Le queda una semana al último periodo ordinario de la LXIV Legislatura, que habrá dejado su impronta: 141 decretos, 17 reformas constitucionales y el sello de haber convertido en ley la voluntad presidencial

Twitter: @chamanesco

La LXIV Legislatura agoniza. En esta semana, habrá de concluir el último periodo ordinario de sesiones de la representación electa en 2018, que será recordada como la legislatura de la “cuarta transformación”.

La mayoría de las y los diputados electos hace tres años dejarán su cargo en agosto, mientras que 213 de ellas y ellos fueron postulados por sus partidos para la reelección y actualmente están haciendo campaña desde la curul.

Las y los 128 senadores electos para seis años transitarán de una legislatura a otra, heredando múltiples asuntos pendientes.

De origen, esta LXIV Legislatura nació con un rasgo distintivo: por primera vez desde 1997, el partido en el gobierno tuvo mayoría absoluta (más de 250 curules), lo que le permitió al presidente hacer transitar su agenda de reformas.

Un margen de maniobra que perdió Ernesto Zedillo en la segunda mitad de su sexenio, y del que carecieron Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Esto al menos en San Lázaro, pues en el Senado el partido Morena es primera fuerza, pero no mayoría.

Con todo, el balance de reformas para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido es más que positivo: lograron sacar adelante la reforma para crear la Guardia Nacional, echar abajo la reforma educativa del Pacto por México, crear una ley de remuneraciones de los servidores públicos, una ley de austeridad, una nueva ley de salud y varios cambios institucionales para apuntalar los grandes símbolos de la 4T, como el que creó el Instituto de Salud para el Bienestar, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el Banco del Bienestar; los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas para el bienestar, entre otros.

Asimismo, la LXIV Legislatura aprobó sin cambios los proyectos de Presupuesto de Egresos de los primeros tres años de gobierno de López Obrador, lo que ha permitido a su administración financiar sus oras emblemáticas, como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía.

Los cambios legales van de lo cosmético a lo profundo e irreversible.

Según los registros del Sistema de Información Legislativa, entre septiembre de 2018 y abril de 2021 se han aprobado 141 decretos de reforma, de los cuales 17 son reformas constitucionales.

Entre los cambios a la Constitución destacan los aprobados en materia de extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa, paridad de género, consulta popular y revocación de mandato, fuero, partidas secretas y, recientemente, la polémica reforma al Poder Judicial de la Federación.

De las 35 iniciativas que ha enviado el presidente López Obrador, 27 han sido aprobadas y publicadas, tres están pendientes en comisiones, cuatro tienen dictamen, pero están por procesarse en la Cámara revisora, y una fue atendida pero no resuelta en definitiva: la que permitiría procesar penalmente al presidente por casos de corrupción, delitos electorales o delitos graves durante su periodo de gobierno.

Esta legislatura se caracterizará también por los ajustes dentro de las bancadas y el alto porcentaje de movilidad de sus miembros.

De entrada, Morena y sus aliados de 2018 maniobraron para que el partido de López Obrador pudiera hacerse de la mayoría (252 curules), postulando en diversos distritos a varios morenistas por el PT y el PES, para acceder así a más plurinominales de los que le hubieran correspondido. 

Cuando estos legisladores pasaron a su partido, al instalarse la Legislatura, Morena llegó a 247 diputaciones. Además, el Partido Verde le “cedió” cinco legisladores, con lo que el partido mayoritario alcanzó una mayoría absoluta que le permitió presidir la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva durante el primer año.

La movilidad de las bancadas ha determinado que, al cierre de la Legislatura, el alineamiento sea aún mayor en favor del gobierno: 256 diputaciones de Morena, 47 del PT, 20 del PES, 11 del PVEM y 3 sin partido, pero afines al oficialismo, que juntos forman una mayoría calificada de 337 curules, y un bloque opositor minoritario de 163 diputaciones: 79 del PAN, 48 del PRI, 11 del PRD y 25 de MC.

En estos tres años, como suele ocurrir, los diputados han entrado y salido de San Lázaro para atender sus propias agendas. 

En total, 144 de los 500 diputados electos el 1 de julio de 2018 han solicitado licencia al cargo, y 99 no regresaron, por lo que el 20 por ciento de las curules es ocupado actualmente por suplentes.

Destacan los casos de quienes fueron llamados al gobierno de López Obrador, como el director del IMSS, Zoé Robledo; el director de Aduanas, Horacio Duarte; la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara y, más recientemente, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. Incluso el coordinador de Morena, Mario Delgado, se fue para asumir la presidencia nacional del partido.

En el caso del Senado, 35 de los 128 electos (más del 27 por ciento) tienen licencia, ya sea para ocupar cargos en el gabinete, como las secretarias Olga Sánchez Cordero, Rocío Nahle y Delfina Gómez, o para ser actuales candidatos y candidatas a las gubernaturas de sus estados, como Mario Zamora, Rubén Rocha, Félix Salgado, Miguel Ángel Navarro, Mauricio Kuri, Samuel García, Alfonso Durazo, Víctor Castro, Cristóbal Arias, Gloria Núñez y Claudia Anaya.   

A pesar de estos ajustes, y aunque más del 40 por ciento de las y los diputados está en campaña por la reelección, la Legislatura está cerrando a tambor batiente, con una intensa agenda de reformas, polémicas y escándalos.

Los casos más notorios ocurrieron en las últimas dos semanas y serán cambios legales de alto impacto social y político: la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley del Outsourcing, la Ley de Hidrocarburos y, desde luego, el fast track a la reforma que permitiría al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quedarse dos años más en su cargo.

Como si a Morena le corriera prisa por aprovechar su mayoría antes de la instalación de la nueva Legislatura que surgirá de las elecciones del 6 de junio, los cambios se aprobaron a pesar de la advertencia de expertos, sectores regulados y legisladores que se oponían a esas reformas.

La advertencia más notoria la hizo, desde el propio partido Morena, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, cuando subió a tribuna a leer, no la última pero sí una de sus últimas intervenciones en su larguísima carrera como legislador. 

Al calor del debate sobre la inconstitucionalidad de prolongarle el mandato a Arturo Zaldívar, Porfirio advirtió al bloque mayoritario que aprobar dicha disposición los convertiría en ilegítimos herederos del movimiento que, paradójicamente, les permitió ser mayoría en el Legislativo.

Quedó para el bronce la frase con la que Porfirio –el gran legislador de este país– inició su alocución de una hora 23 minutos, en la madrugada del viernes: “me opongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no una república autoritaria, a este insensato proyecto de violar la Constitución política del país”.

¡Vaya discurso para un cierre de legislatura!

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Le queda una semana al último periodo ordinario de la LXIV Legislatura. Después del 30 de abril, cualquier nueva modificación legal o constitucional tendría que transitar a través de periodos extraordinarios.

La Comisión Permanente sesionará durante poco más de tres meses a partir de mayo, en medio de las campañas electorales y los muy previsibles pleitos postelectorales.

La LXIV habrá dejado su impronta: la legislatura de la transformación, que de principio a fin decidió plegarse a la voluntad presidencial.

Ojalá no se les ocurran muchas cosas más en los próximos cinco días…