Desde 2013 el Estado abrió la puerta para que las radios comunitarias e indígenas se incorporaran a la frecuencia radiofónica nacional. Sin embargo, en los hechos, se les ha excluido de este espacio a punta de golpes, imposiciones y, en otros casos amenazas de muerte

Texto: Kau Sirenio

Foto: Daliri Oropeza / Archivo

CIUDAD DE MÉXICO. – De 2013 a 2019, el Instituto Federal de Comunicaciones sólo otorgó 46 concesiones a radios comunitarias, y 5 a radios indígenas. El dato, contrasta con las más de mil 500 frecuencias de uso comercial que existen en México.

La información, sistematizada por la UNESCO en un informe de 2019 sobre radios comunitarias e indígenas en México, muestra el abandono que el Estado ha hecho de estos espacios vitales para la comunicación comunitaria.

Las fechas son importantes, pues en 2013 se aprobó una reforma de telecomunicaciones y radiodifusión que, supuestamente, facilitaría la incorporación de nuevos actores a la radio pública de México. Pero esto no fue así.

La UNESCO remarca que: “En total existen 140 radios comunitarias con concesión y 18 indígenas», y su destino no ha sido el mejor, pues desde ese año se les ha criminalizado y sancionado.

Las frecuencias ¿abiertas?

Justo cuando el debate sobre las radios comunitarias indígenas estaba sobre la mesa, en marzo de 2013, Radio Totopo denunció a los gobiernos estatal y municipal de Juchitán, Oaxaca, por el atentado a sus instalaciones; sus integrantes fueron amenazados de muerte y acosados por la policía.

Esta radio, fundada en 2006 para “difundir y denunciar” el Plan Puebla-Panamá, se ha caracterizado por divulgar las movilizaciones campesinas en contra de los proyectos eólicos que se están implementado en el Itsmo de Tehuantepec.

En un comunicado, la radio comunitaria juchiteca responsabilizó de aquella agresiones al entonces gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, y también a las empresas Unión Fenosa, Gas Natural, Mareña Renovables, Macquaire, PGGM, Mitsubishi y al Banco Interamericano de Desarrollo.

Otro caso similar ocurrió el 4 de agosto de 2014, cuando un grupo de policías federales cerró las calles donde se encontraba Radio Zacatepec, también identificada como “La voz del Pueblo”. Los uniformados realizaron un operativo en conjunto con elementos del Instituto Federal de Telecomunicaciones para despojar a la radiodifusora de su transmisor y parte del equipo electrónico con el que laboraba.

Los hechos ocurrieron en medio de las protestas en contra el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, después de que el Poder Legislativo promulgara las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones.

Actualmente, esta radio comunitaria mantiene una la lucha por seguir ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, pese al constante acoso que, denuncian, cometen las autoridades estatales y federales para impedir que “la voz del pueblo” se escuche.

El 14 de octubre de este año, la radio comunitaria indígena Radio Tosepan y Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad cuestionaron el fallo que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que obliga a las radios comunitarias a transmitir promocionales de partidos políticos.

El recurso que presentó el Comité de Defensa de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske fue de inconformidad por la falta de consulta previa respecto a las modificaciones al Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, en el que obligan a las radios con concesión de uso social indígena a transmitir mensajes de partidos políticos.

Sin embargo, el acoso a las radios comunitarias no solo es a través de desalojos o imposiciones legales. También, existe la represión directa, las amenazas y los intentos de asesinatos. ¿Por qué? porque muchas veces, estos espacios sirven para la difusión de los problemas comunitarios.

Uno ejemplo, y tal vez de los más graves en el país, es el de Marcela de Jesús Natalia, quien desde 2017 está desplazada de su comunidad.

«Querían silenciarme a balazos»

Marcela salió de la estación de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) el 3 de junio de 2017 donde trabajaba como locutora ñomdaa; Un hombre se le acercó no para felicitarla por su cumpleaños, sino para dispararle a quemarropa.

Se despidió de sus compañeros de trabajo y salió caminando a la calle Benito Juárez cuando escuchó los primeros disparos: “De ahí ya no recuerdo, sino hasta que salí de coma en hospital en la Ciudad de México” recuerda.

