Once empresas mexicanas listadas en el mercado bursátil de Estados Unidos podrían convertirse en las primeras en ser obligadas a transparentar sus prácticas conforme a criterios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG), según nuevas regulaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés). Y ya no con base en la autorregulación

Por Elizabeth Rosales / Periodismo Empower

Foto: jcomp / freepik

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras que en Estados Unidos se discute cómo regular a las empresas que cotizan en el mercado bursátil para obligarlas a transparentar sus prácticas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG), en México estos desgloses se limitan a ser de responsabilidad social o sostenibilidad por parte de la mayoría de las compañías listadas en el mercado de valores y se mantienen como una práctica voluntaria porque el gobierno mexicano ha favorecido la autorregulación por encima de regulación proactiva del sector privado. Expertas y expertos entrevistados por Empower apuntan que no es igual la “responsabilidad social” que los criterios ASG. Aún así, el mercado mexicano ya empieza a ser atractivo para certificadoras ASG que a menudo también crean índices bursátiles y empresas financieras que despliegan instrumentos de inversión con criterios ASG. Esto revela una tensión entre la entrada de prácticas internacionales más exigentes y modelos de negocios que se aferran a la autorregulación y el escudo de la responsabilidad social empresarial.

Cada vez más, las empresas públicas y privadas más importantes de México presentan informes de sostenibilidad en los que pueden elegir qué informar y qué no a sus inversionistas, consumidores y demás partes interesadas porque no están regulados. En este sentido, el reto que se avecina, según la tendencia internacional, es el de presentar desgloses ASG publicamente con indicadores obligatorios y predefinidos por el Estado.

Para once empresas mexicanas listadas en el mercado bursátil estadounidense esto podría suceder en 2023, pues tres nuevas reglas propuestas por la Comisión de Bolsa y Valores en Estados Unidos (SEC, en inglés) —Enhanced climate risk disclosures by issuers, Enhanced ESG disclosures by registered funds and investment advisers y Modernized rules governing ESG-related fund names— buscan obligar a las empresas listadas en ese país a presentar informes ASG con criterios e indicadores definidos.

Las tres reglas fueron propuestas entre marzo y junio de 2022. Luego, en diciembre del año pasado, cerró el periodo de comentarios para la primera y, según la SEC, su personal ya está considerando y evaluando los comentarios que les fueron enviados a tiempo y que están disponibles para consulta pública en su sitio web.

De aprobarse, las primeras empresas mexicanas que tendrán que hacer estos desgloses son América Móvil (NYSE:AMX), CEMEX (NYSE:CX), Grupo Televisa (NYSE:TV), Coca Cola FEMSA (NYSE:KOF), Grupo Aeroportuario del Pacífico (NYSE:PAC), Grupo Simec (NYSE:SIM) e Industrias Bachoco (NYSE:IBA), pues cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE). También estarán obligadas a hacerlo las empresas APx Acquisition Corp. (NASDAQ:APXIW), LatAmGrowth SPAC (NASDAQ:LATGW), LIV Capital Acquisition Corp. (NASDAQ:LIVBU) y Betterware de México (NASDAQ:BWMX), por encontrarse en el listado de la National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ).

En México no existe una sola empresa que tenga un nivel de autodesglose y transparencia en criterios ASG suficientemente detallado para que los inversionistas conozcan su desempeño e impacto real en las comunidades y los espacios donde operan, principalmente porque informan sólo parcialmente, de acuerdo a la investigadora Dora Cecilia Martínez Garcés, autora de “La responsabilidad social empresarial, el papel de los gobiernos, los organismos multilaterales y las ONG’s”. En su opinión, estos informes suelen destacar lo que las empresas hacen bien e ignorar o invisibilizar otros puntos como los derechos laborales, el abuso en uso del agua, su vinculación con las cadenas productivas o las brechas de género, entre otros.

“Si alguno de esos temas no es considerado en su integridad creo que la simulación sigue siendo el criterio que priva”, opinó la investigadora que además representa al Instituto Belisario Domínguez ante el Senado de la República.

