Un exservidor público durante el gobierno de Vicente Fox, adscrito a la Secretaría de la Función Pública, se benefició con contratos por más de 200 millones de pesos, cuyos trabajos incompletos debían ser arreglados por empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social

Por PODER /Mexicoleaks

Dos empresas que son propiedad de un extrabajador de la Secretaría de la Función Pública -la dependencia que vigila que los funcionarios públicos se apeguen a la legalidad- obtuvieron contratos millonarios mientras éste era empleado del organismo.

Las empresas “Corporativo Cepra” Sistemas CBT y Centro de Productividad Avanzada, S.A, de C.V., que utilizan la marca “Corporativo CEPRA”, del exfuncionario Raúl de Jesús Pichardo García, acumularon al menos 87 contratos por 280 millones 889 mil 705.7 pesos.

Sistemas CBT comenzó a licitar con el gobierno en el mismo año que Pichardo García entró a la función pública.

Durante la presidencia de Vicente Fox, en 2003, tras la aprobación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera que implementó áreas de capacitación en todas las dependencias públicas, Pichardo García aprovechó sus conocimientos en el área y vínculos con el PAN para consolidar sus relaciones políticas y sus negocios.

Las dependencias que otorgaron licitaciones a las empresas relacionadas con Pichardo García son: Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo de Cultura Económica (FCE).

El Servicio Profesional Nacional se convirtió en un negocio millonario para las empresas como CBT.

La empresa ha proveído desde una asesoría para ejercer un taller de feminismo hasta grasas y lubricantes. Su mayor negocio lo realizó para la implementación de programas de aprendizaje denominado e-learning. Sin embargo, los contratos no están adjuntos en la Plataforma de Obligaciones de Transparencia (POT). Sólo fueron registrados gastos, fechas y montos pagados: de 4 a 14 millones de pesos por taller.

Pero existen pruebas de que algunas cosas salieron mal. Tal es el caso de Trabajadores del IMSS, que vía Méxicoleaks denunciaron haber tenido que solucionar proyectos incompletos.

Cuando inició su gestión en la SFP, en 2013, Pichardo García publicó su primera declaración patrimonial y de intereses y registró sus deudas en tarjeta de crédito y pocos bienes. Contaba con un patrimonio de 36 mil pesos, una sala comedor, 2 televisores, una computadora, mil pesos en una tarjeta de incorporación bancaria y una deuda de 53 mil pesos en créditos con tarjetas.

Pero en su declaración de 2006, el exfuncionario eliminó la sección de propiedades y ocultó sus posibles conflictos de interés. Reportó una deuda de 205 mil 400 pesos sólo en tarjetas de crédito. Los años siguientes publicó sólo sus antecedentes laborales.

PODER solicitó entrevista con los altos ejecutivos de ambas empresas. No obstante, al momento del cierre de esta edición, ninguna de las empresas respondió.

Trabajar en el IMSS sin acceso al IMSS

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron vía Méxicoleaks que la empresa Sistemas CBT, S.A de C.V., de Pichardo García, ganaba licitaciones que no podía cumplir. Y dieron dieron pruebas de explotación laboral e incumplimiento de contratos.

Las contrataciones a Sistemas CBT emergían del Área de Gestión Conocimiento, con el objetivo de diseñar talleres para la acreditación de los médicos. Pero los trabajadores por honorarios tenían que arreglar los trabajos mal hechos o incompletos de esas adjudicaciones.

Algunos directores de área, como Israel Villegas Pérez, Tomás Arrieta Pérez, Ricardo Mora o Priscila Montealegre conocen las condiciones en que se encuentran los trabajadores más vulnerados de ese escalafón burócrata, pero no están dispuestos a seguir la Ley.

PODER recibió pruebas de que el IMSS violenta sus propios contratos. Pese a que el artículo 14 de las contrataciones por honorarios estipula que los trabajadores contratados bajo ese esquema no están obligados a: “Registrar asistencia, asistir a un área determinada, tener horario ni jornada, atender órdenes giradas por escrito, presentarse como personal, ni sujetarse a la dirección o subordinación de algún servidor público”.

Por 18 mil pesos mensuales y sin derecho a prestaciones, los trabajadores por honorarios del Área de Gestión del Conocimiento tienen que cumplir con un horario laboral de ocho horas diarias y en caso de llegar tarde, deben pagar sus retardos con horas extra de más trabajo; también están obligados a asistir a las instalaciones. Un ejemplo ocurre en la Unidad del Congreso del Centro Médico Nacional Siglo XXI, con al menos 40 personas trabajando en un sótano bajo estas condiciones, bajo la dirección de la titular de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud, Ana Carolina Sepúlveda-Vildósola, quien declaró para PODER ostentar ese cargo desde 2016.

La máxima autoridad a cargo del departamento de Educación e Investigación, Sepúlveda-Vildósola, desconoce el horario de trabajo de sus subordinados, pese a que aparece como firmante de los contratos con los empleados. La servidora tampoco sabe bajo qué argumentos se invitó a licitar a la empresa Sistemas CBT o por qué no termina los trabajos para los que se le paga. También reconoció desconocer las cláusulas de los contratos que se están violentando todos los días desde que ella ocupa el cargo.

Sepúlveda-Vildósola no completó la entrevista con este medio de comunicación. Sin embargo, intentó acercar a la persona responsable directa de estas irregularidades, pero una persona a la que identificaron como Alicia Cárdenas Ceja, titular de la Unidad de Comunicación Social adscrita a la Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones del IMSS, negó la entrevista con PODER, argumentando que este medio sólo tenía derecho a hablar con Carolina Sepúlveda-Vildósola.

Según fuentes a las que tuvo acceso Méxicoleaks, también en el área que dirige Sepúlveda-Vildósola ocurre la explotación. Trabajadores que pidieron anonimato revelaron las mismas inconsistencias: jornadas de más de 8 horas diarias y falta de prestaciones por ley.