La 64 Legislatura tiene las sesiones contadas. Su legado quedará marcado por lo ya hecho hasta el momento, pues se antoja difícil que, en medio de la pandemia y las campañas, se logren nuevas reformas en el último periodo ordinario

Twitter: @chamanesco

Está por iniciar el último periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura, histórica por ser la primera, en más de 20 años, que contó con una mayoría favorable e incondicional al presidente de la República.

A diferencia de Ernesto Zedillo en sus tres últimos años de gobierno; Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en sus administraciones completas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha podido gobernar hasta ahora como en los viejos tiempos: con una cómoda mayoría legislativa que le permitió sacar adelante toda, o casi toda, su agenda de reformas.

Si los gobiernos en minoría decididos por el electorado de 1997 a 2018 tuvieron que recurrir a la negociación y los acuerdos con la oposición –no siempre transparentes ni políticamente presentables–, el gobierno actual pudo apostar al mayoriteo, al menos en la Cámara de Diputados, para sacar adelante la agenda presidencial. 

Esto, gracias también a la decisión de los electores, que le dieron mayorías al partido del presidente en julio de 2018, y a una serie de acuerdos de Morena con sus partidos aliados (PT y PES) y sus negociaciones con el Partido Verde, que de arranque le cedió cinco diputaciones en San Lázaro.

Con ello, Morena logró tener 252 curules en la Cámara de Diputados desde el inicio de la Legislatura, y potenciar la fuerza del lopezobradorismo a una mayoría calificada de 336 asientos a la hora de votar reformas constitucionales.

Esto le ha permitido a la 4T aprobar tres Presupuestos de la Federación al hilo para los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, prácticamente sin negociar una sola coma con los partidos de oposición.

Y si bien en el Senado los escaños de Morena (59), PT (6), PES (4) y PVEM (7), no alcanzan la mayoría calificada de 85 senadores, esto no ha sido impedimento para que transiten la mayor parte de las reformas propuestas por López Obrador.  

Crear la Guardia Nacional, echar para abajo la llamada “reforma educativa” del Pacto por México, elevar a rango constitucional los programas sociales ideados por el presidente, crear una Ley de Austeridad Republicana y una nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, acabar con los fideicomisos, convertir en delito grave el fraude electoral, y modificar la Ley de la Administración Pública Federal para rebautizar organismos y así “crear” el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el Banco del Bienestar o el Instituto de Salud para el Bienestar, son algunos ejemplos de los cambios hechos por las bancadas morenistas en los últimos dos años y medio.

Los 113 decretos de reforma surgidos de la 64 Legislatura, que pueden consultarse en la página de la Cámara de Diputados, incluyen 11 cambios constitucionales, decenas de modificaciones a leyes secundarias y la creación de nuevos ordenamientos que le han permitido a López Obrador configurar el marco legal de su Cuarta Transformación.

Pero falta el último jalón; el del último periodo ordinario de sesiones, que inicia este lunes 1 de febrero y concluirá el 30 de abril, ya en medio de las campañas federales para renovar, precisamente, la Cámara de Diputados.

Cuando todo el país esté en campaña para renovar la Cámara baja, 15 gubernaturas, 30 Congresos estatales y los ayuntamientos de 30 entidades, es previsible que los debates parlamentarios se vean impactados por la contienda electoral.

Sobre todo si, de cara a los comicios del 6 de junio, se han conformado dos bloques que están llevando todos los temas de la agenda nacional a la arena político-electoral.

El bloque oficialista, de Morena, PT y PVEM (denominado Juntos Hacemos Historia), que junto con tres nuevos partidos que también se declaran afines al proyecto lopezobradorista (el nuevo PES, las Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México) buscarán mantener la mayoría de la 4T en la 65 Legislatura.

Y el bloque opositor, del PAN, PRI y PRD (denominado Va por México), que busca crear un contrapeso en el Legislativo para restarle fuerza al presidente y a Morena en la segunda mitad del sexenio y de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Serán meses intensos en los que, a juzgar por las agendas legislativas acordadas por los grupos parlamentarios la semana pasada, el debate se centrará en temas como la nueva Ley del Banco de México, el “outsourcing”, los organismos constitucionales autónomos (Cofece, Ifetel e Inai), el uso del Cannabis y un tema incorporado al calor de los últimos acontecimientos: el de la regulación de las redes sociales.

Incorporado por Ricardo Monreal en la agenda de los senadores de Morena a raíz de las recientes críticas del presidente a Twitter y Facebook, la eventual regulación de los contenidos y uso de las redes sociodigitales es un asunto importante, pero no urgente. Quizás sería mejor llevarlo a una amplia discusión pública, más pertinente en tiempos no electorales.

Aunque las campañas federales comenzarán formalmente hasta el 4 de abril, será inevitable que lo electoral atraviese las agendas del Senado y de la Cámara de Diputados, donde más de 400 diputadas y diputados buscarán, además, la reelección consecutiva.

En esas condiciones, la agonizante 64 Legislatura tiene las sesiones contadas. Su legado quedará marcado por lo ya hecho hasta el momento, pues se antoja difícil que, en medio de la pandemia y las campañas, se logren nuevas reformas en el último tramo.