Un golpe de Estado nos puso en la cara quiénes mandaban en Honduras, cuando las élites económicas de origen extranjero fueron señaladas como las que movieron las piezas para no perder sus beneficios. Doce años han pasado desde esa ruptura y en este tiempo, en que un régimen autoritario se instauró, se volvió más evidente la vinculación entre élites económicas, políticos y grupos criminales. Ahora, con la llegada de un nuevo gobierno de corte izquierdista, no solamente está la expectativa de que la autocracia se desmonte, sino también de que se acaben los privilegios de una élite que colaboró en el saqueo del Estado.

Texto: Jennifer Ávila Reyes

Arte: Mario Trigo

HONDURAS.- Hay una imagen en la ciudad de San Pedro Sula que muestra la caída de la burguesía local y el empoderamiento de una élite económica extranjera, me dice el escritor e historiador Julio Escoto. Estamos en el estudio de su familia, donde él se reúne con una élite intelectual bien reducida de San Pedro Sula; su esposa da clases de ballet a niñas en edad escolar.

Escoto es un observador. Se ha dedicado toda su vida a escribir novelas históricas, por eso, me dice que desde su perspectiva, el edificio del Casino Sampedrano, totalmente en ruinas en pleno bulevar principal de la ciudad, es un símbolo.

El Casino Sampedrano era el escenario donde la burguesía local del siglo XX, terratenientes herederos de la precaria administración colonial, presumía de sus excesos. Y eran excluyentes, los nuevos comerciantes árabes y judíos, recién emigrados huyendo de la pobreza en sus países, no podían entrar al casino.

En ese momento, San Pedro Sula y toda la zona norte del país estaba sumida en las plantaciones de las compañías bananeras y el abandono del precario estado nacional; el escenario de la verdadera Banana Republic. El progreso que trajo la compañía frutera a esa región olvidada alcanzaba también para nutrir la riqueza de esa poco educada burguesía local.

Escoto, así como otros historiadores, argumenta que la burguesía nacional de Honduras era la más pobre de la región. Esto las hizo sucumbir rápidamente, al tiempo que las familias de origen palestino fueron acumulando riquezas en la ciudad desde 1939. También construyeron sus propios símbolos de poder, el Club Árabe Hondureño. Del Casino —y de esa burguesía local— solo quedaron ruinas que, siguiendo con las metáforas, algunos indigentes de la ciudad ahora han tomado como hogar. Pero una nueva élite terminó erigiéndose y colocó a sus familias en las listas de la revista Forbes por ser poderosos dueños de medios de comunicación y actores importantes de la política hondureña.

La desigualdad económica en Honduras es la cuarta más alta de América Latina. Según el reporte del Bertelsmann Tranformation Index de 2020, el 20% más rico de la sociedad recibió el 55% del ingreso total del país. En contraste, el 20% más pobre recibió solo el 3,2% del ingreso agregado, una desproporción que poco ha cambiado desde 1999. Honduras es un país eminentemente rural, solo tiene dos ciudades con algunos servicios públicos mínimos: San Pedro Sula y Tegucigalpa. Ambas también son las ciudades más violentas del país. San Pedro Sula es una de las ciudades que mejor retrata esa desigualdad reportada en los índices de transformación o desarrollo. Allí, donde los cinturones de pobreza han desencadenado además una crisis de violencia muy grave, también radica el hombre más rico del país, el pakistaní Yusuf Amdani.

De esa ciudad es la familia Rosenthal, de origen judío, que se convirtió en grupo económico en los años 90 y desarrolló un imperio que la colocó como la familia más rica del país. El patriarca, Jaime Rosenthal Oliva, ya de la segunda generación, intentó ser presidente en dos ocasiones sin éxito, aunque logró ser vicepresidente y diputado. Su hijo, Yani Rosenthal Oliva, es quien le ha seguido los pasos en la política, en las pasadas elecciones generales fue uno de los candidatos más controversiales, ya que cumplió una pena de 36 meses de cárcel en EE.UU. por delitos relacionados al lavado de activos. Su pasado se reflejó en las urnas ya que solamente el 9% de los hondureños votó por él para presidente. A pesar de eso, tiene un poder simbólico aplastante.