Señaló también que en México las empresas suelen llenar un cuestionario y presentar documentos sin que se verifique la implementación de sus códigos de ética y políticas anticorrupción, entre otras, o sin que se mida el impacto de sus actividades. Además, se les otorgan sellos de responsabilidad en un acto de buena fe o de confianza a la “buena intención”.

Por eso existen firmas que, por un lado, se presumen responsables porque generan empleos o tienen programas de reforestación, pero a la vez son señaladas por activistas y periodistas como corruptas, contaminantes y violadoras de derechos humanos.

ASG vs. Sostenibilidad

Uno de los problemas que resultan de la disparidad regulatoria entre México y otros países es que empresas multinacionales adaptan sus prácticas a las regiones en las que operan.

“Resulta interesante revisar cómo en México se brincan muchas cuestiones reglamentarias y en otros países sí las cumplen porque aquí la autoridad lo permite”, dijo Dora Cecilia Martínez.

En México, los desgloses ASG no se han estandarizado ni figuran en las discusiones legislativas, pero las empresas pueden comprar sellos de responsabilidad social empresarial como el de “Empresa Socialmente Responsable (ESR)”, un distintivo que nació de la iniciativa privada para “reconocer” la voluntad y no necesariamente el impacto del sector privado en materia ambiental, social y de gobernanza.

“La responsabilidad social empieza cuando cumples arriba de la ley. No hay nadie que te obligue, simplemente hay que hacer las cosas”, dijo Evodio Sánchez, director de responsabilidad social del Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (CEMEFI), una asociación civil conformada por el sector privado y responsable del distintivo ESR.

En entrevista con Empower, Sánchez explicó que CEMEFI basa sus indicadores de responsabilidad empresarial en los tres ejes del ASG. Sin embargo, el distintivo no certifica prácticas ASG porque nadie las verifica y, de 150 indicadores de responsabilidad social empresarial que usan, basta con que las empresas declaren que cumplen con un porcentaje para recibir el distintivo.

Para Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva del Proyecto de Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), el trabajo que hacen calificadoras ASG y asociaciones civiles que otorgan distintivos no son comparables en cuanto a la rigurosidad o calidad de la información.

“No me parecen para nada comparables porque las calificadoras son fuentes de información muy importantes para los inversionistas institucionales antes de colocar su capital en una iniciativa. Me parece que el otro tipo de certificaciones o distintivos que otorgan otras organizaciones sobre todo suma a una reputación o pueden ser parte de una estrategia de marketing”, opinó.

CEMEFI es una organización que basa su modelo de negocio en emitir el distintivo de responsabilidad social, pero no de ASG, para las empresas que realicen un pago anual de hasta 126 mil pesos y entreguen una autoevaluación. Actualmente, la organización registra más de 2 mil 400 empresas de todos los tamaños en su listado de ESR y la venta de distintivos es su principal fuente de ingresos, según una fuente que solicitó anonimato.

Hopenhaym explica que la responsabilidad social son medidas voluntarias que toman por buena voluntad o iniciativa propia las empresas, mientras que el ASG son estándares que están siendo solicitados cada vez más por parte de inversionistas y distintos actores en el sector privado, particularmente en el sector financiero.

“Los distintivos son más fáciles de acceder que a una buena calificación por parte de una calificadora ASG”, dijo Hopenhaym.

La principal diferencia entre la responsabilidad social empresarial y los criterios ASG es que estos últimos toman en cuenta cómo se analizan los riesgos ASG de una empresa como parte de un enfoque empresarial sistémico, “mientras que muchas organizaciones todavía se centran en la sostenibilidad a través de una estrategia y un departamento aislados”, explicó la agencia de comunicación de sustentabilidad Expok en su sitio web.

Además, los rankings ASG son hechos por calificadoras que ofrecen mediciones de la adaptación y resiliencia de las empresas o activos a los riesgos y oportunidades, de manera que ayudan a que las y los inversionistas tomen mejores decisiones, por ejemplo sobre cómo va a afectar la disponibilidad de un recurso natural a cierta empresa según su industria.

