El exdirector de Pemex enfrentará tres delitos por el caso Odebrecht en libertad sin salir de Ciudad de México una vez que deje el hospital. Niega ser culpable y promete denunciar a los responsables de los sobornos y corrupción en el caso
Texto: Andro Aguilar
Foto: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro
Por el caso Odebrecht, Emilio Lozoya tampoco irá a la cárcel, al menos por ahora. El juez Juan Carlos Benítez lo vinculó a proceso por los cargos de operación con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, pero decretó su libertad condicional.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó medidas cautelares similares a las ya dictadas un día antes, por el caso de Agro Nitrogenados: la prohibición de salir del área conurbada de Ciudad de México, la colocación de un brazalete electrónico, que el exfuncionario sea vigilado por la Policía Federal ministerial durante su estancia en el Hospital y que entregue su pasaporte.
Como en el caso de Agro Nitrogenados, la FGR tiene hasta finales de enero de 2021 para complementar su investigación, poco antes de que inicien las campañas electorales para renovar 2 mil 965 cargos públicos.
Al igual que en la primera audiencia, en su segunda comparecencia frente a las autoridades mexicanas el exdirector de Pemex destacó su colaboración para agilizar su extradición y buscar un «criterio de oportunidad» u otra figura de acuerdo con la Fiscalía a cambio de información. Y se deslindó de las responsabilidades por los cargos que se le acusa: «No soy culpable ni responsable de los hechos que se me imputan».
Conectado por videoconferencia desde su habitación en el Hospital Ángeles del Pedregal, repitió ante el juez en el Reclusorio Norte que fue “intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado”.
“Manifiesto a usted que denunciaré, señalaré a las personas responsables de estos hechos y a los posibles beneficiarios de los mismos», prometió.
La defensa de Lozoya dijo que su cliente fue “utilizado en su calidad de instrumento no doloso en el marco de un aparato de poder conformado por altas autoridades del Estado mexicano, que estuvo constituido con el objetivo de abusar de ese poder que legítimamente les habían concedido”.
Los abogados reiteraron que Lozoya denunciará en su momento los delitos cometidos y a los presuntos responsables, con nombres, cargos y métodos usados para la presunta comisión de delitos.
Durante la audiencia que corresponde a la causa penal 261/2029, la defensa de Emilio Lozoya destacó que su extradición fue un esfuerzo para la búsqueda de la verdad. Y sus abogados, Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda, señalaron que por instrucciones de su cliente, en la audiencia se limitaron a observar las garantías y salvaguardar los derechos de Lozoya, quien reiteró su solicitud de apegarse a un «criterio de oportunidad» y brindar información para ampliar las investigaciones.
En el que ha sido calificado como el juicio del siglo, según el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, Lozoya aceptó revelar los sobornos que llevaron a aprobar incluso la reforma energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entre los personajes implicados, estarían legisladores y gobernadores de todos los partidos, pero principalmente de la actual oposición.
La Fiscalía acreditó varias empresas usadas por Odebrecht para los pagos de sobornos.
En México, Odebrecht pagó sobornos por 10.5 millones de dólares de 2011 a 2014 para asegurar contratos en obras públicas. De esos pagos, la empresa ganó 39 millones de dólares por adjudicación de obras. Lozoya, señala la Fiscalía, recibió los beneficios en su cuenta de Suiza.
Esa información la recibió el delegado de la entonces PGR en Washington.
Fueron dos pagos por 4 millones de dólares durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, con Lozoya como coordinador, y otro por 6 millones de dólares, cuando Lozoya ya dirigía Pemex.
La FGR acreditó que el director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses, se reunía con Lozoya desde antes que fuera funcionario público. Le pedía orientación en la estructuración de programas en distintas entidades, principalmente Tamaulipas, Veracruz e HIdalgo.
Incluso, señaló la Fiscalía, Lozoya le ofreció a Meneses un cargo público en caso de que su partido, el PRI, ganara la presidencia con Enrique Peña Nieto.
La Fiscalía afirmó que Emilio Lozoya intentó ocultar movimientos y cuentas bancarias. Esto ocurrió particularmente en 2012, cuando era coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
La FGR acusó que Odebrecht tenía una generación de recursos no contabilizados con una planeación fiscal. En varias ocasiones Emilio Lozoya agradeció a Luis de Meneses y sus colaboradores de Odebrecht el apoyo brindado en la campaña de Enrique Peña Nieto.
La Fiscalía señaló que Lozoya incurrió en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, junto con su hermana, su mamá y su esposa. A ellas les hicieron depósitos bancarios en México, Brasil y otros países. Muchas de las cuentas de distintas empresas estaban a nombre de su hermana Gilda, o de su madre, Margarita Austin.
“Usted sabía que los recursos eran de Odebrecht y recibió 10.5 millones de dólares, como resultado de sobornos. Se asoció con su madre, su esposa y otra persona con el propósito de delinquir”.
La Fiscalía señaló que a la madre de Emilio Lozoya le transfirieron 185 mil dólares y un millón de dólares de origen ilícito, correspondientes a una casa en Ixtapa Zihuatanejo.
La imputación de cohecho corresponde a su paso por la dirección de Pemex, cuando se reunió en sus oficinas con representantes de Odebrecht. Éstos le solicitaron su apoyo para resultar beneficiados con contratos de obras públicas.
Y a pesar de que algunos contratos se debieron de hacer públicos por licitación, no ocurrió así.
Entre los datos de prueba que presentó la Fiscalía está un oficio de mayo 2019, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que remitió documentación respecto a la cuenta de la madre de Emilio Lozoya, Gilda Austin.
Una prueba más es la manifestación de haber adquirido la casa en Ixtapa bajo varios depósitos que realizó pagos a un banco de Montreal a cuenta de la vendedora y le donó el dinero a su esposa.
La cuenta bancaria de la madre de Emilio Lozoya no era desconocida por él. En sus declaraciones patrimoniales, el exfuncionario dijo que su esposa adquirió esa casa. Lozoya admitió que es propiedad de su familia y que ese dinero en parte era de la empresa Tochos Holding.
Otro es el informe de peritos traductores sobre un oficio de contabilidad del 8 de mayo de 2019. El documento contiene información financiera que envió el banco de Suiza. Con ello, concluyeron que las dos empresas en las que fue beneficiario Emilio Lozoya hicieron depósitos a la madre del imputado por diversas cantidades.
También presentaron como pruebas que la Secretaría de la Función Pública remitió un expediente de verificación patrimonial de la declaración inicial de Lozoya como servidor público, en enero de 2013. Además de una cuenta bancaria de cheques, y las declaraciones de 2014, 2015 y 2016.
En sus declaraciones anuales, Lozoya no informó de los ingresos en el extranjero.
Periodista
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