Pero de Yani Rosenthal hablaremos después. Por ahora, Escoto sigue contando cómo con la llegada de los migrantes desde Palestina y Rumanía y su nacionalización en 1937, la zona norte despegó de la mano de ellos.

«En ese contexto entra una población con ciertas características étnicas, que es la árabe, a principios del siglo XX en Honduras, muchos de ellos venían de Palestina con pasaporte turco. Se dedicaban a recoger el banano que se tiraba al lado de las líneas férreas y lo iban a vender a los barrios, era gente que producía camisas, pantalones y los iba vender al crédito a veces a cinco lempiras por semana y comenzaron poco a poco a adquirir capital, muy trabajadores, y fueron constituyendo sobre todo acá en el Valle de Sula la fuerza económica que mantiene a sus hijos», cuenta, mientras se hidrata con un vaso de agua; la temperatura está quizá a unos 40 grados centígrados, hay una humedad que noquea y zancudos que desangran.

Un golpe de élites

Durante el golpe de Estado de 2009 se veían pintas en los muros de Tegucigalpa: «Turcos fuera». En Honduras se les dice despectivamente «turcos» a los descendientes de los árabes que llegaron en los años 30 y se nacionalizaron hondureños; muchas de estas familias conforman la élite hondureña. Varios estudiosos les han llamado «familias o poderes fácticos», ya que han acumulado capital financiero; pero además poder simbólico a través de sus inversiones en medios de comunicación y su inclusión en la política hondureña.

Varios incluso les llamaron «la oligarquía», una «élite golpista» por la cual el golpe de Estado se materializó. Sin embargo, el historiador que más objetivamente ha abordado el papel de las familias ricas desde un punto etnoracial, Darío Euraque, difiere de colocarles esa descripción.

En un documento publicado en el Anuario de Estudios Centroamericanos, vol. 45, de la Universidad de Costa Rica en 2019; Euraque argumenta que las «élites», «oligarquías» y «burguesías» en Honduras aún carecen de estudios históricos sistemáticos.

Apunta en su ensayo que: «En este vacío historiográfico es difícil caracterizar el accionar y motivación de las «10 familias» que supuestamente financiaron el golpe de Estado del 2009, aunque aun así continúan publicaciones con superficiales referencias a la «oligarquía hondureña» (Shipley). Tampoco es fácil determinar claramente el accionar de las élites en su conjunto, en sus segmentos, fracciones y personajes más conspicuos, ante la disyuntiva que presenta la ilegitimidad que sufre el sistema político hondureño, y los partidos políticos, sobre todo con el hecho de que durante la década posterior al golpe de Estado parece ser que el peso de los segmentos tradicionales más poderosos y su influencia sobre el Estado concesionario lo asumieron más bien clanes de narcotraficantes transnacionales, quienes invirtieron en los mecanismos políticos partidarios clientelistas de antaño (Chayes, 2017)».

Las élites económicas hondureñas son un conglomerado heterogéneo que se enriquece de los vacíos del Estado y de la defraudación oportunista de la poca institucionalidad existente.

Después de las elecciones de 2010 (un año después del golpe), tomó posesión el Partido Nacional bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández. Él, desde la presidencia del Congreso Nacional, se encargó de consolidar su poder y concentrar los tres poderes del Estado. Desde ese entonces, Hernández gobernó en una clara autocracia electoral, pero es desde ese entonces también que nuevos actores económicos se involucraron en el financiamiento de su gobierno y en las redes de corrupción.

Ya no son solamente esas familias que han tenido su cuota de poder y su margen de negociación gracias a su capital, ahora hablamos también de narcotraficantes, algo ya mundialmente conocido por los juicios en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sobre todo el de Antonio Hernández, hermano del presidente. También hablamos de una élite política que gracias a estos nuevos ingresos comenzó a tener más capital y más poder a la hora de negociar con los empresarios tradicionales. También son clanes familiares como el de Hernández o como el de Porfirio Lobo Sosa, el expresidente de 2010. Y también surge una nueva generación de empresarios beneficiados con concesiones millonarias del Estado y con gran influencia en los poderes del Estado como es el caso de Lenir Pérez, esposo de una de las hijas de Miguel Facussé.

El historiador Escoto cuenta que su grupo de amigos de «élite intelectual» se rompió para el golpe de Estado porque cinco de ellos se sintieron acusados de ser «oligarquía», algo que ellos aseguraban no era su culpa.

