Desde agosto de 2008 los hermanos Cañas Ovalle están presos por el secuestro de Fernando Martí, que otras personas confesaron haber realizado. Una imputada en el caso recibió disculpas de la Procuraduría de la Ciudad de México, pero ellos siguen en la cárcel por un cúmulo de casos derivados de la acusación inicial
Texto y foto: Arturo Contreras Camero
“Fue al azar. Encajaban con las características de los Petriciolet, estaban buscando a uno que tenía barba de candado y cara de maleante”. Esos señalamientos, junto con un cúmulo de testimonios falsos, bastaron a la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal para que en 2008 dictara una pena por más de 70 años de cárcel en contra de Noé e Israel Cañas Ovalle, por un delito que no cometieron, asegura Elizabeth Almaraz, su abogada.
Cuando la Procuraduría presentó ante los medios de comunicación a los hermanos Cañas Ovalle, en ese entonces de 28 y 33 años, dijo que eran miembros de la banda de secuestradores de La Flor, supuesta responsable del secuestro y asesinato de Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí. Sin embargo, ese secuestro no es el motivo de su condena. Después de la presentación ante la prensa por ese secuestro, fueron armados dos expedientes en prisiones distintas, uno en el Reclusorio Oriente y otro en el Sur, por un total de nueve secuestros.
Los hermanos pisaron la cárcel por otros dos secuestros, que 11 años después nadie puede probar.
Los verdaderos responsables del secuestro del joven Martí, la banda de los Petriciolet, están presos y confesos por haber realizado el secuestro y eventual homicidio del menor.
“Con eso quedó demostrado que habían dos personas imputadas por el mismo delito”, asegura la abogada Almaraz, que explica en entrevista por qué los hermanos han pasado más de una década encarcelados injustamente.
Como la ley y la lógica marcan, si los Petriciolet son los responsables del delito, no habría motivo para mantener presos a los hermanos Cañas Ovalle, quienes aún hoy siguen cumpliendo una sentencia en el penal federal de Tepic, Nayarit.
El pasado 10 de octubre la Procuraduría General de la República y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ofrecieron una disculpa pública a Lorena González, quien también fue implicada sin motivo por el secuestro del joven Martí.
A mitad de la ceremonia, desde el fondo del patio donde se llevaba a cabo, un grito resonó con desesperación: “¡Queremos justicia para los hermanos Cañas Ovalle!”. Eran los familiares de Noé e Israel, quienes pedían una explicación sobre cómo Lorena estaba libre y con disculpas, mientras sus familiares no.
“Sus familiares viven sin su apoyo, sus hijas están solas en el mundo por culpa de unas personas que dijeron: ¿estos te parecen para implicarlos?, órale”, critica la abogada, quien ese día, junto con los familiares de los hermanos Cañas, desplegaron una manta para demandar justicia.
“Al implicarlos, los embarraron en la bola de inmundicia que es el sistema penal. Perdón que así lo diga, pero es que así es. Está muy tremendo”, asegura la abogada.
La madrugada del 22 de agosto de 2008 un comando irrumpió en el domicilio de los Cañas Ovalle, como si fuera un película de acción. Encañonaron a toda su familia y a punta de golpes lograron sacar a los dos hermanos del domicilio.
Según la versión difundida por la procuraduría y por diversos medios de información, misma que replica la abogada Almaraz, una llamada anónima fue el pitazo para que el comando se movilizara desde la Procuraduría General de Justicia al domicilio de los Cañas Ovalle.
“Ellos habían entrado al domicilio porque les habían dicho que era casa de seguridad, lo cual nunca acreditó la procuraduría, ni tampoco se sustenta en el expediente judicial. Desde ahí les empezaron a violar derechos”, dice la abogada. “Para que puedan entrar a un domicilio, deben tener una orden de aprehensión o te deben de encontrar cometiendo un delito, en flagrancia. No fue así. Se metieron ilegalmente, amagaron a toda la gente y a los hermanos Cañas se los llevaron”.
Después de ser aprehendidos, Noé e Israel permanecieron más de 75 días bajo arraigo, una especie de detención preventiva para que presuntos responsables de un delito no escapen después de su captura (criticada por la ONU y ya eliminada de las leyes mexicanas). La procuraduría usó ese tiempo, asegura la abogada Almaraz, para fabricar las pruebas en contra de los hermanos.
