25 agosto, 2024
Alejandro Gómez, directivo de Idea GTO, y Edgar Larios, ex funcionario de SICES, colocan a familiares en consejos accionarios de empresas de innovación solicitantes de apoyos oficiales
Texto: José Diego Palacios Monjaraz / PopLab
Foto: PopLab
GUANAJUATO. – Una red en la que participan al menos un funcionario de Idea GTO y un ex directivo de la extinta Secretaría de Innovación, habría utilizado en su propio beneficio y de familiares directos el programa emblema del gobierno de Guanajuato para impulsar la innovación y el surgimiento de empresas tecnológicas. Según su modus operandi, los autores de esta trama habrían condicionado la aprobación de apoyos a los emprendedores a cambio de participar como socios en sus empresas.
Aparecen como la mancuerna de esta operación Alejandro Gómez Barbosa, actual director general de Finanzas del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Estado (Idea GTO) y antes director del Sistema de Parques de Innovación Novaera; y Edgar Larios Tapia, ex director de economía del conocimiento de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior (SICES), dependencia creada al fin del gobierno de Miguel Márquez y desaparecida en 2020 por Diego Sinhue para dar paso a Idea GTO.
El esquema dejó huellas: dos hijos de Alejandro Gómez Barbosa son socios en diversos emprendimientos cobijados por los programas de innovación del estado, al igual que Edgar Larios Tapia.
Ni siquiera la empresa Solena, la más exitosa startup guanajuatense propiedad del reconocido emprendedor Irving Rivera, se ha escapado de esta operación. Fundada en 2015 como una empresa de tecnología agrícola para el enriquecimiento de suelos, Solena es un receptor privilegiado de recursos de apoyo al desarrollo tecnológico de instancias como SICES y ahora de Idea GTO.
En 2018, con Edgar Larios como director en SICES y Alejandro Gómez como director general de Novaera, el evento de vinculación entre inversionistas y emprendedores Capital Startup Capital apoyó a Solena, la exitosa empresa que ha sido presumida en varias ocasiones por el gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez.
Ya en su auge, Solena aceptó como socios en 2020 a Alejandro Gómez de la Rosa, estudiante de ingeniería de 23 años hijo de Alejandro Gómez Barbosa; y a Edgar Larios Tapia, mediante la adquisición de 400 mil pesos y 1 millón 959 mil pesos, respectivamente, en acciones de una serie C.
No es el único caso. Jessica Gómez de la Rosa, otra hija del director de finanzas de Idea GTO, es socia del mismo Edgar Larios Tapia, junto con el emprendedor Oziel Vizcarra, en la empresa Bio Cultura Verde, para cuyos proyectos de la marca Origeen Greener Cities, han llegado recursos desde los fondos públicos para innovación a través de la empresa de Vizcarra, Vora Hipernova.
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Las operaciones revelan una arquitectura en la que unas empresas sirven de fachada a otras para participar en las convocatorias que emite Idea GTO, dirigida hoy por Antonio Reus. Los personajes aparecen constantemente, pero el rastro se complica a través de instituciones académicas y de entidades como Novaera, de la que Edgar Larios se hizo pasar como asesor e incluso contaba con una oficina en sus instalaciones.
Actualmente, Novaera no cuenta con actividad alguna en sus instalaciones en León, además de que su página web y redes sociales están inactivas desde 2023. De 2020 a la fecha, Larios se presenta como socio de Manos Accelerator, una prestigiosa aceleradora de startups enfocada en empresas emergentes en etapa inicial.
La cercanía entre Edgar Larios y Alejandro Gómez Barbosa queda expuesta también en la sociedad que mantiene Adriana Jardón Salazar, esposa de Larios y funcionaria en la Secretaría de Turismo, con Jessica Gómez de la Rosa, hija de Alejandro, en la empresa Design Epicenter dedicada a diseño y manufactura digital de artículos y a proyectos de innovación.
POPLab contactó al director de Idea GTO, Antonio Reus Montaño, para preguntar si se tenía conocimiento de estos hechos. El funcionario no aceptó una entrevista en persona y solo contestó un cuestionario, donde aseguró «no tenemos detectada ninguna empresa en la que hijos de funcionarios hayan recibido apoyos económicos por parte de Idea GTO.»
Ana, una joven emprendedora guanajuatense, vivió en carne propia este tipo de operaciones. Ella intentó buscar financiamiento para su proyecto, una unidad certificadora y verificadora de mezcal y destilados, en el evento Capital Startup Capital 2020, organizado por la asociación civil Novaera. Sin embargo, no lo logró. Meses después, la contactó Edgar Larios, quien se presentó como un inversionista que decía tener contactos en Idea GTO y estaba interesado en su emprendimiento. Ella creyó que por fin podría despegar su proyecto.
Sin embargo, pronto se encontraría atrapada en una red de influencias que, al final, la dejó sin su proyecto, sin los 200 mil pesos que invirtió, y con la cada vez más lejana esperanza de recuperarlo todo en una demanda que no avanza en la fiscalía del estado de Guanajuato.
Idea GTO busca posicionar a la región como el centro de innovación y emprendimiento estatal mediante el programa “Valle de la Mentefactura Guanajuato”, que se ha convertido en una insignia del gobierno estatal de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Sus convocatorias y apoyos se han convertido en un objetivo para los jóvenes emprendedores del estado.
