La crisis de derechos humanos en México, marcada por la violencia del crimen organizado y la impunidad del gobierno se refleja en el aumento de desapariciones y feminicidios. En Guerrero, por ejemplo, la inacción de las autoridades frente a las víctimas impide que los afectados accedan a la justicia

Por Tlachinollan

El poder del crimen organizado se ha enseñoreado en la mayoría de las entidades de nuestro país, sin que el gobierno federal logre contener esta fuerza destructora. La vía militar que se ha implementado es una apuesta por el uso de la fuerza y la confrontación contra la población civil. En esta estrategia se mantienen intocadas las estructuras del poder político que han establecido alianzas con el crimen organizado. El entramado delincuencial se ha arraigado en las mismas corporaciones policiacas y en la fiscalía federal. Los colectivos de víctimas son la expresión de la violencia imparable y de la impunidad galopante. Son las madres buscadoras las que están en la línea de fuego increpando la inacción de las autoridades, que son un dique que impide avanzar en las búsquedas y en las investigaciones de las personas desaparecidas. La crisis de los derechos humanos se plasma en las mismas estadísticas oficiales.

En nuestro país, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 30 de diciembre de 1952 al 9 de diciembre de 2024 hay un registro de 119,555 personas desaparecidas. Sólo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de diciembre de 2018 a septiembre de 2024, se contabilizaron 53,500 personas desaparecidas y no localizadas. De ellas, 40,789 son hombres (76.24%) y 12,572 son mujeres (23.5%), mientras que 139 personas (0.26%) están en una categoría indeterminada. En Guerrero, hay 1,168 hombres y 262 mujeres desaparecidas. Los municipios con mayor número de registros son Acapulco (480), Chilpancingo (162), Iguala (95), Chilapa (74) y Taxco (76).

Mientras tanto, en los dos primeros meses del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del 1 de octubre al 9 de diciembre de 2024, a nivel nacional se tienen registradas 867 mujeres y 1,910 hombres desaparecidos. Ciudad de México cuenta con 455 personas desaparecidas, seguida por el Estado de México (483), Sinaloa (256), Puebla (201), Nuevo León (139), Michoacán (134), Zacatecas (101), Baja California (99), Sonora (96) y Chiapas (94). Guerrero registró 39 personas desaparecidas: 24 hombres y 15 mujeres.

Los municipios con mayor índice de desapariciones en Guerrero son Chilpancingo, Acapulco, José Azueta, Chilapa, Atoyac, Taxco, Cuajinicuilapa, Teloloapan, Ometepec, Xochistlahuaca y Ajuchitlán del Progreso. En la Montaña, los municipios más afectados son Tlapa, Acatepec, Malinaltepec y Tlacoapa, donde se reportaron 4 mujeres y 3 hombres desaparecidos en los primeros 70 días del nuevo sexenio. Sin embargo, Copanatoyac, Atlixtac, Zapotitlán Tablas, Alcozauca y Cochoapa el Grande también están sometidos a los grupos delincuenciales y presentan los más altos índices de marginación y pobreza. Hace 20 años, estos municipios fueron considerados algunos de los más pobres del mundo, comparados con el África subsahariana. Hoy siguen siendo de los más pobres de México.

La violencia de los grupos delincuenciales ha puesto de cabeza a un gobierno que, lejos de proteger a la ciudadanía, permanece impávido ante la hecatombe. El incremento de efectivos militares y de la Guardia Nacional no revierte la violencia, sino que más bien aumenta las violaciones a los derechos humanos. No se escucha a las comunidades indígenas, ni a las familias de desaparecidos y asesinados. Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, de los 188,994 homicidios dolosos en el país, 9,224 ocurrieron en Guerrero. Durante ese periodo, hubo un promedio de 107 asesinatos diarios en el país, mientras que en Guerrero la media fue de 5.2 asesinatos por día. En el primer mes del sexenio se registraron a nivel nacional 2,564 asesinatos, de los cuales 204 fueron en Guerrero. Lo inaudito es que no hay sentencias contra los perpetradores de estos crímenes.

En medio de esta espiral de violencia, las mujeres han sido las más vulnerables. Los espacios privados y públicos se han convertido en los más peligrosos para ellas. Las autoridades estatales y nacionales no han protegido a las mujeres y niñas. Las alertas de género han evidenciado una desatención descomunal. Lejos de hacerles justicia, las han criminalizado. Han padecido discriminación y la indiferencia de los ministerios públicos. A pesar de este panorama, muchas han sobrevivido, aunque muchas otras han sido víctimas de feminicidio en un sistema de justicia maltrecho y en un clima de espantosa inseguridad. Aunque las estadísticas oficiales son limitadas, el SESNSP ha registrado 5,525 feminicidios en el sexenio de la Cuarta Transformación. En Guerrero, se reportaron 100 feminicidios. En octubre de 2024, de los 70 asesinatos de mujeres tipificados como feminicidios a nivel nacional, 18 ocurrieron en Guerrero.

Hay una crisis de derechos humanos que los gobiernos no pueden seguir ignorando. Es urgente esclarecer las desapariciones forzadas, tanto del pasado como del presente, y generar acciones efectivas para erradicar la violencia contra las mujeres y evitar que sigan ocurriendo feminicidios. La estrategia de seguridad debe repensarse para proteger a las personas sin recurrir a la militarización de la geografía guerrerense. Es fundamental respetar los derechos humanos para no socavar la democracia, de lo contrario, en lugar de generar esperanza, las autoridades seguirán sembrando el terror de Estado.

Pie de Página

Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.