La corrupción ha sido el motor de múltiples tragedias en las que han muerto decenas de migrantes, desde la de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, hasta la de 2021, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Twitter: @chamanesco

Los testimonios de los sobrevivientes del “accidente” del pasado jueves en Chiapas coinciden en delinear un eje temático entre la desesperación, la operación de bandas criminales, la corrupción de autoridades migratorias, la tragedia y el fracaso institucional.

Todos cuentan que tuvieron que reunir más de 10 mil dólares para pagar a los coyotes, gastando en ello el mínimo patrimonio familiar, con la ilusión de que esa “inversión” se vería recompensada con el “sueño americano”.

Por eso valía la pena cruzar la frontera arriesgando la vida o la libertad, lidiar con el muro policiaco que la Guardia Nacional mexicana ha levantado en la frontera con Guatemala, y soportar durante 15 horas el hacinamiento con otras 150 personas en la caja de un tráiler apenas ventilada.

Huir, aunque te cueste la vida, se ha convertido en la única opción para millones de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses. Escapar de la pobreza, de la violencia y de un destino sin expectativas. 

Y esa huida, a su vez, se ha convertido en un pingüe negocio para quienes trafican con el sueño de los centroamericanos que, a pesar de las amenazas, deciden jugarse lo único que les queda: su propia vida.

Después del accidente del tráiler Kenworth que se estrelló por viajar a alta velocidad en una curva de una carretera cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se ha hecho evidente el fracaso de los gobiernos de los países involucrados.

Los centroamericanos, que no han generado condiciones para que sus habitantes quieran quedarse en su país. El de Estados Unidos, que ha respondido con mano dura a la crisis humanitaria de la migración, que ya suma varios lustros sin que se haya podido generar una política de acogida en una economía que, de todos modos, requiere y termina asimilando esa fuerza de trabajo clandestinamente.

La tragedia en la que murieron 55 personas migrantes es también, desde luego, una clara señal del fracaso del gobierno de México, que en los últimos años -desde que Donald Trump se lo pidió a Andrés Manuel López Obrador, y éste decidió concedérselo- ha endurecido su política migratoria, mientras las bandas criminales ven crecer sus ganancias.

¿Por qué la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración actúan con dureza contra los migrantes, y no contra las redes de tráfico de personas que operan en todo el territorio nacional?

¿Por qué ese tráiler pasó tres retenes sin que a ningún agente del gobierno mexicano se le ocurriera abrir la caja y descubrir el delito que se estaba cometiendo?

La corrupción ha sido el motor de múltiples tragedias, desde la de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, donde 72 personas migrantes fueron asesinadas por criminales que los habían secuestrado en su camino hacia Estados Unidos.

La corrupción es, también, el motor de la tragedia de Chiapas.

El presidente López Obrador había dicho que no quería que en su sexenio ocurriera una tragedia como la de San Fernando, y que por eso prefería que los migrantes se quedaran en los estados sureños, para no arriesgar su vida en el peligroso norte mexicano. 

“Imagínense lo que es el traslado de cientos de personas en tráileres, cajas cerradas, los riesgos de asfixia; entonces, sobre eso estamos, y lo he dicho aquí antes, y lo repito, preferimos tenerlos en el sur, es decir, de Tehuantepec hacía la frontera con Guatemala, porque ahí tenemos más posibilidades de cuidarlos, de darles posibilidades de trabajo, pero sobre todo de cuidarlos. En el norte, ustedes lo saben, está más complicado, no queremos tragedias como la de San Fernando”, declaró en junio de 2019.

Dos años y medio después, la tragedia ocurrió, en el sur de México, donde se supone que “estábamos cuidando” a los centroamericanos.

Ante ello, el presidente ha insistido en que deben atenderse las causas de fondo; las razones sociales y económicas por las que las personas salen de sus países y arriesgan la vida, y ha urgido a que “se tome conciencia” de esa situación.

Tiene razón, pero eso no deja sin responsabilidad a su gobierno, que ha encadenado una serie de errores en la política migratoria desde que arrancó el sexenio.

Uno de los más graves es, quizás, el aceptar la aplicación estricta del programa norteamericano “Quédate en México”, que para muchos centroamericanos se ha convertido en un penoso “muérete en México”.

Pero quizás el primero de esos errores ocurrió en junio de 2019, cuando el presidente decidió destituir a Tonatiuh Guillén del Instituto Nacional de Migración, y nombrar a Francisco Garduño.

Es decir, remover a un hombre que, como funcionario, especialista y activista, ha pugnado por un trato humanitario y el respeto de los derechos humanos de los migrantes, para colocar en el INM a un burócrata con perfil policiaco.

Sobre Francisco Garduño recaerán esta semana las preguntas de legisladores, en caso de que se concrete la comparecencia anunciada por Ricardo Monreal en el Senado, y la sugerida por Rubén Moreira en la Cámara de Diputados.

Monreal ha adelantado varias preguntas que se le harán al titular del INM: “¿Quién los llevaba? ¿Qué empresas los trasladaban? ¿A quién contrataron para su traslado? ¿Qué complicidades hay que provocaron este lamentable accidente que se convirtió en una tragedia que ha dado la vuelta al mundo?”.

Yo añadiría una más: ¿quiénes en el gobierno de López Obrador son los cómplices y beneficiarios de la red de corrupción que quedó al descubierto con esta tragedia?