La compra de 13 plantas de electricidad a la empresa Iberdrola es un paso en el camino de romper con el paradigma de mirar la producción de energía sólo como un negocio.

Por: Alberto Nájar

El pleito empezó desde 2018. Como candidato primero, y después como presidente de México Andrés Manuel López Obrador criticó los contratos entregados en los gobiernos anteriores a la empresa española Iberdrola.

Varias veces llamó “saqueadores” a los propietarios de la compañía, y a quienes asignaron los contratos -sobre todo en el período del impresentable Calderón Hinojosa- les calificó como traidores a la Patria.

La controversia no fue sólo en el discurso. Por ejemplo algunos contratos de generación de electricidad se vencieron en 2020 y 2022.

Tales acuerdos no fueron renovados, al tiempo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) denunció a la compañía ante la Fiscalía General de la República (FGR) por incumplimiento de otros contratos.

A pesar de los encontronazos López Obrador aseguró desde 2020 que su gobierno llegaría “a un arreglo” con Iberdrola.

El acuerdo llegó, tres años después. El Gobierno Federal anunció la compra de 12 plantas de ciclo combinado y una eólica, que representan el 80 por ciento de los activos de la empresa española en México.

La operación de las plantas queda a cargo de la CFE, que con esto prácticamente controla el mercado eléctrico del país.

Actualmente la Comisión abastece el 39.6 por ciento de la demanda nacional. Tras el acuerdo con Iberdrola su participación será del 55 por ciento.

Tal vez por eso López Obrador aseguró que la compra de las plantas equivale a una nueva nacionalización de la industria eléctrica.

Quien sabe si llegue a tal extremo, pero lo cierto es que el acuerdo representa un paso importante en la ruta de cambiar el paradigma de la generación de energía en México.

Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) empezó un proceso de desinversión en la CFE, que se convirtió en franco desmantelamiento durante el período de Enrique Peña Nieto.

El propósito fue reducir el papel de la empresa estatal en la generación de electricidad del país, y dejar los espacios que dejaba de atender en manos de la iniciativa privada.

La estrategia fue utilizar vacíos en las leyes secundarias a la Constitución, en algunos casos, y autorizar concesiones a empresas que aparentemente nada tenían que ver con la industria eléctrica.

Fue el caso de Walmart o de Altos Hornos de México, por ejemplo, que obtuvieron permisos para autoabastecerse de electricidad.

La estrategia se fortaleció a partir de 2013, cuando se aprobó la Reforma Energética.

Llegó a tal nivel el desplazamiento de la CFE que para 2030 se había contemplado una participación de apenas el 16 por ciento del mercado, explica Rosío Vargas Suárez, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.

Es decir, la quinta parte del abastecimiento que ofreció la Comisión al inicio de los años 90.

La tendencia depredadora se revirtió en los últimos años, y con la compra de las plantas de Iberdrola es previsible que al finalizar el gobierno de López Obrador la presencia de CFE en el mercado sea de 65 por ciento.

Algo que ha sido cuestionado por analistas y medios vinculados a la oposición a la 4T, que advierten el regreso de un monopolio estatal en el sector.

Pero la estrategia oficial va más allá del mercado. Se trata de cambiar el sentido de la generación de electricidad como una mercancía, y encauzarla como un bien social, el cumplimiento de un derecho constitucional.

Curiosamente, los opositores al crecimiento de la CFE parecen olvidar que la presencia del Estado en el sector beneficia al sector privado.

Es así porque, a diferencia de las empresas que venden el servicio a quienes puedan pagarlo, el Estado tiene la obligación de garantizar la energía a todos dentro del territorio nacional.

El debate no termina allí. Algunos dicen que la compra de las plantas de ciclo combinado es una promoción al uso de combustibles fósiles, pues las plantas de Iberdrola operan con gas natural.

Los promotores del argumento hacen a un lado el hecho de que las instalaciones del consorcio español se encuentran en operación, es decir, la contaminación que denuncian va a ocurrir ya existe.

Según la investigadora Vargas Suárez, la tendencia a nivel internacional es a incrementar el uso de gas natural para generar electricidad.

Un ejemplo es la Unión Europea que se prepara para comprar “cantidades monumentales” de gas licuado para asegurar el abastecimiento de electricidad, especialmente en la época invernal.

En países como Reino Unido se ha debido volver al uso del carbón para producir energía.

Y en otros como Alemania, el mayor generador de energía renovable de la región, las autoridades entendieron que es imposible garantizar el servicio sólo con plantas intermitentes, como las eólicas o solares.

Otro ejemplo es Estados Unidos, que produce un promedio de 12.3 millones de barriles diarios de hidrocarburos, así como cien mil pies cúbicos de gas natural.

De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía el uso de este hidrocarburo representó casi la tercera parte del crecimiento de la demanda total de energía en la última década.

Las previsiones son a un incremento todavía mayor, sobre todo porque el gas natural es considerado como una herramienta clave en la transición energética del mundo.

Son temas que no se mencionan en el debate politiquero que invade al país desde 2018, y que con la operación comercial con Iberdrola ha encontrado un nuevo capítulo.

Al final, cuando los promotores de odio encuentren una nueva trinchera, la realidad seguirá igual: hoy ningún país puede sobrevivir sólo con las energías renovables.