Durante este año de pandemia, la violencia feminicida se cuadriplicó en las regiones indígenas de Guerrero. A un machismo profundo, un olvido institucional de siglos y una violencia criminal emergente, se sumó la violencia generada por el encierro.

Texto: Vania Pigeonutt

Fotos: Lenin Mosso

TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO.- A las muertes de Nereida, Marisela, Elsinayth, Flor, Aurelia, Ricarda e Isabel les antecedieron momentos de violencia que ellas denunciaron, ya sea a familiares, a alguna autoridad comunitaria o ministerial. En la región de la Montaña de Guerrero, los asesinatos de mujeres con presunción de feminicidio, casi siempre tienen un antecedente alertado.

Durante este año de la pandemia de covid–19, la violencia feminicida se incrementó hasta cuatro veces más que en 2019; esto en la región indígena, compuesta por 19 de los 81 municipios de Guerrero. Esta violencia engloba desde una agresión física, verbal, sexual, económica, amenazas, hasta llegar a la muerte. 

Tan sólo en los casos de feminicidio, revela la abogada Neil Arias Vitinio del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, se han registrado 20 muertes de mujeres con presunción de feminicidio, mientras que el año pasado hubo cinco. 

En cuanto a la violencia sexual, los datos también son de alarma: de enero a la fecha documentaron 30 casos que, en un 60 por ciento, los perpetradores eran familiares de las víctimas.

Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Estatal Contra la Violencia hacia las Mujeres –organización que promovió el decreto de Alerta de Violencia de Género (AVG) materializado el 22 de junio de 2017–, informó que en lo que va del 2020 ha habido 136 casos de presunto feminicidio y no hay avances sustanciales para revertir el fenómeno.

La entidad es una de las 19 que hasta este año cuentan con doble AVG.  En junio, cuando la pandemia por covid–19 dejaba el saldo más mortal– a la fecha hay 2 mil 218 fallecidos– la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) declaró la segunda AVG; en esta ocasión, por agravio comparado.

“Con la pandemia la violencia se ha incrementado, se hace con mayor saña. Esta violencia contra las mujeres se está expandiendo. La Alerta se solicita en nueve municipios en 2017, pero ahorita tenemos un registro de 65 municipios desde el 2017 a la fecha, en donde se ha visibilizado esta violencia extrema–feminicidio–. Es más del 80 por ciento de  los municipios”, explica Reyna Aguilar.

La activista lamenta que a pesar de que en Guerrero existe la Ley 533 de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, los sistemas estatal y municipal para atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres no funcionan. Mucho menos en esta situación.

“La prevención le toca a algunas instancias, la atención a otras, la sanción y la erradicación a todas. Observamos que a pesar de que la ley mandata a cada una, la violencia contra las mujeres se sigue expandiendo y reproduciendo”, señala.

Dice que durante la pandemia, la red de mujeres con las que trabaja en el monitoreo y seguimiento de casos de feminicidio, violación sexual y desaparición forzada, detectaron la falta de personal en las agencias del Ministerio Público, en estos días de pandemia, sobre todo en mayo y junio, los meses cuando Guerrero estaba en semáforo rojo y se suponía una restricción mayor de todas las actividades.

Las guardias que deberían estar los 365 días del año, simplemente son inexistentes. No hay médicos legistas suficientes ni peritos especializados. No se están llevando a cabo los protocolos de actuación en caso de alguna agresión de cualquier índole, incluso mortal.

El fenómeno del feminicidio, insiste Marina Reyna, no sólo está instalado en el estado, sino que da un mensaje de alerta por sí mismo que no ha sido escuchado por la administración de Héctor Astudillo Flores, quien dejará el cargo en 2021, con el problema convertido en bola de nieve.

En este año ha habido feminicidios en 37 municipios de los 81. En 2017 hubo 165 casos, en 2018, hubo 234 y en 2019, un total de 191. Que cuantitativamente se note una reducción es engañoso y tramposo, puntualiza Reyna, cuando las formas de matar a una mujer son cada vez más violentas, variadas y expansivas. 

También el rango de las edades ha disminuido. Hay más casos de feminicidios infantiles.