«Una de las interpretaciones que tuvimos inmediatamente es que ellos no eran oligarquía. Oligarquía es un estamento mayormente económico que ejerce grandes influencias políticas y que usualmente no es conocido o es muy discreto, casi lo que conocemos como grupos fácticos, y caen más bien dentro de un rango moral negativo»; de esos no eran sus amigos, dice Escoto. 

«Hay fotografías simbólicas, una por ejemplo, cuando Michelleti (el presidente de facto de 2009) vino a San Pedro Sula después del golpe más o menos al mes y fue recibido en Expocentro en un salón enorme por todo Arabia Saudita o Arabia Sulita, diría yo. Todos los árabes alabando, aplaudiendo al hombre todo por miedo de que efectivamente iba a entrar a Honduras un gobierno de izquierda aliado con Chávez y que les podía reducir sus ingresos, ponerles más impuestos, quitarles propiedades aunque yo creo que más bien fue porque de pronto se dieron cuenta que se podían repartir el Estado entre ellos mismos», explica Escoto. Y la repartición se dio.

Independientemente de la precisión del concepto de oligarquía con que Escoto analiza a su grupo de amigos intelectuales, tal como él mismo lo señala, élites, burguesías y oligarquías se plegaron totalmente al golpe de Estado.

Un modelo económico y unas élites que se nutren de la corrupción

Uno de los apellidos árabes más comunes y controversiales en Honduras es el Facussé, sobre todo por Miguel Facussé, ya de segunda generación, quien murió en 2015. Antes de su muerte creó un imperio con la industria de la palma aceitera. Fue el protagonista de una cruenta guerra por la tierra en el valle más productivo del país, el Valle del Aguán al norte de Honduras.

Cuando entró el modelo neoliberal a Honduras en 1990 de la mano del presidente del Partido Nacional, Rafael Leonardo Callejas (quien murió preso en Estados Unidos por el escándalo del Fifagate), se echó para atrás la reforma agraria para dar paso a una Ley de Modernización Agrícola que permitía la acumulación de tierras en pocas manos y la venta de tierras que habían sido entregadas a campesinos durante la reforma. La mayoría de tierras en el valle del Aguán, que hasta este momento suman 12.000 hectáreas, cayeron en manos de Facussé con su empresa Dinant. Entre 2008 y 2012 murieron 128 personas, mayormente campesinos y varios guardias de seguridad en medio de un conflicto en el que los campesinos buscaron recuperar tierras enfrentándose al empresario.

Todo esto sucedió en la zona atlántica de Honduras, donde en esos años floreció el cártel de tráfico de drogas más grande que ha habido en el país, el cártel de los Cachiros, llamados así porque el patriarca de esa familia se llama Isidro y todos ellos son fieles a San Isidro Labrador. A Facussé se le señaló de colaborar con el aterrizaje de avionetas con drogas en sus propiedades. Una ciudadana de Tocoa, la ciudad central del valle del Aguán donde vivían los Cachiros y donde está la empresa de Facussé, me dijo una vez que entre más droga circulaba por el Aguán, más palma africana iba a inundar el territorio. La palma es la materia prima del imperio de Facussé y la cocaína el motor de la economía en un sector olvidado por el Estado.

El modelo económico propuesto por la reforma agraria, la distribución de tierras a cooperativas para diversificar la producción agrícola y con ello activar el campo en el norte, fue sustituido por la concentración de grandes extensiones de tierra para el cultivo extensivo de la palma, dejando fuera a las cooperativas campesinas y abriendo la costa caribe de Honduras al narcotráfico.

Ese cambio de modelo económico en los 90 es el punto de partida para lo que tenemos ahora y para entender el poder de las élites, me explica Eduardo Facussé, quien a pesar de su apellido, se desliga de Miguel Facussé. Eduardo es actualmente el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, su padre fue presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) antes del golpe de Estado, pero aunque en ese momento no tenía una posición beligerante, ahora es un crítico del gobierno nacionalista. Ahora su hijo es una voz crítica que se desvincula de las élites empresariales más poderosas.

