México deporta a 129 migrantes de Haití; organizaciones advierten riesgos
7 octubre, 2021
Un día después de reunirse con autoridades de Haití, el gobierno mexicano deportó a 129 personas de Haití a su en un vuelo que salió desde Tapachula. La ONU y organizaciones defensoras de migrantes demandaron evaluar sus necesidades de protección y los riesgos que enfrentan las personas haitianas en su país de origen
Texto: Yessica Morales / Chiapas Paralelo
Foto: Instituto Nacional de Migración, Ángeles Mariscal y Benjamín Alfaro
CHIAPAS.- Este miércoles el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en Frontera Sur (COMDHSEM) denunció la expulsión colectiva de personas haitianas desde el aeropuerto de Tapachula.
Ante el hecho, exigieron a las autoridades correspondientes garantizar medidas de protección a las personas y, evitar actos de represión y uso injustificado de la fuerza contra ellas, esto por parte de Protección Federal y la Guardia Nacional.
Por su parte, el INM comunicó que el retorno de personas migrantes se llevó con apego a los derechos humanos y en acuerdo con autoridades consulares de ese país. El vuelo partió desde Tapachula, con 129 pasajeros hacia el Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe.
La repatriación ocurrió un día después de que representantes de los gobiernos de México y de Haití se reunieron en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM). Con tres sesiones hasta el momento, acordaron implementar diversas estrategias como el retorno asistido de las personas migrantes a su lugar de origen, así como la instalación de consulados en Chiapas y Tabasco.
Lo anterior, con el fin de dar seguimiento a la mesa de diálogo permanente establecida el 21 de septiembre pasado, y atender los compromisos establecidos: espacios físicos para oficinas consulares, llevar a cabo una gira de trabajo conjunta en Talismán y Tenosique, programar vuelos para todas aquellas personas de origen haitiano que deseen regresar a su país, e incorporar a las autoridades consulares de los países de Chile y Brasil.
Se sumaron a la reunión personas servidoras públicas de las embajadas de Brasil y Chile de representantes de México y Haití dos de los países con mayores asentamientos de población procedente de Haití, y que se encuentran en situación de movilidad.
Un retorno inseguro para la comunidad haitiana
Agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortaron a los Estados a no expulsar a los haitianos sin haber evaluado sus necesidades de protección, garantizar sus derechos humanos en situación de movilidad y ofrecer mecanismos de protección o acuerdos de estancia legal.
Enfatizaron que, el aumento de la violencia e inseguridad en Haití continúa y provocó que al menos 19 mil personas fueran desplazadas en la capital de Puerto Príncipe tan solo en el verano de 2021. Asimismo, más del 20% de la niñez ha sido víctima de violencia sexual.
Al mismo tiempo, indicaron que casi el 24 por ciento de la población, de los cuales 12.9% son niñas y niños, viven por debajo de la línea de pobreza extrema, con ingresos de 1.23 dólares al día.
Las agencias mencionaron que, alrededor de 4.4 millones de personas (casi 46% de la población) padece inseguridad alimentaria, esto incluye a 1.2 millones de personas que se encuentran en niveles de emergencia y 3.2 de crisis.
Estimaron que 217 mil niñas y niños padecen desnutrición moderada o grave. Es decir, que la situación empeorará como resultado del sismo del pasado 14 de agosto, limitando la capacidad de recibir personas retornadas.
Por ello, destacaron que los haitianos en situación de movilidad en las Américas incluyen personas cuyos perfiles, motivaciones y necesidades de protección varían, que además envuelve una niñez no acompañada o separada de su familia, víctimas de trata de personas y sobrevivientes de violencia de género.
Caravanas de migrantes
Entre el 28 de agosto y 5 de septiembre, se formaron al menos cuatro movimientos migratorios mixtos. Se desplazaron mujeres y grupos en especial situación de vulnerabilidad: niñas, niños y adolescentes, personas embarazadas y afrodescendientes con necesidades de protección internacional.
La formación de dichos movimientos derivó de las demoras prolongadas en la resolución de los procedimientos de asilo o protección, así como de la falta de acceso a servicios estatales y al ejercicio de otros derechos humanos en los estados del sur de México.
De acuerdo con la normativa vigente, las personas que solicitan asilo o protección deben esperar la resolución de sus procedimientos en la entidad federativa en que presentaron su solicitud. Pero, la falta de oportunidades de integración en dicha región agudizó la situación de vulnerabilidad de las personas en movilidad.
*Esta nota fue realizada por CHIAPAS PARALELO, integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.
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