De acuerdo a su registro, en los nueve municipios en los que inicialmente se declaró la AVG, han ocurrido la mayoría de los casos. Acapulco encabeza la lista. Durante este año ha habido 42 casos de asesinatos de mujeres con presunción de feminicidio, en Chilpancingo 14; Tlapa, Iguala, Zihuatanejo con ocho casos cada uno; Chilapa 7, Ometepec 4, Coyuca de Catalán 2, y Ayutla un caso. 

En el informe de la ONU, La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, Guerrero destaca como un estado feminicida al igual que Chihuahua y Estado de México. En el caso de la entidad, de los 32 años que comprende el estudio 16 ha estado en los primeros tres.

Sin traductor, sin atención, sin protocolos

El 2 de junio, Nereida de 20 y su hija Yamil de 3 años, según Lenin “N”, el padre y esposo de estas dos mujeres, se habían suicidado. Culpó a su pareja de advertírselo y llevarse consigo a su hija. La Fiscalía General del Estado (FGE) así lo investigó. En la Montaña dieron el caso como un doble suicidio. 

Nereida, una mujer Na Savi (mixteca) había denunciado violencia por parte de su pareja. Se lo dijo a su familia. También a amigas. Era sabido en su círculo que desde que conoció a Lenin en el Centro Universitario Pacífico del Sur en 2017, éste le ejercía violencia verbal, física, psicológica: los pasos previos a un feminicidio.

Por eso, explica la abogada Neil Arias, la familia presentó pruebas de la violencia sufrida por Nereida desde antes de su matrimonio, pero esperan junto a otras, a que sus casos salgan del limbo en el que están por la pandemia. Les dicen que un perito se enfermó de covid, que no se pueden acercar a las agencias del Ministerio Público por la pandemia, que no saben hasta cuándo van a retomar las investigaciones por la emergencia.

La FGE, porque ya lo solicitó Tlachinollan, debería reabrir el caso, exhumar a ambas, hacer las pruebas correspondientes, mismas que no se hicieron hace cinco meses, como si Nereida sufrió alguna violencia previa a supuestamente ser encontrada ahorcada junto a su pequeña Yamil; o la misma niña de 3 años.

“Nereida tenía tres años viviendo con su pareja, su relación no era estable: se iba, venía, al último la convenció él de que se casaran. Pensaron que  casándose la violencia termina. En la Montaña hay una cuestión cultural, los papás siempre preferirán ver a sus hijas casadas”, detalla.

Dice que es porque piensan que con eso van a garantizar su seguridad, y no los culpa en una región con altos índices de pobreza extrema y marginalidad. Lo cierto, reitera, no es así: en la Montaña la mayor violencia viene desde el esposo, que agrede a su familia.

Cuando acordaron casarse en diciembre de 2017, Lenin la golpeó en noviembre, él tenía un problema de alcoholismo, Nereida dijo que ya no se iba a casar. Luego la familia la convenció.

“El día que ocurrieron los hechos fue impactante para la familia que ella estaba muerta con su niña. Cuando llegan al ver los cuerpos colgados sí se impresionaron, optaron por tomarle video para documentar las condiciones en las que estaban: ambas amarradas con cuerdas. Presentaban lesiones que en el dictamen, en el certificado de integridad física, no se llevó a cabo la necropsia, en estos casos siempre la carroza corre a cargo de la familia, eso les complicó un poco”, precisa.

“En estos casos lo que ha pasado, es que por la pandemia el Ministerio Público ha justificado su falta de investigaciones: no se pueden solicitar actos de investigación porque están paradas las oficinas; hasta el momento no se han podido solicitar”, critica.

Con Nereida y Yamil la FGE fue contundente: hicieron sus propias conclusiones y determinaron que fue un suicidio. El área legal de Tlachinollan, por los antecedentes de violencia, está a la espera de que les realicen la necropsia.

En su comunidad Na Savi, al oeste de Tlapa, ni la familia ni los amigos y vecinos aceptan que se trató de un doble suicidio. Cuentan que un día antes de ser encontrada colgada, Nereida ofreció en el grupo de WhatsApp que tenía para ventas, pastel imposible, mismo que se quedó sin ser repartido a sus clientes que ya le habían hecho pedidos.

