2 agosto, 2025
La empresa señalada por proporcionar la casa azul al ex gobernador de Guanajuato, ostenta el contrato de infraestructura y tecnología para seguridad que permanecía en secreto. “Si es mucho o poco, no lo sé”, dice Mauricio Kuri al justificar inversión en Seguritech
Texto: Verónica Espinoza, Eric Pacheco y Paulina Rosales / Pop Lab
QUERÉTARO. – El gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri González, abrió la puerta a la empresa Seguritech de manera silenciosa pero sin escatimar recursos desde el inicio de su sexenio, mediante un contrato por casi 4 mil millones de pesos que abarca casi todo el periodo de su administración, de 2022 hasta 2027, que fue adjudicado sin licitación y cuyos detalles fueron clasificados como reservados.
El proceso sigue las formas con las que ha operado la empresa en otros estados, como es el caso de Guanajuato, donde Poplab reveló un conflicto de interés del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez ya conocido como el escándalo de la “Casa Azul”, por establecerse con su familia en una residencia en Houston vinculada a Daniel Esquenazi, promotor de esta empresa que también recibió contratos en su sexenio, los cuales permanecen ocultos.
“Anuncio hoy una inversión de más de 4 mil millones de pesos, esto en mejor infraestructura, tecnología, equipamiento y desarrollo de nuevas capacidades de nuestra fuerza policial para el modelo de seguridad de los queretanos, debemos actuar con prontitud, preparándonos con mejores instalaciones estratégicas, la mejor tecnología en seguridad y fortalecer nuestros operadores”, expresó Kuri el 24 de enero de 2022.
El gobernador detalló que uno de los conceptos del modelo de seguridad en Querétaro, con el fin de prevenir el delito, tenía que ver con la inversión masiva en tecnologías: “drones, videovigilancias, arcos de seguridad, lectores remotos de placas, bancos de datos, modernización de los centros de reacción y de operación”.
El contrato, obtenido por Poplab, fue concretado con total sigilo por las partes a través de Seguritech Privada, S.A., una de las varias razones sociales con las cuales las empresas que encabeza Ariel Picker Schatz han expandido servicios en todo el país y en el extranjero.
El trato estaba amarrado por lo menos desde fines del 2021, cuando arrancó el sexenio de Kuri, pues aunque fue firmado a principios de 2022, ya había sido previsto para ese año el recurso para los primeros pagos en el presupuesto de egresos del estado.
El 4 de febrero fue firmado el contrato de prestación de servicios integrales a largo plazo celebrado por el gobierno del estado con Seguritech Privada, S.A. OM/DA/RE/030/2022, con vigencia hasta el 31 de agosto de 2027, un mes antes de que concluya el sexenio de Mauricio Kuri. El monto total es de 3 mil 919 millones 71 mil 598 pesos.
Pero antes, el 17 de enero, el director de Servicios Administrativos del estado, Enrique Gutiérrez Rodríguez, solicitó autorización al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones del Ejecutivo para efectuar una adjudicación directa por excepción. En la primera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones del Ejecutivo, celebrada cuatro días después, la solicitud se consideró procedente y se aprobó.
Panista de ascendencia empresarial que lo llevó a dirigir la Coparmex; exalcalde y quien llegó a convertirse en coordinador de la bancada del PAN en el Senado tras la muerte de Rafael Moreno Valle, Mauricio Kuri dejó esa curul para contender y ganar la gubernatura, en la que tomó protesta en octubre de 2021.
Kuri abrió la puerta a Seguritech exactamente 10 años después de que lo hiciera el estado vecino, Guanajuato, también gobernado por Acción Nacional, en ese entonces con el actual senador Miguel Márquez Márquez al frente. Márquez anunció el “Programa Escudo” y adjudicó de manera directa un contrato con Seguritech por 2,800 millones de pesos.
Antes de ese periodo, Guanajuato presumía de mantenerse entre las entidades con paz y bajos índices delictivos.
Aunque Márquez aseguró que se trataba de la mejor tecnología para blindar al estado de la incursión y acciones del crimen organizado, eso no pasó y en 2018 cuando terminó su sexenio, dejó al estado en el primer lugar de asesinatos en el país y con un grupo delincuencial surgido en las entrañas de la región Laja-Bajío, colindante precisamente con Querétaro, el cártel Santa Rosa de Lima.
