La Corte Interamericana de Derechos Humanos deberá emitir una sentencia en torno a la vulneración de los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario debido a los proyectos extractivistas en la Amazonía

Texto: Gabriela Ruiz Agila / @GabyRuizMx

Fotos: Corte IDH

BRASILIA.- Por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) procesa un caso sobre vulneración de derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV). Se trata de los Tagaeri-Taromenane vs. Estado ecuatoriano. En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte IDH el caso porque determinó que proyectos de explotación extractivista provocan contactos forzados y generan episodios de violencia contra estos pueblos. Ecuador conocía del riesgo inmediato y no actuó. 

Se hace referencia a las muertes violentas de miembros de los pueblos Tagaeri y Taromenane ocurridas en 2003, 2006 y 2013; y la falta de protección y revictimización de dos niñas Taromenane sobrevivientes a la masacre de 2013. 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el colectivo Yasunidos son accionantes del proceso que hace responsable al Estado ecuatoriano de violaciones a los derechos y afectación a territorios, recursos naturales y modo de vida. Por esta razón, una comitiva viajó desde Ecuador integrada por representantes del pueblo Waorani, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, a quienes se sumaron una delegación de indígenas de Brasil como Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e a Coordenação das.

El equipo jurídico que representa a los pueblos afectados está conformado por los abogados Mario Melo, asesor de Fundación Pachamama, interviniente común de la CONAIE, Ramiro Ávila David Cordero Heredia, Nathaly Yepez, Karina Fernández Neira, Judith Kimerling representante de Conta. Los representantes de la Procuraduría General del Estado son María Fernanda Álvarez, Carlos Espín y Marcos Burgos.

Los representantes de los pueblos indígenas y el estado de Ecuador tendrán hasta el 26 de septiembre para presentar sus alegatos finales y la Corte emitirá hasta fin de año una sentencia. El caso sentará precedentes para unos 58 pueblos que viven en aislamiento voluntario y se ubican en los países de la cuenca amazónica, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y en El Gran Chaco, Paraguay. Su existencia depende de los hábitats sanos y políticas públicas que los protejan. 

Aislados y ocultos

A las 6:30 am del 23 de agosto, hora de Ecuador, a la transmisión de la audiencia se conectan periodistas, líderes indígenas, activistas por los derechos humanos y ambientalistas. El tema de los pueblos aislados se aborda de manera tan academicista y burocrática que apenas algo se comprende para quienes militan por fuera de las instituciones. Eso sólo puede convenir al despojo de sus territorios en la Amazonía, fuentes de petróleo y minerales. ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Por qué la necesidad de protegerlos?

Los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) también son llamados “pueblos libres”, “pueblos no contactados”. Según la Fundación Alejandro Labaka, los Tagaeri y Taromenane son parte de la gran nación Waorani que ocupó el territorio entre los ríos Napo y Curaray cuyos afluentes llegan hasta Perú. Los Tagaeri son Waorani que “permanecen aislados desde la década de los sesentas” cuando los Waorani entraron en contacto con los misioneros evangélicos. Los Taromenane, comparten el mismo tronco lingüístico, el Wao Terero. Son guardianes de los bosques y fuentes de conocimiento del uso de las plantas medicinales en el Amazonas. Su antigüedad podría bastar para ser considerados patrimonio de la humanidad. 

En la audiencia del 23 de agosto, indígenas de contacto reciente declararon. El primero fue Penti Bahua, waorani: “Nací antes del contacto. Cuando nací viví muy libre”. “Decimos dejen vivir al gobierno y la petrolera”. “A la Corte queremos decir que (…) con un territorio, con una selva y con una cultura queremos vivir porque la petrolera sigue avanzando más y más. Si el gobierno no escucha esta voz de esta tierra, la historia solamente quedará”.

Los waorani han sobrevivido durante siglos contra la conquista colonial, invasiones de compañías petroleras, madereros, recolectores de caucho. La nación waorani cuenta con aproximadamente 5 mil personas en 54 comunidades que habitan 2.5 millones de acres que abarcan bosques tropicales, entre ellos, el Yasuní.  

Sobrevivientes 

La organización Amazon Front Lines elaboró un mapa en 2007 donde se combinan datos del Ejército, gobierno locales e industria petrolera mostrando el vasto territorio waorani repartido a concesiones petroleras, carreteras, parques nacionales y la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT) reconocida desde 1999. En el mapa se evidencia que las masacres y hechos de violencia ocurren en los límites impuestos por las autoridades con la ZITT y el parque nacional Yasuní. 

