Es un buen momento para repensar la fórmula del financiamiento público que reciben los partidos políticos. Puede hacerse, sin romper el principio de equidad ni abrir el paso a patrocinios ilegales

Twitter: @chamanesco

De cara a la confección del Presupuesto de Egresos para el año 2020, Morena decidió revivir su iniciativa para reducir a la mitad el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos, y así “liberar” más de 2 mil 500 millones de pesos que podrían destinarse a rubros de mayor impacto social.

La demanda ciudadana de abaratar los costos de la política podría concretarse antes de que culmine 2019, y habrá que ver qué fuerza política decide oponerse públicamente a ello.

Desprestigiados, alejados de la ciudadanía, acusados de corrupción, caros y no queridos, los partidos son vistos como un mal necesario por una buena parte de los ciudadanos. Otros, simplemente, los consideran inútiles e incluso prescindibles.

Según la más reciente versión del Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, menos del 20 por ciento de la población confía en los partidos políticos. Son, junto con la Cámara de Diputados, la institución menos valorada por los mexicanos.

Este desprecio social, cultivado por ellos mismos, quizás sería menor si los propios partidos reducen las prerrogativas que mes con mes les son entregadas con absoluta puntualidad por las autoridades electorales. (Y, dicho sea de paso, si decidieran desandar el camino del divorcio con la ciudadanía, que emprendieron desde hace décadas).

Movidos por lo popular que resulta la propuesta, por los dichos de su líder o por la necesidad de cuadrar el presupuesto de 2020, los diputados morenistas decidieron apretar el acelerador y desempolvar la propuesta hecha por Tatiana Clouthier y Mario Delgado –y varias iniciativas que en la misma dirección han presentado diputados del PRD, PT y PES–, para modificar la fórmula mediante la cual se calcula cuánto dinero se destina a los partidos. 

Según se ha anunciado, será este martes 29 de octubre cuando la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados conozca el proyecto de dictamen respectivo. 

El camino para la reducción es el siguiente: 

Actualmente, la Constitución señala, en su artículo 41, que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA, antes Salario Mínimo).

Esto implica que, con un padrón de 90.8 millones de electores y una UMA de 84.49 pesos (el 65 por ciento equivale a 54.9 pesos), el financiamiento para los partidos en 2020 ascenderá a 4 mil 988 millones de pesos; a los que se suman un monto para “actividades específicas, franquicias postales y telegráficas”, para arrojar un total de 5 mil 239 millones de pesos.

Esa cantidad ya fue aprobada por el Instituto Nacional Electoral, que lo único que hizo fue aplicar la fórmula establecida en la Constitución y enviar el monto a la Secretaría de Hacienda, para que ésta incorporara la partida en el proyecto de Presupuesto que envió a los diputados en septiembre.

El INE, además, aplicó la fórmula constitucional para distribuir el financiamiento entre los siete partidos que actualmente tienen registro a nivel nacional, resultando Morena el más beneficiado por ser el que mayor votación alcanzó en 2018 (recibiría más de mil 600 millones de pesos, en caso de que no haya cambios legales).

La iniciativa de Morena consiste en reducir al 32.5 por ciento de la UMA el factor para calcular el financiamiento público, con lo que el monto global se reduciría a alrededor de 2 mil 600 millones de pesos.

De aprobarse la iniciativa, Morena estaría recibiendo 858 millones de pesos; el PAN, 475 millones; el PRI, 448 millones; el PRD, 222 millones; el PVEM, 213 millones; MC 205, millones y el PT, 195 millones.

La reforma podría prosperar, incluso entre los partidos más reacios al recorte, si se incluye un cambio en la fórmula de distribución del financiamiento. Actualmente, el 30 por ciento se distribuye equitativamente entre todos y el 70 por ciento se distribuye de acuerdo con los porcentajes de votación de cada uno en la última elección federal.

La llave que podría abrir la reforma es una iniciativa del PRD en la que se sugiere una fórmula 50-50; es decir, que el monto a repartir equitativamente y el que se divide según la votación de cada partido sean iguales.

