Textos: Daniela Rea y María Fernanda Ruiz
Imágenes: Archivo /Mónica González

La manera en que se entregan recursos públicos a los refugios que atienden a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia extrema se encuentra en revisión, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió suspender el financiamiento a organizaciones civiles. La Secretaría de Salud asegura que trabajan en resolver cómo optimizar el aprovechamiento de los recursos o el posible establecimiento de nuevas acciones.

Sin una fecha definida, la Secretaría de Salud analiza la manera de hacer llegar los recursos para atender a las mujeres víctimas de violencia, luego de que la Presidencia de la República instruyó no transferir recursos públicos a ninguna organización civil, que son quienes administran los espacios para atender a las víctimas de violencia extrema.

Este viernes, la dependencia aseguró que los recursos anuales destinados a la atención de estas personas están garantizados y lo que se mantiene suspendido de forma provisional es la convocatoria anual para subsidiar a los refugios, que se expedía a finales de enero de cada año, cerraba en marzo y derivaba en la entrega de financiamiento en junio.

“El proceso administrativo para asignar los subsidios a los refugios para mujeres e hijos en situación de violencia se encuentra en revisión para optimizar los apoyos destinados a este fin”, informó.

Los recursos, señaló la dependencia, están garantizados a través del ramo 12 del Presupuesto de Egresos para la Federación.

En conferencia de prensa, el secretario Jorge Alcocer dijo que se revisarán las medidas para optimizar el dinero ya destinado, o de ser necesario establecer otras acciones para atender a este grupo poblacional.

El área de comunicación social de la dependencia dijo a Pie de Página que también “revisan el alcance de la Circular Uno donde el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se suspenden todos los apoyos a ONG’s”.

La Secretaría no especificó si tendrán diálogo con las organizaciones sociales que se dedican a acompañar a mujeres, niñas y niños en situaciones de violencia.

La aclaración de la dependencia ocurrió después de un primer comunicado en el que sólo había informado de la suspensión de la convocatoria anual para subsidiar a los refugios.

El documento, firmado desde la Dirección General Adjunta de Salud Reproductiva, puso en alerta a refugios y organizaciones no gubernamentales que se dedican a atender la violencia de género, pues esa decisión, consideraron, pone aún más en riesgo la vida de mujeres al castigar los espacios de atención y prevención.

En México operan alrededor de 86 refugios con una capacidad promedio de 20 mil mujeres y sus hijos en riesgo por violencia intrafamiliar.

Lourdes Enríquez, abogada, integrante del Seminario Alteridad y Exclusiones, de la UNAM, reiteró la importancia de estos espacios de cuidado.

“Los refugios impiden violencia letal, muchas veces si regresan a sus casas o a sus relaciones, hasta con la familia del cónyuge o concubino, pues están en peligro. Estos refugios son obligaciones que tiene el Estado Mexicano por todas las convenciones que ha firmado tanto con la ONU con la OEA.

“No niego que haya refugios mal manejados (tanto en recursos como en el enfoque de atención), pero generalizar y cerrar la convocatoria es grave. Lo que tiene que haber es una vigilancia estrecha desde instituciones con mirada de género. El comunicado no es muy claro, no entendemos qué harán. Quizá lo que quieren es que solo haya refugios públicos. Si se van a hacer cambios tan radicales, pues hacerlos bien”, dijo en entrevista.

La convocatoria que fue suspendida “se publica de forma anual a finales del mes de enero y permite establecer convenios con organizaciones de la sociedad civil, DIF y gobiernos estatales, para su instrumentación. Cada año las OSC e instituciones públicas que habían recibido financiamiento en años anteriores vuelven a presentarse a concursar. No hay restricción para los participantes de presentar proyectos las veces que lo deseen”, señaló Fundar en el estudio Diagnostico sobre los refugios en la política pública de atención a la violencia contra las Mujeres, publicado en el 2015

Para el año 2019, el recurso etiquetado para los refugios, a través de la Secretaría de Salud, fue de 346 millones 482 mil pesos, sin embargo la convocatoria para que las distintas organizaciones que manejan refugios solicitaran el subsidio fue suspendida el 14 de febrero, debido a la instrucción del presidente López Obrador de “no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o de movimiento ciudadano”.

Lo anterior, señala la Circular número uno emitida desde Presidencia, tiene “el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”.

