21 marzo, 2020
En México, las empresas trasnacionales tienen privilegios en el uso del agua. Por encima de la población, y por encima de la actividad nacional. Esto, aunque el país firmó el acuerdo internacional donde reconoce el derecho humano al agua
Texto: Daliri Oropeza
La Ciudad de México consume 10 veces más agua que la lluvia de temporada que cae sobre sus edificios. Además, cada vez llueve menos.
Las instituciones registran que la cifra de precipitación baja un punto cada año desde 2014. En todo el país, de 2018 al 2019 disminuyó la lluvia en 20 % durante la temporada de septiembre. Esa imagen es solo para ejemplificar la crisis del agua que viven la capital y México por el cambio climático. Pero las empresas adquieren con mayor insistencia concesiones en el territorio creando mercados del agua.
En 2009 la ONU acordó que el agua es un derecho humano. No sólo es reconocerlo sino garantizar que las personas puedan satisfacer su necesidad de acceder a ella. Los lineamientos internacionales, que México elevó a rango constitucional en 2011, establecen que los requisitos para garantizarla son: la disponibilidad o acceso al agua, siempre que se necesite; la calidad, pues de nada sirve tenerla si está envenenada; la accesibilidad física, que puedas acceder a ella ahí y no en kilómetros de distancia; y la económica, además del acceso, no pagar de manera excesiva.
Pero la situación es crítica en el país. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el 66.6 por ciento del territorio de México sufre de algún tipo de sequía.
Además, con el decreto que hizo Enrique Peña como presidente, no se garantiza el derecho.
El decreto presidencial del 8 de febrero del 2012 modificó el artículo cuarto de la Constitución. Con ello, comenzó un proceso de sobreregulación por parte del Estado mexicano del recurso natural. Aún queda pendiente la Ley General de Aguas que derivó de aquél decreto. Conagua abrió un portal donde se venden las concesiones por 2 mil pesos.
“En el proceso de abrir las aguas a concesiones, entre 1917 y 1992 el gobierno solo otorgó 100 concesiones. Del 92 hasta ahora, el gobierno ha entregado 537 mil concesiones. Es masivo, y es hasta agotar existencias”, denuncia la investigadora Elena Burns, parte de la Red Nacional Agua para Tod@s, Agua para la vida.
De acuerdo con las investigaciones de la Red Nacional Agua para Tod@s, Agua para la vida, hay 1 mil 11 millonarios del agua. Son personas con más de un millón de metros cúbicos de litros de agua al año a su nombre. El 2% de los concesionarios controlan el 70 % de las aguas del país. Esto se ha construido desde el sexenio de Vicente Fox, quien privilegió a las empresas refresqueras, y se aceleró con la gestión de Enrique Peña Nieto, a la par de sus reformas estructurales como la energética, la laboral o la hacendaría.
Desde el 92 y con el decreto de Peña, la ley permite vender, especular y lucrar con concesiones. Así lo describe Burns, también investigadora de la Universidad Autónoma Metrpolitana:
“Se organizó cuando demarcaron los llamados acuíferos. Esto no tiene nada que ver con los flujos subterráneos. Dibujaron fronteras alrededor de los pozos. Entonces la ley te permite comprar y vender dentro de estas delimitaciones de acuíferos que no son unidades reales como las cuencas. Con esta delimitación puedes comprar y vender las concesiones”.
Elena Burns.
Esto permite que las empresas puedan especular con las concesiones en los mercados internacionales. Y éstos son parte de los mercados del agua. De acuerdo con la investigadora, hay un marco internacional que privilegia los derechos de las empresas por encima de los derechos humanos al agua. Por ejemplo, está el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, y México es parte de estos acuerdos, que incluso están considerados en el T-MEC.
