Desde hace cuatro años la comunidad tsotsil en Aldama, Chiapas, sufre agresiones de grupos de civiles armados. Las mujeres son la mayoría de las personas desplazadas. A una semana de los más recientes ataques, siguen esperando que la autoridad llegue a garantizar su derecho al hogar, a la seguridad

Texto, fotos y video:  Luis Enrique Aguilar*

CHIAPAS.- Casas abandonadas, sin paredes ni techo, y otras semihabitadas, con heridas de balas de armas de alto calibre.

Este es el paisaje que se devela en las montañas de los Altos de Chiapas, específicamente en las comunidades Xuxchen y Koko’, dos de las 13 comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama bajo asedio de grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes de Chenalhó.

El desplazamiento forzado que enfrentan las familias tsotsiles de Aldama es continuo, difícil de cuantificar, pues la población abandona sus casas y después cuando baja el riesgo o aumenta el hambre, regresan a sus hogares. También hay quienes llevan de 4 a 2 años sin volver.

Algunas mujeres de Magdalena, como ancestralmente se llama este territorio, cocinan en las canchas de basquetbol y voleibol de manera comunitaria, a raíz del desplazamiento. En las canchas encuentran su refugio comunitario, en menor riesgo porque están alejadas de los descampados.

Hay otras, sin embargo, que permanecen en el monte resguardadas, que no hay podido salir de ahí.

Breve repaso de un conflicto

En mayo de 2016 comenzó el desplazamiento forzado de población de Magdalena, provocado por ataques de grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes de Manuel Utrilla, Santa Martha, municipio de Chenalhó. En esa fecha 115 comuneros fueron despojados de sus tierras, las 60 hectáreas que devienen en un conflicto ocasionado por la Secretaría de la Reforma Agraria desde 1975.

Siete familias fueron desplazadas por un grupo armado que incursionó y las atacó. La agresión consistió además en quema de casas, robos y destrucción de cultivos, entre otro delitos que se encuentran denunciados en una carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

En febrero de 2018 escalaron los hostigamientos con el asedio a 5 comunidades: Tabak, Koko’, Cotsilnam, Tselejpotobtik, Xchuch te’, Puente y la cabecera municipal de Aldama.

Desde hace cuatro años, las autoridades del gobierno de Chiapas no ejercieron acción penal -desarme y detención– en contra del grupo invasor, dejando crecer la violencia en esta región de Los Altos de Chiapas.

El número de personas en desplazamiento forzado fue aumentando hasta llegar a la cifra de 2036. Sin embargo los ataques en este mes escalaron de agosto del 2020, el número de personas en desplazamiento forzado es indeterminado por las características de estos nuevos desplazamientos, son un huir continuo para salvar la existencia.

El último ataque fue entre el 1 y 17 de agosto de este año.

Huir para salvar la vida

La mayoría de las personas desplazadas son mujeres. Están cansadas, tienen miedo, tienen rabia.

Hay familias que llevan más de una semana escondiéndose del horror entre la lluvia y las balas que han bajado pero no han cesado. Así desde hace más de dos años, de manera cíclica.

Huyen para salvar su vida. Suelen pasar horas y días, pero también hay familias que desde marzo de 2018 no regresan, están refugiadas del otro lado del río que divide la zona. Este límite natural tampoco es garantía de salvaguarda. Han incursionado cada vez más cerca sembrando el terror, como en Yetón el pasado 15 de agosto.

Antes del desplazamiento las familias intentan protegerse en casa: han adaptado espacios para protegerse de los ataques armados, a veces en un cuarto o en la cocina, se crean trincheras en los patios para posponer la huida. Otras más se mueven a otra comunidad pero en ninguna de las vecinas hay paz. Esta adversidad impacta de manera estructural su vida y cultura como Pueblos Originarios.

En espera de ayuda

El sábado 22 de agosto algunas mujeres con sus hijos e hijas seguían escondidas en refugios improvisados. A más de una semana no tienen seguridad porque a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, la Policía Federal Preventiva y el Ejército mexicano, persisten los disparos que son el pan de cada día en la región.

Estas condiciones les impiden ejercer sus actividades cotidianas. Diversos ataques se han registrado durante sus labores campesinas, no tienen acceso pleno a sus tierras de trabajo ni pueden dedicarse al comercio y a ninguna otra actividad económica de manera regular y completa para obtener el ingreso familiar, no pueden hacer la vida para vivir.

No hay lo suficiente en sus reservas de maíz y los cultivos de café también se han perdido. Se avizora una mayor emergencia por carencia de alimentos unida a una crisis humanitaria como impacto del desplazamiento constante de esta población en 13 comunidades de Aldama-Magdalena.

“Tenemos derecho de vivir en paz, pedimos a los tres niveles de gobierno resuelvan este problema, pedimos al gobierno apoyos de primera necesidad: despensa, zapatos, ropas, cobijas, detergentes…”, piden desde allá.

*Este texto e imágenes fueron distribuidas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas el 25 de agosto del 2020. Si quieres apoyar a las comunidades desplazadas de Aldama firma la Acción Avaaz: https://bit.ly/3aUpsB3