Las reglas que durante casi un siglo rigieron la relación de la prensa con el presidente cambiaron y nadie entiende bien el nuevo juego. Los reporteros que cubren presidencia viajan ahora con sus propios recursos o son transportados por Fuerzas Armadas. Para el gobierno, las conferencias diarias son muestras de transparencia; sus críticos le dicen propaganda. Mientras, la administración de Andrés Manuel López Obrador se está convirtiendo en la más letal para el periodismo comunitario

Texto: Daniela Pastrana y José Ignacio De Alba

Fotos: Duilio Rodríguez y María Fernanda Ruiz

Telésforo Santiago Enríquez era maestro y promotor de la cultura zapoteca (binizaá). Dirigía la radio “Estéreo Cafetal”, la voz zapoteca en San Agustín Loxicha, Oaxaca. El pasado 2 de mayo, en la víspera del Día Mundial de Libertad de Prensa, fue emboscado y asesinado por sujetos aún no identificados.

Con él son seis periodistas asesinados en los cinco meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el conteo que lleva la Red de Periodistas de a Pie. Todos, de radios comunitarias. Y al menos dos de ellos, en momentos importantes de oposición a decisiones del gobierno federal.

Ninguno de los homicidios ha sido aclarado. Y en el caso de Samir Flores, en Morelos, el expediente fue extraviado. La Cuarta Transformación de la República prometida por el presidente López Obrador se está convirtiendo en la etapa más letal para la prensa comunitaria, que es la más vulnerable de todas.

“La percepción de los colegas en los estados es de mucha incomodidad y preocupación, porque, por una parte, no están entendiendo el mapa de los medios en los estados y cuando el presidente llega de gira trabajan los medios independientes no se pueden acreditar, sólo trabajan con listas de medios tradicionales”, dice en entrevista Jade Ramírez Cuevas Vilanueva, reportera radial y coordinadora de libertad de expresión de la Red de Periodistas de a Pie.

Por otra parte, dice, el mensaje presidencial contra la “prensa conservadora” que critica las acciones del gobierno es interpretado por los políticos locales como un permiso para atacar.

“Acá afuera (de la capital), de por sí los funcionarios se sienten con la autoridad de recriminar, reclamar cualquier acción de un periodista, y este mensaje de: ‘ya saben lo que les pasa si no se portan bien’ es un permiso para ningunear el trabajo de los reporteros”, explica la reportera, asentada en Jalisco.

“Él quizá no amenaza, pero valida lo que pasa en los estados. Su discurso (de liberales contra conservadores) tiene un impacto negativo que puede fomentar la justificación de las agresiones verbales o físicas, como diciendo: ‘el presidente lo dijo’”, insiste.

Desde las organizaciones de la sociedad civil se ha insistido en que es necesario un reconocimiento público de la labor periodística. “Pero no algo que se pierde en el montón de cosas que dice en las conferencias, sino una campaña bien estructurada. Un mensaje del presidente que diga: ‘reconocemos la labor periodística y de los defensores de derechos humanos’”.

Pejelandia

La relación del presidente con los periodistas que cubren sus actividades es difícil de definir. Un día le piden trabajo (y hasta concesiones de gasolineras), otro le cuentan de las amenazas que han sufrido, otro se quejan del equipo de comunicación, otro le preguntan si tiene miedo y le piden, “de parte de muchos ciudadanos”, que se cuide, o le preguntan cuál es su método para mantenerse con energía.

Las conferencias matutinas del presidente, inauguradas por López Obrador, son como una vieja botica en la que cabe de todo: periodistas famosos, como Jorge Ramos o Nino Canún, que llevan el show de la televisión al Palacio Nacional; venidos a menos, como Isabel Arvide que llegó a quejarse de la falta de trabajo; víctimas, como Griselda Triana, la esposa de Javier Valdez, o el hijo de Carlos Domínguez, asesinado en Nuevo Laredo, que llevan a la mañanera sus demandas de justicia. Está “la güera”, el “del moñito”, reporteros que llegan de los estados a buscar la oportunidad de hacer una pregunta, experimentados periodistas que llegan desde las seis de la mañana y hasta niños periodistas acompañados con sus madres.

Y el presidente responde a todos. Cada día, durante dos horas, permanece de pie para responder a cualquier tipo de pregunta, desde las más informadas hasta las más insólitas. Suele corregir la plana a los funcionarios: “lo que el secretario quiso decir”. La conferencia puede derivar en una homilía, con todo y referencias bíblicas, en una clase de historia, o una charla de compadres, en la que comparte sus reflexiones sin ningún fltro, más dirigiéndose a la gente que ve la conferencia por internet que a los reporteros presentes en el salón.

Muchas veces, también, tiene expresiones espontáneas que hacen ineludible la risa, como cuando dijo que los funcionarios usaban recursos públicos para hacerse cirugías plásticas y con las manos se estiró la piel de la cara, o el Día de los Inocentes, cuando hizo la broma de que la conferencia sería semanal.

