Diez hombres indígenas –entre ellos un adolescente de 15 años– fueron emboscados, asesinados a balazos y quemados en la entrada de la comunidad de Mezcalcingo, a unas cuatro horas de la cabecera municipal de Chilapa, Guerrero. Es la última agresión una cadena de exterminio contra las comunidades nahuas
Texto: Vania Pigeonutt
Fotos: Amapola
Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana del viernes, cuando los integrantes del grupo musical “La Sensación” bajaban de la comunidad de Tlayelpan, también en la zona indígena. En esta zona, 16 comunidades de Chilapa y Hueycantenango mantienen su policía comunitaria, ante el acoso de grupos criminales.
“Los Ardillos», el grupo delictivo que mantiene el control de la zona, quemaron las dos camionetas en la que se trasladaban los integrantes del grupo musical.
El coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), Bernardino Sánchez Luna, precisó que de los 10 asesinados sólo uno era policía de la CRAC-PF. Ocho de ellos eran casados y tenían hijos. Sus edades oscilaban entre los 20 y 35 años de edad; había un muchacho de 15 años y otro de 19 que eran solteros, detalló vía telefónica.
Sánchez Luna atribuye el crimen es del grupo delictivo “Los Ardillos”. Este opera en Chilapa, Tixtla, Quechultenango y José Joaquín Herrera (Hueycantenango), de acuerdo con información oficial.
Sánchez Luna precisó que el próximo 27 de enero se cumple un año de que este mismo grupo al que le atribuyen esta la masacre, intentó entrar a la comunidad de Rincón de Chautla, un crucero donde actualmente está el Ejército.
Desde un año a la fecha, 38 integrantes de la CRAC-PF han sido asesinados, y los crímenes, atribuidos a Los Ardillos. Aún más, en los últimos cinco años, Sánchez Luna enumera 48 personas asesinadas, entre ellas dos mujeres. Este conflicto lo atribuyen al despojo de sus territorios y cultura.
En las 16 comunidades donde opera la CRAC-PF hay viudas, niños que son entrenados con palos y armas de verdad para defender sus comunidades y mujeres. Estas también hacen guardias en las noches para apoyar con las tareas de seguridad a sus esposos policías, comandantes o coordinadores del sistema de seguridad.
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El 27 de enero pasado, según denunciaron los coordinadores de la CRAC-PF, los Ardillos irrumpieron en Rincón Chautla, una comunidad indígena contigua a Chilapa. Querían matar a los miembros de la policía comunitaria. Pero estos respondieron y ejecutaron a unos 18 supuestos sicarios
En esta última etapa violenta, de diciembre de 2018 a la fecha, el número de personas desplazadas ha aumentado: la delincuencia pretende vaciar la zona.
En esas comunidades nahuas, son los niños y las mujeres quienes llevan las huellas indelebles de los asesinatos, desapariciones y encarcelamientos de sus papás, hermanos, tíos, primos y amigos. Desde 2006, los niños y las mujeres cobran un papel activo en la defensa de sus pueblos, enclavado en Chilapa, uno de los municipios con más muertos y desaparecidos después de Chilpancingo y Acapulco.
Por otra parte, habitantes de las 16 comunidades que integran la CRAC-PF bloquean desde el viernes pasado la carretera que se dirige al municipio José Joaquín Herrera, en el crucero de la comunidad de Alcozacán. Esta es una de las más grandes de su territorio, con unas 2 mil personas. Participan esposas, hijas, hermanas, mientras que la otra mitad de habitantes se mantiene en sus comunidades.
Bernardino Sánchez Luna explicó que no se piensan quitar hasta que las autoridades envíen dos campamentos de Guardia Nacional. “Nos están matando, desplazando, nos quieren exterminar”.
Otra petición puntual es que les entreguen a sus 10 vecinos asesinados, quienes fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Chilpancingo y los puntos militares.
“Nos engañaron, estamos esperando a los cuerpos porque las viudas no tienen dinero de enterrarlos. Será muy caro trasladarlos de Chilpancingo para acá, por eso exigimos al gobierno todo el apoyo,:no tenemos recursos”, explica.
El gobierno encabezado por el priista Héctor Astudillo Flores envió en mayo pasado a una comisión de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno acompañados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Guerrero (CEDHG), luego de que los mismos pobladores mostraban en un video cómo entrenaban a sus niños para autodefenderse. Bernardino dice que desde esa visita no ha habido otra a sus comunidades.