Como en otros países de Latinoamérica, las políticas neoliberales no produjeron economías abiertas y competitivas, con burocracias estatales reducidas y eficientes. Al contrario, los precarios activos del Estado fueron depredados por élites económicas tradicionales. La burocracia estatal creció como forma de garantizar el clientelismo. La clase política se independizó económicamente gracias a la corrupción convirtiéndose en la principal fuente de financiamiento mafioso del sistema político. El neoliberalismo no hizo un mejor capitalismo, porque aquí en Honduras eso no existía ni aún en sus formas más incipientes.

Eduardo Facussé dice que en los años de la entrada del neoliberalismo, la relación entre élites económicas y políticas fue simbiótica. Ahora más bien parece una relación competitiva.

«Los grupos económicos financiaban la parte política y solicitaban los cambios para tratar de hacer progreso en Honduras o para agenciar negocios o intereses particulares Hoy en día el incremento de la corrupción ha causado que la clase política se ha vuelto más independiente, tiene su propia oligarquía y ellos también están demandando su propio espacio, entonces están amarrados los dos de manera de que no dejan al país progresar», dice este empresario radicado en San Pedro Sula.

Facussé se considera un empresario en la lucha anticorrupción, algo impopular en estos tiempos. «Ahora lo que mantiene unida a la oligarquía económica con la oligarquía política es la corrupción, ese es el vehículo.»

Y hay varios ejemplos que ilustran que la corrupción no puede ser posible sin la participación de los dos actores, empresarios y políticos. En octubre de 2021, el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación) reveló el leak más grande en la historia del periodismo, más de 11 millones de archivos de 14 empresas facilitadoras de servicios offshore en el mundo que vinculaban a empresarios y políticos de alto nivel en inversiones cuestionables y poco transparentes.

En Honduras, desde el medio que dirijo investigamos cinco casos, entre los cuales estaba el expresidente Porfirio Lobo Sosa, el actual contendiente por el mismo partido que Lobo para la presidencia, el empresario de la construcción de origen palestino Nasry Asfura y un diputado del mismo partido y también de origen árabe, Yaudet Burbara. Pero también hubo dos empresarios, uno de ellos Yankel Rosenthal, de origen judío, quien estuvo preso en Estados Unidos por delitos relacionados al lavado de activos y primo del presidenciable Yani Rosenthal, y el empresario Fauzi Rishmawi de origen árabe.

En el caso de Yankel Rosenthal, quien se declaró culpable de realizar transacciones con bienes ilícitos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se reveló cómo también servía de enlace entre la élite, los narcotraficantes y el gobierno. Los Rosenthal han sido miembros del Partido Liberal desde siempre, y han tenido su cuota de poder también con el Partido Nacional. Yankel, por ejemplo, incluso fue ministro del actual presidente Juan Orlando Hernández y tuvo pláticas con narcotraficantes para financiar su campaña.

Yankel manejó empresas offshore que pueden dar pistas de más delitos relacionados al lavado de activos. Sin embargo, después de que cumplió su pena de 36 meses en EE.UU., pareciera que ya nadie lo busca más. Las veces que intenté contactarlo me dijeron que pasaba viajando entre México y Portugal y que regresaba a Honduras solo cuando jugaba el equipo de fútbol del que aún es presidente en San Pedro Sula.

Su primo Yani, el candidato a presidente, se negó a hablar conmigo; después de un mes de espera accedió a darme una entrevista que canceló el día que habíamos pactado. La última vez que lo vi e intenté hablar con él, daba una conferencia de prensa como coordinador del Partido Liberal de Honduras tras su apabullante derrota en las elecciones. Jugaba la última carta que le queda en la política hondureña: la negociación con el Partido Libre de la ganadora Xiomara Castro para controlar el Congreso Nacional.

Por otro lado, Fauzi Rishmawy representa la figura del «cómplice necesario» para la corrupción. Rishmawy fue procesado judicialmente por fraude en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); un caso que levantó la indignación del pueblo hondureño que pedía una lucha anticorrupción independiente. El padre de Rishmawi llegó a Honduras desde Chile, se casó con una hondureña en el norte del país y consolidó su familia aquí. Ahora los Rishmawi son un grupo empresarial de la construcción y la energía que se ha expandido por Centroamérica.