Para 2022, ya con Diego Sinhue Rodríguez como gobernador, Guanajuato estaba viviendo una espiral de delitos de alto impacto y de delincuencia común a la que no hizo mella alguna el “blindaje” que tanto Márquez como Diego Sinhue aseguraban que ofreció Seguritech, a la que este último asignó nuevas contrataciones, lo mismo que la actual gobernadora también del PAN, Libia Dennise García, como ha documentado Poplab.
Sin poner las barbas a remojar, y a pesar de que Querétaro figuraba entre las entidades con indicadores de delito bajas, Mauricio Kuri no sólo le apostó a la “inversión masiva en tecnologías” para, según dijo, la prevención del delito, sino que superó con mucho la inversión asignada por Guanajuato, con una diferencia arriba de casi mil 120 millones de pesos.
Sin embargo, los números dicen que, como en el caso de Guanajuato, el propósito tampoco se ha cumplido a cabalidad.
Se preguntó al gobierno del estado a través del área de Comunicación social sobre la estrategia o programa de seguridad del gobernador Kuri, así como si se efectuó un contrato con Seguritech dentro de dicho programa, el monto y detalles de este.
El gobierno respondió que las líneas del programa están contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado, que se puede consultar en la página del Consejo Estatal de Seguridad (www.cesq.gob.mx), en el que se establece como uno de los retos “el blindaje con la mejora de los sistemas tecnológicos en materia de seguridad”.
“El programa no se conformó ni se realizó con ninguna empresa; fue resultado de un plan de trabajo construido con la ciudadanía en mesas de diálogo”, indicó el área de comunicación social, que dijo no tener información sobre “montos y detalles con empresas”.
Pero según el documento del que se tiene copia, el contrato con Seguritech contiene un acuerdo plurianual de pagos para efectuarse entre 2022 y 2027, para que sumen en total los 3 mil 919 millones 71 mil 598 pesos (ya con IVA incluido). Ya para el ejercicio fiscal se contemplaron pagos a mes vencido en los meses de marzo, junio, septiembre y noviembre por casi 150 millones.
El acuerdo fue firmado por Edith Luque Hernández, directora de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo; Miguel Ángel Contreras Álvarez, Secretario de Seguridad Ciudadana del estado; Enrique Gutiérrez Rodríguez, Director de Servicios Administrativos del gobierno; Óscar Agustín Gutiérrez Olvera, Subsecretario de Proyectos y Construcción de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y por Seguritech el representante legal Emmanuel Antonio Cárdenas Rojas.
Para los ejercicios fiscales de 2023 a 2026, los recursos deberían ser solicitados por la Secretaría de Seguridad a la de Finanzas, para incluirlos dentro del presupuesto de dicha dependencia y así contemplados en el Presupuesto de egresos del estado.
Ese año 2022, el presupuesto estatal fue de 45 mil 898 millones de pesos, de los cuales a la Fiscalía general del estado se asignaron mil 159 millones y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana cerca de 830 millones de pesos.
Fue al año siguiente, en el presupuesto para el 2023, cuando se incluyó en un apartado de “compromisos plurianuales” del Presupuesto aprobado por el Congreso, el rubro “Paz y Respeto a la Ley” con un monto de mil 029 millones 162 mil pesos, sin más detalles sobre el mismo. Mientras que el presupuesto para la Secretaría de Seguridad fue de 849 millones 698 pesos.
En septiembre de ese año, por cierto, el gobierno de Kuri contrató una línea de crédito por 3 mil 300 millones de pesos, “con destino específico a inversión pública y movilidad”.
Fue hasta el presupuesto de 2024 que en el renglón de compromisos plurianuales se precisó por primera vez la asignación de 873 millones 710 mil pesos “correspondientes al Servicio Integral de Tecnologías e Infraestructura en materia de Seguridad para el Poder Ejecutivo”.
Casi lo mismo se etiquetó en el presupuesto para 2025, en el eje de gobierno, Paz y respeto a la ley, para “capacidades institucionales, operación y modernización de la seguridad”. Y se estableció como objetivos los siguientes:
— Posición del estado de Querétaro entre las entidades federativas con mayor percepción de seguridad en el país
— Contribuir a preservar la percepción de seguridad y convivencia ciudadana con la participación activa de la comunidad y sus integrantes y brindando servicios profesionales con enfoques preventivo, de proximidad, respeto a los Derechos Humanos y Participación Comunitaria.