“A nuestros compañeros se los llevaron en helicóptero. Sí hay recursos, más no voluntad. Queremos que la Fiscalía General del Estado venga, investigue, que el secretario de Seguridad coordine un plan con la Guardia Nacional, el Ejército; hay muchas injusticias porque somos indígenas. También Andrés Manuel (López Obrador) dice que le importamos los indígenas y nosotros somos muestra de que no”.
Bernardino Sánchez Luna
Hasta las 20 horas de este sábado, aún con la lluvia, decenas de personas bloquean el crucero de la comunidad de Alcozacán y otros tres puntos en presión para que se cumplan sus demandas. Los puntos militares, son lo que más piden. Uno en la comunidad de el Jagüey y otro para Tula, donde a sólo 600 metros hay un campamento de integrantes del grupo delictivo que han disparado contra la población civil.
A la fecha, cuenta Bernardino, tres jóvenes que en 2006 vivieron los encarcelamientos injustos y las sepulturas de sus allegados, son policías desde 2016.
Dice que hay demandas históricas, como la cancelación de 66 órdenes de aprehensión contra miembros de la comunidad de San Jerónimo Palantla. Así como la liberación de su compañero Godofredo Cortés Reyes de la misma comunidad, que está preso en el reclusorio de Chilapa.
“Necesitamos que la Guardia Nacional venga de forma urgente. [O] las Naciones unidas. Estamos en una situación de emergencia humanitaria. La gente resiste, pero cada vez hay más hechos de violencia y la amenaza de ese grupo criminal que se siente imparable”.
Bernardino Sánchez Luna
En Chilapa han matado músicos, políticos, artesanos, artistas… Estos son algunos de los casos más emblemáticos de los últimos años
Abel Xocua Tlama, Daniel de Jesús, Roberto de Jesús Antonio, Aurelio Antonio de Jesús Ramírez y Gonzalo de Jesús eran unos artesanos veracruzanos que viajaron a Guerrero para vender su trabajo. Sin embargo, desaparecieron en la comunidad de Chilapa. Días después hallaron sus cuerpos. Descuartizados, en bolsas.
El entonces fiscal de Guerrero, Xavier Olea, acusó como responsables a Los Ardillos, un grupo criminal asentado en esa región de Guerrero.
También en febrero de 2018, en Chilapa mataron a las entonces precandidatas a la diputación local por el PRD y el PRI para el distrito 25. Las víctimas fueron Antonia Jaimes Moctezuma y Dulce Nayeli Rebaja Pedro. Los crímenes ocurrieron en hechos distintos, pero con sólo tres días de distancia, y marcaron el verdadero nivel de riesgo durante las campañas locales que iniciarían casi tres meses después.
Pero se acumularon más casos. En mayo del mismo año, asesinaron a Paula Gutiérrez Morales, quien en el informe de violencia política aparece como activista del PRI. A la promotora, identificada en Chilapa como personaje que movía gente en los actos de su partido, la mataron en una urvan del transporte público. Sus asesinos, de acuerdo al reporte policiaco, viajaban en el mismo vehículo; le dispararon unas siete balas.
Era la precampaña presidencial. El expresidente estatal del PRD, Ranferi Hernández Acevedo, quien llevaba tiempo alejado de la política, apoyaba a Andrés Manuel López Obrador. El 15 de octubre él y su esposa Lucía Hernández Dircio salieron de su rancho rumbo a Chilapa en su auto. Pero ya no llegaron. Poco antes de llegar, alguien los retuvo. Fueron torturados y asesinados en la carretera Chilapa-Ahuacuotzingo. Esto ocurrió a menos de un kilómetro de un retén militar.
Ranferi Hernández fue un dirigente y activista político de larga y reconocida trayectoria en Guerrero.
Para leer más: http://www.tlachinollan.org/boletin-exhumacion-de-los-restos-del-luchador-social-bernardo-ranferi-hernandez-acevedo/
El documentalista Gilberto Abundiz fue privado de su libertad en el jardín de la casa familiar. Se lo llevaran mientras regaba las plantas. Ochenta y tres días después, sus padres identificaron el torso, por el tatuaje de un ala de murciélago. Lo vieron en una fotografía de un diario de nota roja. Hasta la fecha nadie sabe el motivo ni por qué sus captores lo mantuvieron vivo un mes.
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