Un juez federal ‘congeló’ el proceso penal a Francisco Garduño, titular del INM, a cambio de que en un plazo de 18 meses cumpla con seis acciones, entre ellas: ofrecer una disculpa pública a las víctimas, concluir con las indemnizaciones del gobierno a las víctimas y supervisar las estancias migratorias. Si cumple con este fallo, la resolución tendrá efectos de una sentencia absolutoria

Texto: Blanca Carmona / La Verdad Juárez

Foto: Rey R. Jáuregui y Blanca Carmona

CIUDA JUÁREZ. – Un juez federal concedió a Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), la suspensión provisional del proceso penal en su contra por su presunta responsabilidad en el incendio de la estancia migratoria en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes el 27 de marzo del 2023.

En una audiencia realizada este viernes 24 de enero, el juez Víctor Manlio Hernández Calderón ‘congeló’ el proceso penal abierto contra Garduño hace 21 meses, a cambio de que en un plazo de 18 meses cumpla con seis acciones, entre las que destacan pedir una disculpa pública a las víctimas, concluir con la entregar de las compensaciones económicas del gobierno a las víctimas, vigilar un fideicomiso creado para depositar las indemnizaciones aún no entregadas, y supervisar las estancias migratorias una vez cada tres meses.

Además, el juzgador convalidó la indemnización a las víctimas con dinero del erario público en lugar de que Garduño pagara una parte proporcional con recursos propios por las omisiones en las que incurrió como responsable de las estancias migratorias, como solicitaban organizaciones acompañantes de familias de fallecidos y sobrevivientes.

Con este fallo, el comisionado del INM prácticamente fue liberado de los cargos en su contra por la tragedia en el que más personas migrantes bajo el resguardo de las autoridades han perdido la vida en México.

La resolución judicial desató la inconformidad de los abogados de la Fundación para la Justicia, representantes de ocho sobrevivientes y nueve núcleos familiares de víctimas fallecidas, quienes aseguraron que presentarán una apelación y un amparo contra el fallo a favor de Garduño.

“Esto es un terrible precedente porque entonces significa que cualquier funcionario público que cometa un delito de este grado, que pague (indemnice) el Estado y que entonces un juez diga como ya pagó el Estado no pasa nada, (el funcionario) no tienes que hacer ninguna reparación del daño”, dijo Yesenia Valdez, coordinadora del área de defensa de Fundación para la Justicia, organización que representa a 18 víctimas.

Aunque en este caso, precisó, “estamos hablando del titular de una institución”, el cargo de más alto rango en el INM.

“El MP lejos de procurar justicia genera esta impunidad. El juez recordó que él está resolviendo derivado de una imputación que hizo el MP solamente por ejercicio indebido y no por homicidio. Tenemos que recordar que la impunidad se inicia cuando no se hace una debida investigación, en menos de 30 días, fast track, hizo una investigación el MP para imputar un delito que ahora le dio (a Garduño) el paso de poder obtener en un futuro una sentencia absolutoria”, dijo Yesenia Valdez en entrevista.

La suspensión del proceso penal es una herramienta prevista en la ley que permite terminar las causas penales sin llegar a un juicio oral, tiene efectos de una sentencia absolutoria cuando se cumplen las condiciones que impone el juez y deja sin antecedentes penales a los beneficiarios. En caso de incumplimiento, el proceso penal se retoma en la etapa que estaba al momento que se aprobó ese beneficio.

A Garduño se le aprobó un plazo de 18 meses para el cumplimiento de las seis condiciones impuestas. Al término de ese tiempo, o incluso antes, se puede revisar si se acataron todas las condiciones, en caso de ser así se ordenaría el cierre de la causa penal en su contra. 

Tras lograr el beneficio, Garduño comentó al juez que iba a cumplir de inmediato con lo ordenado.

¿Y las víctimas?

Ocho de las víctimas que estuvieron presentes en la audiencia a través de una videoconferencia, externaron su oposición a la suspensión del proceso penal. Pero en su resolución el juez no los tomó en cuenta.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación y los abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), que por ley deben velar por los intereses de las víctimas, no se opusieron a la suspensión provisional del proceso al titular del INM

Los abogados del Instituto de Administración de Avalúos y Bienes Nacionales (INDAABIN) y quienes son subordinados de Garduño, también estuvieron de acuerdo con el fallo del juez.

Al concluir la audiencia, el comisionado evadió responder preguntas de los reporteros, quienes lo esperaban en el exterior del Centro de Justicia Penal Federal donde se llevó a cabo la audiencia, en Ciudad Juárez.

