado en las últimas décadas, las grandes fortunas han aumentado a un ritmo significativamente mayor. Para la organización, esta brecha no solo refleja diferencias patrimoniales, sino un desequilibrio estructural entre capital y trabajo.

México figura entre los países con mayor número de horas trabajadas al año dentro de la OCDE, sin que ello se traduzca en niveles proporcionales de bienestar. En este contexto, la discusión sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales se convirtió en un ejemplo reciente de la disputa por la distribución del tiempo y del valor generado por el trabajo.

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El debate enfrentó posturas empresariales que alertaron sobre posibles impactos económicos y organizaciones laborales que defendieron la medida como una corrección mínima en una relación históricamente desigual. Desde la perspectiva del informe, controversias de este tipo evidencian que la desigualdad también se manifiesta en la capacidad de ciertos grupos para influir en decisiones públicas.

Las propuestas de Oxfam

Ante este diagnóstico, el documento plantea nueve propuestas organizadas en tres grandes líneas de acción, orientadas a modificar las reglas que permiten la concentración extrema de la riqueza.

Entre las medidas sugeridas se encuentran reformas fiscales progresivas que graven con mayor intensidad las grandes fortunas, el fortalecimiento de sistemas públicos de cuidados como mecanismo de redistribución estructural, y políticas que prioricen la inversión en transporte público sustentable mediante esquemas tributarios diferenciados.

El informe subraya que la desigualdad no se limita a ingresos o patrimonio, sino que también se refleja en la gestión de servicios esenciales.

En Jalisco, la implementación de un sistema de pago del transporte público vinculado a una tarjeta bancaria emitida por una entidad privada generó inconformidad social, particularmente en el contexto de un aumento en la tarifa. Diversos sectores cuestionaron que el acceso a descuentos o mecanismos de pago pudiera depender del uso de un producto financiero específico.

Aunque se trata de un caso local, la discusión remite a una preocupación estructural planteada por el informe: la necesidad de asegurar que servicios estratégicos operen bajo criterios de acceso universal y regulación pública efectiva, evitando que su funcionamiento quede subordinado a intereses económicos concentrados.

La importancia de construir una democracia económica

Para Oxfam, el debate sobre desigualdad no es únicamente técnico ni fiscal, sino democrático.

El informe advierte que cuando la capacidad de decisión económica se concentra en una élite con poder desproporcionado, se reduce el margen de participación colectiva en asuntos que afectan la vida cotidiana.

En este sentido, debates como la jornada laboral, la política fiscal o la gestión de servicios públicos evidencian que la desigualdad impacta tanto en la distribución del ingreso como en la distribución del poder.

Avanzar hacia una democracia económica, concluye el documento, implica fortalecer la regulación estatal, ampliar la base fiscal progresiva y garantizar que las decisiones estratégicas respondan al interés público y no exclusivamente a la rentabilidad privada.