Rishmawy fue acusado por sobrevalorar por más o menos un millón de dólares unas calderas que vendió al Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, y por transferir dinero a funcionarios públicos. Rishmawy me dijo que por un millón de dólares él no pondría en riesgo el trabajo de más de 40 años, el nombre de su familia y sus relaciones con comerciantes internacionales. Y seguramente es cierto; lo que no dijo Rishmawy es que esa sobrevaloración, ese millón, no es para ser más millonario sino para garantizarse ser proveedor del Estado, que es uno de sus clientes más grandes.

La sobrevaloración no es la ganancia de los empresarios, sino que es lo necesario para poder seguir en el juego como proveedores exclusivos. Así aseguran la renovación continua de contratos con el Estado. Esa es la relación simbiótica de la que habló Facussé.

Estamos en la Cámara de Comercio que lidera Facussé en San Pedro Sula. Ese día llegará Nasry Asfura a presentar su plan de gobierno a los empresarios. Facussé dice que Asfura es una buena persona pero que carga una pesada mochila. Se refiere a todos los crímenes de su partido, el Partido Nacional, el mismo de Juan Orlando Hernández.

En el momento que vive Honduras, con la salida del presidente Hernández tras 8 años en el poder, Facussé reconoce que las élites cometieron un error apoyando el golpe de Estado de 2009, pero también apoyando la misma reelección de Juan Orlando Hernández en 2017.

«Ese suceso no podía llevarse a cabo si no era con el apoyo de la oligarquía económica, esa es tal vez la prueba más fehaciente de que había una simbiosis ahí ya creándose y creo que ya los últimos años han sido desastrosos en términos de esa relación, se ha degenerado, hemos visto el incremento en los niveles de corrupción y en la deformación de las leyes, no hay reglas justas en el juego y ese es el deterioro que vemos de 2014 a este año. Creo que en el 2014 al país le entraban 1.600 millones de dólares de inversiones extranjeras directas y hoy en día estamos debajo de 400, lo han aniquilado realmente», explica.

A diferencia de lo que dice Facussé de que el país está quebrado y que no hay ni negocios nuevos. A pesar de la devastación de dos tormentas tropicales y la pandemia por COVID-19, se ven en San Pedro Sula grandes y nuevas edificaciones de condominios. Muchas de ellas vacías. El lujo de una ciudad que no puede dárselo. Dice Facussé que esos excesos que se ven no son reales. Ese es el gran daño que hace el narco a la economía de este país, que convierte todo en un espejismo y profundiza la desigualdad.

«Declaraban en New York que han financiado campañas políticas (los narcos). Bueno, pregunto, ¿por qué? ¿Por qué los políticos habrán aceptado eso? Porque querían tener mayor independencia de la élite económica para decidir más ellos y que no les dijeran qué hacer», dice Facussé desde la oficina del empresariado, muy lejos del centro de la ciudad, inundada por comerciantes informales que sobreviven día a día.

Y agrega que «aunque la mayoría de la economía es real, no es que vamos a decir que hay una gran parte de la economía que se mueve por estos dineros ilícitos, lo que pasa es que distorsiona la realidad, porque tienes ingresos que no son reales. Entonces muchas veces estamos viviendo hasta cierto punto en una falacia de dinero que realmente no se produce localmente. En la medida que se formalizan las transacciones, se formalicen los empleos, se formalicen los comerciantes, eso creo yo que va a ir desapareciendo»,

Dice Facussé que son al menos unas cincuenta personas las que deciden por el país ahora. La élite económica, que no se puede ver uniforme, que ahora incluye algunos políticos o familiares lejanos que han agarrado poder gracias a la corrupción. Y también las históricas, las que negocian con quien sea: «las grandes familias».

«Tradicionalmente en este país los negocios han sido familiares. O sea, Honduras no ha pasado a negocios donde salimos a una bolsa, bolsa donde hay una inversión pública; estamos todavía bajo un esquema bien tradicional. Entonces lógicamente los patrimonios son familiares no porque así lo escogieron, si no porque sencillamente el medio es lo único que permite. Nuestra economía no ha dado ese avance cualitativo como lo ha dado la élite en Guatemala, por ejemplo», dice.

