En agosto del 2008 un grupo de personas armadas llegó a un festejo de jóvenes y mató a 13 personas, entre ellas un bebé de brazos. Esa fue la primera masacre desde que Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles. Dos personas permanecen detenidas y dos más fueron liberadas, no hay justicia para las víctimas

Texto: Patricia Mayorga / Raíchali

Fotos: Cortesía

CHIHUAHUA.- “La herida ya no sangra, pero permanece”, les dijo el sacerdote jesuita Javier El Pato Ávila, a las familias de las 13 víctimas de la primera masacre registrada por la militarización del país, declarada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, al recordar el décimo tercer aniversario de la tragedia que dejó olor a pólvora.

Ese 16 de agosto del 2008, cuando recién habían disparado contra las familias durante un festejo, el jesuita permaneció con las víctimas, le tocó resguardar la escena ante la ausencia de peritos, agentes de ministerio público y de cualquier policía. Los dejaron solos.

El lunes pasado realizaron la marcha anual que les da fuerza porque hacen patente que en Creel, enclavado en el municipio de Bocoyna de la Sierra Tarahumara, hay memoria y el olvido no es opción. Marcharon desde la parroquia que se encuentra frente a la plaza principal, hacia el lugar de la masacre que transformaron en plaza de la Paz.

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, les acompañó en la marcha. Al frente, las familias sostenían una larga manta que decía: “Memoria que resiste”, con una mano empuñada. Al finalizar, monseñor Vera ofició la misa en la plaza de la Paz, frente a un gran mural con los rostros de los 13 hombres asesinados, entre ellos un bebé de 11 meses que murió en brazos de su papá.

El obispo se encontraba en la región porque acudió a dar ejercicios espirituales a los sacerdotes diocesanos de la Tarahumara. Los sacerdotes que le acompañaron indicaron que estaba emocionado y agradecido con la gente por la fortaleza que les ha dado conservar la memoria viva. Entre amenazas de lluvia, inició la misa concelebrada al aire libre.

Reforzó durante la homilía la necesidad de mantener la memoria del corazón, la que abraza y trae a la mente y los labios, la dignidad de quienes sufrieron aquella masacre.

“Se pronunció de manera fuerte y misericorde para con las víctimas (…) Dijo que no debemos dejar pasar y seguirles dejando sobre la mesa, sobre el recuerdo y de frente al Estado, su ineptitud y que son unos ‘estúpidos’ por no actuar en el momento”, refirió uno de los asistentes a la celebración conmemorativa.

Saludó uno a uno a los familiares de las víctimas, con quienes compartió el deseo de continuar en la lucha para no olvidar.

El padre Pato expresó en entrevista que al llegar cada 16 de agosto después de 2008 se mueven muchas emociones y recuerdos que quedaron arraigados.

“Pero al mismo tiempo llegas con la satisfacción de saber que estás haciendo lo que debes hacer. En ningún momento he dicho ‘no puedo más, aquí me quedo’. Y siempre me pregunto cuál es el umbral del dolor que cada uno de los luchadores de defensores de derechos (…) Pero a ratos sí llegas a preguntarte, porque no es el único caso. Seguir tratando desaparecidos, seguir tratando muertes, llegas lastimado, pero con la satisfacción de decir: ‘nunca he dicho no puedo más y espero no decirlo’. No podré más el día que muera”.

El sacerdote jesuita estuvo el 16 de agosto de 2008 junto a las familias de las víctimas, cuando escucharon balazos y corrieron al lugar de la tragedia: las instalaciones de productos forestales de la Tarahumara (Profortarah).

Un grupo de jóvenes había llegado a jugar, después de haber participado en unas carreras de caballos. Hombres armados irrumpieron en el festejo.

Eran alrededor de las 4 de la tarde, cuando los jóvenes corrían como si fueran caballos y competían, les dispararon.

