La revisión histórica revela hechos preocupantes en términos de seguridad ciudadana, soberanía y democracia para Ecuador y la turbulenta relación con los Estados Unidos, quienes desde hace décadas pretenden ocupar militarmente las islas Galápagos. Aquí la historia

Texto: Gabriela Ruiz Agila

Foto: Josué Araujo y Archivo

ECUADOR. – Daniel Noboa, presidente de Ecuador, dispuso la entrega de las Islas Galápagos para la construcción de una base militar de Estados Unidos en los sitios poblados. Bajo el argumento del conflicto armado interno –desconocido por la Corte Constitucional–, el gobierno aprobó el «Proyecto de Seguridad Integral en la Región Insular», que autoriza la ocupación militar.

El Parque Nacional Galápagos fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 por la UNESCO, y 20 años después se sumó la Reserva Marina. En este lugar, Charles Darwin desarrolló su teoría de la evolución al observar especies diferenciadas entre las islas. Son mundialmente conocidas las tortugas gigantes, que pueden medir hasta 1.8 metros, pesar más de 300 kg y vivir más de 100 años.

Ecuador se encuentra entre los dos principales productores de cocaína de América Latina y tiene acceso a la cuenca del Amazonas, un área clave para el tránsito de drogas hacia los mercados internacionales. En este contexto, las Islas Galápagos han servido como un “portaviones natural” y como sitio de reabastecimiento de combustibles para la interdicción de drogas a lo largo de 2 mil 258 kilómetros, con el financiamiento de Estados Unidos.

El 10 de diciembre de 2024, también se aprobó el «Instructivo para la aplicación de los acuerdos de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos», que establece la exención del pago de tasas para el personal, buques y aeronaves. Aunque se prohíbe el uso de armas que puedan poner en riesgo el ecosistema frágil de Galápagos, surge la pregunta: ¿qué consecuencias tendrá el ingreso de embarcaciones y submarinos a la Reserva Marina de Galápagos?

El desembarco de personal también supone un aumento de presión sobre los recursos naturales y el consumo de alimentos en las islas. La revisión histórica revela hechos preocupantes en términos de seguridad ciudadana, soberanía y democracia. En este informe, se presentan los momentos clave de la ocupación militar estadounidense de las Islas Galápagos.

Cooperación militar

En 2023, tras asumir la presidencia de Ecuador, Guillermo Lasso firmó tres acuerdos militares que fueron ratificados por Daniel Noboa para permitir el uso de espacios estratégicos en el territorio ecuatoriano con fines de vigilancia, cooperación en seguridad y combate al narcotráfico.

En el caso de Galápagos, rige el ‘Estatuto de las Fuerzas’, que dispone privilegios, exenciones e inmunidades para las tropas militares y el personal diplomático. El acuerdo contra ‘Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas’ regula la coordinación de operaciones en el mar y en tierra.

Los acuerdos bilaterales nunca fueron revisados por el pleno de la Asamblea Nacional (poder legislativo del país). La cooperación militar e injerencia de Estados Unidos en la política de Ecuador se consolidó con la visita de la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur, quien anunció una inversión de 93,4 millones de dólares para los próximos cinco años.

El portal Insight Crime comparó el nuevo acuerdo con el Plan Colombia, un programa de asistencia en seguridad del gobierno de Estados Unidos que gastó cerca de 10 mil millones de dólares entre 2000 y 2015, de los cuales el 70% se destinó a entrenar, asistir y equipar a los militares colombianos. Al respecto, el informe evaluó que el paquete de ayuda anual propuesto para Ecuador está muy por debajo del promedio proporcionado durante el Plan Colombia, cuyo monto rondaba los 650 millones de dólares, mientras que la ayuda propuesta para Ecuador no llega siquiera a 100 millones.

 

Una vieja historia de ocupación

La ocupación de las Islas Galápagos por tropas estadounidenses se remonta a 1941, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Allí se estableció la Base Beta, también conocida como “La Roca”, en alusión a la prisión de Alcatraz. Esta base se creó para proteger el acceso occidental al Canal de Panamá.

Dentro del archipiélago, se eligió la Isla Seymour (también llamada ‘Baltra’), que llegó a contar con un aeropuerto, tres pistas de aterrizaje y 200 edificios, entre bares, oficinas, hangares, iglesia, cine, bolera y cervecería al aire libre. Albergaba a más de 2 mil 400 militares y 750 civiles. El impacto de la ocupación fue tan grande que exterminó la vida silvestre en la isla.

Veteranos de guerra relatan cómo se divertían disparando a las ballenas jorobadas que se acercaban, cazaban iguanas y montaban a las tortugas gigantes como si fueran caballos. De hecho, el mismo comando debió ordenar a los militares “dejar en paz” a los animales silvestres, como se relata en el documental The Rock del cineasta Nicolás Cornejo.