De ser así, los partidos más grandes recibirían menos: Morena, 720 millones de pesos; el PAN, 446 millones, y el PRI, 426 millones. Pero los partidos chicos elevarían sus prerrogativas: el PRD a 266 millones; el PVEM a 259 millones; MC a 253 millones y el PT a 246 millones.

Esto reduciría la brecha entre el partido mayoritario y los minoritarios.

Pero, en su afán de quedar bien en tiempos de austeridad, los partidos también deben cuidar que el recorte no lesione el interés mayor que buscó el legislador en la reforma político-electoral de 1996, cuando decidió fijar las reglas del financiamiento público a los partidos, vigentes hasta nuestros días.

Aquella reforma se negoció y aprobó después de la inequitativa elección presidencial de 1994, en la que el priista Ernesto Zedillo habría gastado 7 de cada 10 pesos ejercidos en las campañas.

Se buscó entonces emparejar el piso de competencia y –según se dijo en las discusiones de aquel momento– cerrar el paso a fuentes ilícitas de financiamiento, como la del narcotráfico.

Eso justificó la fórmula de la que se deriva tan elevado monto de financiamiento público, pero conforme pasaron los años, éste se fue volviendo oneroso, y hasta ofensivo para la ciudadanía.

Además, en 2014 los partidos políticos aprobaron una reforma que homologó la fórmula para calcular el financiamiento de los partidos a nivel local con la fórmula federal, con lo que prácticamente se duplicaron sus prerrogativas.

Así, en 2018, los partidos se repartieron una bolsa de 4 mil 296 millones de pesos para gasto ordinario a nivel nacional, más 4 mil 312 millones de pesos provenientes de las 32 haciendas estatales.

Por ser año electoral, recibieron además 2 mil 148 millones de pesos para sus gastos de campaña a nivel federal y mil 647 millones de pesos en las entidades. 

De esta manera, el costo total de los partidos en 2018 alcanzó la escalofriante cifra de 12 mil 403 millones de pesos.

Sumando las prerrogativas recibidas después de la reforma, los partidos políticos han tenido un costo al erario de 38 mil 829 millones de pesos, de 2015 a la fecha.

Suena enorme la cifra, si se considera, por ejemplo, que la Refinería de Dos Bocas costará una tercera parte de eso (12 mil millones de pesos), o si se piensa que la Guardia Nacional habrá recibido 17 mil 200 millones de pesos en 2019.

Visto en perspectiva, la aparición del financiamiento público a los partidos, a partir de las elecciones federales de 1997, ha significado un elemento clave para la equidad de la contienda electoral y, sin duda, ha impulsado la alternancia política a nivel nacional y estatal.

Ha obligado a partidos y candidatos a rendir cuentas sobre el origen y destino de sus recursos, y ha intentado inhibir la entrada de dinero sucio a la política.

Sin embargo, el extraordinario financiamiento público que reciben los partidos en México no ha impedido escándalos como el de Amigos de Fox, el Pemexgate, Monex o el fideicomiso de Morena.

No ha arrojado mejores niveles de participación en las elecciones (en 2018 se quedó en el promedio histórico de 63 por ciento); no nos ha dado mejores representantes ni mejores gobernantes.

Ha creado partidos ricos con una democracia pobre. Élites políticas con salarios de primer mundo, que no resuelven los problemas de los más desprotegidos.

Curiosamente, el alza en el salario mínimo del que deriva la Unidad de Medida y Actualización ha significado que los partidos reciban cantidades cada vez más grandes de dinero público, pero no ha elevado el poder adquisitivo de la gente. 

Es un buen momento para repensar la fórmula del financiamiento a la política.

Puede hacerse, sin romper el principio de equidad ni abrir los candados que han obstaculizado el paso a patrocinios ilegales.

Si la austeridad ha afectado a miles de mexicanas y mexicanos, los partidos no tienen por qué ser la excepción.

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