La economía hondureña no se diversificó lo suficiente para que las nueva generaciones de élites económicas pudieran seguir multiplicando su riqueza. A eso se sumó que el modelo extractivo de recursos naturales produjo una sociedad convulsionada por conflictos sociales. Entonces fue la corrupción y el narcotráfico lo que vino a renovar las fuentes de enriquecimiento para unas élites. Y a crear otras nuevas élites cuya única virtud productiva es controlar la política de forma mafiosa.

Lo desleal de esta competencia entre élites es que ahora, las nuevas surgidas de la política ya no tienen que negociar con las tradicionales el financiamiento de los partidos. Ahora, esas nuevas élites se financian solas y los beneficios del gran productor de riqueza, el Estado, los monopolizan poniendo muy difícil la sobrevivencia a unas élites tradicionales que deben enfrentar conflictos sociales producidos por su fuente de riqueza, los recursos naturales. Así las cosas, la corrupción sí es un problema, aunque no lo fue antes, cuando la política estuvo subordinada a las «oligarquías».

De narcos, políticos y empresarios

«Yo no soy de élite, no soy de andar en clubes, asociaciones, yo soy de andar en la iglesia… paso trabajando todo el día en la política, en la noche en los Emiratos… Yo no soy hombre de pistolas, nunca he querido andar armado, allí tengo una AK (47) que me regalaron y ni la he tocado. No soy un hombre tufoso ,como dicen en mi pueblo», responde el diputado Óscar Nájera cuando le pregunto si él se considera un hombre de élite. No es «tufoso»; en el argot popular hondureño eso quiere decir engreído. No es como las élites, dice.

Nájera fue diputado desde 1987. Antes de perder su curul en estas elecciones me dijo que para la próxima contienda electoral, en 2026, él aspiraría por la presidencia desde su partido, el Partido Nacional. Pero ahora está derrotado y en el fin de su carrera política como diputado porque en las elecciones de noviembre de 2021 le pasaron factura los muchos señalamientos y sanciones internacionales. Entre estas haber sido enlistado en las sanciones de la Ley Magnitsky en Estados Unidos y en la Lista Engel. A pesar de esto, Nájera sigue siendo un hombre popular y siempre atribuyó los señalamientos a «la envidia» de algunos de sus amigos; e incluso de algunos de sus compañeros de partido.

Nájera es de Colón, en el valle del Aguán, allí mismo donde Miguel Facussé hizo su imperio de palma africana. Territorio najerista, decía un rótulo en la entrada de Tocoa. El poder simbólico de este diputado eterno no se acaba con haber perdido las elecciones esta vez. Él también es un reconocido empresario palmero, por eso dice que por las noches trabaja en los Emiratos Árabes o en Malasia, porque tiene que ver con sus inversiones en ese rubro.

A veces se filma llegando a Colón en su helicóptero después de recorrer sus fincas de palma. Nájera no niega que fue amigo de los Cachiros; quienes en los juicios de Nueva York lo han mencionado como el enlace entre narcos y políticos para garantizar protección. Pero dice que, aunque fueron amigos, jamás hizo negocios con ellos porque es cristiano. «Uno no escoge su familia pero sí sus amigos, si tengo amigos buenos es el 99,9%, que uno que otro se me haya colado, igual los quiero porque todos somos hijos de Dios», asegura.

Este diputado representa lo que Eduardo Facussé hablaba antes; esa élite política que se independizó, que con recursos frescos, muchas veces ilícitos, no quería recibir instrucciones de ningún «tufoso» y que desde su finca (llámese así también el departamento que controla) hace y deshace además con los fondos del Estado. 

«Yo soy un diputado de pueblo, beligerante, miedo a nadie, solo temor a Dios, he sido diputado, nunca he peleado con nadie. El voto del millonario y el del pobre son iguales, no soy un diputado de élite, de andar en embajadas, en fiestas, soy normal», aduce. 

Nájera nació en el territorio bananero y aunque salió a estudiar a la ciudad, su pensamiento se quedó como el de un capataz. El historiador Julio Escoto dice que así era la burguesía local hondureña a inicios del siglo XX, «regresaba de sus asuntos políticos al campo, a su casa, a vivir como un campesino sin servicios ni educación».