En ese grupo estaban los hermanos de Nereida, quienes la consideran una mujer con mucha iniciativa, hacía paletas de hielo, hacía pasteles y los ofrecía en su colonia, con sus amigos. 

Otro hecho sospechoso es que el día anterior fue con Lenin a comprar un terreno, obviamente, como  ocurre en una región que apunta Neil, padece un arraigado machismo, esta compra se quedó a nombre del esposo. La tierra ya era de él. Este elemento tampoco ha sido considerado por la FGE.

“En las muertes violentas de mujeres se tiene que aplicar el protocolo en el delito de feminicidio. Se tienen que descartar varias cosas: si fue víctima de una agresión sexual, tienen que hacerse esos peritajes, el de manos para ver si ella forcejeó, que es lo que pasó con el cuerpo, hacer una buena exploración; también que ellos lo puedan tomar en consideración. Se emitió un dictamen sin eso”, reprueba.

Un MP para 300 mil personas

La abogada explica que estos casos en una región donde hay un solo ministerio público, medianamente habilitado, con sede en Tlapa, para una población de unos 300 mil habitantes, presentan subregistros. 

Hay comunidades apartadas de su cabecera municipal hasta cuatro o cinco horas, como es el caso de Cochoapa El Grande. Zonas donde los hablantes son Me´phaas (tlapanecos), Na Savi o Ñomdás (Amuzgos), donde la gente dirime esos problemas con las policías comunitarias, con los comisarios, a veces no de las formas más justas.

Ubica 2010 con el caso de Guadalupe, asesinada junto a sus padres en la comunidad Me’phaa de Santa María Tonaya. Este caso sentó un precedente de terror en la Montaña. Considera Neil que este triple asesinato, dos eran mujeres, generó un antes y un después en los crímenes contra mujeres. 

“Había estas situaciones que sabíamos que mataban a mujeres y que realmente no se visibilizaba, o que si hubo un caso en Malinaltepec, pero lo ocultaron todo, como que aparentaron, justificaron que se trataba de una muerte natural, pero fue una muerte violenta”, dice previo al caso. 

Ya en 2010, se trata de esta familia jornalera. El yerno, queriendo robar lo ganado de seis meses de jornal por toda una familia, mató a su pareja, a la mamá de ésta y a su papá. “El agresor dejó un mensaje claro: aquí impera el hombre, la fuerza”. 

“El señor que empezó a tomar con el yerno, él había planeado robar el dinero del suegro de todo lo que habían juntado. El suegro es el que junta el dinero de todos. El suegro se fue a dormir y se metió al cuarto. El dinero lo guardaban debajo de la almohada, y es entonces cuando los empezó a acuchillar”, narra.

Después siguió con Guadalupe quien estaba embarazada. De ahí empezaron a llegar más casos, pero «no tienes que decir nada y te callas. Nos dimos cuenta que eso fue uno de los casos que más impactó, como un ejemplo para las mujeres de advertencia, si denuncian, aténganse”. 

Guadalupe tenía dos niños pequeños. Cuando pasó ese hecho, los hermanos dieron aviso a la autoridad. Sí lo detuvieron, pero nadie hizo un señalamiento directo, porque como quien vio fue la esposa, pero la mató, lo absolvieron. 

“¿Cuál es el mensaje para la gente?, que no hay justicia. Es un tema si murió allá, si fue una muerte violenta, eso lo resuelven allá en la comunidad; fueron tres muertes, no puedes ocultar tantas muertes, por eso trascendió hasta Tlapa ese caso”.

Otro feminicidio cometido por un cónyuge fue el de Flor, previo a los casos padecidos durante este 2020. Ella era de Loma Tuza, Acatepec. El caso ocurrió el 24 de agosto de 2014.

A la fecha, tanto Catalina Prisciliano Elidia y Florentina Sánchez Joaquín, madre y hermana de Florencia Sánchez Joaquín, de origen me´phaa, exigen justicia por su feminicidio. Murió de 23 años de edad.

Marcelino de la Cruz Sánchez, ex esposo de Flor fue detenido el 14 de mayo de 2017 acusado del feminicidio de su esposa. Tanto Cata como Florentina solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, medidas cautelares por amenazas recibidas durante ese año.

