Estas son algunas historias de la criminalización de inocentes en el Estado de México, y la imposibilidad de acceder a la justicia, aún en tiempos de la Cuarta Transformación

Texto: Teresa Montaño

Fotos: Especial

ESTADO DE MÉXICO. – Al hijo de la señora Luisa Montoya se lo llevaron policías ministeriales sin ninguna orden de aprehensión el 18 de diciembre del 2017, luego de ser detenido con violencia mientras compraba quesadillas en una esquina del pueblo de Santiago Miltepec de Toluca, de donde es originario.

Cuando su madre  localizó a Carlos Estrada Montoya  en el centro penitenciario de Almoloya de Juárez, tras recorrer hospitales, ayuntamientos, SEMEFOS y comandancias, se estaba realizando  la primera audiencia de formulación de cargos en un juicio por homicidio que nadie de la familia, ni siquiera él, estaban enterados.

“Madre me acusan de un homicidio que sucedió en el pueblo, no sé quienes me acusan, no sé quién es el occiso, no sé nada…”, fue lo único que alcanzó a decirle al reencontrarse más de  24 horas después, tiempo durante el cual Luisa levantó un acta por desaparición y luego, tras quedar preso se convirtió en una investigadora de tiempo completo, así descubriría el montaje contra su hijo, pero ella no es Florence Cassez.

A Pedro Fonseca Aldama  de entonces 30 años  de edad le ocurrió algo similar cuando un agente  de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sin la orden de un juez, lo paró a mitad de una calle del pueblo de Zinacantepec  y le soltó que tenía que ir a responder por un homicidio de quien sabe quién…

Aunque intentó resistirse y demostrar que se trataba de una confusión,  salieron más agentes y lo amagaron con cargar también con su novia. No tuvo opción.

Al subir al vehículo fue recibido a patadas, amenazas de muerte y  amarrado al piso del auto;  le apuntaban con un arma,  no podía moverse  y en varios momentos de aquel  trayecto  que desbarranco a su familia y su vida,  escuchó  cuando el oficial informaba a su comandante que “ya tenía a la persona,  pero no era el de la carpeta”. Igual se lo llevaron y por horas se lo trago la tierra.

También le ocurrió a Jorge Daniel y su padre Miguel, de apellido Juárez, originarios del pueblo de Santa Cruz Ayotusco de Atizapán.

El domingo 1º de julio del 2018, Jorge de 20 años terminaba su turno  en UBER cuando fue interceptado por sujetos armados;  le quitan el teléfono, las llaves y le roban el vehículo propiedad de su padre; al siguiente día  va con su familia a Naucalpan a denunciar el robo y  automáticamente comienzan a recibir amenazas. Lo citan en la agencia de Barrientos y en un minuto lo transmutan de  víctima a victimario con una falsa acusación de cohecho. Queda detenido.

Días más tarde una juez  lo libera por falta de elementos. Pero se niegan a soltarlo. En lugar de ello los sujetos de aquel  incidente del UBER (que resultaron ser agentes de la FGJEM),  lo retienen en la aduana y lo sacan encajuelado en un auto.

Dany  desaparece cinco días completos y reaparece con nuevos cargos,  ahora por “vender drogas afuera del penal de Barrientos” y un homicidio.  Cuando su padre Miguel logra ubicarlo en ese centro de readaptación y sale del MP para avisarle a la familia, lo alcanza uno de los agentes  y lo detiene como “cómplice” del mismo asesinato por el que acusaron a su hijo.

Así Miguel Ángel Juárez, de entonces 45 años de edad y su hijo de  solo 20 años,  quedan presos y son torturados.  En el suplició para auto-incriminarse, al padre le dislocan un brazo que nunca es atendido y lo dejan con otras secuelas, mientras que el vehículo nuevo nunca es recuperado, dicen que  “el agente ministerial se lo acabo”, ya que jamás se integró la denuncia por robo.

A Eduardo Rebollo de 23 años sus captores policiacos le aventaron unos documentos, tras torturarlo y desaparecerlo más de una semana. “Tienes que pagar un secuestro”, fue todo lo que escuchó, días después de ser “levantado”, lesionado  y  criminalizado por policías de Edomex.

La noche del  5 de octubre del 2017, sujetos encapuchados  lo detuvieron en una  gasolinera de Atizapán.  Tras descender de una camioneta particular portando armas largas, “se le fueron encima  mientras cargaba combustible” por lo  instintivamente intenta huir  –existe un video-,  le disparan y le revientan la quijada de dos tiros; lo suben a su propio taxi, lo llevan a una calle aledaña,  pero antes le roban las llantas.

Aunque va mal herido, lo pasean y en el trayecto escucha lo que parecen negociaciones vía telefónica entre sus captores y otras personas. Horas después lo trasladan a la Cruz Roja de Cuautitlán Izcalli donde se niegan a recibirlo sin una declaración de por medio; lo sacan y vuelven a pasearlo, le quitan la ropa ensangrentada, lo cambian y llevan a declarar por segunda ocasión –sin poder hablar-, luego al Hospital Américas de Ecatepec, de donde  lo sacarían horas después sin recibir atención.

