Desde hace casi una década, organizaciones ciudadanas denuncian la degradación de los humedales que proporcionan el 70% del agua que se utiliza en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, al sur de México.

Texto: Thelma Gómez Durán/Mongabay Latam

Alguna vez, San Cristóbal de las Casas era un lugar habitado por humedales de montaña. En los últimos 50 años se han perdido casi todos. Dos de los que aún quedan están catalogados como sitios Ramsar y son áreas naturales protegidas en el estado de Chiapas. Estas declaratorias no han sido un escudo que garantice su conservación.

Los humedales de montaña están en riesgo de ser sólo historia. Estos ecosistemas han sido eliminados y degradados por invasiones, asentamientos irregulares y, en especial, por la inacción de autoridades de todos los niveles.

El desprecio hacia estos ecosistemas ignora que de ellos depende el futuro de especies que están en riesgo, pero también el equilibrio hídrico de un lugar como San Cristóbal de las Casas: los humedales La Kisst y María Eugenia, reconoce el mismo gobierno estatal, permiten la recarga y filtración de agua hacia los manantiales que abastecen al 70% de la población de la ciudad chiapaneca.

Los humedales de montaña son discretos. Se trata de cuerpos de agua que tienen, a lo mucho, entre 3 y 5 metros de profundidad y se encuentran a 2 mil metros sobre el nivel del mar. Son ecosistemas que regulan las condiciones climáticas y controlan las inundaciones.

Además, estos humedales son el único lugar en el mundo en donde, hasta ahora, se ha documentado la presencia del popoyote o pez escamudo de San Cristóbal (Profundulus hildebrandi); son hábitat de especies que están en alguna categoría de riesgo, como el tecolote barbudo (Otus barbarus) o la culebra acuática (Thamnophis proximus). También son refugio de aves migratorias como la cerceta ala azul (Anas discors) y la garza grande (Ardea alba).

Desde hace poco más de una década, habitantes de San Cristóbal de las Casas comenzaron una odisea para evitar que estos cuerpos de agua desaparezcan. Ciudadanos y organizaciones no gubernamentales impulsaron las declaratorias para que se consideraran áreas naturales protegidas en 2008. Su defensa tomó nuevos aires cuando, a partir de 2015, denunciaron las invasiones, los rellenos ilegales, los cambios de uso de suelo y la urbanización que borra a estos ecosistemas.

Sus denuncias han llegado hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que a finales de enero pasado emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, al gobierno estatal de Chiapas y al municipio de San Cristóbal de las Casas.

“Lejos de emprenderse medidas en los tres ámbitos de gobierno para proteger, preservar y remediar tales ecosistemas complejos, se ha acelerado el proceso de abandono… Tales ecosistemas enfrentan un proceso de deterioro cada vez más acelerado, repercutiendo en la capacidad de carga de los mantos freáticos del valle de San Cristóbal”, se lee en el documento de la CNDH.

Entre las recomendaciones que hace la comisión nacional están el tener un plan interinstitucional para la preservación de los humedales. Además, se anuncia que se presentarán quejas ante los órganos internos de control de las dependencias contra los funcionarios responsables de irregularidades administrativas o presuntos delitos ambientales.

Declaratorias mal hechas

En 2008 se declararon a los humedales de montaña La Kisst (110 hectáreas) y María Eugenia (115 hectáreas) como áreas naturales protegidas sujetas a conservación ecológica en el estado de Chiapas. También fue en ese año cuando los dos lugares se inscribieron en la lista de humedales de importancia internacional, conocida como sitios Ramsar.

Habitantes de San Cristóbal impulsaron que los dos humedales fueron declarados como áreas naturales protegidas, recuerda Alma Rosa Rojas, integrante del Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en el Valle de Jovel. Sin embargo, las declaratorias estatales tuvieron muchas fallas: no se realizaron procesos de consulta ciudadana, tampoco se cambió el plan de ordenamiento ecológico territorial y, sobre todo, no se expropiaron los terrenos que hay dentro del polígono que se marcó como parte de las zonas protegidas.

