Organizaciones de derechos humanos homenajearon a Marisela Escobedo, asesinada hace nueve años en la búsqueda de justicia para su hija Rubí, víctima de feminicidio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza las estructuras que permiten este grado de impunidad

Texto: Daniela Rea

Fotos: CEDEHM

Marisela Frayre Escobedo fue asesinada el 16 de diciembre del 2010 frente a la puerta del Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde protestaba para exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol, dos años atrás.

En este noveno aniversario organizaciones de derechos humanos de Chihuahua, como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), recordaron en un homenaje el valor de la mujer que logró encontrar al asesino de su hija.

También recordaron que en junio de 2019, con apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la organización Mexicanos y Mexicanas en el Exilio (Mex-en-Ex), presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el crimen contra Marisela y Rubí.

La intención de apelar al organismo internacional es documentar la violencia de género que sufrieron Rubí y Marisela, los agravios contra la familia (entre ellas la hija de Rubí Marisol), la falta de garantías para que Marisela pudiera ser defensora de derechos humanos luego del asesinato de su hija (fue obligada a desplazarse para proteger su vida) y la falta de investigación de los asesinatos.

«Ante la CIDH se trata no sólo de resolver el caso concreto de la familia en específico, sino analizar las políticas públicas, prácticas, leyes que provocaron que una situación como esta se dé. La importancia de los casos es que la Corte juzga en general, medidas estructurales», dijo por su parte Ruth Fierro, directora de CEDEHM.

La primera parte del proceso ante la CIDH, explicó Fierro, es el análisis de admisibilidad, el análisis de fondo y de ahí pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede ser un proceso de hasta cinco años. 

Gisela de Leon, directora CEJIL, una de las organizaciones que llevó el crimen de Marisela a la CIDH señaló que la idea de la petición es exigir justicia para ambas; en el caso de Rubí por ser violencia feminicida, que aunque fue condenado nunca cumplió su condena; y en el caso de Marisela es el asesinato de una defensora de derechos humanos.

“En ambos casos no hay justicia, lo que pretendemos llevando el caso a CIDH es que haya justicia para ambas y que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir, en ambos casos el gobierno tenía conocimiento del riesgo de las mujeres”, dijo la activista en el programa Nuestras Voces, de CEDEHM.

“Aunque estos procesos son largos, estamos seguros que la CIDH hará valer su rol histórico para la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos”, agregó Gisela de León.

Por su parte Gabino Gómez, coordinador del Programa de Defensores de CEDEHM, recordó en el programa la noche en que Marisela fue asesinada, en el plantón.

“Ahí estaba con ella su hermano y él le da con una silla de metal al asesino y en la camioneta estaba la hija de Rubí y ella repetía el sonido de los disparos, bum, bum (…) Después del entierro en Ciudad Juárez, la familia se fue al exilio, así con la ropa que tenían del entierro, se cruzaron a Estados Unidos y solicitaron asilo político, hermanas, hermanos de Marisela, hijos y nietos y nueras. Todos se fueron a Estados Unidos a solicitar asilo, un viacrucis terrible por lo que significa estar en ese proceso. A la niña (hija de Rubí) la separaron de la familia porque era una menor de edad ‘no acompañada’ y luego la familia logró recuperarla”.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) señaló en un comunicado en junio de este año que esta petición busca, además de justicia, “verdad y reparación en el caso de la familia Escobedo, la adopción de medidas estructurales en México para garantizar el derecho de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia, así como el derecho del acceso a la justicia y protección adecuada del Estado para personas defensoras de derechos humanos en situaciones de riesgo”.

Las organizaciones solicitaron a la CIDH que declare al Estado mexicano “internacionalmente responsable por las violaciones, omisiones, negligencias e impunidad que derivaron en el asesinato de Marisela Escobedo, el feminicidio de su hija Rubí y el desplazamiento de la familia a Estados Unidos”.

Hoy, la familia sobreviviente de Marisela vive aislada, entre ellos su hijo Juan Manuel Frayre Escobedo y su nieta.

Los asesinos y la impunidad

Rubí Marisol fue asesinada en Ciudad Juárez en el año 2008 por Sergio Rafael Barraza, quien era su pareja sentimental. Ella vivía con el agresor y su pequeña hija. Rubí Marisol fue desaparecida en agosto de ese año y Sergio Rafael huyó de la ciudad con la pequeña. 

En junio del 2009, por las investigaciones de Marisela Escobedo, se logró dar con Sergio Rafael, quien confesó haber asesinado a Rubí y quemado su cuerpo. De un basurero se lograron recuperar 39 restos óseos que pertenecían a la menor de edad.

Sin embargo un Tribunal de Juicio Oral desestimó la confesión del agresor al señalar que los MP a cargo de la investigación no acreditaron la responsabilidad y que la confesión fue obtenida fuera de la legalidad.

La decisión judicial de liberar al agresor motivó a Marisela a continuar con la lucha, acompañada de familiares y organizaciones de la sociedad civil.Logró la  anulación del proceso y que se determinara la culpabilidad de Sergio en el asesinato de la joven. Para entonces, Sergio ya se había fugado y Marisela hizo marchas, rastreos, denuncias para que lo detuvieran y lo encarcelaran. Incluso logró ubicar su domicilio para la captura, pero las autoridades no lo detuvieron.  

Una de esas acciones para exigir justicia fue un plantón instalado frente a la puerta del Palacio de Gobierno, entonces a cargo de César Duarte, sin embargo la noche del 16 de diciembre dos agresores la atacaron y uno de ellos le disparó en la cabeza.

En noviembre del 2012 la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó en un boletín que Sergio Rafael Barraza Bocanegra, el asesino de Rubí, murió en un enfrentamiento con militares en Zacatecas, supuestamente Sergio formaba parte de una célula de Los Zetas.

Sergio murió sin haber purgado su condena por el crimen de Rubí Marisol.

En octubre del 2012 José Enrique Jiménez Zavala fue detenido y procesado por el asesinato de Marisela Escobedo. Él declaró que el asesinato de la madre y activista fue ordenado por Los Zetas, para quienes trabajaba Sergio Rafael. 

En diciembre del 2014 la Fiscalía de Chihuahua informó en un boletín que José Enrique Jiménez Zavala murió de un infarto en su celda.

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