Los organismos de agua locales pueden emprender proyectos de recarga de acuíferos, pero faltan incentivos para su desarrollo. De hecho, el marco legal no estipula derechos de recuperación del agua reusada, que queda bajo la jurisdicción general de Conagua

Texto: Emilio Godoy / IPS

Foto: Emilio Godoy y Conagua

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA – En la entrada del municipio costero de Ensenada, en el  estado de Baja California, en el noroeste de México, un letrero proclama: “Cada gota nos importa. Cuida el agua”.

El mensaje está cargado de razón, pues la localidad enfrenta escasez debido al acaparamiento de agricultores y constructores, así como a la sequía que muda de gravidez por los efectos de la emergencia climática.

Pero ciudades como Ensenada, con más de 443 mil habitantes y situada a unos 2 883 kilómetros de Ciudad de México, desaprovechan el reúso del recurso, una modalidad  que puede contribuir, junto con otras medidas, a la lucha contra el déficit, en momentos en que México sufre una sequía intensa y una ola de calor inusitada.

Para el experto independiente Adrián González, persiste una óptica convencional centrada en la obtención de agua que ignora la mejora en su utilización.

“Hay suficiente agua, pero hay acaparamiento. Consumimos mucho. Es una cuestión de manejo. Se puede moderar el consumo, hay experiencias mundiales al respecto”, señaló a IPS.

Demanda superior a la oferta, interrupción del suministro de agua y fuentes sobreexplotadas secan el aprovisionamiento. El reparto y venta de agua en “pipas”, como se llaman localmente a los camiones cisterna, es una pintura frecuente en Ensenada, situada en una zona árida entre el océano Pacífico y las montañas.

Debido a la sobreexplotación de los acuíferos y a la creciente demanda, Ensenada padece déficit, por lo que urge a soluciones de fondo.

El consumo se sitúa en unos mil litros por segundo (lt/s), que aumentaría a unos mil 260 en 2030, mientras que el abastecimiento totaliza unos 800 lt/s, según la gubernamental Comisión Estatal del Agua, ente responsable de la gestión del recurso hídrico en Baja California, en la península del mismo nombre, fronteriza con Estados Unidos .

“Hay suficiente agua, pero hay acaparamiento. Consumimos mucho. Es una cuestión de manejo. Se puede moderar el consumo, hay experiencias mundiales al respecto”.

Adrián González.

Si bien la capacidad instalada y la purificación están en subida, un problema generalizado radica en la falta histórica de eficiencia y de mantenimiento de las instalaciones, lo que limita el alcance de la tecnología.

En 2021, su cobertura alcanzó 67.5% del agua residual generada y colectada en los sistemas municipales de alcantarillado de este país latinoamericano, apenas unas décimas más que el año anterior, según datos de la gubernamental Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El agua tratada puede destinarse a riego agrícola, jardinería, usos domésticos e industriales, y puede ayudar a la recarga de los acuíferos.

Los organismos de agua locales pueden emprender proyectos de recarga de acuíferos, pero faltan incentivos para su desarrollo. De hecho, el marco legal no estipula derechos de recuperación del agua reusada, que queda bajo la jurisdicción general de Conagua.

México, con 128 millones de habitantes repartidos en una superficie de 1.96 millones de kilómetros cuadrados, afronta un creciente estrés hídrico, situándose en el puesto 24 entre los países del mundo con ese fenómeno, originado en la sobreexplotación, la contaminación, la escasez y la inequidad en el acceso al agua.

En 2021, en México funcionaban 2 mil 872 plantas para el reúso del agua –3 % más que el año previo-, con una capacidad instalada de 198 mil 603 litros por segundo y un caudal tratado de 145 341 l/s,  apenas 0.5 % por encima del nivel de 2020.

El norteño estado de Sinaloa cuenta con la mayor cantidad de plantas (311), seguido por el también norteño Durango (241) y su vecino Chihuahua 195). A pesar de sus necesidades hídricas, quienes menos tienen son el suroriental estado de Campeche y el norteño Coahuila (ambos con 27) y que criban por debajo de su capacidad.

En Baja California operan 44 procesadoras, con capacidad instalada de 7 mil 692 l/s y un desempeño de 6 mil 222. En paralelo, 14 de los 48 depósitos de agua subterránea del estado, entre ellos, el de Ensenada, sufren carencia, debido a que la extracción anual rebasa a su renovación.

Las autoridades regionales y federales han recurrido a la desalación de agua marina en el estado, pero solo refina unos 130 l/s, de una capacidad de 250.

Martín Zepeda, fundador de la no gubernamental Comisión Ciudadana del Agua, criticó las medidas aplicadas hasta ahora en la reutilización del recurso.

“Solo hemos logrado paliativos. Padecemos los mismos problemas desde hace 30 años”, subrayó.

Pequeños pasos

En otro estado norteño, pero en el este, Nuevo León, el reúso muestra síntomas de éxito, pero debe avanzar más.

Antonio Hernández, investigador de la no gubernamental Pronatura Noreste, resaltó para IPS la necesidad de infraestructura para el agua tratada.

