Entre la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, en enero de 2016, y los hallazgos de fosas en Colinas de Santa Fe hay un denominador común: la policía estatal de Veracruz. En la investigación de Tierra Blanca hay más de un indicio que podría apuntar a una operación conjunta entre policías y criminales para desaparecer personas en 7 municipios del estado. Una versión de este reportaje fue publicada previamente en el portal E-Consulta de Veracruz; se reproduce con la autorización del medio

Texto: Miguel León Carmona.

Fotos: Sergio Hernández / E-Consulta

XALAPA, VERACRUZ.- El automóvil donde viajaban los cinco jóvenes de Playa Vicente que fueron desaparecidos por la policía estatal de Veracruz en enero de 2016 fue abandonado en una gasolinera ubicada en el crucero Santa Fe, a solo cinco kilómetros del fraccionamiento Colinas de Santa Fe, según consta en la carpeta de investigación del caso.

Este sería un nuevo indicio que vincula a la policía estatal de Veracruz con las fosas clandestinas y “cocinas” localizadas en los predios de Colinas de Santa Fe y el rancho El Limón, así como con las desapariciones forzadas de cientos de personas en la región que controlaba el ex subdelegado de la policía estatal, Marcos Conde Hernández.

De acuerdo con las declaraciones contenidas en el expediente FGE/FIM/IM/01E/2016, el policía Otoniel C. recorrió 98 kilómetros desde Tierra Blanca -el lugar donde fueron detenidos los cinco jóvenes – hasta el municipio de Medellín de Bravo, donde abandonó el vehículo, un Jetta color gris, placas 566-XNS, propiedad de Mario Arturo Orozco Sánchez. Su responsabilidad fue comprobada con su huella dactilar que quedó grabada en el retrovisor derecho del auto.

Medellín colinda con el puerto de Veracruz, y fue uno de los seis municipios donde operaban, en conjunto con células criminales, los policías que estaban bajo las órdenes de Marcos Conde y que están involucrados en la desaparición de los jóvenes.

“Exterminios masivos y sistemáticos como los que hubo en Colinas de Santa Fe y en el Rancho El Limón solo se logran a través del estado; de un aparato organizado, con poder, donde los superiores jerárquicos tienen responsabilidad”, considera Celestino Espinoza Rivera, abogado de los padres de los jóvenes de Playa Vicente.

A petición de las familias, el pasado 9 de febrero, el litigante amplió una denuncia destacando pruebas presuncionales que servirían para fincar responsabilidades en contra de, ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita y otros cuatro altos mandos de la policías estatal por el delito de desaparición forzada.

Lucía Díaz Henao, vocera del Colectivo Solecito, hizo lo propio, y envió a la Fiscalía General casos denunciados por familias de personas desaparecidas que responsabilizan a servidores públicos de diversas desapariciones. Entre los mandos señalados se encuentran Marcos Conde y Arturo Bermúdez, ambos presos y sujetos a procesos penal en el penal de Pacho Viejo; el primero por la desaparición de los jóvenes de Playa Vicente, y el segundo, acusado de tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal y peculado.

Conde, el nombre del terror

Marcos Conde Hernández ingresó a la policía estatal de Veracruz el 1 de noviembre de 2012, como comandante en el municipio de La Antigua, a 15 kilómetros del predio Colinas de Santa Fe, donde hasta la fecha han sido exhumados más de 250 cuerpos.

A su llegada, los reportes de desapariciones comenzaron a ser denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General).

Uno de esos reportes de desaparición ocurrió el primero de diciembre de 2012, cuando ocho jóvenes fueron privados de su libertad en la Colonia Madero mientras jugaban fútbol. Testigos señalaron a un grupo de policías estatales como los responsables. Sin embargo, las investigaciones no caminaron en favor de los afectados.

En el mismo municipio, pero el 15 de abril de 2013, el entonces fiscal Pedro Huesca Barradas y su oficial secretario, Gerardo Montiel, fueron detenidos y privados de su libertad por un comando armado de la policía estatal. En enero de este año, sus restos localizados en Colinas de Santa Fe.

Según las investigaciones ministeriales, Conde y su grupo de escoltas fueron reincidentes en agresiones practicadas entre 2011 y 2016 en las regiones de La Antigua, Medellín de Bravo, Rodríguez Clara, Martínez de la Torre, Xico y Tierra Blanca.

Así lo confirmaron también los testimonios de Amanda Gasperín Bulbarela, alcaldesa de Rodríguez Clara, y Abdón Márquez, alcalde de Playa Vicente, quienes advirtieron al propio Arturo Bermúdez sobre la conducta de Conde y su equipo.

El alcalde de Playa Vicente narró a este reportero que, durante una reunión de presidentes municipales priistas, solicitó a Bermúdez el cese de Conde. Bermúdez le contestó que estuviera tranquilo, y días después, el subdelegado regional fue cambiado de jurisdicción. Pero el 11 de enero de 2016, los mismos policías bajo el mando de Conde interceptaron a cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, quienes regresaban de un fin de semana en Veracruz. Los oficiales esposaron a sus víctimas, y posteriormente los entregaron a una célula del crimen organizado.

De acuerdo con versiones contenidas en la carpeta de investigación, los jóvenes fueron trasladados al rancho El Limón, ubicado en el municipio de Tlalixcoyan, donde fueron asesinados y posteriormente quemados en hornos clandestinos.

Tras las investigaciones de la Policía Científica de la Policía Federal, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, confirmó el hallazgo de restos carbonizados de 400 personas en ese predio.

Según la carpeta de investigación, los ex policías detenidos por la desaparición de los jóvenes de Playa Vicente describieron la geografía del cementerio clandestino anexo al fraccionamiento Colinas de Santa Fe.

La Fiscalía, ¿incapaz o encubridora?

“Si los cadáveres en Colinas de Santa Fe se encontraron embolsados -en un 90 por ciento-, fueron sepultados a dos metros de profundidad; allí aparecieron el ex fiscal Pedro Huesca Barradas y a su oficial secretario Gerardo Montiel, en cuya desaparición participaron elementos de la SSP, ¿cómo es posible que el responsable de esos policías siga sin ser señalado porque son “meras presunciones?”, cuestiona el abogado Espinoza Rivera.

El abogado de los familiares de los jóvenes desaparecidos en Playa Vicente también cuestiona las declaraciones del Fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, quien en días pasados aseguró que Arturo Bermúdez no puede ser procesado por desaparición forzada porque  “no hay un señalamiento directo, solo una presunción” en su contra.

Según el abogado, con sus declaraciones, el Fiscal desestimó la prueba presuncional presentada por los padres de Playa Vicente en febrero.

“Jorge Winckler dice que lo de nosotros solo son presunciones, pero él sí pudo hacer presunciones al afirmar que era imposible que las autoridades no supieran del cementerio clandestino en Colinas de Santa Fe”, lamenta Espinoza Rivera.

“En el asunto de los jóvenes de Playa Vicente, no se necesita un señalamiento directo, pues nadie en su sano juicio iba a decir que mató a 20 personas porque se lo ordenó Arturo Bermúdez”, dicen. “Las autoridades están acostumbradas a depender de testimonios y confesiones porque, o no saben valorar las pruebas materiales, o encubren al ex secretario de Seguridad Pública”.

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Una versión de este reportaje fue publicada previamente en el portal E-Consulta de Veracruz; se reproduce con la autorización del medio