En otras palabras, una agencia de ratings ASG elabora listados que indican la posición que una empresa o un activo obtiene en cierto rubro. Se centra en resaltar el riesgo en las carteras de inversionistas frente a una matriz de factores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa.

Según la Bolsa Mexicana de Valores, actualmente hay seis calificadoras que operan en México: A.M. Best, Fitch Ratings, HR Ratings, Moody’s Local de México, S&P Global Ratings y PCR Verum. Entre ellas, dos califican sostenibilidad y solamente la mitad —S&P Global Ratings, A.M. Best y Moody’s Local de México— respondieron que contemplan factores ASG.

CEMEFI, empresarios que premian sus negocios

El CEMEFI fue fundado el 7 de diciembre de 1988 en Ciudad de México con Jorge Victor Villalobos Grzybowicz como representante legal, según la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Aunque su nombre no aparece en el registro de la asociación, CEMEFI reconoce como su fundador al empresario y presidente honorario Manuel Arango Arias, cofundador de Aurrerá y Grupo Cifra, que incluye cadenas como Walmart México, VIPS y Suburbia.

De acuerdo a la organización, su comunidad está integrada por más de mil 600 miembros que son fundaciones, asociaciones, empresas y personas, más de 3 mil usuarios de sus servicios y un equipo operativo formado por más de 50 personas.

Por las filas de su equipo directivo y órganos de gobierno han pasado algunos miembros de las familias más acaudaladas de México, por ejemplo María del Pilar Servitje de Mariscal, de la familia propietaria de Grupo Bimbo.

También tiene como asociados a personajes como Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, y yerno de Carlos Slim, fundador de América Móvil y el hombre más rico de México; y a Bárbara Garza Lagüera Gonda, presidenta del Comité de Desarrollo Colección FEMSA (Coca-Cola). Se trata de un grupo de empresarios calificando y premiando sus propios negocios.

“Una cosa que hizo que el distintivo tuviera mucho éxito fue primero el origen de sus fundadores. Manuel Arango tiene muchas relaciones sobre todo con la parte de retail, de hecho ahora tiene muchas acciones en Walmart”, dijo Sánchez, director de responsabilidad social en CEMEFI.

Walmart, por ejemplo, es una de las empresas que obtuvo el distintivo ESR desde que CEMEFI comenzó a otorgarlo en 2001 a pesar de contar con señalamientos por actos de corrupción y por ser un presunto facilitador de estafas.

Entre 2012-19, la cadena de supermercados Walmart, que tiene el distintivo ESR en México, se vio implicada en presuntos casos de soborno en México, Brasil, India y China, entre otros países, tras realizar pagos a funcionarios con el fin de acelerar la obtención de permisos de construcción para sus tiendas.

Según la SEC, Walmart no “operó un programa anticorrupción satisfactorio por más de una década, mientras la cadena minorista experimentaba un rápido crecimiento internacional” y en 2019 fue obligada a pagar una multa de 144 millones de dólares a la SEC y otros 138 millones de dólares al Departamento de Justicia, para resolver la investigación sobre posibles violaciones a la Foreign Corrupt Practices Act (Ley de prácticas corruptas en el extranjero).

“El acuerdo de 283 mdd pone fin a la incertidumbre generada por la investigación por posibles violaciones de la FCPA, y hace a Walmart de México y Centroamérica (Walmex) más elegible como candidata de inversión de fondos que exigen el cumplimiento de los denominados Factores Ambientales, Sociales y de Gobierno (ESG)”, indica un análisis de la Casa de Bolsa Citibanamex, citado por Forbes.

“Continuamente me llaman personas y me dicen ‘tal empresa que es ESR tiene un problema’, o sea, me llaman desde ‘se me metió el chófer de esa empresa en el periférico’, hasta cosas mucho más delicadas. Primero entendamos que hay 150 indicadores de la responsabilidad social, segundo, que ninguna empresa está libre de cuestiones o problemáticas con sus grupos de interés”, dijo Sánchez de CEMEFI.