Neil Arias redondea su idea: “su agresor ya le había hecho advertencia, fue una amenaza velada, dijo la forma de cómo la iba a matar y no creyeron, entonces a partir de esa fecha, empezamos a tener más fundamento, con el caso de Flor, que estas amenazas sí se cumplen. Le dijo hasta el modo de cómo iba a actuar, que le iban a cortar las orejas”, cuenta.

Luego vinieron los casos de Marisela Sánchez de Copanatoyac, era maestra de danza y trabajaba en una telesecundaria; el de Ricarda, una mujer asesinada en Alpoyeca; Isabel, cuyo marido la mató de 11machetazos, le destrozó las manos, la cara, la cabeza. En todos los casos las mujeres denunciaron violencias previas.

“Desde el 2015 ya hay cinco órdenes de aprehensión que tienen que ejecutarse por dos feminicidios de estas mujeres. A la fecha no se han ejecutado, ese es un problema, porque lo que está pasando es que muchos en el pueblo saben quién las mató, cómo las mataron y pues no lo van a decir. Mientras no sean detenidos pueden seguir matando y no pasa nada”, define.

Ayelín y Elsinayth: desaparición y feminicidio 

Ayelín, una niña de 13 años, quien fue encontrada asesinada el 19 de octubre en Tixtla, a sólo media hora de Chilpancingo, había desaparecido desde el 15 de octubre.

El fiscal general de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, informó sobre el perfil genético de uno de los probables responsables del feminicidio de Ayelin y según dijo, se consiguió también la identificación de tres personas más que habrían participado en el crimen. 

Para Tixtla, de donde son 14 de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa–la normal rural que está en el municipio–, las informaciones oficiales no son suficientes. Luego de este feminicidio infantil, ha habido marchas exigiendo justicia, que no haya ni una mujer más asesinada en Guerrero.

Elsinayth Ascencio Romero de 26 años desapareció el 28 de septiembre y su cuerpo fue encontrado en una fosa el 31 de octubre en Huamuxtitlán, en la región de la Montaña. Este es el último caso registrado en esta región.

Marina Reyna Aguilar puntualiza que la siguiente declaratoria de AVG que tendría que solicitar Guerrero, dice, debería ser en materia de desapariciones de mujeres que también es un delito en aumento. Es otra forma de violencia feminicida.

En Guerrero hay múltiples violencias contra las mujeres, detalla, la primera, es institucional. No hay avances en las investigaciones de los casos y el cumplimiento de las acciones de las AVG se limita a informes. No hay una forma sustancial de medir la eliminación de las violencias. 

El estado ha emitido dos informes a la Conavim y estos son evaluados por un grupo interdisciplinario que en su opinión está mal conformado, como ejemplo, pone, está la titular de la Secretaría de la Mujer, Maira Martínez. En este caso funge como juez y parte.

A tres años cinco meses de declarada la primera AVG no ha habido impacto en las acciones reportadas por el estado contra la violencia feminicida. 

“Hay cinco medidas: seguridad, ocho medidas de prevención, siete medidas de justicia y separación y una medida para visibilizar la violencia de género. De las medidas de seguridad tiene que ver la recuperación de espacios públicos. Tienen que ver con los patrullajes, alumbrado público; cómo se va a hacer el alumbrado público, se debe hacer con perspectiva de género: en este sentido de la alerta, que el alumbrado público sea de acuerdo de estos municipios sea de acuerdo a un mareo de esta violencia observada en cada uno de los municipios”, puntualiza.

No hay un banco estatal de datos, incluso su red batalla con la obtención de datos actualizados de los diferentes delitos que registran. Muchas veces deben pedirlos por transparencia y son dados con opacidad. 

Sobre los avances de la Fiscalía, cuestiona que, «de estas muertes dolosas: cuántos son clasificados como feminicidio. Sí, se tiene un protocolo para determinarlo, se tiene tipificado el delito desde 2010. A nivel nacional nos apuntamos un 10 en tipificarlo, hasta el 2014, se hizo una reforma y se homologó al código nacional. Entonces, ¿qué está pasando en el estado?”.

Muy pocos casos se tipifican como feminicidios. Y de éstos, las resoluciones condenatorias resultan ser un cuello de botella. El acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es tortuoso, largo y muy áspero en el país, y en Guerrero.