En las islas, los buzos aún encuentran restos de cañones antiaéreos, barcazas de abastecimiento y bombas. Durante su estancia, la fuerza aérea utilizó la zona para ejercicios de entrenamiento que incluían lanzamiento de bombas y prácticas de tiro. Los soldados estadounidenses nunca tuvieron que enfrentar a Japón desde Galápagos.

La entrega oficial de la base de Baltra ocurrió en 1946, por orden del presidente José María Velasco Ibarra, después de que se negara a arrendar las Islas Galápagos por 99 años al gobierno de Estados Unidos, a cambio de 15 millones de dólares.

La Base Aérea de Manta

Desde el puerto de Manta, en la costa ecuatoriana, la Guardia Costera estadounidense podía monitorear las rutas del narcotráfico. La reacción social de la población fue de rechazo. Se puede consultar el documento de la coalición No Bases Publicado por INREDH en 2010.

El uso de la Base Aérea de Manta se dio bajo el argumento de la guerra contra las drogas entre 1999 y 2009, en el marco del Plan Colombia. Fue Jamil Mahuad quien autorizó el Acuerdo de Cooperación en Defensa y Seguridad (ACDS) y el Tratado de Asistencia Mutua en Materia de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado.

Este acuerdo permitía a Estados Unidos usar la base para operaciones de vigilancia, monitoreo y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. En ese período, Ecuador enfrentaba una crisis económica grave que derivó en el ‘Feriado Bancario’. El gobierno de Mahuad declaró el salvataje de los bancos, mientras miles de ecuatorianos migraban hacia Estados Unidos y España. La economía fue dolarizada, eliminando al sucre como moneda nacional.

Jamil Mahuad fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 1999 por la firma de la paz con Perú, derivada del Protocolo de Río de Janeiro de 1942, un conflicto similar al Tratado Guadalupe Hidalgo en México, que resultó en la pérdida de territorio y acceso al río Amazonas. Mahuad fue destituido por el pueblo ecuatoriano en una gran movilización social.

El gobierno del presidente Gustavo Noboa ratificó y entregó, además de la base aérea, el puerto naval de Manta e instalaciones sin costo.

Actualmente, el expresidente Mahuad es docente en la Kennedy School de la Universidad de Harvard, donde capacita a líderes públicos y da conferencias en diversas universidades del mundo.

Hundimiento de barcos con migrantes ecuatorianos

Entre 2000 y 2002, el gobierno de Estados Unidos declaró tres amenazas: el narcotráfico, el terrorismo y la migración ilegal. La Guardia Costera estadounidense operaba desde el Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés), y su presencia era relatada en la prensa nacional como positiva para salvaguardar la seguridad.

En la década de 2000 se registraron cinco abordajes de barcos pesqueros que transportaban migrantes ilegales. En 2002 se denunciaron los primeros hundimientos con migrantes. Algunos de los casos emblemáticos fueron “Puerto Cayo” en 2003, con 26 desaparecidos; los barcos Diego Armando, Santa María y Margyl Margarita en 2004; y Manta o Jorge IVen 2005, con 104 desaparecidos.

El capitán del Santa María, Teófilo Lorenzo Chávez Lucas, declaró bajo juramento en 2004 que su nave fue abordada por la fragata estadounidense USG Long Way 179, a 180 millas de la isla San Cristóbal en Galápagos. Lo que ocurrió fue lo siguiente: “Fuimos trasladados a la patrulla norteamericana, nos taparon los oídos y comenzaron a hundir el barco con tres cañonazos, haciendo explotar los tanques de gas, lo cual vimos”.

La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos denunció que hasta 2006 se habrían hundido cerca de 40 barcos comerciales dentro de las 200 millas de mar ecuatoriano. En la Fiscalía de Manta se registraron más de 60 denuncias de desapariciones o presuntas muertes. Así se demostró que el hundimiento de embarcaciones fue una práctica sistemática llevada a cabo por la Guardia Costera estadounidense en aguas territoriales, en cooperación con las autoridades ecuatorianas durante el gobierno de Lucio Gutiérrez.

“Llukshi yanquis”

En 2009, durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), Ecuador no renovó el acuerdo con Estados Unidos, y con esto terminó la presencia militar estadounidense en la Base de Manta. Esto marcó un giro en la política exterior ecuatoriana de mayor autonomía e independencia frente a los intereses de Estados Unidos.

La ocupación de la base de Manta por tropas estadounidenses generó rechazo por el incremento del trabajo sexual, el consumo de sustancias ilegales y la oferta de servicios por parte de mercenarios (sicarios). Al respecto, se puede consultar la presencia de DynCorp, multinacional. 