“Hay siete empresas petroleras operando en el territorio waorani que abarca cuatro provincias. ¿Qué beneficios hemos recibido? ¡En más pobreza hemos quedado! Los indígenas que habitamos la selva no somos el problema. Queremos que se respete el territorio. Cada vez, los gobiernos lo están dividiendo: zona intangible, parque Yasuní. ¿Dónde estamos administrando los waorani?”, reclamó la lideresa waorani, Alicia Cahuiya, el 4 de octubre de 2013 a la Asamblea Nacional y al gobierno de Rafael Correa. 

Pretendían autorizar la explotación del Bloque 31 y Bloque 43 en el Parque Nacional Yasuní. Alicia Cahuiya también fue testigo en la audiencia de 2015 que convocó la CIDH para esclarecer la matanza de 2013 y ahora se desempeña como representante de Mujer y Familia en CONAIE. Asistió como parte de la comitiva. 

Actualmente, el gobierno de Guillermo Lasso, expidió los Decretos Ejecutivos 95 y 151 del gobierno para doblar la producción petrolera y minera y esto se traduce, en mayor amenaza para los pueblos que habitan estos territorios.. El Monitoring or the Andean Amazon Project (MAAP) constató mediante imágenes satelitales que 2,2 kilómetros fueron abiertos hacia el sur de la Plataforma Petrolera Tambococha B, entre el 15 de marzo y el 6 de mayo, en plenas medidas de emergencia nacional por la pandemia de la COVID19.

La vía se dirige hacia el área próxima a la Zona de Amortiguamiento de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), donde el Ministerio del Ambiente ha licenciado las plataformas petroleras Tambococha C, Ishpingo A y B (estas últimas el 31 de mayo de 2019, después de la Consulta Popular de febrero de 2018 que aprobó limitar la actividad petrolera en el Yasuní), denunció en 2020 el colectivo Geografía Crítica en su portal. Defensores de derechos y ambientalistas hacen responsable al presidente Lasso de “promover el etnocidio y exterminio de los pueblos indígenas que habitan en Ecuador”. 

Las niñas Taromenane

La periodista y editora de Abya-Ayala, Millagros Aguirre, prefiere poner nombres y rostros a “los  pueblos que se intentan ocultar”. Antes de la audiencia en la Corte IDH, converso con Aguirre entre los estantes de la editorial, que dedica una gran parte a los pueblos originarios. Muestra una gran preocupación por la historia de las dos niñas Taromenane, sobrevivientes a la masacre de abril de 2013: Conta tenía siete años y Daboka tan sólo tres.

Así revive la dolorosa historia: “Las niñas presenciaron el asesinato de su madre”. Luego, los waorani se las llevaron y vivieron en comunidad hasta noviembre de 2013 cuando a Conta, la “secuestraron” policías de élite, la sacaron de la escuela de Yarentaro, arrancándole de su vida en comunidad por segunda vez en menos de un año. Unos encapuchados la subieron en un helicóptero. No hablaban su lengua y la trasladaron a un hospital. Desde entonces, las hermanas viven separadas y con nuevas familias waoranis. 

Daboka vive en Dikaro con la familia de Araba Omeguai, su captor; completamente integrada, afirman las autoridades. Y es lo único que se conoce sobre Daboka en esta audiencia.  Mientras que Conta fue adoptada por Penti Bahua, líder en Bameno en la zona intangible del Yasuní. “Doble victimización para esta niña que desde entonces ha permanecido recluida. Ahora tiene 16 años” expresa Aguirre conmovida por lo que considera la pérdida de una vida, la de una niña Taromenane desarraigada. 

Milagros Aguirre es coautora junto a Miguel Ángel Cabodevilla del libro “Una tragedia ocultada” de 2013. Algunas hipótesis atribuyen lo sucedido en venganza por la muerte de Ompure y Buganey, dos ancianos Waorani lanceados por Taromenane, hecho que pudo ser uno de los detonantes de los enfrentamientos. 

