Ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), la delegación del gobierno mexicano admitió que se vive una situación crítica en el país pero argumentó que se está atendiendo y presenta una tendencia a la baja. Organizaciones civiles lamentaron que se haya negado la gravedad y extensión de la práctica. Mientras que relatores de la ONU recomiendan un pronunciamiento gubernamental “al más alto nivel”.

Texto y fotos Ángeles Mariscal

GINEBRA, SUIZA. En su oportunidad para responder a los cuestionamientos del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), los representantes del gobierno mexicano rechazaron que esta práctica sea una política estatal en en el país y cuestionaron el diagnóstico de organizaciones de la sociedad civil.

La delegación gubernamental que asistió al examen del organismo de la ONU presentó cifras sobre las denuncias de actos de tortura, para argumentar ante los relatores que esta práctica en México por parte de servidores públicos ha disminuido en los dos últimos años.

“El gobierno federal reconoce los retos, sabemos que es un problema grave y lo estamos atendiendo, pero es igualmente claro que no se trata de una política de Estado ni que su práctica sea generalizada en el país”, señaló Francesco Manuel Pipitone de la Roche, titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal.

El funcionario añadió que las quejas por presuntos actos de tortura presentan una tendencia a la baja en autoridades como la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con el diagnóstico gubernamental, en 2016 la Policía Federal recibió 360 denuncias por actos de tortura, y en 2018 bajó a 40.

“Esto es una reducción de casi el 90 por ciento”, destacó el funcionario.

Contra la Sedena, dijo, en 2013 hubo 836 denuncias por actos de tortura mientras que en 2018 fueron 347, una reducción del 60 por ciento. En el mismo periodo, la FGR pasó de 42 quejas a 32.

El INM registró, según el reporte, 569 quejas por violación a derechos humanos en 2013, y 216 en 2018, una reducción del 75 por ciento

“No estamos satisfechos ni pretendemos esconder los problemas, como país tenemos importantes retos que incluyen a los estados que conforman a la República mexicana. Pero a nivel federal hay una tendencia a la baja de las denuncias, explicada en parte por la capacitación a cuerpos de seguridad”, argumentó Pipitone.

En la sesión del CAT, en donde también estuvieron presentes representantes de las 123 organizaciones de la sociedad que realizaron un informe paralelo para que el Comité valorara la situación, Pipitone dijo: “el presidente de México lo ha reiterado en diversas ocasiones. Nunca dará la orden a las fuerzas de seguridad, de reprimir o cometer violaciones a los derechos humanos. Este gobierno no permitirá que se cometan actos de impunidad desde el poder. Restablecer la legalidad con métodos ilegales es un falso atajo en el que no vamos a caer”.

En la sesión previa, los relatores del CAT calificaron la práctica de la tortura en México como “endémica”, basados en los informes de los relatores que han visitado al país para hacer sus diagnósticos propios, y en el informe paralelo que hicieron organizaciones de la sociedad civil, donde refieren que de 2012 a la fecha el gobierno mexicano ha recibido 12 mil denuncias por actos de tortura presuntamente cometidos por la Policía Federal, Sedena, FGR e INM, entre otros organismos.

Este día, los integrantes de la delegación mexicana, encabezados por Martha Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también respondieron a los cuestionamientos de los relatores del CAT, sobre medidas que se han tomado para disminuir y erradicar la tortura en México, particularmente en las áreas de impartición de justicia y seguridad pública.

Luego de escuchar a la delegación del gobierno mexicano, Jens Modvig, presidente del CAT, cuestionó el diagnóstico.

“Quiero tratar sobre las estadísticas que nos han dado y que indican que (las denuncias) han disminuido, y es una muestra sobre la disminución de la práctica de la tortura. Yo no creo de forma absoluta que sea una prueba porque imaginen también que puede aumentar el miedo a presentar una denuncia, eso llevaría a que se reduzcan las denuncias”, advirtió. 

“En cualquier caso hay que ver quién ha investigado esas denuncias. ¿Hay una comisión independiente de la policía que investigue? ¿Hay algún plan para que el Ejército deje de participar en la seguridad pública? Reconsideren crear un instituto de investigación sobre actos de tortura, independiente de las corporaciones involucradas en estos actos”, pidió Jens Modvig.

Otro de los relatores del CAT, Diego Rodríguez Pinzón, dijo que para este organismo el reto de combatir la tortura requiere múltiples coordinaciones por parte del Estado. 

“Hacemos un llamado al Estado para que realice un pronunciamiento público, en el más alto nivel del Estado, sobre la prohibición absoluta de la tortura, indicando que la tortura en México no será permitida, ni tolerada”, solicitó a la delegación mexicana. 

“Estos gestos públicos por parte de las autoridades de la más alta visibilidad nacional pueden contribuir a modificar la conducta de tolerancia de la tortura en diferentes niveles del Estado y la sociedad en general”, añadió.

La delegación del gobierno mexicano presentó de manera escrita su diagnóstico, al que le podrá añadir elementos en los próximos días, antes que los 10 relatores que componen el CAT terminen su evaluación y emitan sus recomendaciones.

A término de la sesión, en entrevista, Martha Delgado Peralta insistió en cuestionar el diagnóstico de organizaciones de la sociedad civil y de los relatores, que dieron pie a que se considerara que la práctica de la tortura en México por parte de servidores públicos es un problema endémico.

“Nos hemos dado cuenta que mucha de la información que tienen en el extranjero a veces no son precisas”, sostuvo.

Delgado Peralta insistió en que la práctica de la tortura no es una política de Estado, pero admitió que es una situación crítica la que se vive.

“De nada sirve ocultar y decir que no pasan las cosas (…) Muchos de los desafíos de implementación son a nivel local (en los estado del país) y es ahí donde nos cuesta trabajo. Tenemos una cultura muy arraiga de malas prácticas y es ahí donde nos va a llevar tiempo”.

Sobre los señalamientos de los relatores en torno al riesgo de que se multipliquen los actos de tortura por la participación del Ejército mexicano en la Guardia Nacional, la funcionaria dijo que no hay vuelta atrás en este aspecto.

“Si no hiciéramos la Guardia, tendríamos otros (riesgos). Es un poco paradójico porque los riesgos que está enfrentando el país son la enorme inseguridad. ¿Cómo la atacamos?, con lo que tiene México, con eso tenemos que enfrentar la inseguridad, combatir la corrupción y combatir la impunidad. Es el riesgo que se tomó. Esperamos que en la evaluación del costo-beneficio sean mucho mayores los beneficios”.

Las organizaciones de la sociedad civil, en un pronunciamiento público, lamentaron “que el Estado mexicano haya negado la gravedad y extensión de la práctica de la tortura y otros malos tratos”. 

Señalaron que los datos que presentó el gobierno mexicano fueron vagos, y que no son consultables ni públicos. Esto, dijeron, es “especialmente notable en el apartado de las informaciones acerca de la implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (TPCID)”.

“Negamos la caracterización que realizó la delegación de México de la Guardia Nacional como cien por cien civil y con mando civil, y advertimos una vez más sobre los peligros que supone su conformación desde una perspectiva de derechos humanos”.

También exigieron no se subestime la gravedad de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y que se inicie un proceso participativo de diseño de una política pública integral de protección para este sector.

“Estado mexicano debe de reconocer públicamente el alcance de la tortura y la impunidad en México como primer paso para combatirla”, concluyeron.

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