Los partidos recibirán al menos 10 mil millones de pesos para las elecciones federales de 2024. Quizás ha llegado el momento de revisar las reglas que hacen que nuestro sistema político tenga partidos ricos y una democracia pobre en resultados
Tw: @chamanesco
Para el año 2024, los siete partidos políticos con registro nacional se repartirán al menos 10 mil millones de pesos para sus actividades ordinarias y su gasto de campaña.
Se trata de la cifra más alta en la historia de la democracia mexicana y, probablemente, la bolsa de dinero público más grande que se distribuya entre partidos políticos a nivel mundial.
Esta cantidad equivale a cuatro veces el presupuesto que en 2023 están ejerciendo hospitales como el Instituto Nacional de Pediatría (2 mil 328 millones de pesos); el Instituto Nacional de Nutrición (2 mil 226 millones de pesos) o el Hospital Juárez de México (2 mil 120 millones de pesos).
Es cuatro veces el presupuesto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (2 mil 524 millones de pesos); casi el triple de lo que ejerce el Instituto Nacional de Bellas Artes (3 mil 460 millones de pesos) y más del doble de lo asignado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (4 mil 739 millones de pesos).
Sin embargo, esta asignación multimillonaria de recursos públicos no es un capricho de la autoridad electoral, una decisión del presente gobierno o una maniobra más del “perverso neoliberalismo”.
Se trata de un mandato constitucional, producto de un acuerdo político de hace casi 30 años, cuando se fijaron las reglas del financiamiento público como un mecanismo para generar equidad en la contienda política.
La regla está en el artículo 41 de la Constitución, y ha sobrevivido ya a múltiples reformas políticas y a un sinfín de iniciativas que han buscado reducir esos montos que, a la fecha, lucen absolutamente desproporcionados.
La Constitución establece que el Instituto Nacional Electoral debe calcular anualmente el financiamiento público que se otorga a los partidos para sus actividades ordinarias, multiplicando el número de personas registradas en el padrón electoral, por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
En elecciones federales añadirá montos adicionales para financiar sus gastos de campaña: el 30 por ciento del gasto ordinario en elecciones donde sólo de renueve la Cámara de Diputados, y el 50 por ciento en las que se renueve la Presidencia de la República.
Es por ello que para 2024 los partidos se repartirán alrededor de 10 mil millones de pesos.
Según el corte del padrón electoral al 31 de julio de 2023, un total de 98 millones 75 mil 53 personas se encuentran registradas. Esto representa un incremento de alrededor de 9 millones de votantes, en comparación con los 89 millones de las elecciones de 2018.
He ahí una primera razón para entender por qué 2024 será la elección más costosa de la historia. La población en edad de votar se ha incrementado, y ha mejorado la capacidad del INE para incluir en el Registro Federal Electoral a los mayores de 18 años. Hoy en día, casi todos los mexicanos y mexicanas adultas tienen una credencial para votar con fotografía, independientemente de que vayan a las urnas.
Por otro lado, la Unidad de Medida y Actualización es de 103.74 pesos en 2023, y el 65 por ciento de ella equivale a 67.4 pesos. La UMA, que es el equivalente aproximado a un salario mínimo, estaba en 75.4 pesos en 2018. He ahí la segunda razón del incremento en las prerrogativas.
Si se multiplica el padrón actual (98.7 millones) por el 65% de una UMA, el financiamiento para actividades ordinarias de los partidos políticos para 2024 asciende a 6 mil 613 millones de pesos.
Y la mitad de esa cantidad (3 mil 306 millones de pesos) será el financiamiento para gastos de campaña. Sumados ambos rubros, arrojan una bolsa total de 9 mil 919 millones de pesos, a repartir entre los siete partidos.
A eso hay que agregar un 3 por ciento del financiamiento para actividades ordinarias (198.3 millones de pesos), que la ley establece que se deben otorgar a los partidos para el rubro “actividades específicas”; esto es, educación, investigación, capacitación y tareas editoriales.
Ahí ya van 10 mil 117 millones de pesos, a los que aún se suman pequeños montos para franquicia postal y franquicia telegráfica; además de que los partidos reciben tiempos en radio y televisión como parte de sus prerrogativas.
Con estas cifras, la de 2024 será la elección federal más costosa de la historia.