Apenas un día antes de la detención, el empresario Alejandro Martí, harto de la inseguridad, alentado por el secuestro de su hijo, lanzó un reto a las autoridades: “Señores, si piensan que la vara es muy alta y que es imposible hacerlo, si no pueden, ¡renuncien!”.
Como si fuera una provocación personal, el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard aceptó el reto. De ahí, su entonces procurador, Miguel Ángel Mancera, empeñó sus esfuerzos en presentar a los presuntos responsables del secuestro y eventual asesinato del joven Martí.
Mientras los hermanos Cañas estaban en arraigo, dos personas testificaron en su contra. Según cuenta la abogada Almaraz, los supuestos testigos acudieron a petición de la hija de Alejandro Martí.
Ambos coinciden que la señorita les rogó mucho para que ellos fueran a señalar directamente a los hermanos Cañas. Ellos, destaca la abogada, lo dicen en sus declaraciones: “A mí no me constan los hechos, a mí lo que me consta es que, bueno, a petición de la señorita Jimena Martí, ella me pide que yo venga a declarar”.
En sus declaraciones dicen que les pareció ver a una persona con las características de los hermanos Cañas cerca de lo que sospechaban era una casa de seguridad. No recuerdan la fecha exacta, sólo que fue entre abril o mayo de 2008. Tampoco recuerdan una hora exacta ni la vestimenta de los sospechosos.
“Estos, como tal, no son señalamientos directos”, se queja la abogada. “Un señalamiento directo es aquel en el que tú ves una característica de la persona que te hace saber, sin lugar a dudas, que fue esa persona”.
Los supuestos testigos debieron rectificar la denuncia frente a los hermanos Cañas, para continuar con el juicio, pero nunca se presentaron. Eso habría sido motivo suficiente para tirar las acusaciones por el caso Martì, pero no fue así. Bajo esos testimonios falsos, un juez de distrito dictó el auto de formal prisión en contra de los hermanos el 4 de noviembre de 2008, dos meses y medio después de su detención.
Los secuestros que se le atribuyen a los hermanos Cañas coinciden con un momento en que empezó a haber muchos secuestros en el sur, explica la abogada. A pesar de que el juez 32 Jesús Ubando López no logra relacionar ninguno de los secuestros, asegura que en todos participaron los hermanos Cañas.
“El juzgado 32, según su prueba indiciaria que hace es que de un hecho conocido deduce los desconocidos. Es como atar cabos de ‘yo creo que tú fuiste’ porque los otros parecen iguales y tú formas parte de esa banda, entonces los demás los hiciste también. Así está justificando su auto de formal prisión”, explica.
El día de la disculpa pública a Lorena González, no sólo los familiares de los hermanos Cañas exclamaron justicia desde sus entrañas. Los mismos gritos salieron de la garganta de la abogada.
Para Elizabeth, su compromiso con el caso es tan profundo como su fe. Por eso fue que tomó el caso, cuenta. La iglesia con la que se congrega está en la colonia Santo Domingo, al sur de Coyoacán, misma colonia en la que vive la familia de los Cañas. Por la cercanía se enteró del caso.
“Esto va a ser un boom, porque yo sé que el Señor los va a liberar. Cada paso que damos lo intercede el Señor”, dice confiada. Según cuenta, esa misma seguridad la transmite a los hermanos.
“Un día les dije a ellos ¿Por qué confían tanto en mí? Porque tú eres cristiana– le respondieron– y sé que no me vas a traicionar como los abogados que en algún momento tuvimos. Sé que tú luchas por algo justo y por eso sé que puedo confiar en ti”.
A pesar de su fe, tomar el caso fue un proceso lleno de trabas.
“En un inicio, hasta lo que fue la etapa de la declaración preparatoria, ellos tenían al licenciado Lazarini, pero al poco tiempo este señor se desaparece. Pensamos que le dieron dinero para que se desistiera del asunto”, dice. Después de eso, el caso lo toma el defensor público Alberto Villegas, quien según cuenta Elizabeth, tampoco hizo mucho.
“Alberto Villegas, en todo este tiempo, no había hecho nada”, dice Elizabeth y mueve la cabeza de lado a lado, como si el recuerdo del licenciado fuera muy amargo.
Cuando ella y el papá de los hermanos Cañas fueron a hablar con él los trató con la punta del pie. “Este señor me gritoneó y me sacó de la oficina. Me dijo que yo qué andaba metiendo las narices en el expediente. Él junto con el secretario Tomás López Contreras me impidieron ver el expediente, a pesar de que contaba con el permiso de los hermanos y de la familia Cañas”.