Del ecoblanqueo al pinkwashing, los sellos ESR

El principio de autorregulación es un concepto equivocado, en la opinión de Hopenhaym, pues dice que nadie puede ser juez y parte. Además considera que el Estado debe de ser sujeto garante y regulador del sector privado.

“Si la fuente de información es la propia empresa hay un problema de diseño del distintivo o de la calificación, sea cual sea, si no hay un tercero independiente que haga esa evaluación y mi fuente primaria es ‘oye, tú empresa, ¿qué tal te comportas? Pásame tus políticas y todo lo que tengas en papel’ y nadie evalúa qué está sucediendo en la práctica, pues realmente no tiene ninguna utilidad”, dijo la codirectora de PODER.

En ese mismo sentido, para la investigadora Dora Cecilia Martínez Garcés, la principal crítica a la metodología del distintivo ESR es la autoevaluación de las empresas y la falta de mecanismos para corroborar la información proporcionada por las mismas, sin mencionar que es un modelo en el cual una empresa paga al solicitar el distintivo y solo el 5 por ciento llega a ser rechazado^*.

Denisse Cufré, especialista en empresas y derechos humanos, coincide con Martínez Garcés.

“Lo que sucede con las ‘certificaciones’ que son pura y exclusivamente del sector privado es que, en la mayoría de los casos, no está comprobado un impacto positivo tanto en el ambiente como en la comunidad o en las personas, y por otro lado no podemos tener certezas sobre lo que las mismas empresas comunican”, dijo Cufré.

Así suceden prácticas como el greenwashing, o ecoblanqueo, una estrategia de mercadotecnia que utilizan las empresas cuando presumen de tener responsabilidad ecológica de manera engañosa. O el pinkwashing, o lavado rosa, que se usa al promover una falsa simpatía con el activismo de las personas lesbianas, gay, bisexual, trans e intersex (LGBTI).

Caso Bimbo: sostenibilidad cubierta por CEMEFI

El caso de empresas como Bimbo, una de las panificadoras más grandes a nivel mundial, es un ejemplo del fenómeno del washing. La empresa cuenta con el distintivo ESR de CEMEFI desde hace 22 años, pero es señalada en el informe de 2016 “México: empresas y derechos humanos”, hecho por más de 100 organizaciones civiles para denunciar las prácticas más abusivas de empresas nacionales y extranjeras.

El informe documentó que, a lo largo de su cadena de valor, Bimbo está “vulnerando el acceso y ejercicio de derechos humanos, como el de la salud, el medio ambiente sano, la alimentación adecuada y el acceso a la información” al utilizar “30 plaguicidas altamente tóxicos, que han sido prohibidos en otros países por sus impactos a la salud y el medio ambiente”. Sustancias como glifosato, endrín, lindano y DDT se detectaron en ríos, drenajes, lagunas y el mar en la costa de Sinaloa, donde Bimbo se abastece para la fabricación de productos.

Además, Greenpeace México ha denunciado que Bimbo recurre a mano de obra, campesinos y jornaleros, que son víctimas de lo que se conoce como agricultura por contrato, una de las formas de trabajo más abusivas por ser a destajo.

Bimbo publica desde 1998 sus informes anuales con apartados de sostenibilidad, pero ninguno con criterios ASG. Aún así está listada en el S&P/BMV Total Mexico ESG Index, un índice bursátil que contiene criterios ASG. La empresa fue buscada, por teléfono y correo electrónico, pero al cierre de este reportaje no respondió a las solicitudes de comentario.

Índices y fondos ASG

Los índices ASG son listados de activos que reportan y reúnen criterios ASG y tienen como objetivo identificar cuáles cumplen con criterios de sostenibilidad específicos dentro de cada industria, mientras que los fondos ASG se refieren al concepto de inversión sostenible y facilitan la toma de decisiones de inversión basándose en factores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa.

En opinión de Cufré, las empresas encuentran cada vez más atractivos los desgloses y las calificaciones ASG porque les brindan prestigio y confianza.