La familia de Ompure fue de las primeras en entrar en contacto con los campamentos de petroleras que llegaron a la Amazonía ecuatoriana en la década de los sesenta. Curiosos por el ruido de las explosiones con dinamita y taladros, los waoranis fueron contactados por los misioneros evangélicos y la industria hidrocarburífera que irrumpió para abrir líneas, cavar pozos y dejar piscinas de contaminación en tierras ancestrales. Aprendieron a hablar español y hacer trueque con la cacería, pesca, textiles y su mano de obra para los coworis o foráneos. 

Conta, testigo 

La historia de Conta podría ser de película. Tiene 16 años y es mamá de un bebé de aproximadamente un año. A través de un video pregrabado, relató a la Corte IDH cómo fue secuestrada. “Atacaron a mi familia. Me llevaron. Tenía miedo”, dijo. “Quería comunicarme pero no entendía, no hablaban el idioma mío, sólo español. No entendía”. 

Su representante de 2021, la abogada estadounidense Judith Kimerling, pregunta a Conta sobre los exámenes médicos practicados por el Ministerio de Salud Pública. Y deja en evidencia que tomaron muestra de sangre y realizaron la prueba de VIH sin el consentimiento de Conta. Ella tiene un pedido: “Yo quiero que venga acá la Corte para hablar en persona. Frente mío. Dicen que yo no pienso nada. Por eso quiero que venga. Que diga al gobierno que ¡Dejen vivir libre con territorio, que no acabe la selva!”.

En la historia de Conta todavía hay mucho que comprender. Para el mundo mestizo es difícil aceptar que fue entregada por el Estado ecuatoriano a quienes asesinaron a su familia Taromenane. Conta y Daboka se integraron al “Sistema de protección y atención a víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal” a quienes la Corte Constitucional del Ecuador en 2017 reconoció en un grupo de atención prioritaria; por tanto, la Fiscalía General del Estado como el Ministerio de Salud Pública, de manera semestral, debían informar de las acciones para precautelar el estado de salud y de bienestar de las niñas.

Para Conta, los hechos de violencia a los que ella y su hermana sobrevivieron ha traído repercusiones que aún no se pueden superar. En rueda de prensa, las mujeres de  la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía (AMWAE) denunciaron su reclusión. Conta no puede convivir y hacer una vida personal y comunitaria en condiciones de libertad y respeto. Denuncias que requieren ser esclarecidas y la visita de la Corte IDH abre esta posibilidad.  

El 01 de septiembre, la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe) emitió un comunicado firmado por Gilberto Nenquimo y Patricia Nenquihui, presidenta de la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía (AMWAE) declarando persona non grata a la abogada Kimerling, cowode que “no debe tener ninguna injerencia”. La acusan de afectar la unidad y gobernanza de la nacionalidad waorani. 

Judith Kimerling es abogada medioambiental y de derechos humanos, profesora de derecho y política ambiental en The City University of New York (CUNY); inició el caso contra Texaco que extrajo cerca de 1,5 mil millones de barriles de crudo de la Amazonía en un periodo de 28 años y, deliberadamente, vertió más de 19 mil millones de galones de agua de producción, piscinas de crudo en una verdadera catástrofe ambiental. En 1989 Judith Kimerling, con la colaboración de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), presentaron pruebas concretas de la contaminación y otros impactos ambientales y sociales causados por la actividad petrolera de Texaco en la Amazonía ecuatoriana. Así mismo, Kimerling fue la primera en denunciar la violación de derechos a la comunidad kichwa El Edén, donde  Occidental Petroleum operó sin consentimiento de la población.

Normativa de primera, prácticas de genocidio

Ecuador es pionero en la adopción de medidas de protección de pueblos indígenas y a la naturaleza. En 1999, creó la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) para garantizar la supervivencia de pueblos en aislamiento voluntario. En esta zona están prohibidas las actividades extractivas. 

Sin embargo, en la práctica, los pueblos y sus territorios son amenazados por proyectos petroleros y mineros, que los gobiernos califican de “interés superior” para el desarrollo económico del país. Por ejemplo, los Bloques petroleros 14 y 17 fueron entregados en el 2003 a la Compañía canadiense Encana, y luego a otra empresa transnacional Andes Petroleum cuando ya existía la ZITT.

A la luz del derecho internacional, los delitos contra los pueblos indígenas en aislamiento podrían ser constitutivos del crimen de genocidio, explicó Victoria Tauli-Corpuz, relatora de Derecho de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas en 2017, en su discurso pronunciado en el I Congreso sobre pueblos indígenas aislados en la Amazonía ecuatoriana. 