A nivel político, la Base de Manta representaba una violación de la soberanía ecuatoriana. En 2008, se produjo la incursión militar en Angostura por parte del ejército colombiano con apoyo de Estados Unidos donde resultó asesinado ‘Raúl Reyes’, líder de las FARC y otros guerrilleros. La acción militar trajo tensión en la relación bilateral con Colombia, entonces gobernada por Álvaro Uribe.

Estas prácticas las investigó la Comisión de la Verdad conformada en 2010. Uno de los temas fue el irrespeto a los derechos humanos por las graves ofensas a los derechos humanos que provocó la ocupación de la Base de Manta, así consta en el informe público de 2010: “Durante los abordajes, los pescadores aseguraron haber sido objeto de vejaciones y maltratos por parte de los marinos estadounidenses. La presencia del FOL en Manta, por lo demás, trajo otros problemas como aumento de la prostitución, limitación de las faenas de pesca por razones de seguridad, desalojo de familias campesinas, y riesgos para las poblaciones cercanas a los polígonos de tiro, según el informe de la Fiscalía General del estado de 2010. 

Bajo el argumento de “rescate”, las autoridades disfrazaron la cooperación bilateral para la contención del flujo migratorio. La Dirección de la Marina Mercante ecuatoriana dijo rescatar a 7 mil 599 migrantes que viajaban en barcos pesqueros desde enero de 2000 a julio de 2005, y que capturó a 56 barcos entre 2000 y 2005.

Aún se espera el trámite del proyecto de Ley de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales de migrantes en alta mar por parte de la Asamblea Nacional.

Colombia tiene siete bases y la guerra no termina

El caso de Colombia que con siete bases militares no ha logrado salir de la guerra civil y que desangra a ese vecino país, debe llevar a la reflexión de la comunidad internacional. En 2023, la producción de cocaína en Colombia se disparó 53% hasta alcanzar las 2 mil 600 toneladas, marcando un récord histórico en el mayor productor de esta droga en el mundo, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que también señala a Estados Unidos como el principal destino del tráfico de cocaína.

La cocaína se transporta desde los países productores en América del Sur hacia los mercados internacionales, utilizando rutas tanto aéreas como marítimas. Una de las principales rutas de tránsito es a través del océano Pacífico. 

Varias investigaciones y reportes han señalado que miembros corruptos de la Guardia Costera están vinculados al narcotráfico. Una de las acusaciones más graves surgió de una serie de investigaciones realizadas entre 2015 y 2018, cuando se investigó y procesó a varios miembros de la Guardia Costera por su vínculo con cárteles de narcotraficantes. El uso de embarcaciones oficiales, la falsificación de registros de interdicción y las “fugas de información” que detallan operativos de control forman parte de la problemática.

En recientes declaraciones del presidente Daniel Noboa, aseguró que en Ecuador hay 2 mil hectáreas de coca, con base en el informe Geoespacial de cultivos ilícitos en la frontera norte del Ecuador, entregado por el gobierno de los Estados Unidos. 

El gobierno estadounidense elaboró el estudio utilizando imágenes satelitales obtenidas por Copernicus, en colaboración con la Policía Nacional de Ecuador, las Fuerzas Armadas, reportes de prensa, la DEA y la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos (INL). Sin embargo, el comandante general de la Policía, Víctor Hugo Záratela, desmintió estos datos ante una comisión de la Asamblea Nacional, demostrando la falta de datos e injerencia. 

Permitir la ocupación de fuerzas extranjeras

La Asamblea Constituyente de Montecristi en 2008 prohibió la ocupación de fuerzas extranjeras en territorio ecuatoriano que quedó expreso en el artículo 5 de la Constitución del Ecuador: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares”.

En septiembre de 2024, Daniel Noboa, presidente del Ecuador, propuso la reforma parcial al artículo constitucional y en octubre, la Corte Constitucional avaló la propuesta para eliminar el texto que prohíbe el funcionamiento de bases militares.

De inmediato se dieron reacciones. Fernando Yépez, ex vicecanciller, señaló que es deber de la Asamblea nacional “solicitar información y fiscalizar los acuerdos de cooperación en seguridad suscritos con y sus protocolos de ejecución, que responden a los intereses estratégicos de ese país y reflejan la vergonzosa sumisión de nuestra política exterior.”

La Asamblea Nacional creó la Comisión Especializada Ocasional que tramitará el proyecto de reforma parcial a la Constitución, integrada por Gissela Garzón, Sofía Sánchez, Mariana Yumbay, Arturo Ugsha, Rafael Dávila, Nathaly Murillo y Jorge Peñafiel.

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión deberá presentar un informe dentro de 60 días, permitiendo un mínimo de 15 días para que ciudadanos expongan sus opiniones. El proyecto se tiene que debatir, al menos, dos veces. De aprobarse, se convocará a un referéndum en un plazo de 45 días.