Aunque es un equipo de alta tecnología para seguridad, uno de los puntos del contrato con Seguritech establece que el proveedor no será responsable “por causas generadas por terceros, violencia, intimidación, amenazas, vandalismo, terrorismo y/o cualquier tipo de accidentes o siniestros a los equipos o servicios (sic)”.
Pero el anexo único del contrato fue clasificado como reservado por el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo unos días después de la firma, el 10 de febrero, debido a que, se argumenta, “contiene datos técnicos y precisos sobre infraestructura, servicios tecnológicos, y servicios administrativos encaminados a lograr la salvaguarda de la seguridad pública en el estado de Querétaro”.
Con la firma del contrato, el gobierno estatal puso en posesión para el desarrollo y prestación del programa “Servicio Integral” una superficie de 14 mil 332 metros cuadrados dentro del inmueble en Avenida 5 de Febrero número 35 Norte, colonia San Antonio de la Punta.
A mediados del 2022 comenzó la construcción de un enorme complejo al que se denominó “Rhino”, y que fue presumido por el gobierno de Kuri como “el más importante de América Latina”, en su apertura dos años después, en 2024.
Ahí tiene su sede el Centro de Mando Operativo de la Policía Estatal (POES), cuyo costo se estimó en 250 millones de pesos. Datos del gobierno queretano refieren que el POES incluye el mayor campo de tiro real en Latinoamérica y un campo de tiro virtual con Inteligencia Artificial, en 10 mil metros cuadrados.
También cuenta con 18 hangares para drones, 123 vehículos con equipo de videovigilancia y punto de monitoreo para las 3 mil cámaras que se instalaron como parte del contrato.
La empresa Seguritech Privada aparece como proveedora de otras instituciones en Querétaro, como el Centro de Información y Análisis para la Seguridad, el Fideicomiso Promotor de Proyectos Económicos y de Bienestar Social, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (Icateq), la Universidad Politécnica de Querétaro, la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui y el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro (Conalep), sin que se precise qué servicios le han sido contratados.
Al anunciar la multimillonaria inversión en tecnología a inicios de 2022, el gobernador Mauricio Kuri afirmó que no podía impedir que ocurrieran delitos, “pero lo que sí puedo hacer es todo lo que esté a mi alcance para prevenirlos”.
Sin embargo, un comparativo de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los casi cuatro años que van del gobierno de Mauricio Kuri González con respecto al mismo lapso de su antecesor Francisco Domínguez Servién) arroja un incremento del 15 por ciento en el total de delitos, así como un aumento de casi 8 por ciento en lo que tiene que ver con los crímenes.
Casi 6 semanas después de ese anuncio, ocurrió un hecho de violencia nunca antes visto en el estadio Corregidora, inmueble del gobierno estatal, al desatarse una mega trifulca durante un juego de fútbol entre el equipo local, los “Gallos Blancos” y el Atlas de Guadalajara, que dejó varios aficionados heridos y se convirtió en un escándalo nacional e internacional.
Ese hecho derivó en la remoción de los titulares de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras Álvarez, y de Protección Civil, Carlos Rodríguez Di Bella.
En los siguientes años, ha llamado la atención la presencia de personas señaladas por las autoridades federales como generadores de violencia, algunos líderes criminales de Guanajuato y de otras entidades que han sido detectados, detenidos y algunos ejecutados en plazas comerciales y vía pública en distintas ciudades de Querétaro.
Así ocurrió a fines de marzo de 2024 en Huimilpan, donde fue asesinada una pareja al salir de una tienda. El hombre fue posteriormente identificado como Hugo N, quien era señalado como parte de la estructura del grupo criminal “La Unión Tepito” de la Ciudad de México y vinculado a asesinatos de policías en dicha ciudad.
Otro hecho que conmocionó a Querétaro fue el ataque sucedido el sábado 9 de noviembre del año pasado, con armas de alto poder en el bar “Los Cantaritos”, en el que murieron diez personas y trece más resultaron heridas, en la peor masacre ocurrida en la entidad en mucho tiempo y dirigida a otro líder criminal, Fernando González, “La Flaca”, dedicado al robo de hidrocarburos, que se encontraba departiendo en dicho antro.