“A las empresas les interesa porque obviamente aumenta su calidad reputacional, y esto está comprobado, hay cada vez más interés en consumir de una forma responsable, entonces a la empresa por supuesto que contar con una certificación le incrementa su capacidad de venta”, señala Cufré, la especialista en empresas y derechos humanos. También atrae inversiones.

Por estas razones, las instituciones inversoras empiezan a generar más fondos de inversión o a dar financiamientos a través de bonos azules y verdes, agregó la experta.

“El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y todos los proyectos que financian tienen medidas de salvaguarda ambientales, sociales y económicas, e incluso mecanismos de denuncia cuando no se cumplen con los mismos estándares de los bancos”, dice Cufré.

Distintas empresas dedicadas a la creación de índices y a los ratings ESG empiezan a ver a México como un posible mercado. Por ejemplo, entre 2020 y 2021, la firma S&P Dow Jones junto con la Bolsa Mexicana de Valores diseñaron sus primeros tres índices que incluyen a empresas con compromisos ASG (ESG, en inglés) en México.

Estos índices son S&P/BMV Mexico Total ESG Index, S&P/BMV IPC ESG Tilted Index y S&P/BMV IPC CompMx Trailing Income Equities ESG Tilted Index.

“Nadie certifica per se, pero los scores ESG que son utilizados dentro de la construcción del índice son obtenidos por una división global de S&P que califica a las empresas en criterios ESG según su sector y actividad económica”, explicó Pavel Gibrán Esquivel Vázquez, subdirector de Índices y Estadística para la BMV.

Pese a la falta de regulaciones, la ola ASG ya se asoma en el horizonte mexicano y, en 2022, la agencia MSCI, dedicada a emitir calificaciones de riesgo bajo criterios ASG, abrió oficinas en el estado de Nuevo León.

MSCI aún no aparece en la lista de calificadoras reconocidas por la BMV, pero es una de las calificadoras estadounidenses más importantes de “fondos de capital inversión, deuda, índices de mercados de valores, de fondos de cobertura y otras herramientas de análisis de carteras”, a la vez que evalúa los riesgos y oportunidades de esos productos en materia ASG.

Al mes de diciembre de 2022, MSCI estaba contratando personal especializado en México para integrar un equipo de operaciones que investigue y califique empresas con base en la exposición de sus industrias a riesgos específicos ASG.

Ese equipo tendrá las tareas de realizar investigaciones ASG, apoyar en la implementación de medidas de control de calidad, contribuir al mejoramiento de los modelos de rating y coordinar con proveedores maneras de mejorar la calidad de la información, entre otras.

Durante dos meses Empower intentó conseguir una entrevista con MSCI, pero no respondió a una petición de entrevista y/o comentarios.

El director de responsabilidad social de CEMEFI considera que depende de diferentes factores si este tipo de prácticas deben ser obligatorias en México.

“No me gusta contestar así, pero es la verdad, depende de la madurez del país, de la madurez de las industrias y de la capacidad de los organismos para poder evaluar, sancionar y demás, pero yo creo que las empresas ven que avanzar conforme a la ley ya no es un camino que los lleve hacia subsistir o seguir manteniéndose competitivos en el largo plazo, porque el que manda es el consumidor. Yo diría que no necesariamente el que se imponga una ley implica que se cumpla”, dice Sánchez.

Responsabilidad corporativa, sin regularse en México

Alrededor del mundo hay más de 400 regulaciones en materia de responsabilidad social empresarial, pero ninguna se aplica en México, dijo en entrevista con Empower Luisa Montes, directora ejecutiva de Ecovalores, una agencia de información sobre temas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa.

“El Consejo de Finanzas Sustentables que tiene el Gobierno de México, encabezado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, básicamente ha estado analizando cuáles son las mejores regulaciones sobre inversión responsable, no tanto de empresas socialmente responsables. En ese caso, la que debería regularlo es la Secretaría de Economía, pero ha habido cambios en la dependencia y como que esto no ha sido prioridad para este gobierno”, opinó Montes.

En México se han discutido y a veces aprobado iniciativas que tienen que ver con el medio ambiente, corrupción y derechos laborales que van de la mano con los estándares ASG, pero son esfuerzos dispersos, de acuerdo a Martínez Garcés.