De acuerdo con el estudio de Fundar los montos asignados a Refugios por el Centro Nacional de Equidad de Género tuvieron un recorte del año 2014 al 2016, al pasar de 250 millones 465 mil a 229 millones de pesos.

Leticia Hernández, directora de Fortaleza Centro de Atención Integral a la Mujer y IAP, dijo que el refugio bajo su dirección depende del recurso federal en un 80 por ciento, por lo cual el cierre de la convocatoria para solicitar subsidio implicaría prácticamente el cierre del lugar.

“Ya no habría posibilidades de atender a las mujeres y hijos. Los refugios somos una prevención del feminicidio. Muchas de las mujeres que llegan ya vienen amenazadas de muerte, con riesgos muy altos de perder la vida. Los refugios no solo las salvan de la agresión física, sino que apoyamos, acompañamos a las mujeres a ir formando nuevamente ese rompecabezas de su vida que por años se va rompiendo. Darles las herramientas para reconstruir un proyecto de vida, ellas aprenden a que la violencia no debe ser naturalizada”.

Fortaleza es un refugio ubicado en la Ciudad de México. Funciona a puerta cerrada con capacidad para atender a 12 familias de 4 o 5 integrantes, de manera simultánea, quienes pueden permanecer hasta 3 meses.

La organización Círcula Feminista de Análisis Jurídico emitió un comunicado en el que lamentó la decisión presidencial y recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar una vida sin violencia a las mujeres.

“19.1 millones de mujeres en México han enfrentado violencia por parte de su esposo o pareja, en el 64 por ciento de los casos la violencia es severa. La violencia contra las mujeres ocurre principalmente en los hogares, por lo que los albergues tienen un papel fundamental para proteger a la integridad de las víctimas”, dice el comunicado.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó al gobierno federal a reconsiderar la decisión de cancelar los subsidios para la operación de refugios y exigió a las autoridades sujetar sus decisiones a los mandatos constitucionales.

En tanto, la la agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres resaltó la importancia de contar con servicios especializados apropiados para la atención de mujeres víctimas de violencia, como son los servicios de refugio.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el 66.1 por ciento de mujeres mayores de 15 años en el país han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor. El 43.9 por ciento de mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en su relación actual o en la última que tuvo, el 10 por ciento ha sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar.

Según esa misma encuesta, menos del 3 por ciento de las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia (laboral, escolar, familiar o comunitaria) solicitaron algún tipo de apoyo a alguna institución.

De acuerdo con información que proporcionó la RNR, hasta hace cuatro años la edad promedio de las usuarias era de 25 a 40 años, pero ahora se ha reducido el rango de edad y reciben a mujeres de hasta 16 años. “La brecha se ha disminuido y aún no queda claro por qué: quizá las mujeres jóvenes detectan antes la violencia de lo que lo hicieron sus madres o abuelas; quizá porque las relaciones de pareja comienzan antes y a los 25 años ya vivieron 10 años de violencia”, dijo Figueroa a Pie de Página en el 2018.

El perfil de las mujeres que llegan a los refugios rompe los estereotipos de víctimas de la violencia. “Más bien vemos que cambian las formas en que se presenta la violencia. Mujeres con licenciatura, doctorado, con economías más altas, sufren mayor violencia de patrimonio, sicológica y sexual, la violencia sigue estando tamizada, pincelada por la justificación de un amor romántico; mientras que mujeres con menos estudios o vidas más precarias, sufren mayor violencia física, de patrimonio, incluso se llega a cruzar con explotación laboral de parte del marido, de la familia”, explicó Figueroa.

Los Refugios son parte del Modelo Integral de Atención para las mujeres que han sufrido violencia, según el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De acuerdo con esa Ley General, los refugios “deberán ser lugares seguros para las víctimas de violencia (mujeres, hijas e hijos)”. Durante su permanencia, las mujeres y sus hijos amenazadas recibirán servicios especializados y gratuitos de hospedaje; alimentación; vestido y calzado; servicio médico; asesoría jurídica; apoyo psicológico; programas educativos que permitan su reintegración y capacitación para desempeñar alguna actividad laboral. “El objetivo es lograr el empoderamiento de las mujeres a fin de que logren tomar decisiones de su propia vida y adquieran conciencia de sus derechos humanos”.

Como firmante de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) México está obligado a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

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