Sus abogados solicitaron al Poder Judicial de la Federación autorización para ingresar un vehículo al estacionamiento destinado a jueces y personal, y sacar a Garduño del lugar en una camioneta con vidrios obscuros para evitar a periodistas y rastros de la protesta en su contra que activistas mantuvieron en el exterior del edificio.

Otros siete funcionarios siguen vinculados a proceso

De los presuntos responsables del incendio que causó la muerte de 40 migrantes en el incendio de la estancia en Ciudad Juárez, actualmente solo permanecen en prisión cuatro funcionarios del INM, Rodolfo C. de la T.; Daniel G.Y., y Gloria Liliana R. G. acusados por los delitos de homicidio y lesiones, así como Salvador G.G., quien fungía como titular de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua al momento de la tragedia, por los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.

Además están en prisión el guardia de seguridad privada Alan Omar P.V., y dos migrantes de Venezuela, Jeison D. C.R., y Carlos Eduardo C.R.

Otros tres funcionarios del INM siguen el proceso penal en su contra en libertad, se trata de Daniel G.Y., quien al momento de ese hecho era el representante local Noroeste del INM, Eduardo A.M., él se desempeñaba como jefe de Recursos Materiales del Instituto, y Juan Carlos M.C. se dedicaba a la protección de migrantes como coordinador del Grupo Beta.

Otro de los funcionarios, Antonio Molina Díaz, también logró enfrentar el proceso en libertad acusado de ejercicio indebido de servicio público, pero presuntamente está evadido desde mayo del 2023.

“A ellos no les vamos a abrir…”. ¿Qué pasó la noche del incendio en la estancia migratoria en Ciudad Juárez? 

Las responsabilidades y las compensaciones

Patricia Aurora Almeda Beltrán, una de los cuatro abogados de Garduño, le expuso al juez que el Instituto Nacional de Migración (INM) aceptó la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se establece que existe una responsabilidad por el incendio ocurrido el 27 de marzo del 2023 en la estancia provisional B, ubicada junto al puente internacional Reforma, en Ciudad Juárez.

Derivado de este reconocimiento de responsabilidad, se ordenó implementar medidas de compensación, de no repetición y de reparación, entre otras.

Como parte de la reparación del daño, explicó la abogada, la Ley General de Víctimas contempla el daño físico, daño moral el lucro cesante, la perdida de oportunidades, gastos y costas y gastos en atención médica y traslados.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) realizó los dictámenes, considerando que se debe indemnizar a las 40 víctimas mortales con 2 millones 500 mil pesos por concepto de daño moral; 500 mil pesos por lucro cesante, que se refiere a la pérdida de ganancias que se produce por un daño o perjuicio y en este caso, afirmó la defensora de Garduño, las víctimas salieron de forma voluntaria de sus países y no tenían empleo; y 300 mil pesos por pérdida de oportunidades.

En total 3 millones 500 mil pesos a favor de los familiares de 39 víctimas mortales y para el núcleo familiar del otro migrante fallecido 4 millones de pesos porque también fue objeto de una violación al debido proceso durante su permanencia en la estancia migratoria que se quemó.

De las 40 víctimas, 35 ya recibieron el dinero y cinco familias venezolanas se niegan a recibir la reparación del daño. Los familiares a quienes se les indemnizó corresponden a 19 víctimas de Guatemala; siete de El Salvador y seis de Honduras.

Quienes no han aceptado la indemnización son familiares de las víctimas J.A.L.P.; O.J.L.G.; O.J.M.P.; O.J.R.S.; y J.R.M.E. Para quienes se formó un fideicomiso, aseguró la defensa.

Para indemnizar a los 27 sobrevivientes, se hicieron tres bloques de acuerdo a las lesiones que sufrieron.

Un primer bloque conformado por 18 heridos, a 15 de estos se les entregó tres millones 060 mil 346.80 pesos, ellos tienen en común que inhalaron monóxido de carbono y sufrieron quemaduras de la vía aérea.

Una de estas 18 personas no ha sido localizada y dos más están identificadas como víctimas y también como imputados, se trata de los venezolanos a quienes se les acusa de haber iniciado el incendio como una forma de protesta por las condiciones en que estaban recluidos en la estancia migratoria, encerrados bajo llave, sin agua ni comida suficiente. La indemnización de ellos está en un cheque bajo consignación, es decir en manos de la autoridad hasta que acudan a cobrar. 

Un segundo bloque se integró con otras cinco víctimas, quienes además de haber inhalado monóxido y de sufrir quemaduras en la vía aérea, presentaron quemaduras del 2 al 3.5 por ciento de la superficie corporal y se les indemnizó con cantidades que van de los tres millones 133 mil 146.89 pesos a los tres millones 358 mil 146.80 pesos, se informó.

