El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, participó de manera virtual en la primera audiencia por el proceso de desafuero, donde llovieron acusaciones. Por la noche, el mandatario aseguró que quedó en claro la inexistencia de pruebas “y las «fantasiosas imputaciones» del expediente

Texto: Carlos Manuel Juárez

Foto: Gobierno de Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO.- La primera audiencia por el proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, estuvo repleta de señalamientos, alegatos políticos y jurídicos lanzados durante dos horas y 22 minutos.

El mandatario tamaulipeco asistió y solo escuchó la comparecencia virtual; su abogado Alonso Aguilar Zinser cuestionó a la Sección instructora de la Cámara de Diputados y al primer testigo Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el evento legislativo virtual.

Por la noche, Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que tras la audiencia quedó en claro la inexistencia de pruebas “y en el expediente de todas esas fantasiosas imputaciones, ninguna de las casas que mostró en su presentación es de mi propiedad”.

El mandatario tamaulipeco destacó que el presidente de la Sección instructora, diputado Pablo Gómez, solicitó que el análisis de la información vertida en la comparecencia sea la relacionada con la solicitud de declaración de procedencia o desafuero.

“Resulta lamentable que el doctor Nieto Castillo exponga información que guardar vinculación con el caso. Pero aún, que además incluyera datos y conjeturas notoriamente falsas”, dijo.

Acusaciones por pantalla

A las 11:05 de la mañana se abrió la transmisión de la audiencia acordada como pública. En la pantalla apareció la Sección instructora entregada por el morenista Pablo Gómez Álvarez (presidente), la morenista Martha Patricia Ramírez Lucero (secretaria), la priista Claudia Pastor Badilla y la petista Ana Ruth García Grande.

Tras los primeros comentarios de Gómez Álvarez se vieron el abogado Aguilar Zinser, García Cabeza de Vaca, el procurador fiscal Carlos Romero Aranda y tres agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR). La defensa solicitó que la audiencia no fuera pública con el argumento de que se violarían derecho humanos; el reclamo no procedió y continuó el desahogo de pruebas.

El primer testigo que participó fue el procurador fiscal Carlos Romero Aranda, quien dijo desconocer la carpeta de investigación de la FGR. El diputado Gómez Álvarez le realizó tres preguntas respecto al delito de defraudación fiscal imputado a García Cabeza de Vaca.

“Formulamos la querella respectiva a consecuencia de un citatorio que recibió la Procuraduría Fiscal de la Federación de la FGR”, respondió. Además, precisó, el presunto hecho delictivo  sucedió en 2019 y, añadió, si el gobernador de Tamaulipas paga el monto de la contribución y los recargos la denuncia sigue vigente debido a que no fue algo espontáneo.

Tras 28 minutos de la audiencia, los agentes del Ministerio Público de la Federación ingresaron a la audiencia. Posteriormente, el abogado Alonso Aguilar en medio del cuestionamiento al procurador Romero Aranda, reveló que la defraudación fiscal imputada a Francisco García asciende a 6 millones 511 mil 777 de pesos.

Diez minutos después, a los 38, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tomó protesta antes de testificar.

El presidente de la Sección instructora preguntó a Nieto Castillo sobre la información soporte de la denuncia que derivó en la solicitud de desafuero del gobernador.

El funcionario federal explicó la forma en que obtuvo la información que presentó del caso contra el mandatario. Posteriormente, presentó el total de percepciones de Francisco García, de acuerdo a los cargos públicos que ostentó del 1 de septiembre de 2000 a septiembre de 2020, que sumó 23 millones 935 mil 746. Enseguida, señaló, el reynosense no declaró ingresos por 10 millones 570 mil 856 pesos en el periodo referido, que pueden representar una posible evasión fiscal de 2015 a 2020.

Santiago Nieto prosiguió exhibiendo láminas con fotografías de 33 propiedades, como casas, ranchos y terrenos en México y Estados Unidos que, presuntamente, Francisco García comparte con su esposa Mariana Gómez, su suegro José Ramón Gómez Reséndez, sus hermanos José Manuel e Ismael y su madre María de Lourdes Cabeza De Vaca Wattenbarger.

