Sobre el “pueblo uniformado” al que se refiere el presidente, urge acabar con el acoso de los militares de élite hacia la tropa, así como investigar a cada comandante de batallones, regimientos, bases navales y aéreas para acabar con la venta de uniformes, equipos tácticos, y los altos precios en los casinos que se han convertido en una especie de tienda de raya

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador hizo un resumen de su gobierno el 1 uno de diciembre, ahí defendió al Ejército mexicano, Marina y Guardia Nacional (GN), a los que llamó pueblo uniformado. En efecto, así es, la tropa son hijos de los pueblos indígenas y comunidades rurales que no tienen la posibilidad de ingresar en una de las escuelas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina (Semar), donde se forman los generales y almirantes. 

El “pueblo uniformado” del que habla el presidente vive acosado y en condiciones precarias por la élite del alto mando del Ejército y Marina. El miedo a ser procesado por insubordinación hace que los soldados no denuncien la situación paupérrima en que trabajan: raciones de 55 pesos al día, dos ministraciones de uniformes al año son factores de corrupción al interior de la Fuerzas Armadas de México. 

Con dos pares de uniformes, los soldados deben tener uno de gala para la revista mensual: “Los uniformes que nos entregan los usamos para el trabajo diario. Para revista debemos tener uniforme de percha o sea limpio y en buen estado. Como no lo tenemos, entonces lo compramos con el depositario”, confió un soldado de origen tzotzil de Chiapas. 

La desigualdad entre la tropa y los generales es marcada en el comedor, los soldados, cabos y sargentos reciben comida diferente a la de los generales. Mientras que los oficiales, jefes y generales comen por separado y de una dieta más nutrida que la base. 

Los soldados a parte de comprar uniforme, tienen que comprar equipo que la Sedena y la Semar deberían de suministrar. “Tenemos que comprar fornituras, bolsa para dormir, mochila de campaña, saco de avío, porque no lo hemos recibido. Yo causé alta hace dos años, solo me entregaron dos playeras negras, una bolsa de dormir, una cobija y una fornitura verde, de acuerdo con el reglamento debo usar color negra porque soy de GN, pero nomás no lo recibo”, compartió un soldado de origen nahua del municipio de Chilapa, Guerrero. 

De ahí el origen de la corrupción en el Ejército, Marina y Guardia Nacional: “Mi sargento, solicito permiso para ir al casino”, gestiona el soldado. El sargento u oficial autoriza el desplazamiento no sin antes decirle a su subalterno: “Ya sabes lo que come el comando, así que te traes una torta y mi jugo”.

No termina ahí, cualquier permiso que el soldado solicite tienen que pagarlo. El permiso de un día va de 500 a mil pesos. Es muy común que los oficiales le roben piezas de las armas a los soldados o marinos para obligarlos a pagar: “Un cargador de pistola 9 milímetros cuesta cuatro mil quinientos pesos. Un casco ronda entre mil a mil 500 pesos”, contó otro soldado de segunda brigada de infantería. 

“Cuando se acaba el gas para agua caliente, tenemos que cooperar porque dicen los comandantes de la unidad que no hay dinero. Hasta donde tengo entendido el dinero que se obtiene de los casinos es para mantenimientos de las unidades, pero esto no ocurre, a parte de que nos venden bastante caro, nomás no se ve la inversión”, se quejó un cabo que igual prefiere que nadie sepa de su identidad. 

El aspirante a soldado desde que llega a los campos militares es objeto de abusos. Más de uno de los soldados con quien platiqué contaron que para darse de alta, el reclutador les pidió de cinco a ocho mil pesos, según para agilizar el trámite. 

El 31 de julio, Pie de Página publicó una entrevista con el cabo del Servicio de Administración de Intendencia Naval (SAIN) y chofer Jorge de Jesús Rivera Salvador: “El cabo SAIN. Ofta. Silvestre Almora Santiago y el 3er Mtre SAIN. Ofta. Luis Alfonso  Silva García se les ha denunciado por personal civil en calidad de reclutamiento por el hecho de pedir dádivas monetarias para ingresar al SAAM, aún así continúan en el servicio activo y se les renovó el contrato lo cual baja sumamente mi moral ya que me he comportado de la manera más correcta sin ser corrupto y poniendo en alto el honor de mi institución a diferencia de estas personas”, acusó. 

Así las cosas con el “pueblo uniformado”. Los militares de élite imponen su regla para mantener en pésimas condiciones a la tropa. Desde los oficiales, jefes, capitanes, generales y almirantes acosan a sus subalternos al grado de hacerlos desertar o en su caso procesarlos por insubordinación, pero no hay un mando que haya sido sancionado por abuso de autoridad, porque los soldados, cabos y sargentos prefieren callar para evitar la prisión militar. 

De ahí que es urgente retomar las demandas centrales que enarboló el general José Francisco Gallardo Ramírez de crear un defensor de derechos humanos al interior de las Fuerzas Armadas de México, así como acabar con los abusos de los mandos hacia los subalternos. 

Una forma de honrar la memoria del general Gallardo es acabar con el acoso hacia la tropa, así como investigar a cada comandante de batallones, regimientos, bases navales y aéreas para acabar con la venta de uniformes, equipos tácticos, y los altos precios en los casinos que se han convertido en una especie de tienda de raya. 

La defensa de los derechos humanos debe aplicarse para los militares de bajos rangos que son víctimas de sus comandantes.  La Comisión Nacional de Derechos Humanos debe tomar las denuncias anónimas que los soldados les hagan llegar y no se limite a dejarlo solo a la jurisdicción militar. 

El presidente de México dice que es el “pueblo uniformado”, pero no ha obligado a la élite militar a cambiar su relación con la tropa. Mientras esto no ocurra, no hay transformación en la Fuerzas Armadas. Urge también revisar los casos de los militares cesados por denunciar malos tratos al interior del Ejército mexicano y Marina Armada de México.