La familia es propietaria de una megafactoría con más de 60 mil cerdos que contamina la comunidad de Santa María Chi y sus alrededores. Tras recibir reveses judiciales que les quitaron permisos ambientales, los Loret de Mola activaron una consulta pública manipulada para reactivar el funcionamiento de la porcícola

Texto y fotos: Patricio Eleisegui

SANTA MARÍA CHI, YUCATÁN. – Las maniobras de los Loret de Mola para justificar y prolongar el funcionamiento de una mega granja de cerdos, que provocó un ecocidio en la comunidad maya de Santa María Chi y sus alrededores, oscilan entre lo bizarro y lo aberrante.

La fábrica, que alberga a más de 60 mil animales y opera bajo control de las firmas Grupo Porcícola San Gerardo y su asociada Chumoxil –ambas propiedades de la familia en cuestión–, funciona con restricciones desde el año pasado por decisión judicial. Además, viene de recibir la suspensión para el acceso a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Leer más

Suspenden permiso ambiental a megagranja de los Loret de Mola en Yucatán; temen contaminación irreversible

Para sortear ese veto, y en búsqueda de reactivar al 100 por ciento el ritmo de producción de la factoría, los Loret de Mola recurrieron a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS) para activar una consulta pública que legitime la mega granja. Con una particularidad: los habitantes de Santa María Chi y otros núcleos urbanos que sufren las afectaciones de la porcícola nunca fueron notificados del proceso y la propuesta de MIA presentada por Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil niega la existencia de la comunidad y sus poblaciones vecinas.

La resistencia

Ubicada a menos de media hora de Mérida, Santa María Chi aparece como pueblo en registros oficiales y antropológicos desde mediados del siglo XIX. De crecimiento visible a partir del “boom” del henequén, la hoy comisaría entró en el radar de las porcícolas a mediados de la década de 1980. Pero no fue hasta hace poco más de 15 años que la factoría instalada junto a las casas del pueblo creció a su tamaño actual. El volumen de cerdos aglomerados comenzó a afectar gravemente la salud de las y los vecinos, así como el ecosistema de montes, pozos de agua y cenotes del pueblo.

La afectación provocada por las 72 naves montadas por los Loret de Mola dio pie a una resistencia popular que alcanzó su cenit en mayo del 2023, momento en que una quema de excretas llevada a cabo por la megagranja provocó una ola de problemas respiratorios severos y otras dolencias en la comisaría.

A la par de la movilización comunitaria, proliferaron los recursos judiciales presentados por las autoridades de Santa María Chi y las y los vecinos organizados con el fin de desterrar a esa auténtica usina de contaminación.

De esas acciones emergió, por ejemplo, la suspensión para el acceso a la MIA por vía judicial de mayo pasado.

Con rápidos reflejos, los dueños de la megagranja respondieron con otra jugada: concertaron con la SDS un proceso manipulado de consulta pública exprés que permitió a Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil alzarse con el aval a su propuesta de impacto ambiental. Empresas y organismos estatales coincidieron en que bastaba exponer la falta de opiniones en contra del funcionamiento de la porcícola para destrabar el permiso correspondiente.

Secretaría aliada a los Loret de Mola

Es allí donde el concepto de manipulación agiganta su sentido. Aliada a los Loret de Mola, la SDS informó, vía el Diario Oficial de la Federación, que abriría la consulta pública apenas un par de días antes del fin de semana de las elecciones. Y estableció un lapso de cinco días hábiles para someter a consulta la propuesta presentada por las compañías y la posibilidad de efectuar observaciones. Para completar el atropello, el organismo yucateco se cuidó de no informar de forma directa a las autoridades y la comunidad en general de Santa María Chi.

Tampoco notificó a las y los líderes comunales de Yaxché Casares, Sitpach y X-Cuyum, todos pueblos cercanos a Santa María Chi, que también han sido afectados por los olores y los vertidos de aguas negras que efectúa la factoría al manto freático de toda la zona.

La SDS y los Loret de Mola no contaban con que la información compartida de forma escueta en el Diario Oficial de la Federación llegaría a las y los pobladores de estas comunidades, como así también a distintas organizaciones de la sociedad civil antes de que venciese el plazo establecido.

Menos sospechaban que, a lo largo de esta última semana, se sucederían las vistas a la SDS por parte de habitantes de Santa María Chi, profesionales de la academia y expertos en la defensa del agua y el ambiente, para revisar el texto desarrollado por los propietarios de la megagranja con el objetivo de alcanzar la luz verde ambiental.

Los Loret de Mola y la comunidad que eligen negar

Los hallazgos fueron tan graves como infames. “En su resumen ejecutivo ellos niegan que exista una comunidad junto a su mega granja.