Eduardo desapareció 10 días completos. Lo presentan formalmente después de ese lapso acusado de un “secuestro” en el cual, inexplicablemente él no es la víctima…

Ya encarcelado pasa tres meses en enfermería pero nunca lo operan (se requerían dos placas y 40 tornillos), aún tiene esquirlas alojadas en la cara y su vieja herida aún supura.

Sus captores, agentes del Estado mexiquense en el gobierno de Alfredo Del Mazo, argumentaron durante  el juicio una enredada historia sobre el supuesto “pago controlado” de un secuestro que el juez da por buena, al tiempo que anula  todas las pruebas de su inocencia.

Otro caso fue el de Daniel Plácido Arroyo detenido el 5 de noviembre del 2015 sin ninguna orden de aprehensión.  Se lo llevaron directo de la vulcanizadora donde trabajaba por lo que al momento de su detención  iba cubierto de ese hollín negro que desprenden las llantas viejas y con la ropa sucia debido a la manipulación de rines lodosos, herramienta grasienta y cámaras viejas. Tenía el rostro renegrido también por realizar una labor  en vía pública, circunstancia que el juez del Poder Judicial del Estado de México (PJEM)  Cosme Díaz Osorio, dos años después, cuando lo sentenció, se lo echó en cara como algo incriminante y verdaderamente digno de ser castigado “por mugroso y moreno”.

Le impuso 70 años de prisión en una sentencia marcada por la discriminación según argumentó la propia CODHEM en el oficio 400C1A0000/060/2021, en el que se pronunció por amnistiarlo de inmediato, tras constatar violaciones a sus derechos constitucionales.

Afortunadamente la noche del pasado 2 de mayo y tras ocho años y siete meses de prisión,  Daniel Plácido obtuvo su libertad por la vía de una revisión de su carpeta  pero no por la amnistía a la que tenía derecho, lo que le hubiera ahorrado prácticamente tres años.

El resto de las personas inocentes criminalizadas por el Estado y en cuyos casos se dictaminó la amnistía desde el mes de junio del 2021, en términos de la Ley de Amnistía del Estado de México promulgada en enero del 2021,  siguen presas.

Amnistías robadas

Los dictámenes emitidos por la CODHEM para amnistiar por primera vez en la historia a personas inocentes criminalizadas en el Estado, imputándolos de delitos graves datan del 2021, pero las autoridades mexiquenses, incluida la propia CODHEM, el Poder Judicial del Estado de México (PJEM)  y la gubernatura, no las han acatado.

Según el dictamen 400C1A0000/061/2021 emitido por la CODHEM el 3 de junio del 2021 para otorgar la amnistía a favor de Carlos Alberto Estrada Montoya, durante el juicio sufrió discriminación, tortura y se valoraron mal las pruebas d descargo.

Entre las irregularidades avaladas por el organismo en estos expedientes están detenciones arbitrarias y sin órdenes de aprehensión; torturas y tratos crueles y degradantes;  desechamiento de pruebas de descargo o deficiente valoración de estas –las que comprobaban la inocencia- por parte de los jueces implicados o Ministerios Públicos, entre muchos otros fallos

En el caso de Estrada Montoya,  la representación social no presentó ninguna prueba sólida  que demostrara la culpabilidad de este albañil,  aunque en su lugar la juez anuló todas las pruebas de descargo, incluyendo testimoniales de testigos directos y documentos  que comprobaban que el día de los hechos estuvo  en otro sitio y con otras personas.

Al final la juez María Levit Becerril García le impuso 47 años de prisión, por lo que a los 70 años exactos podría alcanzar la libertad.

Fotos: The Observer Méx

De acuerdo con  Antonio Lara Duque, presidente de la  organización defensora de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero A.C.”, en todos estos casos de personas criminalizadas durante gobiernos priístas recientes, se trató de “montajes” judiciales y mediáticos para incriminar a las víctimas de delitos cometidos por otros que lograron –por alguna razón inentendible- evadir la cárcel  y ser suplantados por inocentes.

Se trata a quienes en los corrillos de la “justicia mexiquense” se les bautizó como  “pagadores”, esto es personas comunes, generalmente morenas y pobres – que meten a las cárceles bajo estrategias judiciales y policiacas fraudulentas, para literalmente “pagar” los delitos de otros.

En el caso de los expedientes de amnistía por delitos graves que las autoridades mexiquenses se negaron a acatar –ahora aseguran que analizaran los casos otra vez, ignorando los primeros dictámenes-,  el abogado Antonio Lara Duque de “Zeferino Ladrillero A.C.”, aseguró que el Poder Judicial (PJEM) y la CODHEM, se encuentran “entrampados”, frente al tamaño de la corrupción judicial y  violaciones al “debido proceso” que contextualizan estos casos, ya que   exponen con crudeza cómo opera  la impartición de justicia en  Edomex.

Entrevistado en febrero pasado para este trabajo, Lara Duque refirió que tanto la CODHEM como el PJEM, se encuentran en lo que parece un paradoja, pues si aceptan los dictámenes de amnistía del 2021 para hacer “auténtica justicia”, quedará expuesta la  calidad de la justicia que reciben –o no reciben- los mexiquenses…

“Están entrampados”, insistió.