Pejelandia es como en el mundo de Alicia: hay una realidad paralela. Mientras afuera del Palacio los influencers y youtubers discuten en Twitter si amenazó a los periodistas que “ya saben lo que pasa” si actúan de mala fe, los reporteros que cubren las conferencias diarias se ríen de las bromas que hace sobre sus controvertidas expresiones, como el día que dijo: “No debo decir fifí, pero… denme chance, ¿no? Nada más hoy”.

El presidente llama “prensa fifí” a la que considera conservadora y que se encarna en el periódico Reforma, cuyo director recibió amenazas de muerte en redes sociales, por lo que la organización Artículo 19 – México le pidió “abstenerse de generar cualquier acto que inhiba el ejercicio de la libertad de expresión”.

“El discurso estigmatizante proferido por una de las autoridades de más relevancia en el país tiene un impacto directo en cuanto a la protección o riesgo que puede generar hacia la labor de la prensa, pues él permea en el discurso del resto de la sociedad”, consideró la organización.

También Carmen Aristegui, a quien el presidente ha defendido públicamente, alertó: “Ha elegido de manera equivocada a este medio como si fuera un adversario político. Ante la debilidad de los actuales liderazgos políticos de los partidos de oposición en el PRI, PAN y PRD, a los que prácticamente ignora, ha decidido construir una figura adversarial y lo ha decidido hacer con este medio de comunicación. No lo hizo con el duopolio televisivo que -ese sí- se erigió en actor político y construyó, en su momento, una candidatura que llevó a Peña Nieto a la Presidencia”.

López Obrador no se sale de su guión. “Nosotros nunca vamos a reprimir, ustedes pueden decir lo que quieran —repite cada vez que puede—. Pero tampoco me voy a callar si me difaman, tengo el derecho a la réplica”.

Transparencia ¿a medias?

El 17 de abril, en la conferencia matutina, el responsable de comunicación social del gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas, presentó los lineamientos de comunicación que se publicaron ese Día en el Diario Oficial de la Federación.

Aseguró que no habrá más contratos anuales y que se privilegiarán agencias del estado. Además, el gasto de comunicación disminuirá a la mitad de lo que han gastado gobiernos anteriores y no se pedirán ampliaciones presupuestales.

Aunque es un ejercicio inédito de transparencia, hay que verlo con reservas, dice en entrevista Justine Dupuy, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

“Es algo que va a empezar, que en el discurso garantiza la transparencia gubernamental. Y eso es importante pero insuficiente. Hay una brecha entre el discurso y la realidad”, sostiene Dupuy, quien se ha especializado en el estudio de la publicidad oficial.

Luego, desgrana algunas limitantes de los lineamientos:

El artículo 12, por ejemplo, prohíbe que un solo medio reciba más de 25 por ciento del gasto. “Eso es algo bueno, pero tiene excepciones muy amplias. Y esta debajo de lo que hemos pedido desde medios libres y porque es una política que solo se va a aplicar al ejecutivo federal”.

El artículo 14 fija criterios de asignación, pero son “poco claros y tibios, dan oportunidad a la discrecionalidad porque estos podrán ponderarse en función de sus criterios”.

También hay una propuesta de poner topes de 10 por ciento a la ampliación presupuestal. «(El artículo 11) propone una medida interesante: que las dependencias tendrán que emitir un comunicado sobre la ampliación del monto. Pero por el momento, en el papel, no hay ninguna prohibición de ampliar, solo reconoce que puede haber”.

Otro tema, dice Dupuy, es que “no dice nada del uso social de las radios que llegan a una población limitada pero que es muy importante que tenga acceso a la población”.

Fundar, Artículo 19 y organizaciones e integrantes del colectivo Medios Libres han insistido en que el primer paso para un cambio efectivo pasa por abrogación de la Ley General de Comunicación Social, la discusión y emisión de una nueva legislación y “un cambio profundo de las prácticas institucionales”.

Pero ese balón está ahora en la cancha del Congreso y de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, donde se está dando la batalla contra la llamada Ley Chayote, aprobada en abril de 2018 por los legisladores e impugnada ante la SCJN por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Dupuy acepta que uno de los temas más complejos de la regulación es el de los criterios de asignación de publicidad oficial; sin embargo, la investigadora piensa que hay estándares que pueden construirse desde el INEGI, las universidades u otro órgano autónomo.

Pero los órganos autónomos no son bien vistos por el presidente López Obrador, quien más de una vez ha expresado que piensa que solo han servido para el despilfarro.

“En las mejores prácticas del mundo está reconocida la importancia de contar con un órgano autónomo y nosotros, desde la sociedad civil hemos participado en la construcción de órganos garantes que han dado batallas importantes que han permitido que se abra la información. Podemos reconocer lo que les falta, pero el diagnóstico no debe ser el pretexto para eliminarlos”, dice Dupuy.

