Tras una semana a debate, expertos denuncian que la nueva propuesta de Ley de Aguas perpetúa el modelo mercantilista y centraliza el poder en una Conagua opaca, mientras ignora los acuerdos ciudadanos. La promesa de garantizar el agua como derecho humano choca con una realidad de subsidios ocultos a grandes industrias

Texto: Laura Buconi

Foto: Manuel Sánchez / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – Transportistas y campesinos bloquearon carreteras para protestar contra la reforma a la Ley de Aguas con la que el gobierno federal promete enterrar la «ley salinista» de 1992 que convirtió el agua en mercancía.

La tensión dividió las opiniones. Las las autoridades aseguraron que esta nueva ley garantizará por fin el derecho humano al líquido y quitará privilegios históricos a grandes concesionarios. «Que el agua deje de verse como una mercancía y se reconozca como un derecho humano», ha insistido el titular de Conagua, Efraín Morales López.

Pero desde la trinchera ciudadana, la experta Elena Burns desmenuza la iniciativa y lanza una alerta: es «un lobo con piel de oveja». La ex subdirectora de Conagua, conocida por haber reducido a la mitad las concesiones a grandes empresas durante su gestión, asegura que el proyecto mantiene un modelo «privatizador y extractivista». Coincide con la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, que denuncia que la propuesta fue dictaminada por la misma Conagua, omitiendo los acuerdos de 16 parlamentos abiertos ciudadanos.

En el corazón de la disputa está si la ley realmente desmantelará el sistema que por 33 años permitió a grandes industrias acaparar 600 mil concesiones -frente a 2 mil iniciales- mientras comunidades rurales padecen desabasto; o si, bajo una retórica de derechos humanos, simplemente se perfeccionará el mismo mecanismo de acaparamiento, ahora con más poder concentrado en una Conagua señalada por opacidad y corrupción.

El espejismo de la reforma: cambios superficiales, estructuras intactas

La promesa oficial suena convincente: sustituir la Ley de Aguas Nacionales de 1992 -que durante el sexenio de Salinas de Gortari transformó el agua en bien transable- por una nueva Ley General de Aguas que priorice el derecho humano. Sin embargo, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua (CNAA) alerta que se trata de «un intento de perpetuar la ley salinista, con cambios mínimos».

El dictamen conserva las estructuras y mecanismos que por tres décadas han provocado la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación y la marginación hídrica de grandes sectores. Peor aún, según la CNAA, «incluye un capítulo dedicado a ‘promover y fomentar’ la privatización de obras hidráulicas, y permite la privatización de sistemas de agua y saneamiento», contradiciendo frontalmente el discurso oficial de desmercantilización.

El proceso legislativo evidencia esta contradicción fundamental. Mientras las autoridades hablan de inclusión, el proyecto de Conagua fue dictaminado por la misma institución, omitiendo por completo las propuestas ciudadanas generadas en 16 Parlamentos Abiertos. Elena Burns, quien recopiló estos acuerdos, señala la incoherencia de mantener dos leyes simultáneas: «No tiene lógica constitucional tener dos leyes, sobre todo cuando una ley está diciendo que el agua tiene que ser reconocida como derecho humano y la otra determina quién tiene acceso al agua, y va a mantener el sistema tal cual es».

La CNAA lamenta que el proyecto mantenga los Consejos de Cuenca, «donde solo están representados los grandes concesionarios, como única instancia de coordinación gobierno-ciudadanía». Multinacionales como Coca-Cola, grandes cerveceras y empresas mineras siguen teniendo voz, mientras se excluye a pueblos indígenas, sistemas comunitarios y comunidades afectadas por la contaminación.

El subsidio oculto: grandes industrias que no pagan

Uno de los puntos más graves de la actual legislación -y que la reforma no corrige- es la discrecionalidad en el cobro de derechos. Elena Burns presenta cifras contundentes: los grandes usuarios industriales «tienen concesiones para 4 mil 300 millones de metros cúbicos de agua y pagan derechos sobre 900. En 2023, tendrían que haber pagado 56 mil millones de pesos, solo pagaron 12».

La CNAA es más específica: en 2023, los concesionarios de uso industrial y servicios solo declararon 951 millones de metros cúbicos de los 4 mil 360 millones que tenían concesionados, y Conagua solo recaudó 12.4 de los 55.6 mil millones debidos. Esta evasión fiscal hídrica representa un subsidio oculto billonario a las grandes industrias, distorsionando completamente cualquier principio de gestión equitativa.