“No hay red suficiente para distribuir el agua tratada disponible. En 2022, cuando empezó la crisis del desabasto, el organismo responsable instruyó a que los ayuntamientos compraran agua tratada y así quitar presión sobre el agua subterránea”, dijo a IPS desde Monterrey, la capital neolaredense.

“El traslado sería por camiones. No se cumplió, porque los ayuntamientos no compraron el agua ni el gobierno construyó la red de distribución. Que haya disponibilidad no significa que sea accesible”, explicó.

“La situación no va a mejorar hasta que se corrijan la disponibilidad y los usos. Es una combinación de fuentes (hídricas) y actividades. Necesitamos soluciones de largo plazo”.

Martín Zepeda.

En 2022, Nuevo León, especialmente Monterrey –que tenía 1.14 millones de habitantes, pero que superaba los cinco millones con el área conurbada–, enfrentó una severa crisis hídrica.

Por ello, las autoridades recurrieron a recortes de suministro, alza tarifaria, multas contra el desperdicio y campañas de concienciación sobre el uso.

En ese estado, 13 de los 24 mantos subterráneos están sobreexplotados, incluyendo el del área metropolitana de Monterrey.

La población de Monterrey bebe unos 16 mil l/s, lo que arroja un déficit de unos 3 mil l/s. Ante ello, las 56 plantas de tratamiento resultan insuficientes, pues gestionan 12 mil 387 l/s, ante una capacidad instalada de 16 mil 162 l/s.

A medias

A pesar de las vicisitudes de las plantas, la Procuraduría (fiscalía) Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solo inspeccionó cuatro instalaciones municipales, la mayoría privadas, en 2016 en Baja California, donde en tres halló “irregularidades leves” e impuso multas, según solicitud de información pública presentada por IPS.

En Ciudad de México, solo dos –en 2018 y en 2022-, de las que en una planta municipal privada encontró irregularidades leves, sin multas. En 2018, visitó cuatro de Nuevo León con irregularidades leves.

En total, Profepa practicó 330 escrutinios, de los cuales 50 ocurrieron en el occidental estado de Jalisco y 33 en el norteño Chihuahua. Del total, halló irregularidades leves en 234 expedientes y 69 sin anomalías.

De tubos y poco más

La visión generalizada es la convencional de promover la construcción de infraestructura para enfrentar la crisis, sin abordar la escasez del recurso hídrico.

El actual gobierno mexicano presume de impulsar 15 proyectos hídricos, como la construcción de represas, acueductos y plantas de tratamiento, principalmente en el norte del país para enfrentar la crisis.

En lugares como Ensenada, la perspectiva aplica la misma dosis.

Para los próximos años, la Comisión Estatal del Agua prevé la ampliación de la desaladora, la modernización de un acueducto, la rehabilitación de cinco plantas tratadoras, la entrega de agua tratada a la zona agrícola y la rehabilitación de plantas de bombeo y de pozos.

A pesar de la situación, el gobierno estadal de Baja California apenas prepara el plan hídrico para el periodo 2022-2027.

En Nuevo León, las autoridades anunciaron la excavación de más pozos, la construcción de la presa Libertad, el Acueducto El Cuchillo II y de cuatro plantas de tratamiento, así como la modulación de presiones para disminuir el desperdicio.

La represa Libertad tendrá una capacidad de mil 500 lts/s, a un costo de unos 350 millones de dólares. Mientras, el acueducto transportará 5 mil l/s, gracias a una inversión de unos 495 millones.

México también ha contado con financiamiento internacional para emprender obras hídricas. Desde 1997, el Banco de Desarrollo de América del Norte ha financiado 27 proyectos de agua y saneamiento en Baja California, a los que se suman tres en Nuevo León desde 2001.

Actualmente, está bajo consulta pública su financiamiento de una iniciativa de manejo de aguas residuales en la ciudad de Mexicali por 6.8 millones de dólares.

Asimismo, la institución financiera binacional de Estados Unidos y México respalda la emisión de un bono verde por 150 millones orientado a proyectos hídricos.

Los expertos consultados propusieron varias medidas, como campañas de concienciación, reúso de agua, reparación de fugas.

Para el especialista independiente González, la dupla reutilización y eficiencia ofrece costos muy bajos y resultados prometedores.

“No va a haber una sola solución. El destino nos va a alcanzar. No podemos seguir con esquemas que nunca han funcionado y están agotados”, sentenció.

Por su parte, el activista por el agua Zepeda sugirió también la creación de una comisión ciudadana del agua que audite la operación del sistema.

“La situación no va a mejorar hasta que se corrijan la disponibilidad y los usos. Es una combinación de fuentes (hídricas) y actividades. Necesitamos soluciones de largo plazo”, planteó.

Mientras, el investigador Hernández propuso la revisión de los planes de ordenamiento territorial, para abordar la construcción de barrios, campos de golf, armadoras de vehículos, para fomentar el uso eficiente del agua.

Este trabajo fue publicado inicialmente en IPS. Aquí puedes consultar la versión original.