Nunca mencionan que cuando la factoría se instaló en 1986 lo hizo junto a un pueblo. En ese documento, que tiene por lo menos 300 páginas y del que sólo habilitaron una única copia para que todas y todos los interesados consulten por un espacio de horas por demás acotado –de 9 a 2 de la tarde, por apenas 5 días hábiles–, dice que el pueblo es una «zona de amortiguamiento». Tampoco menciona a Sitpach o a Yaxché Casares.

«Para ellos no existimos nunca y menos ahora”, comenta Wilberth Nahuat Puc, subcomisario de Santa María Chi. “Dicen que en nuestra zona no hay comunidades o asentamientos humanos. En otros apartados aseguran haber concretado entrevistas y hasta talleres en Santa María Chi para exponer el funcionamiento de la mega granja y sus planes a futuro. La realidad es que jamás hablaron con la comunidad, esos talleres o entrevistas no se hicieron aquí, y menos aún se hicieron las juntas participativas que se mencionan en ese documento”, añade, en diálogo con Pie de Página.

Vecinas y vecinos que revisaron el resumen ejecutivo afirman que la empresa hasta incluyó imágenes de las presuntas actividades desarrolladas con integrantes del pueblo. El detalle, señalaron, radica en que las fotografías en cuestión retratan espacios que no pertenecen a Santa María Chi. Destacan, también, que Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil declaran haber realizado juntas participativas pero cuidándose de aclarar que éstas ocurrieron dentro de la porcícola y orientadas a su plantel de empleados.

“A los fines de cumplir con lo que establece el reglamento de protección de cenotes y cuevas, los dueños de la megagranja niegan la existencia de, precisamente, cenotes dentro del predio. Lo cierto es que hay dos en esas tierras”, aclara Nahuat Puc, para enseguida exponer otra falsedad presente en el documento: “También con la idea de ajustarse a la ley, que rechaza ese tipo de instalaciones a determinada distancia, los dueños de la mega factoría dicen que no hay centros educativos en al menos un radio de mil metros. Pero la escuela primaria está a sólo unos metros del terreno de la porcícola –poco más de 10–. Es apenas cruzar la calle”.

Yameli Aguilar Duarte es fundadora de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Karst A.C. y es una de las expertas que revisó el documento entregado por la porcícola a la SDS. Consultada por Pie de Página, la especialista efectuó un punteo de las irregularidades que observó en el resumen ejecutivo de Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil.

Menciona la ausencia de trabajos de campo que expongan la incidencia de la mega factoría en la calidad del aire, su impacto en los tipos de suelos, y qué ocurre con el flujo hídrico en la zona donde se ubica la instalación.

“En estudios de suelos, además de mapas generales y obsoletos, no se incluye el tipo de erosión o degradación química que suelen sufrir los protosuelos con uso intensivo por prácticas agroindustriales. Solo se describe ‘erosión hídrica y eólica’ proveniente de información a nivel nacional de hace 20 años y que no aplica al contexto local ni actual de la zona norte de Yucatán donde se ubica el proyecto”, destacó.

La experta incluso señaló que en algunos apartados del documento “se evidencia el uso de ChatGPT”, además de remarcar que, con relación al pueblo de Santa María Chi, “no se observa un estudio serio ni congruente del impacto social debido a que no los incluyen a ellos como comunidad maya, ni mucho menos realizaron estudios sobre aspectos de salud y de bienestar de las personas”.

Un plan para funcionar por más de medio siglo

Respecto del destino de los residuos que genera la mega factoría y qué ocurre con las aguas contaminadas derivadas de su actividad actual y futura, Wilberth Nahuat Puc dice que las empresas omiten cualquier referencia a esos aspectos.

“Es como si no hubiese ocurrido nada en todo este tiempo. En su proyecto reconocen que tienen más de 60 mil cerdos y que bajarían el número a algo más de 45 mil. Para nosotros igual es contaminación: según los últimos datos del INEGI somos menos de 400 personas en Santa María Chi. Son más de 112 cerditos por cada uno de nosotros, con lo que eso implica en cuanto a la contaminación”, explica.

En el texto presentado por los dueños de la mega factoría, menciona Nahuat Puc, se enfatiza que las empresas “no contemplan el abandono del sitio” sino todo lo contrario. “Estiman una vida útil de 50 años que, afirman, podría extenderse por un tiempo indefinido adicional si se aplican mantenimientos. Llevan 30 años operando y no han hecho nada por reducir la contaminación que ha generado la megagranja. Es claro que tampoco lo harán a partir de ahora”, concluye el subcomisario.

La intención de los Loret de Mola, reflejada prácticamente sin eufemismos en los papeles, es perpetuar un negocio que, se evidencia, entiende a las comunidades mayas como un obstáculo, como un impedimento a neutralizar y descartar –incluso desde la negación literal–, frente a la posibilidad de exacerbar el saqueo ambiental que caracteriza a la porcicultura industrial que prolifera en Yucatán.