Al no tener una expropiación, los propietarios —entre ellos políticos locales— se ampararon contra la declaratoria. Los jueces les dieron la razón y se abrió la puerta para que se vendieran los terrenos y algunas zonas de los humedales comenzaran a rellenarse. Se aceleró la invasión del área y su urbanización.

La defensa de los humedales comenzó a tomar mayor fuerza en 2015. Ese año, los vecinos del humedal María Eugenia se organizaron para evitar que una constructora levantara un fraccionamiento en terrenos que se encuentran dentro del área natural protegida.

Desde entonces, quienes forman parte de organizaciones como el Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en el Valle de Jovel, la Coordinación de Comunidades del Sur (Cocosur), el Consejo General de la Zona Sur y los Humedales, el Consejo General de Barrios, Colonias y Fraccionamientos de la Zona Norte, entre otras, comenzaron a presentar denuncias y a documentar el daño que se ha realizado a estos ecosistemas.

Entre 2018 y 2021, por lo menos 20 de las 115 hectáreas que forman parte del humedal María Eugenia han sido destruidas, señala León Ávila, especialista en agroecología, con postdoctorado en estudios ambientales por la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, y miembro del Consejo General de la Zona Sur y los Humedales.

En un diagnóstico realizado en octubre de 2020, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) documentó que en el sitio Ramsar de María Eugenia se construyeron viviendas sin ningún tipo de permiso y se modificó la vegetación natural del humedal. En el caso de los humedales La Kisst se reportó que dentro del área natural protegida, incluso, se construyeron oficinas gubernamentales.

Delitos ambientales, impunes

Entre 2015 y octubre de 2020, la Profepa recibió, por lo menos, 27 denuncias populares por el relleno ilegal de los humedales, de acuerdo con los datos que se incluyen en la recomendación de la CNDH. Además, hay 15 denuncias presentadas en la Fiscalía General de la República y una en la Fiscalía General del Estado de Chiapas en contra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Cristóbal de las Casas y el municipio por delitos contra la biodiversidad, descarga de aguas residuales, explotación y aprovechamiento de aguas de propiedad nacional.

En ninguna de las denuncias hay avances, asegura Ávila y recuerda un caso reciente: cuando se presentó a la fiscalía estatal para dar seguimiento a una denuncia, ahí le informaron que la carpeta de investigación estaba vacía; ya no se encontraban los documentos y las pruebas que se habían aportado.

Además de los procesos de deforestación y relleno de humedales, los ciudadanos han señalado que hay grupos que venden el agua que se genera en estos ecosistemas. “Por un lado destruyen y, por otro, hacen negocio con el agua”, dice Ávila.

El aprovechamiento ilegal de agua de los humedales, incluso, lo reconocen las mismas autoridades estatales. “Hay organizaciones que se dedican a sacar agua en forma irregular y distribuirla en pipas en San Cristóbal de las Casas”, señala el biólogo Pedro Sánchez, director de Áreas Naturales y Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas (Semahn).

Una recomendación que llega años después

A finales de enero pasado, cinco años después de que los ciudadanos presentaron su primera queja ante la CNDH, este organismo publicó la recomendación 18/2022.

En el documento, la CNDH señala que “en los humedales se han realizado prácticamente todas las actividades prohibidas que refieren las declaratorias, no sólo por particulares sino incluso por dependencias estatales y municipales. Se han realizado cambios de uso de suelo, vertido contaminantes, construido, rellenado  los humedales y modificado el patrón de escurrimiento”.

Incluso, se menciona que en 2007 y 2015 el propio cabildo municipal autorizó modificaciones en los usos de suelo, para facilitar la urbanización del área que ocupan los humedales.

En la recomendación dirigida a las autoridades federales, estatales y municipales, la CNDH solicita que se realicen acciones para proteger a los humedales de montaña de San Cristóbal de las Casas; entre ellas que se actualice la zonificación de las áreas naturales protegidas. A la Fiscalía General del Estado de Chiapas le pide contar con un protocolo para la investigación de delitos ambientales.