Las víctimas fueron: Alberto Villalobos Chávez (28 años), Juan Carlos Loya Molina (21), Daniel Alejandro Parra Mendoza (20), Alfredo Caro Mendoza (36), Luis Javier Montañez Carrasco (29), Fernando Adán Córdova Galdeán (19), Cristian Loya Ortiz (22), Edgar Alfredo Loya Ochoa (33), Alfredo Horacio Aguirre Orpinel (34), Luis Daniel Armendáriz Galdeán (18), Óscar Felipe Lozano (19), Édgar Arnoldo Loya Encinas (1) y René Lozano González (17).

Hay papás y mamás que ya no están

“Hay personas que ya no están, que murieron como consecuencia de esto. ‘Mi papá ya no viene’, comentó uno de los hijos. Tenía cáncer, Óscar Loya, que se lo llevó y otros también. Fueron quedando en la lucha. El papá de uno de ellos, que los buscaba (a los responsables) cuando les decía dónde estaba, lo orilló a que lo levantaran y lo mataran”, recuerda el padre Pato.

“Sabernos queridos nos ayuda, al encontrarnos hacemos click y nos compartimos el amor inmediatamente”, agregó el jesuita, quien además es presidente de la asociación Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (Cosyddhac), para reflejar la situación actual de la región respecto de la violencia.

Daniel Alejandro Porras Urías, Chichimoco, fue asesinado en Cuauhtémoc, dos años después de la masacre. Él exigía justicia y entregó pruebas para que la entonces Procuraduría de Justicia del Estado aprehendiera a los asesinos. Lo privaron de la libertad en Cuauhtémoc, a donde viajó con su esposa. Ella se quedó en un establecimiento comercial y él fue a comprar un canal de carne.

Daniel Porras alcanzó a llamarle a su esposa para decirle que lo habían levantado. Más tarde localizaron su cuerpo en la carretera Cuauhtémoc-Chihuahua. Era papá de Daniel Alejandro Porras Mendoza, quien tenía 20 años cuando lo asesinaron en aquella masacre.

Óscar Loya era papá de Kristian Loya, de 24 años. Él sufrió una depresión severa como consecuencia de la tragedia, que le causó cáncer de garganta.

La mamá de Daniel Armendáriz Galdeán, quien tenía 18 años y apenas se había inscrito en la carrera de Administración en la Universidad Interamericana, enfermó de diabetes. La mamá de otra de las víctimas intentó suicidarse años después, estuvo en estado vegetativo hasta que finalmente murió.

Los detenidos por la masacre

Entre presuntos responsables asesinados años después, detenidos que no son acusados como autores materiales ni intelectuales y una liberación de uno de los principales sospechosos, el caso continúa impune.

Sandro Gilberto Romero Romero fue aprehendido el 27 de septiembre de 2008 y liberado por falta de pruebas en octubre de 2014.

Luis Raúl Pérez Alvarado, La Chicharrona, fue sentenciado a 82 años 6 meses de prisión y José Manuel Saucedo Reyes, “La Kila” o “El Lince”,  fue detenido por el gobierno federal por acopio de armas, portación de arma de fuego y delincuencia organizada. 
A Jorge Salvador Villa Cruz lo liberaron el 2 de marzo de 2013 porque se le concedió un criterio de oportunidad por la información proporcionada, para identificar y obtener órdenes de aprehensión y sentencias contra otros participantes en los hechos.
Las órdenes de aprehensión que han estado pendientes desde hace años son en contra de Óscar Alberto Mancinas Pérez El Guacho, Iván Montes González El Colibrí (asesinado en 2013 y sobrino de quien era procuradora de Chihuahua en ese momento, Patricia González Rodríguez) y Antonio Casavantes Calderón El Malandro.

Los deudos de la masacre de Creel, municipio de Bocoyna, sólo recibieron en 2012 una indemnización de 470 mil pesos, es decir, 36 mil 160 por cada una de las víctimas asesinadas.

Este trabajo fue realizado por RAÍCHALI, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar el original. 

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