A los 18 minutos de su participación, el titular de la UIF refirió la información de la indagatoria que provocó la solicitud de desafuero: la compra y venta del departamento de Bosques de Santa Fe.

De acuerdo con lo expuesto por Santiago Nieto, dos negocios que financiaron a la Sofom, que otorgó un crédito al gobernador tamaulipeco para adquirir el departamento por 14 millones 300 mil pesos, antes fueron identificados como empresas fantasma entre siete unidades mercantiles que estuvieron relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

El titular de la UIF especificó que los depósitos por 14 millones 300 mil  se realizaron el 17 de diciembre de 2013 a la Sofom. Al día siguiente, Cabeza de Vaca recibió la misma cantidad y compró el departamento en Santa Fe, por la misma suma.

“Las dos empresas que financiaron a la Sofom son empresas incluidas en lista de personas bloqueadas, no se trata de una denuncia que haya presentado esta administración de la UIF, son empresas que desde la administración anterior, desde el gobierno anterior habían sido denunciadas e incluidas en lista de personas bloqueadas”, afirmó.

Las empresas fantasma que transfirieron pagos electrónicos a la Sofom están relacionadas con el incidente de una avioneta que se estrelló en Venezuela y en cuya carga transportaba cocaína del Cártel de Sinaloa.

“No quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco ‘N’, sino que empresas con las que tiene transacciones financieras son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado”, aclaró el jefe de la UIF ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

Asimismo, dijo la información que presentó son indagatorias de inteligencia y no son datos de prueba, que son los que desarrolla el Ministerio Público Federal. “Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita. No le corresponde a la UIF más que mostrar hechos y el Ministerio Público sí que puede calificar si se trata de conductas delictivas o no”, reiteró.

Nieto Castillo comentó que el sujeto identificado como operador del Sofom se trata de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, ex piloto del Joaquín Guzmán Loera. Este hombre, conocido como la “Trilladora”, financió el túnel por el que se fugó el capo del penal del Altiplano en 2015, de acuerdo con acusaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

En la venta del departamento también se dio otra fuente de posible financiamiento ilícito. En diciembre de 2019, cuando la Empresa T envió 42 millones 100 mil pesos a Francisco García Cabeza de Vaca, por concepto de pago por el departamento de Santa Fe.

Ese año, la empresa que adquirió el inmueble recibió hasta 44 millones 800 mil pesos de una empresa de Avalúos que tiene la característica de entidad fantasma. Esta última compañía obtuvo 46 millones 300 mil de seis empresas fachada vinculadas con el Cártel de Sinaloa. La Empresa T tiene el mismo domicilio que la Trilladora. Las sociedades mercantiles que fondearon la empresa Avalúos fueron denunciadas por la UIF en 2018 y bloqueadas sus cuentas en 2019.

García Cabeza de Vaca escuchó los 40 minutos de la exposición de Nieto Castillo. Al terminar el abogado Aguilar Zinser pidió un

receso de 15 minutos y volvió para interrogar sobre la validez legal de la información que pronunció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, como las 3 denuncias contra el gobernador tamaulipeco.

La siguiente pregunta se centró en el origen de las pruebas en la compra y venta del departamento en Santa Fe. Sin embargo, los agentes de la FGR intervinieron para evitar la respuesta, el diputado Pablo Gómez rechazó el argumento y pidió a Nieto Castillo responder. Este replicó que toda la información dicha son elementos que analizó la FGR.

Los últimos cuestionamientos fueron respecto al comentario de la detención de Cabeza de Vaca por robo de armas en Estados Unidos durante la juventud del político. La respuesta del origen de ese señalamiento no llegó bajo el argumento de la secrecía en la colaboración con gobiernos internacionales. La replica de la defensa fue que este señalamiento tiene origen en una página de Internet.

Al terminar, Alonso Aguilar se enfrascó en alegatos con los agentes del Ministerio Público Federal. El diputado Gómez Álvarez aceptó las objeciones de la FGR. La audiencia concluyó  sin preguntas de las diputadas integrantes de la Sección instructora y entre sonrisas del abogado defensor y una férrea postura de los agentes de la FGR. A la 1 de la tarde con 33 minutos se dio cerrada la transmisión sin que Francisco García Cabeza de Vaca pronunciara una palabra en la audiencia.