Pese a este tipo de impedimentos, Elizabeth tomó el caso justo a tiempo. Cuando estaba a punto de caducar un amparo que habían interpuesto los hermanos por las diversas violaciones. Rescatarlo del olvido parece, hasta el momento, la gran victoria en un camino lleno de trampas y retrasos.
“Cuando salvo el amparo de irse a sobreseimiento, todo se pone muy extraño”, cuenta. “Yo no sé si le tembló la mano a la jueza 12 de distrito o qué, porque lo mandó, junto a un cúmulo de expedientes, a que se resolviera en Acapulco. Que porque según había una carga excesiva de trabajo. Cosa que yo siento que no existió”.
Llevar el juicio del caso a un tribunal en Acapulco dificulta su seguimiento, sin dejar de lado la extrañeza de que un caso de la capital tenga que resolverse tan lejos del lugar de los hechos, asegura.
Pero hasta ese momento, Elizabeth no sospechaba. Incluso, tenía esperanzas porque el secretario proyectista, encargado de armar el amparo, les aseguró que ayudaría a los hermanos. El anuncio fue una pequeña victoria que no duró mucho. “De última lo cambiaron para que él no llevara el juicio”.
El resultado que esperaban de ese amparo era la nulidad del auto de formal prisión en contra de los hermanos, sin embargo, sólo resultó en un amparo para efectos. En otras palabras, ellos permanecerían en la cárcel mientras el juez volvía a fundamentar y motivar su sentencia para evitar los vicios y las violaciones a proceso.
Dice la abogada que el caso tienen vicios de origen, como los testimonios falsos y la invención de evidencia. “¡Este señor no puede restituirles las garantías violadas porque es un tema que ya no queda en él!”, dice, como si fuera una obviedad.
Los hermanos Cañas no están presos en un penal en la Ciudad de México. Por una razón que Elizabeth y ellos mismos desconocen, fueron trasladados al penal federal de Tepic, Nayarit, a finales de 2008. Poco después de haber sido detenidos.
“Fue por órdenes del órgano administrativo de la Comisión Nacional de Seguridad. No les avisaron ni les informaron el porqué. Lo único que se concretó a decir la Comisión es que eran delincuentes de alta peligrosidad”, dice Elizabeth. “A la familia le avisaron una semana después de que ya se los había llevado”.
La noticia espantó tanto a los hermanos que hasta pensaron que en el camino los iban a matar. “¡No! ¡Nos van a quebrar en el trayecto! ¡Nos van a matar aquí!”, cuenta que le dijeron la abogada.
Estar en Tepic ha sido un suplicio no sólo para los hermanos, sino para su familia.
“Imagínate, para ir a Tepic son 14 horas en camión. Ellas los ven tres veces al año. El día del cumpleaños de ellas, en agosto. También los ven en diciembre y a lo mejor por ahí de Semana Santa”.
“Eli, sácanos de aquí. ¡Ayúdanos! Nos estamos acabando”, le dicen los hermanos a la abogada cuando habla con ellos. La estancia en Tepic, ha sido un desgaste tremendo. “Noé está muy enfermo, también es diabético y por todo esto se ha ido acabando. Tú lo ves en la foto (las que circularon cuando los atraparon) bien gordito y demás. Hoy tú lo ves y está acabado el hombre. No le dan atención médica ahí adentro”, asegura la abogada.
El artículo 19 de la constitución manda que los imputados deben estar cerca de donde están siendo procesados. “Entonces ¿qué andan haciendo hasta Tepic?”, se cuestiona la abogada. A pesar de que han peleado el traslado, siempre se lo han negado.
Casi un año después de la aprehensión de los hermanos Cañas, en junio de 2009, miembros de la banda de Los Petriciolet empezaron a ser aprehendidos. Varios de ellos confesaron haber participado en el secuestro del niño Martí. A pesar de ello, los hermanos Cañas Ovalle siguen tras las rejas.
A 11 años de haber sido privados de su libertad, Elizabeth asegura que las dudas de los hermanos siguen siendo las mismas: ¿Por qué mi defensor no me defiende? ¿Por qué nos mandaron hasta acá, sabiendo que mi proceso se está llevando en el DF? ¿Por qué me vinieron a aventar hasta un penal federal cuando mi delito es local?
No hay una respuesta, sin embargo las irregularidades del caso solo apuntan a quien lo armó: la entonces Procuraduría del Distrito Federal.
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