¿Por qué no es posible reducir el financiamiento público que se entrega a los partidos ni siquiera en tiempos de crisis? Porque para hacerlo habría que aprobar una reforma a la Constitución que hasta hoy ha sido imposible procesar

Twitter: @chamanesco

Se ha determinado, como ocurre cada año, la bolsa de recursos públicos que ejercerán los partidos políticos en el próximo ejercicio fiscal, que esta vez asciende a 7 mil 226 millones de pesos.

Ésta es una cifra superior a los 5 mil 239 millones de pesos otorgados a los partidos en este 2020, y representa una cantidad que, vista de golpe, luce excesiva para un país sumido en una crisis sanitaria y económica.

Si México estará obligado a racionalizar su gasto, con un Presupuesto de Egresos presionado por la caída de los ingresos y el estancamiento de la economía, ¿es correcto que los partidos vuelvan a servirse con la cuchara grande?

La respuesta obvia es no. Pero es necesario, para orientar el debate público, explicar por qué esa bolsa millonaria crece constantemente, aun en tiempos de pandemia, recesión y obligada austeridad.

Primero: la partida global destinada a las prerrogativas de los partidos políticos no la determina el Instituto Nacional Electoral. Este organismo solamente aplica la fórmula establecida en el artículo 41 de la Constitución, en la que se señala que la bolsa se establecerá anualmente multiplicando el número total de ciudadanos registrados en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Con un padrón electoral de 92 millones 983 mil 286 ciudadanos (con corte al 31 de julio de 2020) y la UMA en 86.88 pesos diarios (el 65 por ciento es 56.4 pesos diarios), se llegó a una cantidad global de 5 mil 250 millones, 952 mil 127 pesos para el financiamiento público de las actividades ordinarias de los partidos políticos.

Segundo: la cifra crece a más de 7 mil millones de pesos por una razón simple: la Constitución también determina que, en año de elecciones federales, los partidos reciben una cantidad adicional para el financiamiento de sus campañas. Esa cantidad equivale al 50 por ciento del monto para actividades ordinarias en año de elección presidencial, y al 30 por ciento en año de elecciones intermedias, como las que habrá en 2021.

De ahí que se estén destinando mil 575 millones 285 mil 638 pesos adicionales para gastos de campaña.

Tercero: la Constitución y las leyes electorales también determinan partidas para actividades específicas de los partidos (157 millones 528 mil pesos), para franquicia postal (210 millones 38 mil pesos) y franquicia telegráfica (693 mil pesos).

Además de una bolsa para repartir entre las eventuales candidaturas independientes que haya en 2021, que asciende a 31 millones 505 mil pesos.

De ahí que la bolsa total, aprobada el viernes pasado en el Consejo General del INE, se eleve a 7 mil 226 millones de pesos.

Cuarto: esta bolsa se reparte entre todos los partidos políticos, atendiendo a principios de proporcionalidad según el número de votos obtenidos por cada partido en la última elección federal. (El 30 por ciento de la bolsa se reparte de forma igualitaria, y el 70 por ciento de acuerdo con el porcentaje de votos).

Este año, el INE aún no ha hecho el reparto de la bolsa multimillonaria de prerrogativas por una razón también simple, pero desconocida por muchos ciudadanos: en el mes de agosto deberán de dictaminarse las solicitudes de registro de nuevos partidos políticos, un trámite iniciado desde febrero del año pasado, aplazado por la pandemia, pero que debe resolverse antes del inicio formal del proceso electoral federal 2020-2021, previsto para la primera semana de septiembre.

Quinto: ¿significa esto que si alguna de las seis asociaciones que aún se mantienen en pugna consigue el registro, la bolsa de dinero público que se les entrega va a crecer? La respuesta es no.

La Constitución establece que esa bolsa se repartirá entre todos los partidos con registro nacional, sean siete como actualmente ocurre, o 13 en caso de que todos obtuvieran su registro.

De manera que los 7 mil 226 millones se repartirán entre todos los partidos que lleguen a la boleta electoral de 2021.

Sexto: ¿Por qué no es posible reducir el financiamiento público que se entrega a los partidos ni siquiera en tiempos de crisis? Porque para hacerlo habría que cambiar la Constitución.

Desde el año pasado, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados (y específicamente Tatiana Clouthier y Mario Delgado) promovió una iniciativa para reducir las prerrogativas a la mitad, modificando el factor de la UMA con el que se calcula el monto global, de 65 a 32.5 por ciento.

Si esta iniciativa hubiera prosperado, el monto global para financiamiento de actividades ordinarias hubiese sido de 2 mil 625 millones de pesos, y la bolsa para gastos de campaña hubiera sido de 875 millones de pesos, para un total de 3 mil 500 millones de pesos.

La mitad de lo que tendrán los partidos en las elecciones de la pandemia.

Pero esta reducción no ocurrió, y eso se debió a la negativa de los demás partidos políticos, incluidos dos aliados legislativos de Morena: el Partido Verde y el Partido del Trabajo, quienes no dieron sus votos para que la reforma constitucional alcanzara la mayoría calificada necesaria para ser aprobada.

En la sesión del 13 de diciembre de 2019 en la que esto fue sometido ante el pleno de los diputados, la votación quedó 274 a favor (Morena y PES) y 207 en contra (PAN, PRI, PRD, PVEM, MC y PT).

Una reflexión final: el financiamiento público se ha defendido como una manera de garantizar que los partidos políticos eviten recurrir a fuentes ilegales de financiamiento, desvío de recursos de los gobiernos emanados de sus filas o compromisos inconfesables con patrocinadores oscuros.

Prácticas que, sin embargo, se siguen presentando en el sistema electoral mexicano, a pesar del sofisticado aparato de fiscalización con el que hoy cuenta el INE, y de las instituciones creadas para perseguir y castigar los delitos electorales y evitar el financiamiento ilegal de la política (Fiscalía de Delitos Electorales y Unidad de Inteligencia Financiera).

Reducir el financiamiento público a los partidos debería ser producto de un gran acuerdo entre los propios partidos, que considere también el fortalecimiento de los candados en contra de los patrocinios ilegales y el desvío de recursos públicos hacia partidos, candidatos y campañas.

El dinero en la política es uno de los principales temas de una eventual reforma político electoral, mucho más profunda e integral de las que se han planteado hasta el momento en la 64 Legislatura. 

Una reforma pendiente que, por lo pronto, sólo será posible plantear y procesar cuando se instale la nueva legislatura, en septiembre de 2021.