En el documento, se menciona que la CNDH presentará quejas ante los órganos internos de control de la Semarnat, del municipio de San Cristóbal de las Casas y de la Fiscalía General de Justicia de Chiapas, contra los funcionarios responsables de las irregularidades administrativas o presuntos delitos.

La recomendación de la CNDH se suma a la que, en mayo de 2021, presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas.

En ese entonces, la comisión estatal urgió a que se elaborara el programa de manejo de las áreas naturales, que se realizaran acciones de recuperación de los ecosistemas y que se iniciaran procedimientos administrativos contra los funcionarios que incumplieron con su obligación de vigilar el adecuado manejo de los humedales.

Sin embargo, en ese entonces, la secretaría estatal de medio ambiente y el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas rechazaron la recomendación. Las invasiones siguieron y la inacción gubernamental, también.

En diciembre de 2018, cambió el gobierno estatal en Chiapas. Con la nueva administración, la secretaría estatal de medio ambiente aceptó la recomendación.

“Desde 2020, se conformó un grupo interinstitucional. Se está haciendo un diagnóstico actualizado de las afectaciones a los humedales. Hemos comenzado a dialogar con los grupos de invasores”, asegura el biólogo Pedro Sánchez Montero, director de Áreas Naturales y Vida Silvestre de la Semahn.

Sánchez Montero asegura que se trabaja el tema de las denuncias, pero también reconoce que no se ha tenido avances con la fiscalía estatal.

En octubre de 2021, tomó protesta Mariano Díaz Ochoa como alcalde de San Cristóbal de las Casas. Él es hermano del dueño de la constructora que en 2015 intentó construir un fraccionamiento en la zona del humedal María Eugenia. Esta es la tercera ocasión en que ocupa ese cargo.

Y aunque Díaz Ochoa firmó la declaratoria de defensa de los humedales y se comprometió a garantizar su protección, los ciudadanos ya no confían en las palabras. Ellos esperan que se tomen acciones, se proteja realmente a las áreas naturales protegidas y, sobre todo, se sancione a funcionarios y particulares que tienen responsabilidad en la degradación de los humedales.

“Vamos a seguir haciendo presión para que se cumplan las recomendaciones”, dice Alma Rosa Rojas, del Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en el Valle de Jovel.

Invasión y deforestación en áreas naturales

La historia de los humedales de montaña La Kisst y María Eugenia refleja lo que se vive en las otras áreas naturales protegidas en San Cristóbal de las Casas.

En 2007, por ejemplo, se declararon 102 hectáreas de Huitepec Alcanfores como área natural protegida sujeta a conservación ecológica. La protección sólo quedó en el papel; el lugar aún no cuenta con plan de manejo y en la zona continúa la deforestación.

Organizaciones ciudadanas han solicitado a las autoridades de todos los niveles investigar si se han autorizado cambios de uso de suelo en la zona, ya que hay venta de terrenos dentro de esa área natural protegida.

Sánchez Montero, director de Áreas Naturales y Vida Silvestre de la Semahn, menciona que las invasiones y deforestación que hay en esa área están provocando que se pierda el caudal hídrico de la zona. Y, asegura que este año ya se tendrán “los instrumentos jurídicos necesarios para tener un manejo adecuado del lugar”.

Las reservas Quenvó Cuxtitali (2.7 hectáreas) y Gertrude Duby (102.3 hectáreas), áreas naturales protegidas ubicadas al oriente de San Cristóbal de las Casas, también viven un proceso de pérdida de cobertura forestal.

Como sucede en varias regiones de Chiapas, en estas áreas naturales protegidas se ha dado la invasión y urbanización de terrenos. Muchas de ellas alentadas por actores políticos. “Hay gente que ha lucrado con la necesidad de vivienda”, señala Martín López, integrante de la directiva de la colonia Maya.