Ante lo ocurrido a 1.1 kilómetros de su oficina, en plena zona centro de la ciudad, el gobernador Mauricio Kuri González expuso: “En Querétaro no vamos a permitir contaminarnos de lo que está ocurriendo en otras partes de la república, aquí pueden suceder cosas, pero siempre vamos a responder; vamos a hacer un gran cúmulo de información y de decisiones que estamos a tomando de ese terrible evento”.
Cuatro meses después de los hechos en “Los Cantaritos” las autoridades federales detuvieron en Querétaro, José Francisco “N”, alias “Alfa 1”, al que identificaron como el líder de la célula delictiva responsable del ataque. Se señaló que había una disputa por el huachicol.
La ordeña de combustible es otro de los delitos que se ha disparado en el estado. Datos de Pemex señalan que Querétaro ha alcanzado un pico, pues mientras en 2020, antes del sexenio de Kuri y de que entrara Seguritech, se reportó la localización de 180 tomas clandestinas, en 2022, ya con el “Sistema Integral” echado a andar, subieron a 220, pero al año siguiente, 2023, se registraron casi el doble, 402 tomas de huachicol.
En su reporte anual de incidencia delictiva de alto impacto 2015-2024, la organización “México Evalúa” ubicó al estado de Querétaro con un balance “muy negativo” en el delito de extorsión.
“El problema es más grave en entidades con alta presencia de grupos criminales y alto grado de desarrollo empresarial, como Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Estado de México y Michoacán”.
A inicios de este año, el medio local Libertad de Palabra exhibió que una de las cámaras de vigilancia de la red que está instalada en la ciudad no funcionaba.
La torre de la cámara, instalada en un puente en la carretera al norte de la ciudad, lucía con cables de fuera y abandonada.
Justo en ese lugar, habitantes de la colonia “Las Rosas” que cruzan por ese puente, narraron que era muy inseguro.
“Incluso aquí en el puente, hay mucho robo, tienes que meterte a descansar, entre las 8 y 9 de la noche porque es muy riesgoso aquí, entonces ya no lo podemos transitar a cierta hora porque es robo de mochilas o de celulares, entonces los estudiantes que vienen de la universidad prefieren pagar UBER a pagar un transporte público, por la inseguridad que hay en el puente”, expuso la señora María Guadalupe Gutiérrez, quien vive en esa colonia de la delegación Santa Rosa Jáuregui.
Dentro de la colonia Las Rosas había al menos otras dos cámaras públicas de vigilancia, las cuales cuentan con “Botón de Asistencia Ciudadana”, pero la habitante Arlette Alvarado indicó que cuando hicieron uso de ese mecanismo no habían tenido una respuesta satisfactoria.
“Varias veces sí también ponían, apretaban el botón y no, no venían rápido”.
La gente de esa colonia tuvo que organizarse para frenar la delincuencia.
Mauricio Kuri González justificó la entrega de cuatro mil millones de pesos a la empresa Seguritech, S.A de C.V., el cual se realizó sin licitación y cuyos detalles se encuentran reservados, como reveló una investigación de Poplab.
En la conferencia semanal, realizada en el municipio de Amealco, el gobernador argumentó que desde su primer informe hizo público el proyecto de seguridad que tendría una inversión de 4 mil millones de pesos y que incluyó la construcción del edificio denominado “Rhino” para la Policía Estatal (PoEs).
De acuerdo con Kuri González, la construcción de dicho inmueble para la PoEs era necesaria, al estar anteriormente en una bodega que le pertenecía a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).
“Si es mucho o poco, no lo sé, pero yo le voy a seguir apostando lo que pueda a seguridad. Esta empresa que fue la que ganó la licitación, es una empresa que trabaja con muchísimos gobiernos, desde hace muchos años, de todos los partidos. Nos quedaron bien, en tiempo y forma”, justificó.
Aunque Mauricio Kuri aseguró que la licitación a Seguritech fue “abierta”, Lynda Rangel Luna, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, corrigió posteriormente y aclaró que se trató de una licitación directa por excepción, al tratarse de un tema de seguridad, tal como lo publicó Poplab al dar a conocer la asignación a Seguritech al inicio del actual gobierno.
