Texto: José Ignacio De Alba

Imágenes: Archivo / Héctor Guerrero y José Ignacio De Alba

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfonso Íñiguez sostiene una fotografía de Andrés Manuel López Obrador en una de las visitas del tabasqueño a Temacapulín, Jalisco. Normalmente, ese cuadro cuelga enmarcado en un muro de su restaurante Mamá Tachita.

En el centro de la foto aparece López Obrador sosteniendo una taza de café mientras platica con una mujer. Pero esta vez, Íñiguez trajo el retrato a la Secretaría de Gobernación para hacer valer el acuerdo de López Obrador de quitar del pueblo la presa El Zapotillo.

El tabasqueño visitó, en por lo menos tres ocasiones, esa región jalisciense antes de ser presidente. Pidió a los pobladores su apoyo para las elecciones, y a cambio les prometió frenar el Proyecto El Zapotillo. Pero hoy el gobierno parece titubear.

Los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo llevan más de 10 años peleando, literalmente, para no ser inundados por el embalse de la presa. Los habitantes de estos municipios de Cañadas de Obregón y Mexticacán han defendido sus casas frente a las empresas españolas FCC y Abengoa, además de los gobiernos federal y locales. Hoy piden al presidente cumplir su promesa de campaña de echar para atrás el proyecto.

La Presa el Zapotillo de Jalisco garantizaría el agua para el creciente corredor industrial de Guanajuato. Durante años, el proyecto a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las empresas FCC y Abengoa no contemplaron a los habitantes sobre los que se construiría el embalse. Pero la defensa de estos pueblos campesinos es tenaz.

Éste es el caso más judicializado del país contra un megaproyecto. Los juicios escalaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014. Desde entonces, la construcción de la presa quedó suspendida. A pesar de eso, el proyecto está casi completo; la cortina de la presa tiene 80 metros de altura. Suficiente para funcionar, pero aún sin la capacidad para llevar agua a los desarrollos industriales y agroindustriales de Guanajuato.

En 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió la recomendación a favor de los pobladores, donde pidió a los municipios de Cañadas de Obregón y Mexticacán proteger a los pueblos afectados.

Este martes, los pobladores, agrupados en el Comité Salvemos Temacapulín, se reunieron por segunda ocasión con integrantes del nuevo gobierno. En la Segob, por parte del gobierno federal estuvieron Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de la Oficina de Presidencia; Javier Guerrero, de la Unidad de Gobierno de la Segob; y diversos funcionarios de Conagua.

En la reunión, los pobladores enfatizaron: “esperamos que el gobierno cumpla con su palabra de cancelar la Presa el Zapotillo”.

En conferencia de prensa posterior a la reunión, el vocero de Comité, Gabriel Espinoza, explicó: “pedimos que se revise el proyecto, que se audite en el tema de derechos humanos, el tema jurídico, ambiental, económico y técnico”.

Relató que se expusieron las afectaciones psicosociales y las violaciones a derechos humanos. Varios de los líderes contra la presa han sido perseguidos y amenazados.

El Comité Salvemos Temacapulín sostiene que la presa no es ni siquiera un proyecto sustentable con el ambiente, además ha señalado la poca transparencia del proyecto.

En el presupuesto de 2019, se destinaron 500 millones de pesos para el Proyecto El Zapotillo. Desde 2015, ya suspendida la obra, el gobierno federal ha otorgado más de 5 mil millones de pesos sólo para su mantenimiento.

Pie de Página documentó que la empresa española Abengoa, encargada de la construcción del acueducto que llevaría agua de Jalisco hasta el corredor industrial de Guanajuato, se declaró insolvente desde 2015. A pesar de eso ha recibido más de mil 600 millones de pesos como compensación del gobierno mexicano. Y hasta el momento, esta empresa no ha iniciado la construcción del acueducto.

Además, el Instituto de Pensiones de Jalisco compró más de 600 millones de pesos en bonos de la empresa Abengoa por la construcción del acueducto, pero en vez de obtener ganancias perdió la inversión.

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El empresario Alfonso Romo, nombrado por el presidente López Obrador como jefe de la Oficina de Presidencia, se reunió la semana pasada con hombres de negocios y políticos guanajuatenses a los que aseguró que la construcción de la presa El Zapotillo sí se llevaría a cabo. La economía de Guanajuato ha sobresalido en los últimos años por la inversión, sobre todo, de empresas automotrices y la agroindustra de exportación.

“El proyecto [El Zapotillo] está autorizado en su totalidad y seguramente en los próximos meses vamos a empezar a ver avances”, aseguró Romo ante los líderes de varias compañías.

Pero la falta de agua pone en tela de juicio al “paraíso para la inversión”, como ha sido promovida la obra en Guanajuato.

La inversión en la presa ha sido de 27 mil millones de pesos. Casi la totalidad del dinero ha ido a la compañía española FCC, donde el socio mayoritario es Carlos Slim. A pesar de la multimillonaria inversión, los pueblos cercanos a la presa carecen de los servicios de salud, educación, drenaje y hasta de agua.

Pie de Página preguntó a los pobladores si temen que el gobierno federal esté barajando la opción de una consulta ciudadana, como ocurrió el mes pasado en Morelos. “Ya nos adelantamos a ese tema hace ocho años, como quien dice, ese es un asunto superado”, respondió el vocero del Comité.

En 2011 los pobladores hicieron una consulta ciudadana sobre la realización de la presa en la que ganó el “No”.

El próximo viernes 8 de marzo, el presidente López Obrador visitará Jalisco y Guanajuato. Los pobladores siguen pidiendo la cancelación de la presa y piden su destrucción.

“Sabemos que hay líderes políticos y empresarios que están muy interesados en seguir el proyecto”, advierte el vocero, “pareciera que hay mucha prisa por resolver los conflictos, pero la prisa no es buena consejera”.

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