Estas invasiones comenzaron en 1994, pero se intensificaron a partir de 2012, cuando empieza la historia de Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como gobernador de Chiapas. En 2018 cambió el gobierno en el estado, llegó Rutilio Escandón, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pero las invasiones y asentamientos irregulares en las áreas naturales protegidas no se han detenido.

Sánchez Montero, director de Áreas Naturales y Vida Silvestre, menciona que durante los últimos 50 años se han perdido poco más de 50% de los bosques del estado.

La Reserva Gertrude Duby “se borró del mapa. Ya está urbanizada”, señala Ávila.

La situación de esa reserva —señala Sánchez Montero— “es muy preocupante, porque ya existe una población arraigada en el sitio y varias de esas personas se están desplazando hacia la reserva de Quenvó, donde se encuentra el manantial que surte de agua a la región norte de San Cristóbal de las Casas”.

Desde hace años, habitantes del barrio Cuxtitali, custodios del manantial que se localiza en la Reserva Quenvó, han denunciado la eminente invasión a esta área natural protegida. Hasta ahora, no han sido escuchados.

Las tensiones entre los grupos de invasores y quienes defienden la reserva y el manantial se han incrementado en los últimos meses. A tal grado que a principios de 2022, habitantes del barrio Cuxtitali fueron secuestrados por varias horas.

Quienes se han organizado para defender las áreas naturales de San Cristóbal de las Casas demandan que se tenga un ordenamiento de la ciudad, “para que ya no crezca de manera irregular y tramposa; que ya no crezca sobre los humedales, las reservas o las riveras de los ríos”, señala Martín López, de la colonia Maya. También piden que se respete la protección a las reservas y se conserven los humedales “porque son nuestras reservas de agua”.

Agua que ya falta

San Cristóbal de las Casas es un lugar singular, entre otras cosas, por su clima. Pero, eso también ya comenzó a cambiar.

León Ávila recuerda que la lluvia en la ciudad era continua; pocas veces llegaba en forma de tormenta. Ahora, lo común son las lluvias torrenciales. “En una sola hora cae lo que antes se recibía en ocho. Eso colapsa el sistema de drenaje y la ciudad se inunda. Y ahora los ingenieros civiles quieren hacer más obras para sacar el agua de la ciudad. Nosotros decimos que lo que se necesita hacer es salvar a los humedales”.

En la región de San Cristóbal de las Casas, las condiciones climáticas extremas se han hecho más comunes: llueve mucho o no llueve. En 2019, por ejemplo, se vivió una temporada de estiaje importante. Por primera vez se secaron los arroyos y lagos al interior del humedal María Eugenia.

En este 2022, la lluvia no ha sido como en otros años. “No ha llovido como antes. Entras a los humedales y no ves la misma agua que antes”, dice Ávila.

Y mientras la falta de agua ya se resiente en varias colonias de San Cristóbal de las Casas, una compañía refresquera cuenta con dos concesiones para extraer cerca de medio millón de metros cúbicos de agua en el municipio.

Alma Rosa Rojas, del Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en el Valle de Jovel, señala la urgencia de que los humedales de montaña de San Cristóbal de las Casas sean declarados como sitios de interés público y, por lo tanto, se expropien los terrenos en donde aún sobreviven estos cuerpos de agua. “Si no se expropian no se va a detener la destrucción”.

Por el momento, el gobierno estatal no tiene contemplado realizar esas expropiaciones, asegura Pedro Sánchez, director de Áreas Naturales y Vida Silvestre del gobierno del estado.

Los ciudadanos que defienden a los humedales ya tocaron las puertas de la convención Ramsar, para solicitar que se realice una misión de asesoría técnica a México. Para ellos la prioridad es salva a estos ecosistemas, porque saben que de ellos también depende el futuro de varias especies y de la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

“Esta es una lucha por la vida”, dice León Ávila. “No somos diez, somos miles de personas que estamos luchando por el agua en el Valle de Jovel”.

Este texto fue publicado originalmente en Mongabay Latam. Aquí puedes consultar el original.