Ese día cumpliría 54 años y lo iba a celebrar con sus hijos en las afueras de Ometepec, Guerrero.

Su programa de radio que conducirá de 7:00 a 9:00 era el único que se transmitía en ñomdaa y se le conoce por la forma de como arranca con el conteo de “Cui, we, nde’ (uno, dos, tres)” en la radio paraestatal de Guerrero.

La censura y hostigamiento en contra de comunicadores indígenas no es un hecho aislado, desde 2013, las agresiones hacia medios indígenas y comunitarias va desde el acoso del Instituto Federal de Telecomunicaciones hasta asesinatos y desapariciones.

El lugar donde fue atacada está en pleno centro de Ometepec; dos que proporcionó el gobierno de Guerrero ese día señala que Marcela recibió una bala que le atravesó la boca hacia la oreja.

“Querían silenciarme balazos, porque de otra no pudieron; Ni con cárcel ni encerrándome en la oficina pudieron de radio RTG consiguieron que yo dejara de hablar mi lengua materna en la radio” dijo Marcela en una entrevista con Pie de Página.

Marcela de Jesús Natalia, aparte de despeñarse como comunicadora ñomdaa, en su comunidad organizaba actividades con las mujeres lo que le valió el liderazgo comunitario; fue funcionaria municipal y presidenta del DIF en Xochistlahuaca.

Mientras que en la radio promovía la cultura y su lengua materna: “Llegar a la radio no fue fácil, porque no había paga, sí que lo hacía por el amor a la cultura; cuando pude conseguir un espacio como supernumeraria empezaron a pagarme, pero no fue sencillo” confía al reportero.

Desplazada por la violencia, aprovecha los espacios para denunciar la agresión que sufrió en Guerrero: “Ahora resulta que yo tengo que salir huyendo de mi trabajo, de mi pueblo y dejar a mi familia, cuando los que deberían de estar desplazados con los perpetradores”.

Ataviada de su huipil tradicional de Xochistlahuaca, Marcela toma un sorbo largo de te de limón, mueve los brazos luego retoma la plática con el reportero.

“Ustedes están en la ciudad porque aquí trabajan, no están desplazados y eso es una ventaja; para uno que tuvo que dejar todo, es triste; yo no decidí estar fuera de mi casa, me obligaron a hacerlo a base de violencia, esto es lo que duele” contesta con tristeza.

La conversación con Marcela fue varias veces, en una ocasión invitó a tamales de arroz con carne de puerco; la lejanía de su familia no impide que el sabor de Guerrero, en su mesa siempre haya café sazonado en el comal ñomndaa.

La preocupación de Marcela es que no puede regresar a su trabajo en Ometepec porque no hay garantía, dice que el perpetrador de fue sentenciado y con el esto se cerró su caso, pero no se investigó a los autores intelectuales: “Ese hombre no actuó solo, fue enviado porque la persona que me quiere ver muerta”.

Sostiene que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), debió haber investigado a la persona que ella señaló como autora intelectual del ataque, pero que esto no se hizo.

“Soy una comunicadora indígena que por usar mi lengua para señalar a los gobiernos municipales y estatal de no trabajar de lado de los pueblos indígenas me mandaron a matar; me agredieron porque nunca use el espacio radiofónico para mandar saludos a mis paisanos, sino que lo usé para hablar de derechos y cultura indígena, eso molestó mucho a los caciques” señala.

Sin citar el nombre de la presunta autora intelectual, Marcela habla de las múltiples violencias que vivió como locutora y como gerente de la estación de radio en Ometepec: “Fui la única mujer indígena que ocupó la gerencia de la radio, esto no le gustó mucho mis compañeros de inmediato tomaron la radio para que yo renunciara el puesto”.

Agrega: “Como quitamos varios programas que eran financiadas por políticos local, eso le molestó, porque querían seguir recibiendo prebendas sin hacer producciones radiofónicas”.

La única certeza que Marcela tiene ahora es que recobrar su trabajo, y volver a Ometepec es casi imposible, por la falta de seguridad, regresar en esta condición es volver al peligro, sin embargo, tampoco hay mucha claridad con respeto a su estancia por parte de la Comisión de Atención a Víctimas.