El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha documentado la violencia cometida en contra de las mujeres indígenas, que va desde el maltrato físico, psicológico hasta el asesinato de las mujeres.

Por Kau Sirenio

La Montaña de Guerrero, se ha convertido en una zona de alto riesgo para las mujeres na savi, nahua y me’phaa. De 2014 a 2023 fueron asesinadas 27 mujeres, sin que hasta la fecha haya feminicidas procesados o condenados; la Fiscalía General de Justicia de Guerrero (FGJ-Gro) cubre con su manto de impunidad a los asesinos de mujeres.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha documentado la violencia cometida en contra de las mujeres indígenas, que va desde el maltrato físico, psicológico hasta el asesinato de las mujeres. De acuerdo con Tlachinollan los municipios de San Luis Acatlán, Ayutla de los Libres, Olinalá, Acatepec, Malinaltepec, Alpoyeca, Tlacoapa, Metlatonoc, Atlamajalcingo del Monte, Zapotitlán Tablas, Cochoapa el Grande, Copanatoyac y Tlapa es donde se ha recrudecido el feminicidio.

El municipio de Copanatoyac ha registrado más feminicidios, desde el primero de junio de 2016, cuando fue asesinada la profesora a Maricela Arce Campos, de 28 años, asfixiada por estrangulamiento; el agresor, Donicety García Soto, médico general del centro de salud de la cabecera municipal y profesor de bachillerato, está prófugo.

En mayo de 2022 fueron asesinadas Rosalía y Eleuteria. Con tiros de gracia en la cabeza, sus cuerpos fueron dejados en la carretera Copanatoyac a Potoichán; este doble feminicidio sigue impune y no hay para cuando va llegar la justicia.

El 26 de julio del mismo año, Fernando Reyes asesinó a su esposa Kenia y a su cuñada Abelina en la comunidad de Tlalquetzalapa, municipio de Copanatoyac; el 28 de agosto de 2022, la señora Eduviges dijo durante el mitin en Tlapa, que las autoridades de Copanatoyac no hacen justicia porque el agresor es de su familia. “Queremos que nos ayuden para exigir justicia en Tlapa”.

En la carretera de Yoloxochitl y Cuanacaxtitlán municipio de San Luis Acatlán Maricruz fue raptada y desaparecida Maricruz García Margarito, el 27 de marzo; los perpetradores continúan libre porque la Fiscalía de Guerrero integró indebidamente la carpeta de investigación.

El 3 de diciembre, Margarita Vargas Florentino de Copanatoyac, fue asesinada por su marido Pavel Bernabé; la víctima vivió 12 años de violencia y murió por la golpiza que le propinó Pavel. A esto se sumó negligencia medica, porque el centro de salud estaba cerrado.

En este municipio se registró la historia desgarradora de Reyna, una mujer na savi originaria de Tlapa. Tenía 23 años cuando fue asesinada; desapreció el 10 de septiembre de 2023 su cuerpo apareció flotando el 21 de ese mes en el río de la comunidad de Oztocingo; Reyna recibió cuatro impactos de bala en la cabeza, tenía fracturas en el pectoral. El o los feminicidas siguen prófugos y no se sabe del avance de la investigación sobre este crimen.

La violencia no cesa en contra de las mujeres el pasado 22 de febrero fue asesinada en Tlapa, la profesora Griselda Martínez Morán, era maestra en el Instituto del Bachillerato del Estado de Guerrero (Ibegro), en la comunidad de Cuyuxtlahuac, municipio de Alcozauca; de acuerdo con la amiga su amiga, su pareja César Sotelo, le prohibió a Griselda ver a su familia, amigas y conocidos.

Así las cosas, la lentitud con que trabaja la FGJ-Gro propicia que los perpetradores de feminicidios continúen libre, mientras que la familia de las víctimas sigan en espera la justicia; hasta ahora, en ninguno de los caso se ha esclarecido un solo caso, esto nos lleva a pensar que la justicia en Guerrero es clasista y racista.

En el caso de las mujeres violentadas en la Montaña de Guerrero, todas son de un pueblo indígena, lo que complica su situación debido que no hablan el español y si lo hablan no tienen el privilegio de entablar una platica con los fiscales o jueves para conocer de primera mano avances de las investigaciones.

En los últimos años, el periodismo privilegiado de la Ciudad de México ha centrado su denuncia en contra de matrimonio forzado en las comunidades indígenas, pero ni uno de estos periodistas ha documentado los altos feminicidio en la Montaña.

Para detener este cáncer que afecta directamente a las mujeres indígenas, es necesario una coordinación entre la sociedad civil, movimiento feminista, religiosas progresistas, académicas, periodistas y hombres que sienta el dolor y la rabia por los feminicidios en el país.