Antes de las elecciones del 2021 yo pensaba que no era descabellado que Honduras diera la oportunidad a Nájera de ser presidente. El país ha tenido solamente cuatro presidentes empresarios o intelectuales: el presidente Callejas, heredero de una burguesía local en 1990; en 1994 el presidente Carlos Roberto Reina del Partido Liberal, un intelectual, abogado y diplomático; en 1998 el presidente Carlos Flores Facussé, empresario también del Partido Liberal y en 2002 el presidente nacionalista Ricardo Maduro, reconocido empresario de origen panameño. Después de Maduro los presidentes han sido populistas rurales, hablan y se comportan como finqueros. 

Por otro lado, en la misma jungla electoral pero desde su posición de élite judía está Yani Rosenthal Hidalgo. Yani es ya de la tercera generación de la familia Rosenthal. Su grupo económico fue golpeado con las acusaciones contra él, su padre Jaime Rosenthal Oliva y su primo Yankel Rosenthal. Los tres reconocidos empresarios y políticos del Partido Liberal. Los tres investigados por la DEA y acusados por la Fiscalía del Distrito Sur por lavado de activos provenientes del narcotráfico. No fue una sorpresa en Honduras que los Cachiros revelaran que esta familia era su socio comercial más importante. Se veían rótulos en todas las construcciones de los Cachiros que decían que eran financiados por Banco Continental; el corazón del grupo económico de los Rosenthal. 

Ya en Nueva York después de su entrega, los Rosenthal (a excepción del padre, don Jaime, quien se quedó en Honduras enfrentando un cargo por evasión fiscal) se declararon culpables de un delito menor y la negociación con la fiscalía nos quitó la oportunidad de conocer los indicios de una red de lavado de activos que al final no se pudo comprobar. Mientras tanto, en Honduras, el gobierno de Juan Orlando Hernández incautó las empresas más importantes de la familia y repartió la cartera de Banco Continental a diversos bancos; el más beneficiado fue el banco guatemalteco Banrural.

Ahora Yani, que regresó para recuperar poder, hizo una campaña de victimización con su historia y llama a sus años de cárcel un exilio. A las incautaciones las o califica como un ataque político. «Yo he sufrido como ustedes», le decía a la población hondureña que ha sufrido por la pobreza y la violencia por décadas, y sobre todo por la impunidad que ha cobijado a la clase política y que le permitió al mismo Yani ser candidato presidencial.

Antes de las elecciones, decía Eduardo Facussé que Yani es «de los candidatos, el más estructurado mentalmente. Tiene tal vez el mejor plan de gobierno, pero la mochila que anda atrás es bien pesada». Y admite que el caso de los Rosenthal le dio una gran lección a la élite.

«Que tenemos que tener más cuidado de cómo hacemos la operación, fue un llamado de atención a la clase empresarial para recordarle que tiene que tener cuidado con quién hace negocio y de qué manera», dice. 

En Honduras tener dinero y poder es equivalente a ser oligarquía. Curiosamente, ninguno de los que poseen esos dos recursos se asume como parte de las élites; con las responsabilidades de liderazgo e influencia que también se espera de ellas y que inevitablemente tienen. Las élites, para bien o para mal, son parte fundamental del proceso de formación de los Estados. Al menos así lo han sido en la historia de los países. Las élites se integran en cámaras, grupos de influencia, tanques de pensamiento y hasta en partidos políticos.

En Honduras parece que esa influencia se hace pero no se asume. Se opta por lo oculto. Lo indirecto. Por un sistema de relaciones que no dejan de ser familiares, locales y carentes de perspectiva de futuro más allá de sus intereses inmediatos.

Esa corta visión ha hecho que la corrupción y otras fuente ilegales de enriquecimiento sean el principal campo de la competencia entre élites nuevas (surgidas, principalmente, de unos partidos políticos tradicionales y desgastados) y las nuevas generaciones de las viejas élites (que aún buscan distanciarse de los otros, aunque cada vez sea más difícil establecer la diferencia entre ambos).

Oligarcas al estilo hondureños todos, algo que dudosamente cambiará con el nuevo gobierno de la primera mujer en la presidencia de Honduras, la ex primera dama Xiomara Castro, esposa del presidente depuesto por un golpe de Estado, Manuel Zelaya Rosales.

**Este texto es parte del proyecto Élites sin destino apoyado por el programa de medios y comunicación para América Latina y El Caribe de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).