Tres comisiones en el Senado aprobaron la iniciativa para la legalización de la marihuana con uso recreativo. La propuesta deberá ser aprobada por el pleno y la Cámara de Diputados antes de ser promulgada por el Ejecutivo Pero organizaciones civiles y activistas afirman que, así como está, la nueva normatividad limita los derechos de los usuarios y sólo favorece a los grandes capitales

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: María Ruiz

Licencias, permisos y límites de cultivo son los elementos más destacables del primer anteproyecto de ley que regulariza el uso del cannabis en México y que fue aprobado este miércoles en comisiones del Senado.

Se espera que la iniciativa sea debatida y votada la próxima semana en el pleno del Senado. De ser aprobada, deberá ser ratificada por la Cámara de Diputados y, después tendría que ser promulgada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,

Para algunos activistas, sin embargo, la propuesta legislativa no despenaliza ni legaliza la marihuana, como se ha publicitado, sino que sólo descriminaliza la cadena de producción, lo que le da una ventaja a las grandes industrias. 

“Tenemos que denunciar que la industria está detrás de este dictamen”, dice tajantemente Julio Salazar, de México Unido Contra la Delincuencia. “Esto se puede notar en los detalles de la ley, que presenta barreras para el autoconsumo. Esto sólo favorece a empresa ya constituidas, a empresas grandes”.

Un ejempo: para hacer un cultivo con fines comerciales, la propuesta de ley demanda que se tengan semillas “certificadas”, cosa que no existe en México, por lo que tendrían que ser importadas. Dicho certificado debe garantizar la “trazabilidad” de las mismas, es decir que se pueda rastrear de dónde vienen. 

“Son esas y otras cuestiones, como las característica del empaquetado, que aumentan el precio y que contemplan condiciones muy específicas con materiales muy claros”, añade Julio Salazar sobre la ventaja que da la ley a las grandes industrias. “El simple hecho de que sea mediante la importación de semillas es privilegiar a la industria que ya existe”.

La intención y la realidad

Desde finales de 2018, cuando la entonces senadora y ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, propuso legislar sobre el tema, la iniciativa cargaba un tinte de justicia social. Buscaba retribuir a algunas comunidades rurales, que históricamente han cultivado la planta, permitiéndoles hacerlo de forma legal.

Sin embargo, en la propuesta de ley no se les otorga ninguna facilidad. “Que digan que busca la justicia social es indignante si sólo beneficia a unos cuantos”, señala Salazar.

“En la ley en ningún lado aparecen las cooperativas, cuando son las organizaciones que se usan en el campo para cultivar. Reconocer a las cooperativas sería lo mismo que reconocer a las asociaciones (que sí aparecen en la ley), sólo que estas tienen un mercado. Reconocerlas sí sería una cuestión de justicia transnacional».

Los permisos

De acuerdo con la propuesta el consumo de marihuana no será penado, pero será necesario formar parte de un registro ante el Instituto Mexicano del Cannabis, órgano descentralizado cuya creación contempla la propia ley. También contempla la creación de asociaciones, que se podrán reunir (en números menores a 20 personas) para consumir marihuana.

Para poder cultivar, vender, transformar o importar productos cannábicos se deberá tramitar una licencia ante el mismo instituto.

Como otro de los elementos fuertes de la propuesta de la ley es que el estado controle la producción y la venta de marihuana, cualquier semilla, planta o plantación no registrada (y por tanto, no autorizada por el Estado) se considerará ilícita, por lo que podrá ser decomisada. 

Los permisos de cultivo personal limitan la actividad a cuatro plantas en floración. También limita la posesión hasta 28 gramos de las flores psicoactivas de la misma. 

“El dictamen es un insulto. Sus seis plantas son un insulto también”, opina sobre las disposiciones Pepe Rivera, del Movimiento Cannábico Mexicano una de las organizaciones de activistas que se han involucrado en el proceso de regularización de la droga.

“Esos números se los sacaron de la manga. Nada de las limitaciones están determinadas, vienen de prejuicios de la peligrosidad de la mota, y del estigma de que como consumidores somos irresponsables y flojos. De eso no se trata”.

“Tener cuatro plantas en un año no es suficiente, el cultivo debería ser de la cantidad que quisiéramos. También dicen que no podemos ‘transformarla’, por lo que no vamos a poder hacer extractos en casa, pero lo prohíben mal, porque en la ley no queda clara la diferencia entre transformación y preparación”, opina Rivera.

Específicamente, esta disposición atenta contra los derechos de las personas que usan la cannabis con fines terapéuticos, pues cuatro plantas al año no solo podrían no satisfacer sus demandas de consumo, sino que la prohibición de realizar extractos los pone en desventaja.

Autocultivo medicinal: “una falacia”

“Si bien parece que abre la puerta al autocultivo, es una falacia. Nosotros como pacientes deberíamos tener acceso regular y legal a la planta, pero seguimos esperando” asegura Jorge García, de la organización Autocultivo Medicinal en México. “El dictamen no nos da opciones, en éste no aparece nada de terapéutico”.

“Solo medicamentos farmacológicos con estudios clínicos, pero nada de uso herbolario. Nosotros los pacientes no podemos esperar por cannabinoides terapéuticos que van a llegar, si bien nos va, en 5 años”, asegura el miembro de una organización que aglutina a más de 3 mil personas que necesitan la marihuana con fines terapéuticos. 

No legislan lo que demandó la SCJN

La regulación al respecto de la marihuana inició en 2017, cuando la Suprema Corte de Justicia determinó que prohibir el uso personal de la mariguana limitaba el libre desarrollo de la personalidad, un derecho humano. En ese año impuso la obligación a Congreso de legislar al respecto. Por lo que esta propuesta de ley debería estar centrada en los derechos de los usuarios de la planta, no en el mercado que esto creará. 

“Todo el consumo personal, si no se entiende de esta manera, entonces es imposible tener un entendimiento claro de lo que se quiere hacer. El proyecto no reconoce el uso personal. Que no defina el uso personal es fundamental, porque es uno de los derechos que se tienen que reconocer, según la Suprema”, asegura Pepe Rivera. 

“Estamos pidiendo normalizar el uso de cannabis. No que se generalice, sino que a los usuarios no se les dé un maltrato. Eso significa que no tienen que generar espacios especiales para ponernos ahí. Ni generar un trato diferenciado, porque este genera prejuicio”, asegura.