“Básicamente siempre en un tema de seguridad es abierto por excepción, la ley te lo enmarca y te lo encuadra. No podemos dar todos los detalles. Básicamente, todo está en transparencia”, señaló la funcionaria.
La Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado señala que la Oficialía Mayor podrá realizar una adjudicación directa, cuando en un procedimiento de licitación pública se ponga en riesgo la seguridad del estado o de los municipios.
Dentro de los argumentos del gobernador para justificar la designación de Seguritech estuvo que el 80% de la población señala como la principal problemática la seguridad, además de que las cámaras de seguridad y los drones “ayudan mucho” para prevenir los delitos.
“Vamos a seguir invirtiendo en seguridad. Acabamos de autorizar un aumento del veintitantos por ciento en el sueldo de los policías investigadores en la Fiscalía. Acabamos de autorizar un nuevo comedor en la Policía de Investigación, un nuevo lugar para la investigación (…)”, añadió.
Con respecto al incremento de delitos relacionados con el robo de combustible, el mandatario estatal se desmarcó, señalando que éste es un “tema federal”, pero el estado “ha hecho mucho al respecto” para bajar la incidencia. “Hasta el momento, no hemos tenido ninguna denuncia (sobre) el hecho de que estén haciendo, que le compren las gasolineras a la gente que vende huachicol, o algo así. Hasta el día de hoy”.
Durante la conferencia, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Iovan Pérez Hernández, argumentó que desde la operación de la sede “Rhino” se duplicaron las herramientas de videovigilancia del Sistema Estatal, pues los equipos pasaron de cinco mil 600 a 11 mil.
“Más de seis mil se integraron en el último año y medio desde la creación del complejo Rhino y el Centro de Mando”, añadió.
El funcionario estatal también mencionó que realizan cerca de 541 operativos por mes y aseguró que éstos han implicado una reducción en delitos como el homicidio doloso en un 13%, durante el primer semestre del 2025 y un 36% en los delitos patrimoniales con violencia.
Asimismo, mencionó que con la actual estrategia de seguridad, tienen una proyección de reducción de delitos arriba de un 10% al año “muy contrario a lo que pasa en el escenario nacional”.
No obstante, el periodo de Pérez Hernández también se ha enmarcado por denuncias de violaciones a los derechos humanos.
El edificio de “Rhino” está ubicado en Paseo 5 de Febrero, donde anteriormente estaba la Comisión Estatal de Aguas (CEA). En este espacio, el 10 de junio del 2022, fue reprimida una manifestación que convocó la Red en Defensa del Agua y la Vida (Redavi) y que buscaba la derogación de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, al considerar que daba paso a la privatización del recurso hídrico.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Estado (DDH) emitió una recomendación por dicha represión, al considerar que se violaron los derechos humanos de reunión pacífica, libertad personal, integridad personal, legalidad y seguridad jurídica.
El expediente (254) 1/2023 se dirigió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ya encabezada por Pérez Hernández y a la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social, cuyo titular era Erick Gudiño. Éste último fue designado posteriormente Secretario de Gobierno del Estado y, ahora funge como enlace con las autoridades federales para el proyecto del tren México-Querétaro.
En el 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 153VG/2024 al gobernador y al fiscal general, entonces Alejandro Echeverría Cornejo, por violaciones graves a los derechos humanos derivadas de actos de tortura, detenciones arbitrarias y afectaciones contra la comunidad de Escolásticas, ocurridas el 13 de junio del 2023.
El pasado 4 de junio, el Concejo indígena del gobierno de Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco, denunció la detención arbitraria de activistas en defensa del territorio. Cuatro jóvenes fueron víctimas de tortura, mientras que la activista Estela Hernández fue detenida, al realizar labores de documentación, y fue víctima de violencia física y sexual por parte de elementos de la Policía Estatal (PoEs).
Estela es hija de Jacinta Marcial, mujer indígena quien junto con otras dos fue acusada falsamente en 2006 por la entonces Procuraduría General de la República de secuestrar a tres elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y finalmente fueron liberadas; en 2017 el entonces procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, emitió una disculpa pública hacia las tres mujeres indígenas.
Este reportaje fue publicado originalmente en POP LAB, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.
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