Una señal de hacia dónde está viendo el gobierno se dio el 15 de abril, cuando la Secretaría de la Función Pública presentó el portal Nómina Transparente, en el que cualquier ciudadano puede consultar los salarios de 1.4 millones de servidores públicos y 2 millones de maestros.

¿Puede llegar el día en el que no necesitemos que un órgano autónomo intervenga?

Dupuy ríe antes de contestar: «En un horizonte ideal, la información pasaría a ser de cualquier ciudadano. Pero estamos muy lejos de eso, faltan muchas batallas y para eso necesitamos a estos órganos autónomos que ayuden a avanzar”.

Las Fuerzas Armadas

Apenas acabó la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador los reporteros corrieron de Palacio Nacional al Zócalo.Un camión verde olivo saldría sin retrasos rumbo a la base militar de Santa Lucía, donde ese día se echaría a andar el proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles. Los reporteros no sabían que en Palacio Nacional dejaban su última oportunidad de ir al baño.

Después un viaje de una hora y quince minutos –como lo estimaba el programa- los reporteros arribaron al evento, sin sillas, sin sombra; a diferencia de los funcionarios y militares. Los periodistas se sentaban en la grava o en una tarima. Los más precavidos llevaron sombrero, gorra y lentes para el sol. Allí escucharon el discurso, los aplausos, la explicación de cómo la austeridad sería tocante a todos los temas, incluso al nuevo aeropuerto.

Cuando acabó el acto los periodistas fueron llevados al pulcrísimo autobús militar. La sed ocasionada por el calor y el hambre arrastrada desde la mañana tuvieron que aguardar un poco más. Una reportera le pidió al conductor del camión bajar en una esquina donde está el periódico donde trabaja. El militar respondió: “no tengo autorizado bajar a nadie durante el recorrido”. Así que todos llegaron al Zócalo, cumpliendo puntualmente con el cronograma.

Entre la fuente presidencial, en administraciones pasadas, eran presumidas las giras al extranjero donde periodistas y funcionarios eran hospedados en hoteles cinco estrellas con cargo al erario, las visitas oficiales también eran aprovechadas por los representantes de los medios para ir a hacer shoping a tiendas en Londres, Suiza o Copenhague. Hoy los periodistas cumplen con programas a cargo del Ejército.

Los reporteros que normalmente cubren Presidencia viajan por sus propios medios a las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador, con suerte son transportados en camiones del Ejército y en una ocasión en avión de la Marina.

Las giras presidenciales normalmente se hacen en fin de semana y en los puentes vacacionales. López Obrador hace sus traslados por tierra, así que los periodistas tienen toman líneas de autobuses o avión al aeropuerto más cercano al evento, mientras el avión presidencial que compró Enrique Peña Nieto por más de 7 mil 500 millones de pesos sigue a la venta en un hangar de Estados Unidos.

Es anecdótico, también, el único viaje que se hizo en avión de la Marina: la cita fue el Sábado Santo a las 8 de la mañana. La prensa abordó un avión de carga (Casa C-295) habilitado para pasajeros. En el vuelo de regreso, el capitán de la aeronave informó “tenemos autorizado despegar en el minuto 55 de la presente hora, tienen autorizado ir al baño”. Esa vez, todos los pasajeros aprovecharon la oportunidad.

La responsabilidad de los medios

Jade Ramírez Cuevas pone el acento en un actor del que casi no se habla: los dueños de los medios, que buscan acomodarse al nuevo escenario y sacrifican, o ponen por delante, a los reporteros.

“No hemos sido astutos de entenderlo, que nos quede claro que no es la conferencia de prensa típica”, dice. “Se visibiliza lo que hace y dice el presidente. Lo que sea agenda del presidente mata cualquier nota local importante que traigan, y eso tiene que ver con la visión corta de los jefes de los medios, de que la nota que te va a atrapar es la del presidente”.

La periodista asegura que en las redacciones de los medios de los estados hay una o dos personas que solamente están monitoreando presidente y gobierno federal y otro de redes.

“Es un riesgo alto de que se pierda la perspectiva de las cosas”, dice. “Estamos en el polo contrario del sexenio pasado, donde el presidente no marcaba agenda de nada. Ahora es el que está marcando todo. La agenda omnipotente del presidente. No tiene contrapeso en ningún lado. Y volvemos a estar los periodistas en el eslabón más débil de los riesgos y posibles vulneraciones del derecho”.

Y todo eso, ante la falta de operancia del mecanismo de protección y la inactividad de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Contra la Liibertad de Expresión, que “esta invisibilizada no tiene un sólo policía investigador asignado. No hay titular, hay un encargado de despacho. Está más tirada que el mecanismo”.