Después de acudir a denunciar por agresiones a candidatos del Partido Acción Nacional en el municipio de Amealco, Leobardo y su familia fueron arrestados sin orden de aprehensión. Una amplia movilización de la comunidad de Santiago Mexquititlán logró su liberación

Texto: Alejandro Ruiz

Fotografías: Cortesía de la comunidad y Alejandro Ruiz

QUERÉTARO.- Tres defensores del agua en Santiago Mexquititlán acudieron a la Fiscalía de Querétaro a denunciar agresiones en su contra por parte de representantes y candidatos del PAN en Amealco. Las autoridades los retuvieron sin orden de aprehensión y los trasladaron a prisión. Sólo la movilización de su comunidad organizada logró este jueves su liberación.

Todo inició el 25 de abril. Alrededor de las 11 de la noche, Leobardo Pineda, junto a su cuñado y su esposa, Alberto Pantaleón y Plácida Pantaleón, se dirigían del Lindero de San Francisco, en Santiago Mexquititlán, hacia la toma del pozo en barrio IV que la comunidad sostiene desde el 31 de marzo para exigir que en el pueblo haya agua. 

Durante el trayecto al campamento, donde Leobardo y su familia iban a hacer guardia, una camioneta de la policía municipal comenzó a seguirlos. Dos unidades más aparecieron y comenzaron a gritarles que se pararan. 

“Simplemente nos comenzaron a corretear”, relata Leobardo, “cuando escuché que gente que iba en la camioneta de la guardia municipal me gritaron ‘párate, pinche perro hijo de la chingada’, yo sentí que no era nada bueno y le empecé a acelerar a mi camioneta, y en una curva me frené y me pega la camioneta de la guardia municipal en la parte trasera”. 

Tras recibir el impacto de la camioneta, Leobardo continuó acelerando, pues comenzó a temer por su vida. Al poco tiempo una detonación de arma de fuego se escuchó detrás del vehículo donde viajaban él y su familia; sintió un golpe en la cabeza y empezó a sentir cómo la sangre le escurría por el cuello.

“Empiezo a sentir lo calientito que era la sangre, y empiezo a escuchar a mi cuñado que venía acostado en la parte trasera que empieza a gritar. Cuando lo ve mi esposa, él también venía sangrando, herido. Entonces yo no me pude parar porque la verdad fue más la agresión y le aceleré más a la camioneta, y adelante estaba una barricada de piedras y me estampo con una camioneta. Ya era una emboscada planeada”.

Leobardo.

Leobardo alcanzó a refugiarse en un terreno frente a la gasolinera de la carretera federal número 300, ubicada en Barrio 4, a unas cuantas cuadras de la toma del pozo. De ahí no recuerda nada. Cuando pudo reaccionar estaba siendo curado y atendido por la comunidad que se encontraba de guardia en el campamento. 

“Nos emboscaron por los problemas del pozo de agua”, asegura Leobardo. 

De heridos a culpables

El 12 de mayo, Leobardo y su familia, convencidos de que se trató de un acto de intimidación del ayuntamiento para menguar su participación en la lucha comunitaria para la defensa de su agua, decidieron ir a presentar una denuncia ante la Fiscalía en contra de a quienes ellos identifican como los autores intelectuales de dichas agresiones: Rosendo Anaya Aguilar, expresidente municipal y actual candidato a diputado; Verónica Hernández, exdiputada local y actual candidata a la presidencia municipal, y Verónica Sánchez, exdelegada municipal y actual candidata a regidora. En los tres casos compiten con las siglas del PAN. 

Sin embargo, lejos de encontrar justicia, la familia fue aprehendida, sin ninguna orden, por elementos de la Fiscalía del Estado de Querétaro. Los trasladaron al Centro de Readaptación Social de San Juan del Río.

“Nos meten a la cárcel sin ninguna justificación. No hubo orden de aprehensión, no nos leyeron ningún derecho, y no nos dieron derecho a una llamada”, puntualiza Leobardo. 

Esa misma noche, mientras Leobardo y Alberto estaban ya recluidos en el penal de San Juan del Río, Plácida fue trasladada, sin ninguna explicación, al Cereso de San José el Alto, ubicado en la capital del estado.