La reforma propone reducir drásticamente el plazo para solicitar prórrogas de concesiones: de 4 años y medio a apenas 6 meses. Para Burns, esto será «un mecanismo para la extinción masiva de pequeñas concesiones, que actualmente son el 80% del total pero cuentan con apenas el 20% del agua».

Un agricultor o ejidatario difícilmente cuenta con asesoría legal constante que le recuerde cumplir con este trámite en ventanas tan estrechas. Este cambio, aparentemente técnico, funciona como un perfecto mecanismo de «acaparamiento por desgaste», donde la falta de capacidad de pequeños productores para navegar la burocracia resultará en la pérdida masiva de sus derechos, liberando volúmenes para los grandes concesionarios.

El verdadero rostro del acaparamiento: agroindustria y termoeléctricas

Burns llama la atención sobre el proceso de acaparamiento por parte de la agroindustria desde los años 90, particularmente la agroindustria de ingenios (azucareros y embotelladoras), que junto con las termoeléctricas son los principales usuarios del agua de uso agrícola. Mientras las autoridades anuncian inversiones millonarias para tecnificación de riego a cambio de que los concesionarios devuelvan el agua ahorrada, la presidenta Sheinbaum ha denunciado que algunos se niegan a entregarla y «hay quien la vende».

Esta práctica es especialmente grave cuando se trata de distritos de riego que venden a municipios el agua que obtuvieron sin costo, comercializando un derecho que debería ser público.

Conagua: ¿árbitro o juez parcial?

La propuesta centraliza en Conagua la facultad exclusiva de otorgar o retirar concesiones. Si bien en teoría esto busca terminar con el mercado informal de compraventa, para las OSC significa otorgar todo el poder a «un organismo opaco donde se verificaron múltiples casos de corrupción».

Burns expresa preocupación por las dificultades de acceso para comunidades rurales a los sistemas digitales de Conagua, y cuestiona los criterios que usaría la institución para decidir quién obtiene concesiones. «Para nosotros es una equivocación otorgar todo el poder a una institución de gobierno, sin ningún criterio, sin transparencia y sin participación», afirma, señalando que la Constitución exige participación ciudadana y de los tres órdenes de gobierno.

Aunado a esto, uno de los vacíos más graves señalados por la CNAA es que la propuesta «excluye el reconocimiento de los derechos al agua de los pueblos y comunidades indígenas», un derecho establecido constitucionalmente desde 2001. Tampoco reconoce los decretos presidenciales, de rango jurídico superior a las concesiones.

Esta omisión no es técnica sino política: ignora derechos históricos y sistemas comunitarios de gestión del agua que han demostrado mayor sustentabilidad que el modelo centralizado estatal.

Gestión incompetente: el caso del acuífero Libres-Oriental

Francisco Castillo Montemayor, ex titular de Medio Ambiente en Puebla, ejemplifica las fallas de gestión con el caso del Acuífero Libres-Oriental: «Hasta 2019 tenía de 4 a 7 metros cúbicos de disponibilidad, y en 2020 de pronto apareció con disponibilidad casi nula. Actualmente tiene un déficit de 22 millones de metros cúbicos».

Su diagnóstico es contundente:

«El problema del agua en un 70% de la región del país es por la ineficiencia en el manejo, no por escasez de recursos».

Esta incompetencia técnica, combinada con intereses económicos, ha creado una crisis artificial que justifica reformas que, en lugar de corregir, profundizan el problema.

Por su parte, Elena Burns sintetiza el veredicto de los especialistas: la iniciativa «nos da pensar que simplemente se sigue retroalimentando el sistema extractivista y mercantilista. En la Ley de Agua Nacionales no se menciona el derecho humano al agua, no nos da ninguna herramienta para poder obligar al gobierno a respetar el derecho humano de los ciudadanos al agua.»

La omisión del mínimo vital gratuito -elemento esencial del derecho humano al agua- confirma que la retórica de derechos es apenas un envoltorio para mantener intacto un sistema de privilegios. Mientras el gobierno anuncia que modificarán la iniciativa tras las protestas, la desconfianza ciudadana sigue creciendo: temen que los cambios sean cosméticos y que, tras el debate aparente, se consolide un modelo que perpetúa el agua como mercancía para pocos y sed para muchos.