En 2018, el presidente Lenin Moreno amplió la zona intangible de 758.051 hectáreas a 818.501 hectáreas a través de una pregunta en Consulta Popular. Pero una vez más contraviniendo la norma, con un decreto ejecutivo permitió la construcción de plataformas hidrocarburíferas en el Parque Nacional Yasuní, territorio ancestral de indígenas waoranis, tagaeris y taromenanes. 

En la audiencia del 23 de agosto, el perito Ricardo Benítez fue llamado en calidad de testigo por parte del Estado. Explicó que en el plan de manejo ambiental por posibles afectaciones se considera un área de 200 hectáreas por dispersión de ruido. Cuando la abogada Nathaly Yépez preguntó si conoce del impacto de derrames, Benítez aseguró que no han habido derrames en los bloques 31 y 43. 

Se incorporó como prueba ante la Corte IDH, un documento emitido por el Estado a partir de una solicitud de acceso a la información presentada por Yasunidos, donde el propio Ministerio del Ambiente determinó que existen 26 derrames dentro de esta zona, ocho en el bloque 31 y otros 18 en el bloque 43. Siendo el derrame de noviembre de 2021 el que activó a varias comunidades afectadas y que está documentado. 

https://twitter.com/GabyRuizMx/status/1562136740151844864?s=20&t=vMTY0dZN3uZvF_L2DpgnwA

El juez de la Corte IDH, Eduardo Ferrer, pregunta a Ricardo Benítez funcionario de Petroecuador sobre la ruptura del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) ocurrido en enero de 2022, y Benítez continúa negando la afectación en Yasuní y territorio de pueblos en aislamiento voluntario.  

Según el Ministerio de Medio Ambiente, cada semana, ocurren 5,6 derrames de petróleo en Ecuador sin que las autoridades informen del volumen exacto de vertimientos. Las personas defensoras de la naturaleza, entre ellas, líderes indígenas, son criminalizados por oponerse al despojo de sus tierras ancestrales y comunitarias para explotación petrolera y minera, consta en el informe de 2021 elaborado por la Alianza de Derechos Humanos en Ecuador. 

La esperanza de un fallo a favor 

La Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio define al genocidio como actos “perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: (a) matanza de miembros del grupo; (b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; (c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; (d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; y (e) traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2013 resalta la importancia de la Declaración sobre los Derechos de los pueblos indígenas, aprobada por las Naciones Unidas en 2007 que reitera el derecho a la libre determinación; esto es, “el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo”.

En el artículo 57 de la Constitución de 2008 determina que “El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos.” 

Para Mario Melo, este caso es extremadamente importante para la jurisprudencia de la Corte IDH. Los pueblos Tagaeri-Taromenane viven en la región del Yasuní, pueblos que tienen graves presiones originadas por la política pública de ampliar la actividad petrolera en su territorio. Esto ha generado un marco de violencia que ha tenido sus expresiones más brutales en las masacres sucedidas en 2003, 2006, 2013. 

En el año 2006 se presentó una denuncia ante la CIDH a partir de la cual, este organismo otorgó medidas cautelares que están vigentes ya desde hace 16 años. En este tiempo, el Estado ecuatoriano no ha logrado establecer un marco de protección adecuado para la vida y protección de los pueblos. “Todo lo contrario, su territorio sigue siendo amenazado. Se va a juzgar al estado ecuatoriano por sus acciones y omisiones cometidas en relación a los pueblos en aislamiento”.  

Tras casi 10 horas de audiencia, el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad frente a las matanzas de 2003 y 2006. Insiste en que el estado delimitó la zona intangible, aplicó las medidas cautelares y emitió normativa para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario. La Corte dispuso una instancia de conciliación y se espera que emita una sentencia hasta el fin del año. Una sentencia que defensores de derechos y ambientales esperan que sea a favor. 

En el escenario optimista, la audiencia suma al reconocimiento y protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Tras 19 años, Perú acaba de publicar el Decreto Supremo para reconocer oficialmente la existencia de pueblos indígenas no contactados en la región amazónica de Napo-Tigre, fronteriza con la amazonía ecuatoriana. Las organizaciones indígenas Orpio Aidesep, Aidesep Pueblos Indígenas y sus aliadas, enfrentan el poder de la petrolera anglo-francesa Perenco que presentó una demanda para detener por completo la creación de la Reserva Indígena y poder seguir extrayendo petróleo.