Ahí personal de la fiscalía y de la policía estatal le hicieron un interrogatorio improvisado, donde le inducían a responder que ella portaba un arma de fuego. 

“Son bien mañosos, me hacían preguntas para que yo dijera que sabía disparar o cosas así, nomás querían incriminarme. Después uno de los guardias me dijo ‘ahora sí va a conocer dónde estuvo Jacinta’, son mañosos”. 

Plácida

El guardia se refería a Jacinta Francisco Marcial, una de las 3 mujeres indígenas que fueron injustamente encarceladas tras una acusación de secuestro a exagentes de la AFI en el 2006. 

“Yo no abrí los ojos”, continúa Plácida, “pues todo el tiempo me dijeron que mantuviera la cabeza abajo, ya cuando los abrí ya estaba en una celda.” 

La movilización

Posterior al arresto de sus compañeros, la comunidad que mantiene la toma del pozo comenzó a movilizarse y denunciar a través de redes sociales la detención arbitraria de Plácida, Alberto y Leobardo. 

A la mañana siguiente, una comisión del campamento del pozo, en conjunto con la comunidad otomí que mantiene la toma del INPI desde el 12 de octubre, se trasladaron a la Fiscalía de San Juan del Río para exigir que esta dependencia detallara las acusaciones que provocaron el arresto de sus compañeros, así como su liberación inmediata. 

“Nos acusaban de homicidio en grado de tentativa en contra de Florencia Pantaleón”, relata Leobardo, “cuando a nosotros fueron a los que nos dispararon.” 

Al no reunir las pruebas suficientes, y tras una amplia jornada de movilización de organizaciones sociales y de derechos humanos, Leobardo, Alberto y Plácida fueron puestos en libertad la misma tarde del 13 de mayo. 

“Esto solo nos demuestra que nuestros agresores, Rosendo Anaya, Verónica Hernández y Verónica Flores tienen miedo de que defendamos al pozo, pero pues se van a tener que aguantar porque lo seguiremos haciendo hasta que el agua sea nuestra”, advierte Leobardo. 

Fabricación de delitos y amenazas por defender el agua

Para Plácida la detención se deriva de las acciones en las que han participado para detener el saqueo del agua en su comunidad. 

“Nos arrestaron por las cartulinas que pusimos en la CEA (Comisión Estatal del Agua)”, dice Plácida en referencia a las protestas del 22 de abril, cuando la comunidad tomó las oficinas centrales de la Comisión y bloqueó la carretera federal 57. 

“Amenazan con abrir carpetas de investigación por privar vías de comunicación en la 5 de Febrero, por el secuestro del vocal de la CEA junto con una secretaria que se llama Lupita”, señala Leobardo, a quien durante el arresto lo acusaron de ser un intelectual que está alborotando al pueblo.

“El gobierno no quiere que la gente sepa de las muchas irregularidades que hay en el pueblo, yo encontré tomas clandestinas que van hacia invernaderos y hacia otro tipo de casas donde no hay ningún medidor de agua”, agrega.

“A mí me amenazaron con abrir esas mismas carpetas de investigación, que según por secuestrar a la gente de la CEA, ¡hazme el favor!”, añade Plácida minutos después de ser puesta en libertad por falta de pruebas en su contra.

“Hacemos responsables a Rosendo Anaya, Verónica Hernández y Verónica Flores de las agresiones, las detenciones y de todo lo que nos pueda pasar a nosotros o a nuestra familia, asimismo, exigimos la reparación del daño pues nuestra camioneta quedó deshecha y es un medio por el que nos ganamos la vida”, agregaron Plácida, Leobardo y Alberto.

Hasta este momento, ni el Ayuntamiento de Amealco ni las personas señaladas como autores intelectuales han emitido declaraciones para desmentir las acusaciones de Leobardo y su familia. 

Asimismo, la Fiscalía General del Estado no se ha pronunciado sobre la liberación de la y los indígenas hñöñhos, pese a que confirmó la detención a través de sus redes sociales horas antes de que fueran puestos en libertad.