El gobierno mexicano tiene la llave para abrir la puerta de salida a la grave crisis social y de derechos humanos en Venezuela, advierten organizaciones civiles. El paso decisivo es su voto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Texto: Alberto Nájar

Foto: ONU y Rafael Uzcátegui

CIUDAD DE MÉXICO.- México tiene en sus manos la posibilidad de contener la crisis social que padece Venezuela:

En septiembre próximo se vota en la Organización de Naciones Unidas (ONU) la propuesta de extender el mandato de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos, creada para evaluar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014.

La investigación ha logrado contener abusos cometidos por fuerzas estatales y militares, especialmente contra protestas de estudiantes y sindicalistas.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador puede votar en favor de que la Misión continúe sus trabajos durante la sesión 51 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que inicia el 13 de septiembre.

Es el exhorto que hace la organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), que realiza una misión en el país.

Por la influencia del gobierno de López Obrador en la región “el voto de México es muy importante” explica Marino Alvarado, investigador de la organización.

“Lo que está en juego en septiembre de este año es que continúe el trabajo de la Misión. Si México vota a favor se solidariza con el pueblo venezolano. Si vota en contra le da la espalda”.

Hay otra alternativa, la que adoptó en octubre de 2020 durante la reunión anterior del Consejo: abstenerse.

“Pero la mejor opción, la que solicitamos de buena fe al gobierno mexicano es que vote en favor de la renovación del mandato de la Misión de Determinación” señala Alvarado.

Hasta ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha informado cuál será la posición de México en la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“Crímenes de lesa humanidad”

La Misión de determinación para Venezuela se creó el 27 de septiembre de 2019 para evaluar “presuntas violaciones de los derechos humanos cometidos desde 2014”, establece el resolutivo de la ONU.

El grupo tendría vigencia inicial de un año que podría prorrogarse por acuerdo de la mayoría de los miembros del Consejo de Derechos Humanos.

En los casi tres años de trabajo la Misión documentó graves abusos cometidos por autoridades venezolanas, con alto riesgo de permanecer en la impunidad.

Un informe sobre las investigaciones se presentó en marzo pasado durante la sesión 49 del Consejo. 

La presidenta de la Misión Internacional, Martha Valiñas, advirtió que en Venezuela ocurrieron “casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes incluida violencia sexual y de género”.

Las agresiones fueron cometidas “por agentes estatales venezolanos desde 2014”. Por tal razón “concluimos que hay motivos razonables para creer que algunas de las conductas descritas constituyen crímenes de lesa humanidad”.

La documentación de los abusos se hizo vía remota poeque el gobierno del presidente Nicolás Maduro no permitió el acceso de los integrantes de la Misión.

El panorama que se presenta es incompleto, advierten organizaciones civiles. 

“Hemos tenido que acudir a organismos internacionales porque en Venezuela no hay instancias que garanticen la protección de derechos humanos”, advierte Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea.

“No se ha permitido el ingreso de la Misión para que se realice un trabajo tan valioso como el que se ha hecho en México”, especialmente del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Por eso la necesidad de que se renueve el mandato del equipo especial de Naciones Unidas, y en eso el papel de México es crucial.

“El gobierno mexicano puede rescatar esa influencia tan importante que tuvo años atrás en las cuales los temas de derechos humanos eran clave en su política exterior” apunta Marino Alvarado.

“Exhortamos al gobierno de México a que en la próxima reunión del Consejo apoye la renovación del mandato de la Misión”. 

“Nos parece muy importante que en un acto de solidaridad con el pueblo venezolano apoye para que la Misión siga realizando su trabajo de investigación en Venezuela”.

El debate real

Los integrantes de Provea ofrecieron una conferencia de prensa en las oficinas de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), que ha colaborado desde hace tiempo con el organismo venezolano.

La visita a México forma parte de un recorrido más extenso por varios países de América Latina, para presentar el más reciente informe del Programa: Florecer en el abismo. Respuesta del movimiento de derechos humanos venezolano frente a la erosión de la institucionalidad democrática

Es un resumen apretado del aprendizaje y experiencias adquiridas entre 1999 y 2022, y que incluye recomendaciones y lecciones aprendidas.

Una de las enseñanzas más importantes se refiere al escenario actual de Latinoamérica, que en algunas partes enfrenta un clima político de polarización y desencuentros.

Un escenario que atrapa la defensa de los derechos humanos en un debate político, donde se olvida que la tarea principal de las sociedades -los gobiernos incluidos- es garantizar la vida, seguridad y libertades de los ciudadanos.

Provea, dice Rafael Uzcátegui, advierte que la defensa de los derechos humanos en el continente debe enfocarse “en coordenadas diferentes”.

Hasta ahora la situación de los distintos países “ha sido vista desde la óptica ideológica de los progresismos o los gobiernos conservadores, de signo central o de derecha y eso ha empobrecido el debate”.

Una de las consecuencias es impedir una conversación regional sobre lo que sucede en los distintos países. 

Las coordenadas por las cuales debe entenderse no es la confrontación ideológica izquierda versus derecha, sino que hay un desgaste de las libertades democráticas por gobiernos de diferente signo ideológico que tienen características autoritarias”.

Así, “el principal antagonismo es entre democracia y autoritarismo, no entre diferentes signos ideológicos. Eso nos permite vincular lo que sucede en Nicaragua, Cuba y Venezuela con lo que sucede en El Salvador, Brasil o lo que ocurrió con Donald Trump en Estados Unidos”.

Concentrar la conversación sobre derechos humanos a partir de esa estrategia puede ayudar a la coordinación de los distintos defensores y organizaciones civiles del continente.

Una respuesta a la coordinación que suelen tener los gobiernos y grupos políticos de carácter autoritario.