Familias desplazadas en Chiapas emitieron un pronunciamiento en el que exigen a los gobiernos estatal y federal que desarmen a los grupos paramilitares que los desplazaron hace tres años. Además de garantizar el regreso a sus comunidades

Texto: Chiapas Paralelo

Fotos: cortesía Danny Alveal Aravena 

A tres años del asesinato de Samuel Luna Girón, habitante de la comunidad de Chalchihuitán y el desplazamiento forzado interno de 5,023 personas ocurrido en el mes de octubre del año 2017, mujeres y hombres integrantes del Comité Chalchihuitle, reafirmaron su lucha por la justicia y la defensa de la vida digna y del territorio.

El comité emitió un documento en donde señala que Manuel Velasco Coello, ex gobernador de la entidad, dio la orden al entonces presidente municipal, Martín Gómez Pérez para que obligará a las y los desplazados a retornar a sus casas, a través de engaños y amenazas, por lo que la mayoría retornó sin condiciones.

“Sólo nos quedamos en la lucha por la justicia y resistencia 289 familias, que somos 1237, y que nos organizamos en el Comité Chalchihuitle”, afirman en el oficio.

Detallaron que durante estos tres años y hasta ahora, siguen latentes los ataques paramilitares de Chenalhó y Rutilio Escandón Cadenas, actual gobernador de Chiapas, no ha cumplido con ninguna de sus demandas, ni las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni de las medidas cautelares de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Exigencias

Exigen al gobierno de federal y estatal la desarticulación, desarme y castigo a los grupos armados de Chenalhó, responsables del desplazamiento, robo de pertenencias y la destrucción de las casas de las y los pobladores de Chalchihuitán.

Asimismo, reclaman el registro de las y los afectados ante la Comisión de Víctimas y la indemnización de los daños ocasionados por estos hechos de violencia.

Señalan que, durante este tiempo, los grupos armados de Chenalhó entraron a despojar sus parcelas, destruyendo y quemando casas, robando animales, cosechas y hasta la fecha no han cesado los disparos en las comunidades colindantes entre ambos municipios.

Además, destacan que a pesar de las recomendaciones de la CNDH y de las medidas cautelares de la CIDH, no se han implementado protocolos eficaces de seguridad para salvaguardar la integridad física y psicológica de las y los desplazados.

“Queremos denunciar un segundo desplazamiento de 10 familias de la comunidad Cruzcacanam, por violencia generalizada, sin que hasta el momento funcionarios del Estado hayan realizado acciones de prevención, investigación y seguridad. Desde que fueron desplazadas las familias han recorrido diferentes instancias de gobierno, presentando denuncias, pero éstas han sido omisas”, añaden.

Las familias de Cruzcacanam fueron expulsadas por estar organizadas y ser parte del Comité Chalchihuitle y por no querer retornar. Por lo que las familias están viviendo cerca de su comunidad de origen y los paramilitares de Chenalhó realizan disparos al aire con el fin de intimidar a las familias.

Por último, añadieron que las niñas y niños viven en constante temor de ser agredidos, la crisis sanitaria por el covid-19 y la condición de desplazamiento simboliza un riesgo alto para su comunidad.

Este trabajo fue publicado originalmente en CHIAPAS PARALELO que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.