A la comisión ocasional han asistido los ministros de Gobierno, Defensa, la canciller y otros funcionarios del Ejecutivo para defender la propuesta de Noboa. Para Gissela Garzón, quien preside esta comisión, si se materializa la reforma parcial, podría suponer la reconfiguración de las relaciones del Ecuador en el contexto internacional.

La importancia de la soberanía

Para el politólogo Iván Romero experto en gobernanza en América Latina, hay una lucha geopolítica de 60 años respecto a Galápagos y su posición estratégica en el océano Pacífico. 

La historia de ocupación de las Islas Galápagos, nos lleva a la revisión de bases militares y puestos de vigilancia en Ecuador en Salinas, provincia de Santa Elena  o la Amazonía, cerca de la frontera con Perú. Se usaron bases aéreas de Guayaquil y Manta en la costa; el puerto marítimo de Guayaquil, funcionó como base de operaciones para las fuerzas navales y aéreas de Estados Unidos en el hemisferio occidental desde donde se presume se hizo el ataque de Angostura en 2008.

Fueron claves el Acuerdo de Defensa Conjunta (1941), el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre Ecuador y Estados Unidos, firmado en Río de Janeiro en 1942 y el Acuerdo Bilateral de Defensa (Base de la Isla Seymur). Estados Unidos siempre ha tenido la necesidad de asegurar las rutas marítimas del Pacífico.

A la ubicación estratégica se suma el lavado de activos en Ecuador que cuenta con una economía dolarizada, explica Romero. Actualmente, Ecuador juega un papel importante en la estrategia de seguridad y defensa de Estados Unidos para el contenimiento de Rusia o China en la región. 

Sin embargo, Ecuador tiene firmado un Tratado de Libre Comercio con China que le permite la penetración económica en el país. Ecuador ha sido un destino para inversiones chinas en minería, infraestructura y energía. También puede ser una respuesta a la apertura en Perú del multimillonario proyecto del puerto de Chancay con el que China se fortalece.

La contención a la expansión económica de los hegemones

“China está a la vanguardia de la creación de rutas de comercio marítimas. En América Latina, China financia 11 puertos donde proyecta su poder económico y geopolítico”, explica Romero. Existe la posibilidad de la construcción de un tren de carga que recorra Perú, Ecuador y Colombia con lo que la expansión de China sería inminente en el aspecto financiero y comercial. 

El puerto de Chancay entra en competencia con el canal de Panamá. El Canal de Panamá estuvo bajo el control de Estados Unidos por casi un siglo entre 1914 a 1999, lo que le otorgó una influencia significativa sobre el comercio y la navegación mundial. La reactivación del ‘Triángulo de Seguridad en el Pacífico’ en realidad obedece a la contención hegemónica de China con el apoyo de Rusia”, concluye Romero. 

Este proyecto permitiría a China controlar una ruta alternativa que conecte el océano Pacífico y el océano Atlántico. En esta ruta podría también utilizarse para el transporte militar chino y ruso sin obstáculos que impidan el acceso transoceánico de los buques comerciales. 

En la visión norteamericana se impone el poderío militar que cada vez queda más corto frente al crecimiento armamentista de China y Rusia pero sobre todo sus economías. 

Estados Unidos mantiene una extensa red de bases militares a nivel global, con más de 700 instalaciones en aproximadamente 80 países. Cuenta con alrededor de 1.4 millones de militares en servicio activo y aproximadamente 440 mil en reserva. En el año fiscal 2024, el presupuesto de defensa de Estados Unidos es de 824 mil 300 millones de dólares. 

Estados Unidos no posee una presencia en puertos internacionales en términos de volumen de carga, estos puertos manejan menos tráfico en comparación con los principales puertos chinos. El laboratorio de investigación eData identificó al menos ocho puertos comerciales chinos que podrían convertirse en bases militares en los próximos cinco años. 

El presupuesto de defensa de Rusia para el año fiscal 2024 es de 140 mil millones de dólares, representando un 7.1% de su PIB. Rusia no tiene una presencia significativa en términos de control de puertos comerciales a nivel mundial. Su influencia se centra en alianzas regionales.

China cuenta con el ejército más grande del mundo, con aproximadamente 2 millones de militares en servicio activo. También, ha incrementado su arsenal nuclear, superando las 600 ojivas operativas y con proyecciones de alcanzar las mil para 2030. Actualmente alberga 25 de los 100 puertos más importantes del mundo, consolidando su posición como líder en infraestructura portuaria. Empresas chinas controlan aproximadamente 57 de los 100 principales puertos a nivel global, lo que refleja su estrategia de expansión y control en el comercio marítimo internacional.