Y para un tercer bloque, conformado por cuatro víctimas que presentaron las mismas afectaciones que el bloque uno, así como quemaduras del 10 al 20 por ciento de la superficie corporal, se aprobó el pago de diversas cantidades que van de los 4 millones 333 mil 146.80 a 5 millones 833 mil 146.80 de pesos.

Respecto a los daños causados al edificio, durante el incendio, la defensora del comisionado Garduño, indicó que un perito de la Fiscalía General de la República (FGR) calculó la afectación en un millón 893 mil 915.38 pesos, y la compañía aseguradora en un millón 425 mil 689.27 pesos.

La diferencia entre ambas cantidades es de 468 mil 225.40 pesos. Ese dinero fue pagado por Garduño con recursos personales, el 22 de diciembre del 2023, se aseguró.

La defensa del funcionario público federal también aseguró que después del incendio Garduño realizó varias acciones para ayudar a las víctimas, firmó convenios de colaboración con el Centro Nacional de Atención a Quemados, con el Instituto de Enfermedades Respiratorias, con el IMSS y con empresas funerarias, además se coordinó con la Secretaría de la Marina para la repatriación de los cuerpos.

El abogado que lleva la coordinación de la defensa del funcionario, Rodolfo Pérez Velázquez, dijo al salir del edificio judicial, que ya se resarció el 90 por ciento de la reparación del daño y se garantizó el otro 10 por ciento; señaló que existen partidas presupuestales para “hacer frente a este tipo de contingencias” y el comisionado realizó las gestiones.

Pérez también refirió que las condiciones impuestas a Garduño son personales y a la vez en función del cargo como titular del INM, porque si deja el cargo deberá instruir para el cumplimiento de algunas de las condiciones.

En la audiencia los abogados de la Fundación para la Justicia, le pidieron al juez que ordenara la destitución de Francisco Garduño; se inconformaron por el hecho de que Garduño no uso su patrimonio personal para pagar una parte proporcional de la indemnización, indicando que, si bien el Estado está obligado a indemnizar a las víctimas, como acusado en un proceso penal Garduño debería pagar proporcionalmente.

Marco César Zavala Cruz, abogado de Fundación para la Justicia, cuestionó el hecho de que Garduño prefirió pagar una parte de los daños causados al edificio incendiado y a las víctimas las ignoró, aunque la ley dice que cualquier personas –incluidos los funcionarios públicos– deben enfrentar un proceso penal con recursos y medios propios, y, dijo que el funcionario debería indemnizar a las víctimas por las omisiones en que incurrió como responsable de las estancias migratorias.

Además, indicaron que durante el tiempo que Garduño estuvo sujeto a proceso penal, que fue desde abril del 2023 hasta este 24 de enero de 2025, uso recursos públicos para pagar sus viajes a Ciudad Juárez a fin de firmar cada 15 días como medida cautelar, también para cubrir los honorarios de sus abogados y siempre ha percibido un sueldo como titular del INM.

Los abogados de Fundación para la Justicia denunciaron que desde el inició los agentes del Ministerio Público, quienes dependen de la FGR, hicieron una investigación fast track, y acusaron a Francisco Garduño de un delito menor, ejercicio ilícito del servicio público y no por homicidio ni lesiones como a otros de los imputados por los mismos hechos.

En la diligencia, por videoconferencia se enlazaron tres sobrevivientes, así como las esposas y padres de cinco de las víctimas mortales. Ellos le pidieron al juez justicia, una sentencia en contra de Francisco Garduño y afirmaron que se oponían a la suspensión del proceso penal.

Al final de la maratónica audiencia, que se prolongó por más de siete horas, el juez Hernández Calderón no respondió nada a las víctimas ni a sus representantes, aprobó la suspensión por un periodo de 18 meses y fijó las condiciones que él determinó necesarias.

El juzgador ordenó a Francisco Garduño que:

*Haga una disculpa pública a las víctimas, dentro de un plazo de un mes en coordinación con los asesores de los ofendidos.

*Continúe viviendo en el domicilio que reportó al juzgado, ubicado en la Ciudad de México.

*Supervise los fideicomisos, que incluyen atención médica, psicológica y tanatológica.

*En un plazo máximo de un mes entregue los cheques que faltan a las víctimas, en presencia de sus representantes legales.

*Durante seis meses tome cursos en materia de Derechos Humanos y protección civil y haga llegar las constancias al juzgado

*Una vez cada tres meses visite los centros de detención donde estén detenidas personas migrantes para que verifique que cuenten con las medidas de protección civil necesarias y el respeto a la garantías, derechos humanos y seguridad; y envíe un informe trimestral al juzgado.

Durante la audiencia Garduño prácticamente guardó silencio, hizo unas dos intervenciones muy breves.

Esta nota fue publicada originalmente en LA VERDAD JUÁREZ, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.