Hacer a un lado la intermediación de terceras personas que hablen a nombre de pueblos y comunidades indígenas permitirá desterrar el cacicazgo que imperan en los municipios con población indígenas, quienes tienen que recurrir a tribunales federales para que les reconozcan su autonomía y su derecho a la autodeterminación

Por Kau Sirenio / X: @kausirenio

Una comisión de la comunidad ñomndaa de Huixtepec, municipio de Ometepec, pidieron al cabildo de ese municipio guerrerense que entregue el nombramiento de comisaria constitucional a Carolina Aída Santiago Morales y su suplente, electos en un asamblea comunitaria el 21 de enero; los comisionados alegan que su comunidad se rige por sistema normativo indígena.

De acuerdo con el profesor Jonathan Santiago Morales, la comunidad de Huixtepec elige a sus autoridades comunitarias mediante asamblea electiva, sin embargo, el alcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalván, se niega a la nueva comisaria que fue electa por 511 votos.

“El comisario saliente Salvador Daniel Coronado Martínez también fue elegido por usos y costumbres en 2022, pero el alcalde Efrén Adame Montalván ignoró la voluntad de la asamblea; tuvimos que recurrir ante el Tribunal Electoral de Guerrero (TEG) para que le entregaran el nombramiento y sello” explicó.

El caso de Huixtepec no es un asunto aislado, porque el cabildo no aceptó la sentencia que emitió el Tribunal Electoral de Guerrero, así que los vecinos tuvieron que acudir a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la resolución del máximo órgano jurisdiccional al presidente municipal no le quedó de otra que reconocer a las ahora autoridades comunitarias salientes de esa comunidad ñomndaa sobre lo que harán en lo subsecuente.

En la asamblea electiva para elegir a las nuevas autoridades comunitarias se les preguntó a los vecinos de esa comunidad en su lengua materna, si estaban de acuerdo con método de mano, y la respuesta fue de que todos estaban de acuerdo. Después vino la votación en la que Carolina Aída y Ubiliado García obturen el respaldo de los asambleístas.

Jonathan Santiago platicó con Tatyi Savi sobre el conflicto post electoral en su comunidad y esto fue lo que dijo: “El alcalde Adame Montalván se niega a reconocer nuestras autoridades, con el argumento que el cabildo tiene que nombrar al o la comisaria, porque según él así lo señala la ley orgánica del municipio libre”.

Agrega: “Esa negativa se debe a que el presidente municipal quiere imponer a Aidé Silverio García como comisaria cuando ella renunció como suplente del comisario anterior; lo que quieren es dividir a la comunidad para que puedan desviar el presupuesto que llega a Huixtepec”.

El alegato entre el ayuntamiento y la comunidad ñomndaa de Huixtepec es una narrativa construido desde el poder de los pequeños virreyes en los municipios indígenas, esto, con el fin de tener el control político. No es de ahora, desde hace muchos años los alcaldes de Ometepec son un nido de caciques.

De ahí es necesidad la reforma en materia indígena para dejar que los ayuntamiento busquen tutelar a las comunidades indígenas, porque lo único que han logrado es perpetuar la miseria y la división comunitaria por la pugna partidistas.

Hacer a un lado la intermediación de tercera personas que hablen a nombre de pueblos y comunidades indígenas permitirá desterrar el cacicazgo que imperan en los municipios con población indígenas, como los casos de Ometepec, San Luis Acatlán, Tlapa de Comonfort y Chilapa de Álvarez, Guerrero.

De ahí la urgencia de la aprobación esta reforma para que los pueblos y comunidades indígenas ejerzan la libre determinación y autonomía, para acaba con las políticas paternalistas, asistencialistas y caciquil. Como el conflicto en Ometepec, Guerrero, donde un cabildo racista y clasista confronta a la población indígena para imponer su única visión del mundo, a pesar de la conquista que los pueblos indígenas han logrado en ámbito internacional.

Ahora bien, si el cabildo de Ometepec no rectifica su relación con los ñomndaa de Huixtepec, la única salida es la judicialización del derecho electoral ciudadano en los tribunales.