Por lo tanto, cuando Larios contactó a Ana a mediados de 2020, además de prometerle invertir en su proyecto, presumió de muchos contactos tanto en empresas como en el gobierno del estado. Esta última afirmación no estaba alejada de la realidad, pues Edgar, además de ser ex funcionario público, mantiene una estrecha relación con Idea GTO, con la asociación civil Novaera y con la aceleradora Manos Accelerator.
Larios fue representante de Startup México, una de las organizaciones promotoras del emprendimiento más grandes del país, pero renunció a mediados de 2018 para integrarse a SICES, –donde fue director general para el Fomento de la Economía del Conocimiento–, entidad desmantelada en 2020 para crear Idea GTO. Aunque ya no trabajaba en Novaera sí disponía de una oficina en las instalaciones de la misma, además de contar con acceso a su base de datos (con la que contactó a Ana) e incluso pagaba cuentas de las reuniones con emprendedores con recursos de la asociación civil.
Con semejantes antecedentes, Ana no dudó en aprovechar lo que percibía como una manera de sacar adelante su proyecto. Sin embargo, pronto comenzaron a cambiar las cosas. Primero, aparentemente de común acuerdo, resolvieron modificar la idea y crear una destilería móvil de mezcales de sabores. Al efecto, Larios presentó a Ana con Oziel de Jesús Vizcarra Flores, como un caso de éxito en el mundo del emprendimiento, para que su empresa Hipernova se encargara del aspecto tecnológico. Ambos comenzaron a involucrarse y después de poco más de seis meses, Larios y su socio Oziel de Jesús comenzaron a pedir un porcentaje significativo del proyecto.
En efecto, una vez definido el proyecto, Edgar le exigió a Ana, como condición para el desembolso de los apoyos gubernamentales, aceptarlo a él y a Oziel de Jesús como socios del emprendimiento con un 20% de participación cada uno. Ana no dudó en aceptar.
Pero aún le faltaban más sorpresas. Las máquinas para destilar el licor serían hechas en la empresa de Oziel, por un valor de un poco más de doscientos mil pesos, una suma que ella tuvo que sufragar en su totalidad, justamente con el dinero que había dicho tener para el proyecto. Cuando Ana cuestionó por qué sus socios no aportarían a la cotización, Edgar contestó que en una sociedad no sólo se aporta dinero, sino también ideas.
Manos Accelerator, donde Larios es Vicepresidente en Latinoamérica, se ofreció a impulsar el proyecto de Ana, bajando recurso de Idea GTO a nombre de ella para hacer esta aceleración. Sin embargo, sus socios Larios y Vizcarra la marginaron del proyecto y de las reuniones con la aceleradora, aunque le exigieron el depósito del dinero lo antes posible. Ana no accedió por la poca transparencia de sus socios.
Después de varios meses, los socios no sólo no invirtieron la misma cantidad de dinero que Ana, sino que le informaron de sus intenciones de registrar las máquinas de destilado que ella financió totalmente a nombre de la empresa de Oziel de Jesús, Hipernova. De ese modo, la inversión de Ana en la empresa no se vio reflejada en la composición accionaria, sino como un gasto operativo. Ella intentó remediar la situación, pero Edgar Larios, Oziel de Jesús y otros nuevos socios que ellos llevaron no quisieron llegar a un acuerdo. De hecho, se negaron a registrar la patente a su nombre o devolverle su inversión, lo que llevaría a Ana a salir del proyecto y optar por la vía legal.
Ana denunció formalmente ante la Fiscalía del Estado de Guanajuato a sus ex socios. Ahora solo exige que le regresen el dinero que invirtió en el proyecto. Tras dos años, la denuncia no da señales de avanzar ni se ha presentado ante un juzgado.
Un experto en temas de emprendimiento contactado por PopLab quien pidió el anonimato, puntualizó que los apoyos gubernamentales para emprendedores no deben estar vinculados ni condicionados de ninguna manera, ya que esto desincentiva su crecimiento y reduce sus oportunidades de crecer e innovar. Esto es especialmente preocupante si entre los nuevos accionistas se encuentran empleados públicos.
De comprobarse la injerencia de funcionarios y asesores en las empresas como socios, se estaría abusando del impulso que el gobernador Diego Sinhue ha dado al tema de la innovación y atentando directamente contra la salud de un programa que ha sido bandera de una administración estatal.
Para el abogado y activista anticorrupción Roberto Saucedo Pimentel, lo que se evidencia en este caso es un posible tráfico de influencias, ya que se ha utilizado información privilegiada que debería estar reservada exclusivamente para fines institucionales y no para beneficiar a terceros selectos.
El caso podría incurrir en la definición de conflicto de intereses, ya que las relaciones expuestas del director de Finanzas de Idea GTO, Alejandro Gómez Barbosa, con sus hijos y la sociedad de estos con Edgar Larios y su esposa, podrían caer dentro de las conductas sancionadas por la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Guanajuato en sus artículos 3 y 58.
Por otra parte, las declaraciones patrimoniales y de intereses a las que se encuentra obligado el director de Finanzas de Idea GTO, no se encuentran en la Plataforma Digital de Inteligencia Anticorrupción.
Para Saucedo Pimentel, este caso es una muestra más de que los sistemas y órganos anticorrupción, como el Órgano de Fiscalización Superior, el Sistema Estatal Anticorrupción y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, siguen sin cumplir con sus responsabilidades y significan un gasto inútil: «Cuando surgen escándalos como este, nos damos cuenta de que estos organismos no están cumpliendo su función; en la práctica, no se reflejan los resultados que tanto presumen», subrayó.
Este trabajo fue publicada originalmente en POP LAB, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.
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