En 2015, con un padrón de 85.8 millones de votantes y la UMA en 70.1 pesos, el financiamiento a los partidos a nivel federal fue de 5 mil 356 millones de pesos.
Para las presidenciales de 2018, con un padrón de 87.5 millones de electores y la UMA en 75 pesos, las prerrogativas fueron de 6 mil 745 millones de pesos.
Y en las intermedias de 2021, con un padrón de 92.9 millones de electores, los partidos se repartieron 7 mil 186 millones de pesos.
La bolsa crece en casi 3 mil millones de pesos para 2024, gracias a una fórmula establecida en la Constitución por los propios partidos en los años noventa, con la que se aseguraron recursos inagotables y crecientes de por vida.
Cambiar eso implica una reforma constitucional en la que los partidos nunca van a estar de acuerdo, pues siempre habrá grupos minoritarios que digan que reducir su financiamiento público es una maniobra excluyente y antidemocrática.
La Constitución también establece la forma en la que se reparten estos montos entre los partidos políticos: el 30 por ciento del monto total para gasto ordinario se distribuye de forma equitativa entre los siete partidos, y el 70 por ciento restante de forma proporcional de acuerdo con los resultados de la última elección federal.
Cabe destacar que no importa el número de partidos que existan, pues el financiamiento se calcula sin importar eso. De hecho, mientras menos partidos haya, más recursos les toca a los que tienen registro.
Para 2024, de los 6 mil 613 millones de pesos a los que podría llegar el financiamiento para actividades ordinarias, una tercera parte (mil 983 millones de pesos) se repartirán de forma equitativa, por lo que le correspondería a cada uno de los siete partidos alrededor de 283 millones de pesos.
El 70 por ciento de la bolsa para gasto ordinario (4 mil 629 millones de pesos) se repartirán de forma proporcional, conforme a los resultados de las elecciones federales de 2021: Morena, 38.1%; PAN, 20.3%; PRI, 19.8%; MC, 7.8%; PVEM, 6%; PRD, 4% y PT, 3.6%.
Con base en esos porcentajes, Morena recibiría 2 mil 42 millones de pesos para actividades ordinarias, más mil 21 millones de pesos para gastos de campaña. Es decir, se llevaría más de 3 mil 63 millones de pesos, por ser el partido más votado en 2021.
Aplicando la misma fórmula, los montos aproximados que recibirán los partidos para las elecciones federales de 2024, serían: PAN, mil 883 millones de pesos; PRI, mil 798 millones; MC, 966 millones; PVEM, 840 millones; PRD, 702 millones y PT, 673.5 millones.
Adicionalmente, los partidos políticos reciben prerrogativas de los 32 Congresos de las entidades federativas, para gastos ordinarios de sus franquicias a nivel local y gastos de campaña en los procesos locales. Históricamente, esa bolsa ha sido equivalente al dinero que reciben a nivel federal, por lo que la bolsa global que recibirán los partidos políticos en 2024 podría llegar a los 20 mil millones de pesos.
Será, sin duda alguna, la elección más costosa de la historia sólo en prerrogativas para financiamiento público de los partidos, un mecanismo creado para evitar que los partidos cayeran en la tentación de buscar patrocinios ilegales.
Bajo esa ilusión hemos vivido casi 30 años; pero todos sabemos que, adicionalmente, los partidos reciben recursos en las Cámaras del Congreso federal y los Congresos locales; apoyos ilegales -pero innegables- de gobiernos estatales y municipales, más lo que cada candidato ingresa burlando la fiscalización de la autoridad electoral, recurriendo muchas veces a fuentes oscuras, por no llamarles criminales.
La democracia se ha convertido en un tema de dinero, en el que es imposible ganar sin carretadas de dinero, legal e ilegal, reportado y no reportado, fiscalizado o manejado debajo de la mesa. Quizás ha llegado el momento de revisar las reglas que hacen que nuestro sistema político tenga partidos ricos y una democracia pobre en resultados.
Periodista desde 1993. Estudió Comunicación en la UNAM y Periodismo en el Máster de El País. Trabajó en Reforma 25 años como reportero y editor de Enfoque y Revista R. Es maestro en la UNAM y la Ibero. Iba a fundar una banda de rock progresivo, pero el periodismo y la política se interpusieron en el camino. Analista político. Subdirector de información en el medio Animal Político.
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