En el escándalo sobre el hijo mayor del presidente hay un evidente interés público por su estilo de vida, pero no es todo. En el México de estos días es claro que se quiere enviar un mensaje a López Obrador para que reconsidere su propósito de reformar la Ley Eléctrica y preservar el litio como bien nacional

Twitter: @anajarnajar

Hay varias revelaciones en el escándalo alrededor de José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente de la República.

Una de ellas es que cada vez parece profundizarse más la crisis de una parte del periodismo en México.

El origen de la historia es un reportaje investigado por periodistas que colaboran con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), así como en el portal Latinus.

El documento describe el estilo de vida del primogénito de Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos, donde reside desde que contrajo matrimonio en 2019.

La historia se concentra en la residencia en Houston, Texas, donde vivió José Ramón con su esposa Carolyn Adams y sus dos hijos.

La casa, que “se cotiza comercialmente hasta en un millón de dólares”, refiere la publicación, cuenta con varias habitaciones, estancia, cochera, jardín amplio y una alberca.

El reportaje es pródigo en fotos de la casa, e inclusive se acompaña de un video. 

El texto insiste en contrastar el discurso de austeridad de López Obrador con lo que llaman vida de lujos y excesos de su hijo mayor. También señala que la casa fue propiedad de un empleado de Baker Hughes.

La empresa estadounidense es uno de los cientos de proveedores y contratistas de Petróleos Mexicanos. Según el reportaje la compañía tiene contratos vigentes por 151 millones de dólares.

La vinculación de los datos muestra la posibilidad de un conflicto de interés de la pareja que decidió vivir en esa casa de lujo. 

El problema es que el reportaje no lo comprueba. Sólo lo sugiere. Pero eso ha sido suficiente para alimentar el escándalo.

La mayoría de los medios tradicionales en la capital del país publicaron extensamente el reportaje, e inclusive aportaron una cobertura detallada sobre el tema.

Durante una semana en noticieros de radio y televisión, las portadas de diarios y revistas, en portales noticiosos o de chisme en internet y sobre todo en redes sociales como Twitter, las historias sobre lo que llaman “mansión millonaria” de López Beltrán han sido frecuentes.

Varios llegaron al exceso como el diario El Universal, que en su edición electrónica publicó una nota titulada “Carolyn Adams… ¿La nuera de AMLO con 77 años de edad y bailarina en NY?”.

La historia -con pésima redacción, por cierto- muestra el resultado de una búsqueda en Google. La intención del texto es provocar dudas sobre la esposa de José Ramón.

En ese linchamiento ha habido poco espacio para la reflexión. Es cierto, el hijo mayor del presidente debió ser prudente en su estilo de vida.

López Beltrán participó en varias campañas electorales de su padre. Supo de primera mano -e inclusive padeció- las constantes mentiras, calumnias y sabotajes que enfrentó.

Vivió los años de vigilancia microscópica y espionaje descarado contra el político tabasqueño, su familia y colaboradores cercanos.

Sabe perfectamente que Andrés Manuel López Obrador es el político más vigilado por todo el Estado Mexicano. Y que nunca se encontró nada. 

Por eso el terror y odio entre la clase política y empresarial del país. Porque el ahora presidente de la República no es como ellos. 

A pesar de esto, López Beltrán tomó sus decisiones personales. Y ahora debe afrontar las consecuencias.

Es un punto de la reflexión. Otro es el que omiten los analistas, políticos, empresarios, intelectuales y periodistas: el hijo del presidente no es funcionario público.

Hasta ahora no se ha comprobado que su estilo de vida se costea con recursos fiscales. Tampoco hay pruebas de que su apellido hubiera abierto las puertas a contrato alguno con Pemex u otra dependencia pública.

De hecho, algunos medios admiten que la casa lujosa, las visitas a sitios exclusivos de descanso o las camionetas de alto precio existen por los ingresos de Carolyn Adams.

Pero esconden el dato. En las publicaciones se privilegia una parte de la historia. La misma que se repite una y otra vez en el debate politiquero.

Vale la pena preguntarse por qué. Y la respuesta no es sólo el necesario interés público sobre la familia del presidente de México, sino también el momento político del país.

Desde hace varios días en la Cámara de Diputados hay un debate sobre la propuesta de reforma a la Ley Eléctrica.

En el Parlamento Abierto participan empresarios, políticos de oposición e investigadores de varias universidades.

En la discusión pública ha quedado clara la intención del partido en el gobierno, Morena, de mantener el espíritu de la iniciativa presidencial.

Además, López Obrador ha repetido que no hay marcha atrás en la intención de mantener el litio como asunto de interés público. De hecho, este jueves anunció la creación de una empresa estatal para explotar el mineral.

En este contexto se publicó el controvertido reportaje. Por la trayectoria profesional de los autores es difícil creer que la investigación periodística pretendía convertirse en parte de una maniobra política.

Pero no es descabellado pensar que ése ha sido el propósito de la reiterada publicación del tema en medios tradicionales, así como la insistencia en mantener el debate en internet.

Es una estrategia electoral, cierto, otro nuevo intento por derribar una de las banderas centrales del proyecto político de López Obrador: combatir la corrupción.

Pero también es verdad que en política no hay casualidades. Si prospera la reforma a la Ley Eléctrica y se limita la participación del sector privado en la explotación del litio, el impacto en las finanzas de compañías mineras y de energía de origen internacional será mayúsculo.

Son empresas que invierten mucho dinero en medios de comunicación, respaldan actividades de partidos políticos o legisladores; pagan viáticos de analistas, académicos o compran ediciones completas de publicaciones propiedad de algunos intelectuales.

Así, no es gratuito que se haya intensificado la difusión de la vida privada de José Ramón López Beltrán. El debate político no es sólo por diferencias ideológicas.

Saber de la vida de los familiares de los presidentes de cualquier país es un asunto de interés público, sobre todo en un lugar como México donde ha habido casos lamentables de abusos y enriquecimientos.

Baste recordar a los hermanos Bribiesca, hijos de Martha Sahagún. O de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Pero en el caso de López Obrador lo que ha faltado es conocer el verdadero propósito del debate en, por ejemplo, el Senado, la Cámara de Diputados o foros académicos.

Y en el caso de los medios no estaría nada mal que se pusiera en claro el sentido de sus investigaciones o artículos de opinión.

La ética y la transparencia son bienes escasos en estos días.