Este martes inició el juicio por el asesinato de Julián Carrillo, ocurrido en Chihuahua en 2018, a pesar de contar con protección del mecanismo federal para defensores y activistas. Diez personas de la comunidad han sido asesinadas por defender el territorio

Texto y foto: Jaime Armendáriz / Raíchali

CHIHUAHUA.- Este martes 2 de febrero iniciará juicio oral en contra de Feliciano Q. M. por su presunta participación en el homicidio del activista Julián Carrillo y de su hijo Víctor, ocurridos en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, el 24 de octubre de 2018 y el 5 de febrero de 2016, respectivamente.

El proceso comenzó en los tribunales de Parral, al sur del estado. Se estima que el desahogo de pruebas podría llevarse un par de semanas.

Feliciano es la segunda persona que va a ser juzgado en el caso específico de Julián. El año pasado se estableció una sentencia de 2 años a un menor de edad detenido por el homicidio; se encuentra bajo custodia de un albergue para menores infractores. 

Carrillo fue un destacado líder de su comunidad, quien en su papel de Presidente de Bienes Comunales, asumió la denuncia activa frente a diferentes instancias estatales y nacionales sobre el despojo del territorio en Coloradas de la Virgen.

El asesinato de Julián es un reflejo de lo que viven muchas comunidades indígenas en el país, por lo que no debe quedar impune, consideraron las organizaciones Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC) y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), representantes de la familia y coadyuvantes en el proceso penal.

Y no solo piden justicia, sino dar con todos los responsables y que se logre una reparación integral que incluya medidas de no repetición. 

El mecanismo de protección falló

La lucha encabezada por el activista representó amenazas de muerte, por lo que junto con otras personas, solicitó su incorporación al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en febrero de 2014.

Una vez incorporado al Mecanismo, el análisis de riesgo para Julián, que debía realizarse para determinar las medidas idóneas para su protección, demoró más de un año y se logró después de promover un amparo.

Como medidas para su protección se le otorgó un teléfono satelital y se le ofreció acompañamiento de la policía para sus desplazamientos fuera de la comunidad, siempre que diera aviso con 72 horas de anticipación.

Las amenazas no cesaron y en febrero de 2016, a escasos 300 metros de donde se encontraba Julián, su hijo Victor Carrillo fue asesinado. Después, su vivienda fue incendiada y se intensificaron las amenazas de muerte contra Julián con el claro propósito de inhibir su activismo, precisaron las organizaciones acompañantes del caso.

El activista salía temporalmente de la comunidad para salvaguardar su vida y, en octubre de 2018, con motivo del fallecimiento de una de sus hijas, regresó a Coloradas de la Virgen. Ahí, un grupo de personas armadas lo asesinaron.

El estado de Chihuahua ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en agresión a personas defensoras de derechos humanos y, salvo en el caso de Isidro Baldenegro, todos se encuentran en impunidad. 

El juicio de Julián Carrillo, que comienza el próximo 2 de febrero, es el segundo caso en el estado de una persona defensora de derechos humanos asesinada que llega a los tribunales.

Tanto el Cedehm como Alianza Sierra Madre indicaron que la comunidad indígena rarámuri de Coloradas de la Virgen ha mantenido por décadas una digna defensa de su tierra, territorio y recursos naturales, frente a un grupo de caciques que buscan despojarlos de éstos. 

En total, contando a Julián y Víctor Carrillo, 10 integrantes de la comunidad han sido asesinados: Cenón Torres Palma (1966), José Fontes Valdez (1977), Julián Baldenegro Peña (1986), Juan Molina Gastelón (1989), Lucio Carrillo Torres (1990), Cirilo Portillo Torres (1992), Martín Torres Molina (1992), Isidro Baldenegro López (2017), Víctor Carrillo Carrillo (2016) y Julián Carrillo Martínez (2018).

Estado Mexicano incumplió el proteger a Julián: Amnistía Internacional

La organización Amnistía Internacional pudo constatar que el Estado Mexicano incumplió en su obligación de proteger a Julián, debido a que se encontraba en riesgo y no le proporcionaron las medidas adecuadas.

Así lo establece en un informe emitido en 2019, meses después del crimen. Las condiciones de riesgo las documentó el equipo de Amnistía al visitar la sierra de Chihuahua en un par de ocasiones. 

El propio Carrillo fue entrevistado y en ese entonces les dijo: “En Coloradas hemos vivido, hemos nacido, entonces nuestros hijos vienen siendo como un brote, como un árbol, y ya a veces los árboles se hacen viejos, se secan, pero el brote sigue, después todavía crece. Ahorita yo ya estoy un poco viejo, pero me siguen mis brotecitos”.

Su mayor preocupación sobre la comunidad eran los altos niveles de violencia en el territorio de Coloradas de la Virgen generados por la división de la comunidad debido al otorgamiento de derechos ejidales a mestizos y la presencia del crimen organizado. 

Según el defensor y otros miembros de la comunidad, el crimen organizado se ha apropiado del territorio indígena con el uso de la violencia para sembrar cultivos ilícitos, sobre todo cannabis y amapola.

Este trabajo fue publicado originalmente en RAÍCHALI que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.