“Este acuerdo permite a las empresas que cualquier acto de autoridad que afectara sus futuras inversiones, si constelación calcula y dice en los próximos años voy a tener en utilidades 20 mil millones de dólares, y el país decide cancelar la fábrica, México tendría que pagar estas utilidades que podría recibir con su fábrica. Es parte de la razón por la cual el gobierno duda en cancelar cualquier proyecto, como la planta cervecera en Mexicali de Constellation Brands, pues esta corte internacional siempre define a favor de las trasnacionales”.
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Dentro de estas actividades que protege este centro internacional, están las mineras, quienes requieren miles de millones de metros cúbicos para la extracción de minerales en nuestro país.
Elena recuerda el caso de Zacatecas con la minera canadiense Gold Corp.
En el semi desierto, necesitan 10 millones de metros cúbicos para recarga del acuífero. La minera necesitaba 44 millones de metros cúbicos al año porque encontraron mas oro, y la Conagua se los dio en concesiones. “Todas las comunidades alrededor han tenido que refugiarse, no hay ni una gota de agua. Las comunidades no pueden pagar para pozos profundos para encontrar agua”.
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También está el uso agrícola del agua que ha sido muy deficiente. Se han privilegiado las empresas trasnacionales: que usen el agua hasta inundar sus campos, sin ninguna regulación y con tarifas bajas. México es el séptimo país en el mundo en el uso del agua subterránea. El modelo de agricultura industrial sobreexplota los mantos freáticos.
Por eso se ha dicho que el agua de México se va a EU en forma de frutas y hortalizas. Ya que ellos se acabaron su agua, han llegado olas trasnacionales a sembrar lo que requieren para su consumo en México.
Actualmente, el 77 por ciento del agua del país se destina al uso agrícola, el 10 % para el uso industrial y el 13 por ciento para uso doméstico o personal.
Vale la pena recordar el caso de San Quintín. Ahí, los jornaleros pagan el agua más cara de todo México. Después de que sufren de explotación laboral y maltratos, deben pagar por cada tambo de agua. El agua que usan las empresas es para las hortalizas, no para que elllos la puedan beber.
Las concesiones y lo el uso agrícola no son los único procesos problemáticos. En cuanto al uso doméstico, el proceso de privatización de los servicios de agua en estados como Quintana Roo, Puebla, Coahuila, Veracruz, Aguascalientes y Ciudad de México conllevó tarifas caras, cortes arbitrarios, acceso inequitativo, falta de inversión de infraestructura para atender el derecho, desconocimiento sobre calidad y opacidad para saberlo, corrupción, endeudamiento escondido y pérdida de control de la gestión pública del agua.
“El gobierno en todo el país defiende a las empresas, su derecho al agua, de las minas, cuentan con el apoyo del gobierno en contra de las comunidades, no solo por este gobierno, por todos, México se ha dado a conocer un país donde es muy fácil adquirir derechos al agua”.
Elena Burns.
La principal preocupación de Elena es la soberanía hídrica.
De acuerdo con una investigación de la organización PODER, al menos 188 empresas tienen o han tenido permisos para usar aguas profundas de 20 acuíferos vinculados a las cuencas del Río Bravo y del Río Colorado y que se encuentran en la frontera entre México y Estados Unidos.
Alberto Cortés, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, advierte: las empresas trasnacionales optan por ponerse cerca de las ciudades para cambiar el uso del agua, de agrícola a doméstico. Así logran explotarla en usos indistriales sin que nadie lo regule.
“Hay que resaltar las irregularidades en el otorgamiento de permisos. Cómo la Constellation Brands fue adquiriendo derechos de riego, agrícolas, y para uno pagar y no usar de manera limitada el uso industrial, cambió de uso de suelo. Esto es posible por las irregularidades, vacíos normativos de los cuales se aprovecharon los promotores del proyecto empresario de la cervecera, el gobierno federal, estatal y local”.
Por su parte, Burns asegura: “Las temperaturas son 50 grados. Si defienden el agua es porque en Mexicali sientes que podrías desecarte, morir por falta de agua. La población es instintiva está desde el tuétano la defensa del agua. Por eso siento que están en la primera linea de la lucha por el agua”.
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