El recorte presupuestal del 75 por ciento que indica el decreto presidencial de austeridad excluye 38 programas federales, entre ellos la Defensa de Derechos Humanos, por lo que no se afectará la atención a víctimas, informó el presidente López Obrador

Texto: Reyna Haydeé Ramírez

Fotos: María Ruiz

Los recursos para la atención a víctimas en el país son un gasto prioritario y no se verán afectados con el recorte presupuestal para atender la pandemia de la covid en México, aseguró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en un mensaje a familiares de víctimas que suman seis días en plantón por fuera de Palacio Nacional.

En su conferencia matutina destacó que conoce sus demandas y no deben preocuparse pues no habrá retiro de apoyos y este jueves serían atendidos en la Secretaría de Gobernación.

“Acabo de hablar con la secretaria de Gobernación, para que los atienda, la licenciada Olga Sánchez Cordero. Los va a atender hoy mismo. Conozco sus peticiones, no deben de preocuparse porque no van a suprimirse los recursos destinados a familiares y víctimas”, precisó.

Este problema, dijo, creció por la distorsión de información y entendimiento del Decreto de Austeridad que se publicó el 23 de abril de este 2020, al que también contribuyó Mara Gómez Pérez, titular de la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV).

“Una mala información como todo, distorsionan las cosas, en este caso hasta contribuyó la directora general porque ella dio a conocer un documento, cosa que no debió hacer, es libre, aquí no se le impide a nadie que se manifieste”, dijo el presidente. 

El recorte presupuestal del 75 por ciento que indica el decreto excluye 38 programas federales, entre ellos la Defensa de Derechos Humanos, y en este se incluye la atención a víctimas.

El presidente consideró injustificada la protesta, al añadir que “los derechos humanos se consideraron como prioritarios en el decreto… (el decreto) no aplica para los proyectos prioritarios”.

La defensa de derechos humanos no sólo mantiene su presupuesto, destacó, sino que se le hizo una ampliación de recursos por 50 mil millones de pesos.

Externó que también han recibido otro tipo de cuestionamientos contra la CEAV, como una deficiente administración y maltrato de funcionarios a las víctimas. 

La deficiente administración se atribuye a la creación de oficinas y cargos en general en el aparato de gobierno, direcciones, coordinaciones, asesores, que hizo que los recursos terminaran en gasto corriente y salarios.

En este tema, dijo, las acciones buscan sanear y optimizar la aplicación de los recursos en las dependencias y recuperar recursos, como pretenden con los poco más de 300 fideicomisos que operaban de manera opaca, sin transparencia y que se estima suman alrededor de 250 millones de pesos que están dispersos.

“Lo que estamos haciendo (con los fideicomisos) es que Hacienda recoge todos los recursos y entregar los apoyos de manera directa, Si es una familia con una persona desaparecida, se le está entregando un apoyo de conformidad con la ley”.

Condiciones de la CEAV

El 2 de junio, la titular de la CEAV, Mara Gómez Pérez, reveló en un comunicado las condiciones en que se encuentra la dependencia:

-La CEAV paga renta y servicios de los inmuebles en que opera y que para cubrir de junio a diciembre requieren 121.9 millones de pesos.

-La mayoría de los servicios son subcontratados –desde su origen- de manera irregular, con plazas eventuales y contratados mediante “outsourcing” desde 2012.

-Solo en oficinas centrales tienen 388 puestos de trabajo y el 60 por ciento de los empleados son eventuales o subcontratados.

-Tienen 43 contratos por 121.9 millones de pesos de servicios subcontratados, que dejar de pagarlos implicaría demandas.

-También está subcontratado el servicio del Registro Nacional de Víctimas (Renavi) que almacena los datos personales de 34 mil 215 víctimas, que se perderían.

-Se les conmina a reducir en un 30 por ciento el área jurídica, que afectaría a mil 874 víctimas, pero también afectaría juicios, reparaciones colectivas, rezago de compensaciones.

-Enfrentan 453 juicios de amparo-154 en etapa de cumplimiento- y 46 juicios laborales por montos millonarios.

-Tienen en trámite mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales, algunos de ellos vienen de recomendaciones de la CNDH, la Corte Interamericana, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellos el caso Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, Guardería ABC, Tlataya, Casino Royale, entre otros.

-Pagar daños y perjucios por incumplimiento de sentencias agotaría el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (Faari) que apoya a víctimas con alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones y compensaciones.

-La Oficialía de Partes de la CEAV recibe entre 150 y 200 documentos diarios.

-Al año realizan 9 mil 862 traslados de víctimas para que acudan a audiencias ante el Ministerio Público, Juzgados, CNDH o diligencias de búsqueda. Y que requieren apoyo de abogados, peritos, acompañantes psicosociales.

-Mensualmente atienden a 7 mil 200 víctimas en los 32 centros de Atención Integral en el país, con atención psicológica, social, médica y orientación jurídica. Al mes entregan medidas de ayuda para 5 mil víctimas.

 Programas y acciones que en todos los casos quedarían afectados de tener un recorte presupuestal.

Combate a la impunidad

“Va avanzando, esto se detuvo, por ejemplo, la búsqueda, la investigación de casos, lo que tiene que ver con la guardería ABC, Ayotzinapa, está la investigación en curso, hay órdenes de aprehensión”, dijo.

El presidente añadió que en el combate a la impunidad buscan acabar con los pactos de silencio y han logrado obtener información.

“No es posible que pase el tiempo, en el caso de Ayotzinapa, y que no se sepa realmente lo que sucedió. ¿Por qué ese silencio?, cuestionó López Obrador.