“Son iniciativas aisladas, unas tienen que ver con derechos laborales, temas de género o lo que se acaba de aprobar de las vacaciones de 12 días. Hay esos intentos de regulación, creo que estamos pasando hacia un mayor control, regulación y fiscalización, hacia el Estado como garante de la competencia y actuación de las empresas, pero como tal no se ha planteado”, dijo Martínez Garcés, quien observa que la responsabilidad social se sigue concibiendo como un tema de filantropía por parte de las empresas en México.

Para Montes, hay varias cosas que se pueden regular, entre ellas, la información que las empresas divulgan, pues no están obligadas por ley a publicar informes de sostenibilidad.

Jorge Reyes, director Interino de la Facultad de Responsabilidad Empresarial en la Universidad Anáhuac coincide en que el reto se encuentra en la medición y en la comunicación de las empresas, sobre todo para que actúen de una manera más transparente y que sirva como un verdadero ejercicio de rendición de cuentas.

“En realidad hacia donde ha podido evolucionar la parte de la legislación no es hacia la exigencia de que las empresas sean sustentables, sino por ejemplo en Europa, donde se ha ido avanzando en este sentido, lo que se obliga y lo que se les exige a las empresas es que presenten información, estos reportes de sostenibilidad de manera periódica”, opinó Reyes para Empower.

Se refiere a una propuesta que fue adoptada por la Comisión Europea en febrero de 2022 sobre la debida diligencia en materia de sostenibilidad empresarial, componente importante del Pacto Verde Europeo y de una estrategia de derechos humanos que exigirá cambios estratégicos y operativos no sólo para empresas asentadas en Europa sino para empresas europeas con operaciones en otros continentes.

El negocio ASG

Al final, “es un buen negocio tener prácticas sostenibles porque cada vez más a las consumidoras les interesa que vos como empresa seas responsable, entonces, ¿por qué no serlo realmente si sabemos que hay un interés del consumidor de tener delante una empresa que sea responsable?”, dijo Cufré.

El interés de inversionistas y consumidores abre camino para la creación y/o adaptación de empresas como MSCI, Standard & Poors, BlackRock y Vanguard, que hacen negocios a partir de los criterios ASG. Sin embargo, cada una se basa en metodologías propias, no homologadas y, en la opinión de expertos, sería mejor contar con estándares obligatorios para evitar la discrecionalidad en el reconocimiento de empresas que cumplen frente a aquellas que no lo hacen.

Pavel Gibrán Esquivel Vázquez, subdirector de Índices y Estadística de la BMV, dijo a Empower que las empresas no se pueden postular, sino que las elige un comité de S&P Global con base en los criterios de una metodología que es pública.

La metodología de este índice establece la exclusión de empresas involucradas en la fabricación de armas, incluyendo las de uso militar, aquellas que extraen carbón o producen electricidad a base de carbón, las que manufacturan o venden productos hechos con tabaco y las que extraen arenas petrolíferas.

También especifica que el score ASG de las empresas listadas puede ser calculado con base en datos proporcionados directamente por las empresas, o en su ausencia, con la información pública que esté disponible.

Por eso, mientras no se regule con base en las mejores prácticas de ASG, las empresas seguirán con puerta abierta para presentar la información que desean hacer de conocimiento público, pese al creciente interés y exigencia de tener más información y compromiso empresarial no solo de inversionistas y consumidores, sino de activistas y comunidades afectadas también.

El camino que queda por recorrer estará marcado por cómo la tendencia ASG influirá o no en el modelo de negocio de organizaciones que no miden prácticas ASG y aceptan la información que voluntariamente proporcionan las empresas. Al decir de las expertas, este último modelo no permite conocer el impacto real de las empresas, algo que cada vez más interesa a los reguladores, inversionistas y consumidores.

*Dato conseguido en entrevista con Evodio Sánchez, director de Responsabilidad Social de CEMEFI.

*Esta publicación fue realizada por EMPOWER. Aquí puedes leerla.